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Sobreseimiento

Sobreseimiento

Proceso penal

I. CONCEPTO

El procedimiento penal no tiene que terminar por Sentencia tras la celebración del juicio oral. En determinados casos, puede dictarse una resolución en forma de auto en la fase instructora o intermedia, por la cual se suspende el procedimiento, pudiendo reabrirse si concurren determinadas premisas (sobreseimiento provisional); o pone fin al mismo con efectos de cosa juzgada (sobreseimiento libre).

El sobreseimiento puede ser total si afectara a todos los imputados o acusados o parcial, si se dicta sólo con relación a alguno de ellos. En este último causa continuará el trámite con relación a los demás (artículo 634 Ley Enjuiciamiento Criminal).

El Tribunal Constitucional ha analizado en numerosas ocasiones la constitucionalidad de esta institución, cuestionada en muchas ocasiones, generalmente por los acusadores, por contraria a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 Constitución)

Reitera dicho Alto Tribunal, que ni la Constitución otorga un derecho a obtener condenas penales, ni puede confundirse el derecho a la jurisdicción penal, como instrumento para la aplicación del ius puniendi, con el derecho material a penar, de exclusiva naturaleza pública y cuya titularidad corresponde al Estado (Sentencias del Tribunal Constitucional 157/1990, de 18 de octubre; 31/1996, de 27 de febrero, y 115/2001, de 10 de mayo).

El ejercicio de la acción penal no comporta en el marco del artículo 24 de la Constitución un derecho incondicionado a la apertura y plena substanciación del proceso penal, sino sólo a obtener un pronunciamiento motivado del Juez en la fase instructora sobre la calificación jurídica que le merecen los hechos, expresando las razones por las que inadmite su tramitación, o acuerda el sobreseimiento y archivo de las actuaciones. De modo que las exigencias derivadas del derecho a la tutela judicial efectiva se verán satisfechas por la resolución de inadmisión si se fundamenta de forma razonable en la exclusión ab initio del carácter delictivo de los hechos investigados, y, si se practicaran diligencias, por la resolución que acuerda la terminación anticipada del proceso penal, sin apertura de la fase de plenario, en caso de que se sustente razonablemente en la concurrencia de los motivos legalmente previstos de sobreseimiento libre o provisional (Sentencias 148/1987, de 28 de septiembre; 175/1989, de 30 de octubre; 297/1994, de 14 de noviembre; 111/1995, de 4 de julio; 138/1997, de 4 de junio; 129/2001, de 4 de junio; y 178/2001, de 17 de septiembre, entre otras muchas).

Desde otro punto de vista, se manifiesta que el artículo 24.2 de la Constitución no protege sólo a quienes son objeto de una acción penal en su contra, sino también a todos cuantos acuden ante los Jueces y Tribunales en defensa de lo que creen sus derechos e intereses legítimos y, en consecuencia, también a quienes mediante la querella intentan la acción penal frente a los que reputan responsables de actos delictivos en su perjuicio. Admitido este hecho, se incide en que la peculiar situación del posible implicado en el proceso penal, en función de su derecho de defensa y a la presunción de inocencia presupone también la necesidad de no alargar innecesariamente la instrucción, una vez constatada suficientemente la inexistencia de indicios racionales de criminalidad. El ius puniendi es de titularidad estatal, no comporta un derecho incondicionado a la plena sustanciación del proceso, sino sólo a un pronunciamiento motivado del Juez sobre la calificación jurídica que le merecen los hechos que exprese, en su caso, las razones por las que inadmite su tramitación, entre las que cabe la consideración de su irrelevancia penal y la denegación del proceso o su terminación anticipada de acuerdo con las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En este sentido, podemos recordar las Sentencias del Tribunal Constitucional 157/90, 31/96, 41/97, ó 232/98.

