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Tutela sumaria de la posesión

Tutela sumaria de la posesión

La expresión "tutela sumaria de la posesión" comprende aquel conjunto de acciones que tienden de forma directa y sencilla a procurar la protección de la posesión que el legitimado ostenta sobre cierta cosa. Efectivamente, si tradicionalmente la acción es facultad inherente a todo derecho para exigir la efectividad del mismo ante los Tribunales, las acciones posesorias son aquellas que procuran la necesaria defensa del mero hecho de la posesión, amparando al poseedor contra cualquier perturbador.

Proceso civil

¿A qué nos referimos con institución jurídica de la posesión?

La posesión es una de las instituciones jurídicas sobre las que más se ha discutido a lo largo de la historia, y regulada en el Título V del Libro II de nuestro Código Civil (artículos 430 y siguientes del Código Civil), tampoco esta regulación, carente de un criterio uniforme que responde a principios propios del Derecho romano, pasando por la posesión germánica, con clara influencia del Derecho canónico y que no comprende siquiera una definición unitaria de todas sus especies, ayuda a despejar las numerosas dudas que genera este especial derecho real consistente en la detentación de la cosa por título distinto al de propiedad.

Es indudable que su naturaleza es la de un derecho real, porque implica un señorío o relación jurídica directamente entablada entre el titular y una cosa; frente a los derechos personales, o de obligación, que entrañan un vínculo directo entre una persona (acreedor), titular del derecho, frente a otra (deudor), en virtud del cual éste viene obligado a cumplir aquella prestación en que el derecho consista, ya sea de entregar alguna cosa, de hacer algo o, incluso, de no hacer algo. Aunque es tradicional la polémica suscitada en torno a su concepción como mero hecho o como auténtico derecho.

Así, entre los que defienden que la posesión es un hecho (no necesitado de expreso reconocimiento jurídico) la posesión sería el mero poder o señorío directo sobre la cosa que produce efectos jurídicos y la tutela jurídica que se dispensaría a la misma encontraría su fundamento en la mera existencia de poder o señorío directo sobre la cosa, con independencia de que quien posee ostente derecho o no sobre la misma. Mientras que, los que mantienen que la posesión es un derecho, atribuyen a la misma idénticas características que a cualquier otro derecho, pues la conciben como interés jurídicamente relevante, que es la esencia del derecho, y la definen como poder jurídico que se ejerce sobre la cosa. No obstante esto, no faltan autores que consideran que aunque inicialmente la posesión en sí misma es un hecho, reúne los caracteres propios del derecho por los efectos que produce, al suponer el ejercicio de hecho de un derecho, es decir, con independencia de si el mismo pertenece o no a quien lo ejercita como si lo fuera.

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la posesión como la "situación de poder de hecho sobre las cosas o los derechos, a la que se otorga una protección jurídica provisional que no prejuzga la titularidad de los mismos", toma, por tanto, la definición propia de la denominada "posesión natural" del artículo 430 del Código Civil, entendida como "tenencia de una cosa o disfrute de un derecho por una persona", como derivación directa de la clasificación propia del Derecho Romano donde se distinguía entre la simple tenencia de la cosa ("possessio naturalis"), sin especial protección jurídica, y el poder de hecho sobre la cosa ("possessio civilis") protegido por los interdictos, es decir, cuando el tenedor de la cosa la posee como propia y que puede desembocar en auténtico derecho de propiedad por medio de prescripción adquisitiva o usucapión (ver sus voces respectivas). No obstante, desde el Derecho Justinianeo, ambas modalidades gozan de idénticos efectos, por lo que no faltan autores que han remarcado el carácter inútil de toda discusión en torno a la distinción entre posesión como poder de hecho o como poder de derecho.

