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Sobreseimiento de los pagos
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Sobreseimiento de los pagos

El sobreseimiento de los pagos es consecuencia del incumplimiento de la obligación del deudor, derivado de su situación de insolvencia. Los legitimados para solicitar el concurso del deudor han de basarse en alguno de los hechos que como presuntos reveladores de la insolvencia enuncia la ley: desde la ejecución singular infructuosa hasta el sobreseimiento, general o sectorial, según afecte al conjunto de las obligaciones o a alguna de las clases que la ley considera especialmente sensibles en el pasivo del deudor, entre otros hechos tasados.

Concursal
Insolvencia inminente; Insolvencia actual

¿En qué consiste el sobreseimiento de los pagos y qué clases hay?

Sobreseer según el diccionario de la Real Academia Española, es no cumplir con las obligaciones, es decir el sobreseimiento remite a la idea de incumplimiento.

Es un concepto jurídico indeterminado que, exige valorar jurídicamente en cada caso, los incumplimientos de las obligaciones por el deudor.

Habitualmente se aportan documentos de estas obligaciones incumplidas, ya que la prueba testifical por sí sola no es suficiente.

En este momento el incumplimiento generalizado de las obligaciones es un elemento más del estado de insolvencia del deudor.

El Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (en adelante TRLConc), concibe la insolvencia como el estado patrimonial del deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles (art. 2.3 TRLConc). Pero ese concepto unitario es también flexible y opera de manera distinta según se trate de concurso necesario o voluntario. Los legitimados para solicitar el concurso del deudor (sus acreedores y, si se trata de una persona jurídica, quienes respondan personalmente de sus deudas) han de basarse en alguno de los hechos que como presuntos reveladores de la insolvencia enuncia la ley: desde la ejecución singular infructuosa hasta el sobreseimiento, general o sectorial, según afecte al conjunto de las obligaciones o a alguna de las clases que la ley considera especialmente sensibles en el pasivo del deudor, entre otros hechos tasados.

Son necesarios, para formular el concurso, los siguientes presupuestos:

  • Presupuesto subjetivo: (art. 1 TRLConc): cualquier deudor, sea persona natural o jurídica. No podrán ser declaradas en concurso las Entidades que integran la organización territorial del Estado, los Organismos públicos y demás entes de Derecho Público. El art. 567 TRLConc añade la posibilidad de que se declare el concurso de La herencia podrá declararse en tanto no haya sido aceptada pura y simplemente
  • Presupuesto objetivo (art. 2 TRLConc): la declaración de concurso procederá en caso de insolvencia del deudor común. Se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regular y puntualmente sus obligaciones exigibles.

1. Concurso voluntario

La solicitud de la declaración de concurso se presenta por el deudor, quien deberá justificar su endeudamiento y su estado de insolvencia, que podrá ser "actual o inminente" (que es cuando el deudor prevea que no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones). Tiene el deber de efectuar la solicitud cuando conozca o hubiera debido conocer su estado de insolvencia.

2. Concurso necesario

La solicitud de la declaración de concurso se presenta por un acreedor. Deberá fundarla en titulo por el cual se haya despachado ejecución o apremio sin que del embargo resultasen bienes libres bastantes para el pago o en alguno de estos hechos (art. 2.4 TRLConc):

  • La existencia de una previa declaración judicial o administrativa de insolvencia del deudor, siempre que sea firme.
  • La existencia de un título por el cual se haya despachado mandamiento de ejecución o apremio sin que del embargo hubieran resultado bienes libres conocidos bastantes para el pago.
  • La existencia de embargos por ejecuciones en curso que afecten de manera general al patrimonio del deudor.
  • El sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor.
  • El sobreseimiento generalizado en el pago de las obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso; el de las cuotas de la seguridad social y demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo período, o el de los salarios e indemnizaciones a los trabajadores y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a las tres últimas mensualidades.
  • El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor.

¿A qué nos referimos con insolvencia del deudor?

Es un estado legal que se declara a una persona física o jurídica por medio de una resolución judicial, donde el Juez aprecia la concurrencia del presupuesto de hecho del concurso, a la que la ley asocia la declaración del estado legal de concurso de acreedores.