En consecuencia, cuando los hechos relacionados en un escrito de querella o denunciados puedan ser constitutivos de delito, el Juez instructor deberá incoar las correspondientes diligencias, practicando la prueba que resulte pertinente para su esclarecimiento (Sentencias del Tribunal Constitucional de 28 de septiembre de 1987, 13 de diciembre de 1988, 30 de octubre de 1989 ó 14 de noviembre de 1994, entre otras muchas). Con respecto al ámbito y extensión de la instrucción reitera dicho alto Tribunal que, la regulación del procedimiento abreviado en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal -especialmente los artículos 789.5 y 790.6- no obliga al juzgador a practicar todas las diligencias pedidas por las partes, sino que en el ejercicio de su potestad jurisdiccional y a la vista de las diligencias practicadas, que sean necesarias, debe decidir con arreglo a su criterio debidamente motivado la resolución que estime aplicable al caso, ya que, en definitiva, la apreciación de si existen o no indicios de criminalidad contra determinadas personas, no es una cuestión trasladable al ámbito constitucional (Sentencias del Tribunal Constitucional 136/1986 f. j. 2º, y 191/1989, f. j. 5º). La decisión de sobreseer podría ser revisada en vía de amparo "si se violan las garantías constitucionales, entre las que se encuentra el agotamiento de los medios de investigación, entendido no como un derecho a practicar todas las diligencias que la parte solicite, sino, como reiteradamente ha afirmado, solamente aquéllas que el Juez estime pertinentes" (Sentencia del Tribunal Constitucional 351/1993 y la de 22 de abril de 1997). Ello no obstante, el derecho a la tutela judicial efectiva no otorga a sus titulares un derecho incondicionado a la plena sustanciación del proceso, sino que es compatible con un pronunciamiento motivado del órgano judicial en fase instructora que le ponga término anticipadamente, siempre que el órgano judicial entienda razonadamente que los hechos imputados carecen de ilicitud penal (Sentencias del Tribunal Constitucional 203/1989y 351/1993, f. j. 2º).

II. SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL

Supone la suspensión del trámite, que podrá reanudarse si se modifican las circunstancias que dieron lugar al sobreseimiento. El plazo de suspensión no es ilimitado, sino que vendrá condicionado por los términos de prescripción. Una vez transcurra el plazo de prescripción previsto para el delito perseguido el sobreseimiento pasará a ser una resolución definitiva, con efectos de cosa juzgada.

Son diversos los supuestos de sobreseimiento provisional.

1. Supuestos incluidos en el artículo 641 Ley Enjuiciamiento Criminal

El citado precepto prevé dos supuestos en que puede dictarse esta resolución:

  • a) Cuando no resulte debidamente justificada la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la causa.
  • b) Cuando resulte del sumario haberse cometido un delito y no haya motivos suficientes para acusar a determinada o determinadas personas como autores, cómplices o encubridores.

Generalmente el sobreseimiento provisional responde al hecho de que los actos de investigación practicados durante la fase instructora han puesto de relieve la falta de base para fundamentar la pretensión punitiva, bien en su dimensión objetiva (existencia del hecho) o en la subjetiva (determinación del presunto autor).

2. Otros supuestos

Existen en nuestro ordenamiento determinados presupuestos que condicionan la válida iniciación del procedimiento. Su falta, dará lugar al sobreseimiento provisional de las actuaciones, que se dejará sin efecto si se subsana la omisión que impedía la iniciación del trámite. Como ejemplo, cabe citar la denuncia o querella en los delitos semipúblicos, la querella en los privados (artículo 215.1 Código Penal para las injurias o calumnias), la autorización del Congreso o Senado en los supuestos en que sea necesario el suplicatorio para proceder penalmente contra alguno de sus miembros. Para un estudio más completo de estos supuestos véanse: "Artículos de Previo Pronunciamiento" y "Comparecencia del ofendido o perjudicado".

3. Las peculiaridades con relación al investigado o encausado que padece una enfermedad mental que le impide conocer la naturaleza y consecuencias de un juicio penal

En el curso de la instrucción puede constatarrse que el investigado o encausado padece una enfermedad mental grave (base biológica) y que, en su estado actual de desarrollo, le impide de forma absoluta conocer la trascendencia de un juicio penal e influir en su desarrollo (presupuestos psicológico). Una persona con su conciencia y voluntad gravemente afectadas por dicha causa, difícilmente podrá orientar a su letrado (aportar su versión de los hechos, facilitar prueba, impugnar la propuesta por los acusadores...), o ejercer su derecho de autodefensa que, según la Jurisprudencia, se materializa en el plenario mediante el derecho a la última palabra.