La posesión, como todo derecho, debe contar con una acción propia para su tutela como medio de hacerlo valer ante los Tribunales. En nuestro Derecho el principio de la tutela posesoria se encuentra consagrado por el artículo 446 del Código Civil cuando afirma que: "todo poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesión y, si fuere inquietado en ella, deberá ser amparado o restituido en dicha posesión por los medios que las leyes de procedimiento establecen". En definitiva, en nuestro ordenamiento jurídico la protección del estado posesorio comprende la plena protección de la posesión, en sí, desde la máxima injerencia, el despojo, hasta la mera perturbación, aún cuando el perturbador tenga mejor derecho. Es evidente que éste último podrá hacer valer su derecho frente al poseedor, pero nunca por vía del despojo o la perturbación, frente a los que el poseedor podrá reaccionar a través de las denominadas acciones posesorias, todo ello aún cuando el anterior conserve las acciones correspondientes a su derecho (por ejemplo, el propietario no poseedor) que deberá hacer valer en el proceso declarativo correspondiente.

¿Cómo se protege la tutela sumaria de la posesión a través de las acciones posesorias?

Las acciones posesorias, en sentido amplio, son aquellas que tienden a procurar la necesaria tutela de la posesión frente a cualquier acto de perturbación o despojo, de conformidad con el principio general consagrado por el ya mencionado artículo 446 del Código Civil.

Las acciones posesorias típicas son los denominados "interdictos", ya conocidos por el Derecho romano, aún cuando la protección ofrecida por nuestro Derecho es mucho más amplia que la conocida por los romanos, pues entonces únicamente se dispensaba a favor del poseedor en concepto de dueño, y no al mero detentador de la cosa (a salvo las excepciones expresamente previstas por la ley); mientras que nuestro ordenamiento jurídico protege a "todo poseedor" (afirma el artículo 446 del Código Civil), en definitiva, a todo "tenedor o poseedor de la cosa" (de conformidad con el artículo 250.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Los interdictos protegen el simple hecho de la posesión y, frente a las acciones petitorias, no pretenden el reconocimiento de derecho alguno, por este motivo se afirma que la tutela que ofrecen es sumaria pues, acortándose los plazos y trámites procesales, los interdictos procuran la más ágil y rápida protección de la posesión sin que lo resuelto prejuzque en modo alguno la titularidad de ningún derecho, se limitan a reintegrar en la posesión al perturbado en la misma. Es indudable que el Diccionario de la Real Academia cuando al definir la posesión, aún como poder de hecho, afirma que: "se otorga una protección jurídica provisional que no prejuzga la titularidad de los mismos" está pensando en los interdictos posesorios que, regulados por la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, hoy encuentran expresa previsión normativa en la actual Ley de Enjuiciamiento Civil, aunque sin recibir tal denominación, que establece que: "se decidirán en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, las demandas que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellos o perturbado en su disfrute" (artículo 250.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil; con el subtipo introducido por la reforma operada por la Ley 5/2018 en el art. 250.1.4º LEC párrafo 2º que tiene por objeto la recuperación de la posesión de viviendas "okupadas" ilegalmente.).

El Derecho romano conocía igualmente de la denominada "acción publiciana", donde el poseedor en concepto de dueño, de buena fe y con justo título acciona frente al poseedor de inferior derecho y sobre cuya subsistencia el Tribunal Supremo se ha pronunciado favorablemente en, entre otras, la Sentencia de 12 de mayo de 1992 cuando establece que: "la doctrina de esta Sala acerca de la admisibilidad, naturaleza y requisitos de la discutida acción publiciana viene establecida en la sentencia de 7 de octubre de 1982, en la que, después de referirse a los precedentes históricos de esta acción, se afirma que aunque la institución no está recogida en nuestro ordenamiento positivo, ello no fue óbice para la tesis afirmativa que alegó el caso de otras acciones, como la negatoria, igualmente carente de regulación legal y sin embargo pacíficamente admitida, pero sobre todo se apoyó en la corriente imperante de alternar el rigor de la exigencia de la prueba plena del dominio (la antigua prueba diabólica) para la prosperabilidad de la acción reivindicatoria, estimándose muchas veces que para ejercitarla con buen éxito, bastaba acreditar la preferencia del derecho del propietario sobre el mero poseedor, lo que dio pie aparte de la doctrina científica, a la jurisprudencia para configurar a la acción publiciana como una de las facetas de la reivindicatoria que permite al actor probar su mejor título que puede derivarse de la mera posesión, reclamando la cosa de quien la posea con menos derecho, al modo como, con diversos matices y a veces no mencionado el nombre, se dijo, entre otras, en las sentencias de 24 de febrero de 1911, 30 de marzo de 1927, 26 de octubre de 1931, 11 de marzo de 1936, 21 de febrero de 1941, 3 de mayo de 1944 y 17 de febrero de 1961.

