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Tutela

Tutela

La tutela es una institución jurídica que se constituye con el objetivo de proteger la persona o el patrimonio o ambas de un menor de edad o incapacitado judicialmente a través del nombramiento de un tutor, que será controlado y supervisado judicialmente.

Ausencia, incapacitación y tutela

¿Qué es la tutela?

La tutela es aquella institución de Derecho de familia cuya finalidad es la de proteger bien la persona, bien el patrimonio, bien ambas cosas, de un menor de edad o incapacitado judicialmente. Por otro lado, la tutela es similar a la patria potestad (artículo 154 del Código Civil) en cuanto que ambas instituciones tienen como finalidad prioritaria la de protección de las personas sujetas a las mismas, pero difiere de aquella en cuanto que las instituciones tutelares se hallan sujetas a un control y supervisión judicial. Ello permite concluir que la tutela es subsidiaria respecto de la patria potestad en relación con los tutelados menores de edad, y es similar a la misma, respecto de las personas incapacitadas.

¿Qué tipos de tutela existen?

La tutela puede organizarse según dos sistemas, a saber:

  • a) La tutela de familia. Este sistema comporta que todas las instituciones tutelares, los órganos y el control pertenecen a la familia del tutelado, aunque coexista con cierto control y supervisión, bien de la autoridad judicial bien de los órganos administrativos competentes. En este tipo de sistema la función tutelar la ejerce la familia del menor o incapacitado sujeto a tutela.
  • b) La tutela de autoridad. Este sistema se basa en que el tutor, que de modo general será un familiar del tutelado, estará bajo la supervisión y control de la autoridad judicial u órgano administrativo. En este sistema la función tutelar corresponde al Estado, el cual puede ejecutarla bien por medio de autoridades bien a través de organismos especializados.

¿Qué recoge la legislación al respecto?

El Proyecto de Código Civil de 1851 reguló en sus artículos 171 y siguientes un tipo de tutela que se integró básicamente en el Código Civil vigente de 1889, y cuya esencia era la de establecer un sistema de tutela de familia, creándose las figuras nuevas de protutor y de consejo de familia.

El sistema, pues, es el de tutela de familia con una unidad de institución, ya que desaparece la institución de la curatela, y de tipo orgánico, puesto que se compone de tutor, protutor y consejo de familia. De este modo el tutor se configura como el órgano tutelar con atribuciones y competencias tanto respecto de la persona del tutelado como de la administración de su patrimonio; el protutor se constituye como el órgano de vigilancia respecto de la actuación del tutor y la persona que le sustituye cuando sea preciso por vacante u oposición o conflicto de intereses con el tutelado; en último lugar, el consejo de familia es el órgano supremo de la tutela, en cuanto que fija las directrices de actuación del tutor. La autoridad judicial no se establece como un órgano propiamente de la tutela, aunque si bien es cierto desempeña determinadas funciones.

El sistema de tutela de familia, asumido íntegramente por el Código Civil de 1889, fue objeto de duras críticas, lo que motivó su modificación, a través de la Ley de 24 de octubre de 1983, la cual da una nueva redacción a los artículos 199 a306 del Código Civil, estableciendo como líneas básicas en materia de tutela las siguientes:

  • a) Establece el sistema de tutela de autoridad, lo que conlleva de un lado la supresión del protutor y del consejo de familia, y de otro lado, la atribución del control y supervisión de la tutela a la autoridad judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 216 del Código Civil.
  • b) Se supera el criterio de la unidad de la tutela, al configurar las instituciones tutelares de la tutela, curatela y defensor judicial.
  • c) Se prevé la institución de la guarda de hecho.

En cuanto a la regulación legal de la tutela, la misma se encuentra prevista en el Libro I, Título X, denominado "De la tutela, de la curatela y de la guarda de los menores o incapacitados", y más concretamente en el Capítulo II, de los artículos 222 a285 del Código Civil.

¿Quiénes pueden ser sometidos a tutela?

Se encuentran sujetos a la institución de la tutela:

  • 1. Los menores no emancipados que no estén bajo la patria potestad.
  • 2. Los incapacitados, cuando la sentencia lo haya establecido.
  • 3. Los sujetos a la patria potestad prorrogada, al cesar ésta, salvo que proceda la curatela.
  • 4. Los menores que se hallen en situación de desamparo.

¿Cómo se constituye la tutela?