El deudor no puede hacer frente a sus obligaciones, lo que constituye el presupuesto de hecho del estado legal de concurso de acreedores.

El Texto Refundido de la Ley Concursal no atiende al criterio de la insuficiencia patrimonial del deudor, es decir, a si conforme al balance se presenta una situación de desequilibrio financiero al ser los fondos propios negativos, o el pasivo a corto plazo superior al activo a corto plazo. La prueba fundamental para oponerse a la declaración de concurso instada por el deudor, es la contabilidad acreditativa de la insolvencia.

La insolvencia puede ser provisional, (insolvencia financiera) o definitiva (insolvencia patrimonial).

El TRLConc refleja el concepto de insolvencia del deudor como un presupuesto objetivo. Así el art. 2.3 TR LC indica que se produce concurso cuando el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.

El deudor debe solicitar declaración de concurso voluntario (art. 5 TRLConc), dentro de los dos meses desde que se tenga conocimiento, o deba conocer, su estado de insolvencia.

Para solicitar el concurso necesario, están legitimados los acreedores. En este sentido, incumbe al solicitante la prueba de los hechos en que fundamente su solicitud; en este caso se debe respetar las garantías procésales del deudor, debiendo ser emplazado y puede oponerse a la solicitud, basándose en la inexistencia del hecho o en la de su estado de insolvencia. Le incumbe al deudor la prueba de su solvencia. Además, en los casos de acuerdo extrajudicial de pagos regulado por el Título III del Libro II del Texto Refundido de la Ley Concursal, estará también legitimado para solicitar el concurso el mediador concursal.

En el art. 583 TRLConc se regula la comunicación previa de inicio de negociaciones para alcanza un acuerdo de refinanciación o una propuesta anticipada de convenio, lo que se traduce en un aumento del plazo para presentar el concurso, de tres meses más, respecto a los dos meses previstos en el art. 5.1 TRLConc. Así, el mencionado art. 583.1 TRLConc señala que "El deudor, persona natural o jurídica, en situación de insolvencia actual o inminente, que no hubiera sido declarado en concurso podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración del propio concurso la apertura de negociaciones con los acreedores para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio o para alcanzar un acuerdo de refinanciación que reúna los requisitos establecidos en esta ley, siempre que no sea singular" El apartado segundo añade que "Si el deudor hubiera solicitado el nombramiento de un mediador concursal para tratar de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos, el notario, el registrador mercantil o la cámara ante los que se hubiera presentado la solicitud, una vez aceptado el nombramiento por el mediador, comunicará al juzgado competente para la declaración del concurso la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos, indicando la identidad del mediador".

El art. 585 TRLConc dispone que "El mismo día de la recepción de la comunicación, el Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto dejando constancia de esa comunicación, en la que ordenará la publicación en el Registro público concursal de edicto conteniendo extracto de esa resolución. En el decreto se harán constar las ejecuciones que se encuentran en curso sobre bienes o derechos que, según la solicitud, fuesen necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. En caso de controversia sobre el carácter necesario del bien o del derecho quien ostente interés legítimo podrá interponer recurso de revision. Si en el escrito de comunicación constara la solicitud del carácter reservado de la comunicación, el Letrado de la Administración de Justicia no ordenará la publicación del edicto. El deudor podrá solicitar en cualquier momento el levantamiento del carácter reservado de la comunicación".

En los arts. 588 a593 TRLConc se regulan los efectos de la comunicación previa respecto a las ejecuciones sobre los bienes y derechos necesarios para la continuidad de la actividad del deudor, bloqueando el inicio de las mismas durante tres meses (desde la comunicación), y suspendiendo las ejecuciones en curso. Este efecto se contrae a las ejecuciones y bienes y derechos necesarios, relacionados por el deudor en su comunicación previa, conforme art. 583.3 TRLConc.

Así, el art. 588 TRLConc ordena que "Hasta que transcurran tres meses a contar desde la fecha de presentación de la comunicación de la apertura de negociaciones para tratar de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos, los acreedores no podrán iniciar ejecuciones judiciales o extrajudiciales sobre los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor. Hasta que transcurran tres meses a contar desde la fecha de presentación de la comunicación de la apertura de negociaciones para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio o para alcanzar un acuerdo de refinanciación, los acreedores no podrán iniciar ejecuciones judiciales o extrajudiciales en las que soliciten el embargo de bienes o derechos necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor El plazo será de dos meses si el deudor fuera persona natural que no tuviera la condición de empresario". El art. 589 TRLConc añade que "Las ejecuciones sobre los bienes o derechos a que se refiere el artículo anterior que estén en tramitación se suspenderán por el juez que estuviere conociendo de las mismas".