En el ámbito normativo, el artículo 383 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con relación a las hoy no vigentes medidas de seguridad sin Sentencia, prevé que si el procesado se demencia después de cometido el delito, se mandará archivar la causa en tanto recobre la salud (o el delito o delitos prescriban).

Considera la más moderna Jurisprudencia que el recto ejercicio del derecho de defensa impide que una persona sea juzgada, cuando en el momento del plenario tenga sus facultades mermadas de tal forma, que le impidan conocer la naturaleza de dicho acto. Se estima irrelevante, que la demencia ya concurriera en el momento de producirse el hecho ilícito o haya sobrevenido con posterioridad, porque, en todo caso, ese posible enjuiciamiento afectaría al derecho de defensa.

En este sentido cabe recordar el contenido de la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2006:

"Consideraciones estas que serían aplicables al presente supuesto a la vista del estado mental del acusado al momento del inicio de las sesiones del juicio oral constatado por los informes médico-forenses, que le impedía ejercitar de forma consciente la intervención que la Ley le asigna en dicho acto y su derecho constitucional de defensa tanto en la faceta de su propio interrogatorio afrontado con capacidad y conciencia del derecho a declarar o a guardar silencio, a su comunicación con el letrado a la vista de las vicisitudes del juicio y por último, su derecho a la ultima palabra en los términos antedichos, que no podrá hacer valer sin la capacidad mental y volitiva imprescindible para ello, más aun en el presente caso en el que al haberse aplicado una eximente incompleta se ha impuesto, conforme al artículo 104 del Código Penal, una pena privativa de libertad junto a la medida de seguridad".

Se trata de una Jurisprudencia muy novedosa, representada hasta la fecha por contadas resoluciones, que se citan en la trascrita.

III. SOBRESEIMIENTO LIBRE

Es equiparable a una Sentencia absolutoria anticipada, pone fin de forma definitiva al procedimiento, con efectos de cosa Juzgada.

En este ámbito ha reiterado el Tribunal Constitucional, que el sobreseído libremente ha de ser tenido por inocente a todos los efectos, como si hubiera mediado sentencia absolutoria. Dado su carácter definitivo, en contraste con el sobreseimiento provisional, sólo puede adoptarse tras profunda reflexión y procediendo con "tacto, prudencia y mesura", debiendo el órgano judicial que lo acuerda, motivar tal decisión (Sentencias 54/83 ó 314/94, entre otras)

El artículo 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal enumera tres supuestos en que opera el sobreseimiento libre:

  • a) Cuando no existan indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que hubiere dado motivo a la formación de la causa.

    Con relación a esta causa de sobreseimiento, precisa la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de abril de 2007: "La inexistencia de indicios racionales de criminalidad, como situación contraria a la prevista en el artículo 384, supone la primera causa de sobreseimiento libre, al haberse evidenciado a lo largo del sumario que no hubo nunca tales indicios (se precisó indebidamente) o bien, que si los hubo, pruebas posteriores los desvirtuaron. Si ni siquiera hay sospechoso, nunca podrá haber culpable, bastando para ello con ausencia de indicios, no precisándose por tanto prueba de inexistencia del delito".

  • b) Cuando el hecho no sea constitutivo de delito.

    Puede constarse la realidad del hecho denunciado. Tratarse, incluso, de un acto reprochable (antijurídico) pero no aparecer como delito en el Código Penal (típico), por lo que queda extramuros del Derecho Penal.