Llegándose incluso a afirmar, especialmente en la de 6 de marzo de 1954, que está amparada, como la reivindicatoria en el párrafo segundo del artículo 348 del Código Civil; lo cual significa que conectada con la acción reivindicatoria, de la que vendría a ser como una subespecie, se presenta como excepción basada en razones de utilidad (conviene no olvidar que los antiguos prácticos la llamaban actio in rem utilis frente a la reivindicatoria que era actio in rem directa) a la regla general de la reivindicación no ya en cuanto a los efectos (se ha dicho que significaba una reivindicación menor) pero sí en cuanto a sus requisitos, porque la atenuación del rigor probatorio antes aludida, no supone supresión, según pone de manifiesto la misma doctrina jurisprudencial de la que son muestras inequívocas las sentencias de 6 de marzo de 1914, 6 de julio de 1920, 11 de diciembre de 1950, 28 de febrero de 1958, 27 de mayo de 1961 y 26 de febrero de 1970, entre otras muchas, que mantienen el principio general de que para la prosperabilidad de la acción reivindicatoria no basta la prueba relativa de su mejor derecho, sino la prueba plena del dominio".

En esta misma línea se pronuncia el Tribunal Supremo en su Sentencia de 13 de enero de 1984 donde aborda la cuestión tan discutida de si, no obstante su reconocimiento, goza esta acción publiciana de auténtica autonomía, afirmando que "es cierto que la acción ejercitada por la actora es la publiciana cuya naturaleza y caracteres no son pacíficamente aceptados, dado que frente a la tesis que la considera como "actio" posesoria típica se encuentra la de quienes sin negar tal carácter estiman carece de autonomía por encontrarse embebida en la reivindicatoria, posesión ésta que por lo que se refiere a la doctrina de esta Sala tiene su apoyo principalmente en la sentencia de 21 de febrero de 1941, que la considera como una falta de la acción dominical indicada, de la cual se diferencia en que mientras la reivindicatoria es acción que compete al titular dominical no poseedor contra quien posee sin serlo, la publiciana, por ir dirigida a la tutela posesiva, corresponde al poseedor, contra el mero detentador, mas no contra quien sea propietario".

Finalmente, entre las acciones posesorias cabe incluir la acción del artículo 41 de la Ley Hipotecaria, que, tras la reforma operada por la Disposición Final 9ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000, establece que:"las acciones reales procedentes de los derechos inscritos podrán ejercitarse a través del juicio verbal regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, contra quienes, sin título inscrito, se opongan a aquellos derechos o perturben su ejercicio. Estas acciones, basadas en la legitimación registral que reconoce el artículo 38, exigirán siempre que por certificación del registrador se acredite la vigencia, sin contradicción alguna, del asiento correspondiente".

Se trata igualmente de un procedimiento de tutela sumaria que no impedirá al interesado acudir con posterioridad al procedimiento civil correspondiente, habiendo declarado el Tribunal Supremo que: "el artículo 41 de la Ley Hipotecaria regula un proceso sumario, con limitación de medios de ataque y defensa, sin producción de cosa juzgada, y que no impide, por ello, pleito posterior en reclamación, tras alegación y prueba, de los daños causados" (en Sentencia de 28 de octubre de 1998).