En relación a las ejecuciones de pasivos financieros el art. 590 TRLConc dispone que "No podrán iniciarse y, si se hubieran iniciado, se suspenderán las ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, promovidas por los acreedores de pasivos financieros sobre cualesquiera otros bienes o derechos integrados en el patrimonio del deudor si se acreditara documentalmente que, al menos, el cincuenta y uno por ciento del pasivo financiero total ha apoyado expresamente la apertura de las negociaciones para la suscripción del acuerdo de refinanciación, con compromiso expreso a no iniciar o continuar ejecuciones individuales frente al deudor en tanto tengan lugar las negociaciones".

Y respecto a las ejecuciones de garantías reales, el art. 591 TRLConc señala que "No obstante la comunicación de la apertura de negociaciones con los acreedores para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio o para alcanzar un acuerdo de refinanciación, los acreedores con garantía real podrán iniciar ejecuciones sobre los bienes o derechos sobre los que se hubiera constituido la garantía. Si la garantía recayera sobre bienes o derechos necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, una vez iniciado el procedimiento de ejecución, se suspenderá por el juez que esté conociendo del mismo hasta que transcurran tres meses a contar desde la fecha de presentación de la comunicación de la apertura de negociaciones con los acreedores para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio o para alcanzar un acuerdo de refinanciación. No obstante la comunicación de la apertura de negociaciones con los acreedores para tratar de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos, los acreedores con garantía real podrán iniciar ejecuciones sobre los bienes o derechos sobre los que se hubiera constituido la garantía. Si la garantía recayera sobre la vivienda habitual del deudor o sobre bienes o derechos necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, una vez iniciado el procedimiento, la ejecución sobre esos bienes o derechos se suspenderá por el juez que estuviere conociendo de las mismas hasta que transcurran tres meses a contar desde la fecha de la comunicación de la apertura de negociaciones con los acreedores o dos meses si el deudor fuera persona natural que no tuviera la condición de empresario".

Conforme al art. 592 TRLConc, quedan, en todo caso, excluidos de las previsiones contenidas en este apartado los procedimientos de ejecución que tengan por objeto hacer efectivos créditos de derecho público.

El art. 595 TRLConc regula la exigencia posterior de solicitar el concurso, disponiendo que "El deudor que, dentro de los tres meses a contar desde la comunicación al juzgado de la apertura de negociaciones con los acreedores o dos meses si fuera persona natural que no tuviera la condición de empresario, no hubiera alcanzado un acuerdo de refinanciación o un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones suficientes a la propuesta anticipada de convenio, deberá solicitar la declaración de concurso dentro del mes hábil siguiente si se encontrara en estado de insolvencia actual, a menos que ya la hubiera solicitado el mediador concursal". Lo que se completa con el alargamiento de plazos que permite el art. 594 "Las solicitudes de concurso presentadas después de la comunicación de la apertura de negociaciones por otros legitimados distintos del deudor o, en el acuerdo extrajudicial de pagos, distintos del deudor o del mediador concursal no se admitirán a trámite mientras no transcurra el plazo de tres meses a contar desde la fecha de esa comunicación o de dos meses si el deudor fuera persona natural que no tuviera la condición de empresario. Las presentadas antes de la comunicación, aunque aún no hubieran sido admitidas a trámite, continuarán su tramitación. Las solicitudes que se presenten con posterioridad a la expiración de ese plazo solo se proveerán cuando haya vencido el plazo de un mes hábil sin que el deudor hubiera solicitado la declaración de concurso. Si el deudor solicita la declaración de concurso dentro de ese mes, esta se tramitará en primer lugar. Declarado el concurso a instancia del deudor, las solicitudes que se hubieran presentado antes y las que se presenten después de la del deudor se unirán a los autos, teniendo por comparecidos a los solicitantes".