    La Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de abril de 2007 efectúa unas interesantes consideraciones sobre este supuesto: "El segundo motivo de sobreseimiento libre se concreta en que el hecho no sea constitutivo de delito. Que este supuesto concurre cuando la conducta constituye falta o es claramente atípica al no encajar en ningún precepto de la legislación penal parece incuestionable, puede, en cambio resultar problemático como resolver la procedencia o improcedencia de sobreseimiento libre por este mismo cuando existan dudas fundadas de atipicidad, si debe resolverse la duda en este momento procesal o abrir el juicio oral y resolverla en sentencia.

    Puede entenderse que si se trata de un problema estrictamente jurídico, -es decir no relativo a los hechos cuya clarificación sí puede y debe acaecer en el acto del juicio oral-, y si el Tribunal considerase tras examen y debate que la duda se resuelve en favor de la tipicidad, debiera proseguir el procedimiento no acordando el sobreseimiento libre, pero si mantuviera la duda parece que el principio in dubio libertas o pro libertate (artículos 1.1, 9.3 y 10 CE), exige optar por el sobreseimiento si en la sentencia se va a seguir la tesis absolutoria".

    Si resultare que el hecho constituye una falta, se mandará incoar el procedimiento correspondiente (juicio de faltas) para su enjuiciamiento (artículo 639 Ley Enjuiciamiento Criminal).

  • c) Cuando aparezcan exentos de responsabilidad criminal los procesados como autores, cómplices o encubridores.

IV. PROBLEMAS PROCESALES COMUNES A AMBAS FORMAS DE SOBRESEIMIENTO

1. Traslado a los perjudicados no personados de la procedencia del sobreseimiento por voluntad de los acusadores de no formular acusación

Cuando los acusadores personados manifiestan su voluntad de no formular acusación, prevé nuestro ordenamiento la posibilidad del Juzgado o Tribunal de dar conocimiento a los acusadores no personados, por si desean constituirse en parte para ejercitar la acción penal. No obstante, dicha posibilidad se ha convertido en exigencia tras la reforma operada por la Ley 4/2015, de 27 de abril, y así establece el art. 636 Lecrim que el auto de sobreseimiento se comunicará a las víctimas del delito, quienes podrán interponer recurso aun cuando no se hubieran personado en la causa.

Con relación al Sumario Ordinario establece el artículo 642 Ley Enjuiciamiento Criminal que:

"Cuando el Ministerio Fiscal pida el sobreseimiento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 637 y 641, y no se hubiere presentado en la causa querellante particular dispuesto a sostener la acusación, podrá el Tribunal acordar que se haga saber la pretensión del Ministerio Fiscal a los interesados en el ejercicio de la acción penal para que dentro del término prudencial que se les señale comparezcan a defender su acción si lo consideran oportuno

Si no comparecieren en el término fijado, el Tribunal acordará el sobreseimiento solicitado por el Ministerio Fiscal".

En el procedimiento abreviado se regula esta circunstancia de una forma muy similar en el artículo 782 Ley Enjuiciamiento Criminal.

Si el Ministerio Fiscal solicitare el sobreseimiento de la causa (tras dictarse el auto de pase a procedimiento abreviado) y no se hubiere personado en la misma acusador particular dispuesto a sostener la acusación, antes de acordar el sobreseimiento el Juez de Instrucción:

"Podrá acordar que se haga saber la pretensión del Ministerio Fiscal a los directamente ofendidos o perjudicados conocidos, no personados, para que dentro del plazo máximo de quince días comparezcan a defender su acción si lo consideran oportuno. Si no lo hicieren en el plazo fijado, se acordará el sobreseimiento solicitado por el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente".

En el párrafo siguiente se recoge la posibilidad de dar traslado de la causa al superior jerárquico del Fiscal, por si estima adecuado sostener la acusación.

La mención en el artículo 782 exclusivamente al Ministerio Fiscal y a la acusación particular, ha determinado una novedosa Jurisprudencia, que estima que la acusación popular no puede sostener la acusación en un procedimiento abreviado, si no lo hace conjuntamente con el Ministerio Fiscal o alguno de los acusadores particulares. En otras palabras, la intervención de la acusación popular es adhesiva. Esta Jurisprudencia se ha iniciado con la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 2007, aunque algún pronunciamiento posterior parece matizarla, excluyendo de esta imposibilidad los asuntos de manifiesta relevancia pública. Por tanto, se trata de una Jurisprudencia en formación y todavía no consolidada.