Por este motivo es doctrina reiterada de la Sala 1ª del Tribunal Supremo la que afirma que: "no cabe recurso de casación contra las sentencias que recaigan en los procedimientos del artículo 41 de la Ley Hipotecaria porque, de un lado, ni tales procedimientos aparecen mencionados en ninguno de los tres primeros ordinales del artículo 1.687 Ley de Enjuiciamiento Civil, ni su normativa específica en la Ley Hipotecaria prevé expresamente el recurso de casación como impone el ordinal 4º de dicho artículo 1.687, y, de otro, el propio artículo 41 de la Ley Hipotecaria deja a salvo el derecho de las partes para acudir a un juicio declarativo ulterior, que será en el que, si se dan los requisitos legales, pueda intentarse el recurso de casación (AATS 15 de julio de 1993 en recurso 1300/93, 13 de enero de 1994 en recurso 2055/93, 14 de noviembre de 1995 en recurso 2731/95, 21 de enero de 1997 en recurso 2397/96 y 24 de febrero de 1998 en recuso 153/98)" aclarando que, en modo alguno, esto vulnera el derecho a la tutela judicial consagrado por la Constitución Española de 1978, pues "el artículo 24 de la Constitución ni autoriza por sí mismo el recurso de casación ni impone la mayor amplitud para el acceso al mismo, ya que el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho prestacional, sólo ejercitable por los cauces procesales existentes y con sujeción a su concreta ordenación legal (Sentencias del Tribunal Constitucional 99/85, 50/90, 149/95 y 176/96), el principio pro actione opera con menos intensidad en el acceso a los recursos que en el acceso inicial al sistema judicial (Sentencias del Tribunal Supremo 37/95 y 76/97), el recurso de casación civil no nace directamente de la Constitución (Sentencias del Tribunal Constitucional 37/95, 132/97 y 176/97) y, en fin, no existe un derecho a la interpretación más favorable al acceso al mismo, correspondiendo al Tribunal Supremo la última palabra al respecto interpretando las normas aplicables con el rigor que considere preciso (Sentencias del Tribunal Constitucional 230/93, 37/95, 211/96 y 132/97)", en Auto del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 1998.

¿Cómo se regula la tutela posesoria en la Ley de Enjuiciamiento Civil?

Por expresa disposición del artículo 446 del Código Civil la concreta regulación de los medios que el ordenamiento jurídico articule para la eficaz tutela de la posesión corresponde a las leyes procedimentales, conteniendo inicialmente la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 la regulación de los interdictos y actualmente la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, la de los juicios verbales, con carácter sumario, que prácticamente mantiene la anterior regulación, aunque prescinda de la expresión "interdicto" de amplio abolengo en nuestro Derecho procesal. Por lo demás, cinco son las figuras que sobre tutela sumaria y análoga contiene la actual normativa.

1. El juicio verbal sobre posesión de bienes adquiridos por herencia

Contemplado por el artículo 250.1.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil (sucesor del antiguo interdicto de adquirir), a través del que se pretende que el tribunal ponga en posesión de bienes a quien los hubiere adquirido por herencia si no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario. El ejercicio de la acción corresponde a quien pretenda haber adquirido esos bienes por herencia que deberá dirigir la misma frente a persona indeterminada, a salvo que alguien en concreto se oponga, habida cuenta que no cabe su ejercicio cuando los bienes estén siendo poseídos por alguien como dueño o usufructuario y contra los que, evidentemente, tampoco podrá dirigirse la acción.