Las garantías del deudor se complementan con la posibilidad de recurrir la declaración de concurso.

La Jurisdicción y competencia están establecidas (art. 52 TRLConc), con carácter exclusivo y excluyente al Juez de lo Mercantil, respecto a acciones civiles contra el patrimonio del concursado, incluidas medidas cautelares (excepto procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores); acciones sociales; toda ejecución frente a bienes y derechos del patrimonio del deudor; la determinación del carácter necesario de un bien o derecho para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor; las que en el procedimiento concursal debe adoptar en relación con la asistencia jurídica gratuita; la disolución y liquidación de la sociedad o comunidad conyugal del concursado; las acciones tendentes a exigir responsabilidad civil a los socios personalmente responsables de las deudas, a los socios de la sociedad concursada el desembolso de las aportaciones sociales diferidas o el cumplimiento de las prestaciones accesorias, a los administradores sociales o a los auditores. Extensión de la Jurisdicción (art. 55 TRLConc); competencia internacional y territorial (art. 45 TRLConc); alcance Internacional de la Jurisdicción (art. 56 TRLConc); Declinatoria (art. 51 TRLConc).

En la declaración de concurso, por auto (art. 28 TRLConc), se resuelve los efectos sobre facultades de administración y disposición del deudor respecto de su patrimonio; medidas cautelares; llamamiento de la Administración concursal. Apertura de la fase común, Sección, segunda, tercera, cuarta. Publicidad, donde se garantiza la seguridad y la integridad de las comunicaciones (art. 35 TRLConc); Publicidad registral (art. 36 TRLConc); acumulación de concursos (art. 41 TRLConc).

1. Sobre los derechos fundamentales del deudor

En el concurso voluntario y concurso necesario, se reconocen al Juez "amplias facultades para adoptarlas o modificarlas" (las medidas de intervención o limitación de derechos fundamentales o la imposición de deberes). La sanción de los actos realizados por el deudor, según art. 109 TRLConc es de "anulabilidad, además de la prohibición de su acceso a Registros públicos". Se confiere al Juez la potestad de graduar y de adecuar a las circunstancias concretas de cada caso, así como los efectos respecto a la (libertad, secreto de las comunicaciones, residencia y circulación por el territorio nacional).

2. Sobre facultades patrimoniales del deudor

La Ley toma como premisa previa el Reglamento 1346/2000, de insolvencias punibles, cuyo artículo 1, establece que se aplicará a los procedimientos colectivos fundados en la insolvencia del deudor que impliquen el desapoderamiento parcial o total del deudor y el nombramiento de un sindico. El art. 106 TRLConc, fija como regla general "En caso de concurso voluntario, el concursado conservará las facultades de administración y disposición sobre la masa activa, pero el ejercicio de estas facultades estará sometido a la intervención de la administración concursal, que podrá autorizar o denegar la autorización según tenga por conveniente". Y frente a dicha posibilidad, el apartado segundo dispone que "En caso de concurso necesario, el concursado tendrá suspendido el ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre la masa activa. La administración concursal sustituirá al deudor en el ejercicio de esas facultades". El apartado tercero completa tales posibilidades, señalando "No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez podrá acordar la suspensión en caso de concurso voluntario o la mera intervención cuando se trate de concurso necesario. En ambos casos, deberá motivarse el acuerdo señalando los riesgos que se pretendan evitar y las ventajas que se quieran obtener".

Los actos del deudor que infrinjan las limitaciones establecidas en este artículo sólo podrán ser anuladas a instancia de la administración concursal, y cuando la administración concursal no los hubiese convalidado o confirmado (art. 109 TRLConc).

Está legitimado para que la administración concursal se pronuncie acerca del ejercicio de la correspondiente acción o de la convalidación o confirmación del acto, cualquier acreedor. La acción de anulación, se tramitará por los cauces del incidente concursal, de los arts. 532 y ss. TRLConc. Caducará si se ha formulado el requerimiento al cumplirse un mes desde la fecha de este; en otro caso caducará con el cumplimiento del convenio por el deudor o en el supuesto de liquidación, con la finalización de esta. Estos actos no podrán ser inscritos mientras no sean confirmados o convalidados o se acredite la caducidad de la acción de anulación o su desestimación firme.