2. No cabe el sobreseimiento tácito

La decisión de sobreseer la causa seguida para investigar la comisión de diversos delitos, relativa a alguno de ellos, ha de ser siempre expresa. La no referencia en la fundamentación jurídica o en la parte dispositiva del auto de procesamiento (juicio sumario), o de los autos de inicio de la fase intermedia o de apertura del juicio oral (procedimiento abreviado), no supone que los acusadores no puedan recogerlos en sus escritos de conclusiones provisionales, siempre que hubieran sido objeto de imputación en el inicio o desarrollo de la causa. En otras palabras, el ámbito jurídico del plenario viene delimitado por el contenido de los escritos de calificación de las partes.

En apoyo de las afirmaciones anteriores cabe recordar con relación al auto que inicia la denominada fase intermedia en el procedimiento abreviado (artículo 779.1 Ley Enjuiciamiento Criminal), el contenido de la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 2000. Se afirma en la misma que el objeto de la citada resolución:

"No es la de suplantar la función acusatoria del Ministerio Público anticipando el contenido fáctico y jurídico de la calificación acusatoria, sino que su función es conferir el oportuno traslado procesal para que ésta calificación pueda verificarse, así como expresar el doble pronunciamiento de conclusión de la instrucción y de prosecución del procedimiento abreviado en la fase intermedia (Sentencia del Tribunal Constitucional 186/1990 y Sentencia del Tribunal Supremo, sala 2ª, de 2 de julio de 1999, núm. 1088/1999). El recurrente alega que al no calificarse jurídicamente los hechos de forma expresa en esta resolución como integradores de un delito de revelación de secretos queda vedada al Ministerio Público la posibilidad de formular acusación por dicho tipo delictivo, pero ello responde a una defectuosa concepción de la finalidad esencial de la resolución transformadora del procedimiento, que sin ser una resolución de mero trámite, no equivale a un auto de procesamiento (resolución inexistente en el procedimiento abreviado por decisión del legislador, que no procede resucitar por vías indirectas, y que por otra parte tampoco predetermina jurídicamente la calificación acusatoria), ni constituye el momento procesal en que se configura la imputación judicial, pues ésta necesariamente debe producirse con anterioridad a la conclusión de las diligencias previas, en el momento en que se recibe al implicado declaración en la condición formal de imputado".

La Sentencia del Tribunal Supremo de 19 junio 2007, se manifiesta en el mismo sentido pero con relación al auto de apertura del juicio oral en el procedimiento abreviado (doctrina que estimo aplicable al Juicio ordinario): "Por ello cuando el Juez decide abrir el juicio oral, la resolución en que así lo acuerda no define el objeto del proceso ni delimita los delitos que pueden ser objeto de enjuiciamiento ni supone vinculación alguna respecto de los hechos imputados, pues éstos y aquellos deben quedar concretados, inicialmente en los escritos de conclusiones provisionales de las partes acusadoras y finalmente, tras la celebración de la vista oral, en las conclusiones definitivas. En el procedimiento penal abreviado es a través de los escritos de acusación con los que se formaliza e introduce la pretensión punitiva con todos los elementos fácticos y jurídicos. Mediante esas conclusiones se efectúa una primera delimitación del objeto del proceso, que queda taxativamente fijados en las conclusiones definitivas.

Desde este punto de vista, el auto que acuerda la apertura del juicio oral sólo sirve para permitir que el procedimiento siga adelante. Su finalidad es valorar la consistencia de la acusación con el fin de impedir imputaciones infundadas y con ello la llamada pena de banquillo, actuando en este caso el Juez, como dice la Sentencia del Tribunal Supremo 41/1998, en funciones de garantía jurisdiccional, pero no de acusación". El auto supone, pues, un juicio de racionalidad sobre la existencia de motivos bastantes para el enjuiciamiento, supliendo de esta manera en el proceso abreviado la falta del auto de procesamiento del proceso ordinario, pero ni tiene como éste naturaleza inculpatoria ni tiene el alcance de conformar positivamente los términos fácticos y jurídicos del plenario, pues eso es función de las acusaciones.