A la demanda deberá acompañarse el documento que acredite la condición de sucesor hereditario del solicitante y una relación de testigos que confirmen que nadie posee los bienes a título de dueño o usufructuario. En este procedimiento, el Secretario judicial (Letrado de la Administración de Justicia, tras el cambio de denominación introducido por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio) llamará a los testigos propuestos por el demandante y, según sus declaraciones, el Tribunal dictará auto en el que denegará u otorgará, sin perjuicio de mejor derecho, la posesión solicitada, llevando a cabo las actuaciones que repute conducentes a tal efecto. El auto será publicado por edictos, que se insertarán en un lugar visible de la sede del tribunal, en el "Boletín Oficial" de la Provincia y en uno de los periódicos de mayor circulación en la misma, a costa del demandante, instando a los interesados a comparecer y reclamar mediante contestación a la demanda, en el plazo de cuarenta días, si consideran tener mejor derecho que el demandante. En caso de que nadie compareciere, se confirmará al demandante en la posesión; pero en caso de que se presentaren reclamantes, previo traslado de sus escritos al demandante, el Letrado de la Administración de Justicia le citará, con todos los comparecientes, a la vista, sustanciándose en adelante por los trámites del juicio verbal (artículo 441.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

2. Juicio verbal para retener o recobrar la posesión

Contemplado por el artículo 250.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil (sucesor del antiguo interdicto de retener o recobrar la posesión), a través del que se pretende la tutela de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute. El ejercicio de la acción corresponde al poseedor frente a quien le haya despojado o perturbado en el ejercicio de su derecho y la única especialidad procesal que se establece es que la demanda debe interponerse antes del transcurso del plazo de un año desde el acto de perturbación o despojo (artículo 439.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) plazo, por lo demás, enteramente coincidente con el del artículo 460 del Código Civil cuando señala como causa involuntaria de pérdida de la posesión la de otra persona "aún contra la voluntad del antiguo poseedor, si la nueva posesión hubiese durado más de un año", es decir, que durante el plazo de un año el antiguo poseedor podrá ejercitar la acción correspondiente para recobrar la posesión perdida, de conformidad con el plazo de prescripción que para esta acción prevé expresamente el artículo 1968.1 del Código Civil.

3. Juicio verbal recuperatorio de la posesión de viviendas ocupadas ilegalmente

La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, pretende crear un nuevo cauce procesal, una variante del juicio verbal posesorio previsto en el art. 250.1.4.º LEC (el antiguo interdicto de recobrar la posesión que tiene por objeto la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas) para dar una respuesta ágil y efectiva al problema derivado de la ocupación ilegal de viviendas y el consiguiente desalojo del ocupante por la fuerza.

En este sentido, la reforma modifica el juicio verbal posesorio previsto en el art. 250.1.4.º LEC articulando un procedimiento ad hoc destinado a recuperar de forma inmediata la posesión de un bien inmueble destinado a vivienda que ha sido ocupado ilegalmente (ocupación ni consentida ni tolerada) y restituirla a su legítimo poseedor, pero con un ámbito de aplicación limitado:

  • - Subjetivamente, a la persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social. Quedan fuera los supuestos en que el poseedor despojado sea una persona jurídica en la que no concurra la nota de ausencia de lucro.
  • - Objetivamente, a inmuebles que tengan la consideración de vivienda, sin distinción de que se trate de vivienda habitual o de segunda vivienda, pero excluyendo a locales de negocio.

El proceso sigue la tramitación del juicio verbal, con las siguientes especialidades:

  • - Con la demanda se deberá acompañar el título en el que el actor funde su derecho a poseer.
  • - La demanda aun cuando se desconozca quien sea el autor del despojo podrá dirigirse genéricamente contra los desconocidos ocupantes de la vivienda, sin perjuicio de la notificación que de ella se realice a quien en concreto se encontrare en el inmueble al tiempo de llevar a cabo dicha notificación. y quien realice el actor de comunicación podrá ir acompañado de los agentes de la autoridad.
  • - El demandante puede solicitar con la demanda la inmediata entrega de la posesión de la vivienda, abriéndose un trámite incidental. En el decreto de admisión se requerirá a los ocupantes para que aporten en el plazo de cinco días título que justifique su situación posesoria. Si no se aporta justificante suficiente el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda al demandante, siempre que el título que se hubiere acompañado a la demanda fuere bastante para la acreditación de su derecho a poseer y sin que contra el auto que decida sobre el incidente quepa recurso alguno, llevándose a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda.
  • - En la misma resolución en que se acuerde la entrega de la posesión de la vivienda al demandante y el desalojo de los ocupantes, se ordenará comunicar tal circunstancia, siempre que se hubiera otorgado el consentimiento por los interesados, a los servicios públicos competentes en materia de política social, para que, en el plazo de siete días, puedan adoptar las medidas de protección que en su caso procedan.
  • - Si el demandado o demandados no contestaran a la demanda en el plazo legalmente previsto, se procederá de inmediato a dictar sentencia. La oposición del demandado podrá fundarse exclusivamente en la existencia de título suficiente frente al actor para poseer la vivienda o en la falta de título por parte del actor. La sentencia estimatoria de la pretensión permitirá su ejecución, previa solicitud del demandante, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto en el art. 548 LEC.