Establece "con un sentido positivo" (art. 135 TRLConc), el deber del deudor persona natural, de los administradores o liquidadores de la persona jurídica concursada y quienes hayan desempeñado estos cargos dentro de los dos años anteriores a la declaración del concurso, y de los directores generales; de colaborar con los órganos del concurso, informándoles, auxiliándoles (conservación y administración de la masa activa), poner a su disposición los libros y documentos. La declaración de concurso, por sí sola, no interrumpe el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor, sin perjuicio de los efectos que produce sobre las facultades patrimoniales de este, conservación y administración de la masa activa (art. 204 TRLConc), del "se atenderá a la conservación de los elementos que la integren del modo más conveniente para el interés del concurso. A tal fin, la administración concursal podrá solicitar del juzgado el auxilio que estime necesario". El art. 205 añade que "Hasta la aprobación judicial del convenio o hasta la aprobación del plan de liquidación, los bienes y derechos que integran la masa activa no se podrán enajenar o gravar sin autorización del juez".

En caso de intervención con el fin de facilitar la continuación de la actividad profesional, la administración concursal podrá determinar los actos u operaciones propios del giro o tráfico de aquella actividad que, por razón de su naturaleza o cuantía, puedan ser realizados por el concursado o por su director o directores generales, quedando autorizados con carácter general (art. 112 TRLConc). La excepción se produce desde que se admite el concurso hasta la aceptación de la administración concursal, en que el concursado (El TRLConc le denomina deudor), podrá realizar los actos propios de su giro o tráfico que sean imprescindibles para la continuación de su actividad, siempre que se ajusten a las condiciones normales del mercado.

En caso de suspensión de las facultades de administración y disposición del deudor, corresponderá a la administración concursal adoptar las medidas necesarias para la continuación de la actividad profesional (art. 113 TRLConc).

3. Concurso de personas jurídicas

Se mantienen los órganos de la persona jurídica, sin perjuicio de los efectos que sobre su funcionamiento produzca la intervención o la suspensión de sus facultades de administración y disposición y salvo el supuesto en que, a consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, se declare el cese de los Administradores o liquidadores (art. 126 TRLConc). Los administradores concursales, tendrán derecho de asistencia y de voz en las sesiones de los órganos colegiados (art. 127.1 TRLConc).

Durante la tramitación del concurso, los administradores concursales están legitimados para ejercer las acciones de responsabilidad contra administradores, auditores y liquidadores, sin necesidad de previo acuerdo de la Junta o asamblea de socios. El efecto más severo es el del "Desde la declaración de concurso de persona jurídica, el juez del concurso, de oficio o a solicitud razonada de la administración concursal, podrá acordar, como medida cautelar, el embargo de bienes y derechos de los administradores o liquidadores, de derecho y de hecho, y directores generales de la persona jurídica concursada así como de quienes hubieran tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de aquella declaración, cuando de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que en la sentencia de calificación las personas a las que afecte el embargo sean condenadas a la cobertura total o parcial del déficit en los términos previstos en esta ley" (art. 133.1 TRLConc).

4. Efectos del concurso

Los efectos del concurso de la sociedad sobre los socios subsidiariamente responsables de las deudas de esta se reducen a atribuir la legitimación exclusiva a la administración concursal, para ejercitar la acción (art. 131.1 TRLConc). La excepción se produce cuando los acreedores hayan instado por escrito a la administración concursal el ejercicio de una acción del concursado de carácter patrimonial, señalando las pretensiones concretas en que consista. Los acreedores litigan a su costa en interés de la masa, tendrán derecho a reembolso de los gastos y costas hasta el límite de lo obtenido como consecuencia de la sentencia. Estas acciones se notifican a la administración concursal (art. 131 TRLConc, en relación con el art. 122 TRLConc).

Recuerde que…

  • El sobreseimiento de pagos es una situación derivada de incumplimiento de las obligaciones del deudor por su situación de insolvencia.
  • La insolvencia es un estado legal que se declara a una persona física o jurídica por medio de una resolución judicial, donde el Juez aprecia la concurrencia del presupuesto de hecho del concurso de acreedores.
  • Las garantías del deudor se complementan con la posibilidad de recurrir la declaración de concurso.
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