Si el Juez de instrucción, en el auto por el que acuerda la apertura del juicio oral, omite, sin acordar expresamente el sobreseimiento, un delito por el que una de las partes acusadoras formuló acusación, ello no vincula al órgano de enjuiciamiento que deberá celebrar el juicio oral respecto de todos los hechos, con sus calificaciones, contenidos en los escritos de acusación. La parte acusada no podrá alegar indefensión ni vulneración del derecho a ser informado de la acusación, pues el artículo 784 prevé que, abierto el juicio oral, se emplazará al imputado con entrega de copia de los escritos de acusación por lo que tendrá pleno conocimiento de la imputación contra él formulada, tanto en su contenido fáctico como jurídico. Si el instructor abre el juicio oral respecto de unos delitos y sobresee expresamente respecto de otros, las partes acusadoras podrán interponer los pertinentes recursos contra la parte del auto que acordó el sobreseimiento.

Sólo, pues, la declaración expresa y formal del sobreseimiento contenida en el auto de apertura, una vez que alcance firmeza, producirá efectos vinculantes para el juicio oral (Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de marzo y 23 de octubre de 2000, 26 de junio de 2002, 21 de enero de 2003, 27 de febrero y 16 de noviembre de 2004, y 28 de enero y 22 de septiembre de 2005, y 13 de julio de 2006).

Esta posición también tiene su refrendo en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pudendo citar las Sentencias 62/98 ó 310/00.

V. ÓRGANO COMPETENTE PARA ACORDAR EL SOBRESEIMIENTO Y RECURSOS QUE PROCEDEN

Contra los autos de sobreseimiento provisional dictados por un Juzgado en el procedimiento abreviado o en el Juicio de Jurado cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

En el Juicio Ordinario el sobreseimiento corresponde a la Audiencia Provincial, no puede acordarse por el Juez Instructor. En el caso de ser provisional no será susceptible de recurso ante el Tribunal Supremo, por el contrario si es libre podrá recurrirse en casación (artículo 632 Ley Enjuiciamiento Criminal).

Ello no obstante, el Tribunal Supremo ha admitido que, en determinados casos, es recurrible en casación el auto dictado por una Audiencia Provincial, que conoce del recurso de apelación interpuesto frente al sobreseimiento libre acordado por el Juez de Instrucción.

De esta cuestión se ocupó la Sala General del Tribunal Supremo, en sentencia de 9 de febrero de 2005. En la misma se concluyó que cuando el enjuiciamiento correspondiera al Juzgado de lo Penal (penas no superiores a cinco años de prisión como establece el artículo 14 Ley Enjuiciamiento Criminal) nunca sería posible la casación frente a la resolución de instancia que conociera de un recurso contra la decisión del Instructor de sobreseer libremente la causa. Cuando la competente para enjuiciar el hecho fuera la Audiencia Provincial (penas superiores a los cinco años), cabría recurso de casación frente a la resolución conociendo en vía de apelación del auto de sobreseimiento dictado por el Instructor, siempre que concurrieran los siguientes presupuestos:

  • a) Que se trate de un auto de sobreseimiento libre.
  • b) Haya recaído imputación judicial equivalente o procesamiento.

    Se entiende por tal la resolución judicial en que se describe el hecho, se consigne el Derecho aplicable y se indiquen las personas responsables, por tanto, el auto de pase a procedimiento abreviado previsto en el artículo 779.1 Ley Enjuiciamiento Criminal (Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2005 o 1 de julio de 2007)

  • c) El auto haya sido dictado en procedimiento cuya sentencia sea recurrible en casación, es decir, como anteriormente se indicó, en un procedimiento en el que la celebración del juicio y el dictado de la Sentencia corresponda a una Audiencia Provincial y no a un Juez de lo Penal.
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