4. Juicio verbal para la suspensión de obra nueva

Previsto por el artículo 250.1.5º de la Ley de Enjuiciamiento Civil (correlativo al interdicto de obra nueva de los artículos 1663 a 1075 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881), por el que se pretende que el tribunal resuelva, con carácter sumario, la suspensión de una obra nueva. El ejercicio de esta acción corresponderá a todo aquél que sufra algún tipo de perjuicio derivado de la referida obra nueva cuya suspensión se interesa y deberá dirigirse frente al dueño de la misma.

La especialidad procesal más notable de esta acción reside en el hecho de que, antes incluso de que se dé traslado para la contestación a la demanda, el Tribunal dirigirá inmediata orden de suspensión al dueño o encargado de la obra, que podrá ofrecer caución para continuarla, así como la realización de las obras indispensables para conservar lo ya edificado. Igualmente, el tribunal podrá disponer que se lleve a cabo reconocimiento judicial, pericial o conjunto, antes de la vista, todo ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 441.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

5. Juicio verbal para la demolición de edificios u objetos ruinosos

Previsto por el artículo 250.1.6º de la Ley de Enjuiciamiento Civil (sucesor del interdicto de obra ruinosa de los artículos 1676 a1685 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881), a través del que se pretende que el tribunal resuelva, con carácter sumario, la demolición o derribo de obra, edificio, árbol, columna o cualquier otro objeto análogo en estado de ruina y que amenace causar daños a quien demande. En consecuencia, la misma podrá ejercitarse por cualquiera que pueda sufrir algún perjuicio por el estado ruinoso de la obra u objeto y deberá dirigirse contra el propietario o usufructuario de la cosa.

Respecto de esta acción no se establece especialidad ninguna, fuera de las propias de este tipo de acciones, donde no se admite la reconvención (o, lo que es lo mismo, que por el demandado se oponga una pretensión distinta aunque conexa a la del demandante) y lo resuelto no produce efectos de cosa juzgada material, es decir, no impide a los interesados acudir al procedimiento ordinario posterior correspondiente por su carácter sumario. Ahora bien, parece razonable que, dada la situación de peligro que motiva el ejercicio de la acción, el demandante solicite la adopción de las medidas cautelares que considere necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la sentencia estimatoria que se dictare, bajo la regulación de los artículos 721 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre medidas cautelares, medidas que incluso podrían solicitarse con carácter previo a la interposición de la demanda si el riesgo fuera inminente.

Recuerde que...

  • La protección del estado posesorio comprende la plena protección de la posesión, en sí, desde la máxima injerencia, el despojo, hasta la mera perturbación, aún cuando el perturbador tenga mejor derecho.
  • Las acciones posesorias, en sentido amplio, son aquellas que tienden a procurar la necesaria tutela de la posesión frente a cualquier acto de perturbación o despojo.
  • En el juicio verbal sobre posesión de bienes adquiridos por herencia, el tribunal los pondrá en posesión a quien los hubiere adquirido por herencia si no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario.
  • En el juicio verbal para retener o recobrar la cosa el ejercicio de la acción corresponde al poseedor frente a quien le haya despojado o perturbado en el ejercicio de su derecho.
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