La constitución de la tutela es siempre y en todo caso judicial, esto es, será la autoridad judicial competente quien determinará y nombrará a la persona del tutor, dándole igualmente posesión de su cargo, supervisando y controlando sus actuaciones.

En este sentido, y en cuanto exista una persona que se halle en cualquiera de los supuestos contemplados en el artículo 222 del Código Civil, tendrán la obligación de promover la constitución de la tutela, de acuerdo con el artículo 229 del CC, los parientes que puedan ser nombrados tutores, así como los que tengan a los tutelados bajo su guarda al menor o incapacitado; asimismo cualquier persona tiene la facultad de ponerlo en conocimiento del Juez o del Ministerio Fiscal(artículo 230 del Código Civil), los cuales a su vez darán lugar a la constitución de la tutela, sin perjuicio igualmente de que el Juez podrá constituirla de oficio y el Ministerio Fiscal solicitarla en cuanto tenga noticia de ello.

La Autoridad Judicial competente, una vez iniciado el procedimiento correspondiente, oirá a los parientes más cercanos, así como a la persona del tutelado si tuviera suficiente juicio, y siempre y en todo caso tenga más de doce años, así como en último lugar a todas aquellas personas que aquél considere conveniente.

La constitución en todo caso se integrará en un procedimiento de jurisdicción voluntaria, incoado y seguido por los trámites previstos en los artículos 43 y siguientes de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.

Durante la tramitación del expediente de jurisdicción voluntaria para la constitución de la tutela, y dada la posibilidad de una duración del mismo prolongada en el tiempo, el Código Civil, en el artículo 299 bis, prevé que durante el tiempo de tramitación y, en evitación del desamparo de los menores o incapacitados judicialmente, le corresponda al Ministerio Fiscal la representación de los mismos tanto a los efectos personales como a los efectos patrimoniales. No obstante lo anterior, el Letrado de la Administración de Justicia podrá asimismo nombrar un defensor judicial que administre los bienes del futuro tutelado.

El expediente de jurisdicción voluntaria terminará con la resolución judicial, que adoptará la forma de Auto motivado, y que comportará el nombramiento del tutor o tutores. Una vez nombrado el tutor, el Letrado de la Administración de Justicia dará posesión del cargo al tutor nombrado (artículo 259 del Código Civil).

En último lugar, destacar que el Código Civil regula un supuesto que no es de verdadera tutela, puesto que es el de la persona que dispone, bien durante su vida, bien para después de su muerte, a título gratuito, y en favor de un menor o incapacitado y establece la persona del administrador y reglas propias para la administración, y que constituiría no tanto una tutela, sino todo lo contrario, esto es, la limitación de la tutela respecto de determinados bienes, cuya administración competirá a otra persona expresamente designada por aquella.

La Sentencia del Tribunal Supremo del 24 de junio de 2013 no de rec. 1220/2012 ha supuesto una nueva revisión del concepto de incapacidad al incorporar el contenido de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La STS 421/2013 promueve que la figura de la tutela se emplee como un complemento, y no como un sustituto de la capacidad del sujeto, e incide en la necesidad de individualizar los casos para poder adoptar la medida que sea más favorable conforme a la manera en que cada sujeto se vea afectado: "Lo que se cuestiona en este caso es de qué manera se encuentra afectado el sujeto para adoptar la medida que sea más favorable a su interés y cómo puede evitarse una posible disfunción en la aplicación de la Convención de Nueva York".

¿Qué es la función tutelar?

La función tutelar puede definirse como el poder concedido por la ley sobre la persona y bienes o solamente sobre una u otros, bien de un menor bien de persona incapacitada judicialmente, establecida en beneficio y protección de éstos, y bajo control y supervisión judicial.

En este sentido, el artículo 215 del Código Civil, fijando el objetivo y finalidad de la función tutelar establece:

"La guarda y protección de la persona y bienes o solamente de la persona o de los bienes de los menores o incapacitados, se realizará, en los casos que proceda, mediante:

  • La tutela.
  • La curatela.
  • El defensor judicial."

Naturaleza jurídica

En cuanto a la naturaleza jurídica de la función tutelar en general y de la tutela en particular, se determina la misma como función, esto es, como un poder y derecho concedidos al tutor con la finalidad de cumplir unos deberes esenciales de protección de la persona y bienes del tutelado. De este modo el artículo 216 del Código Civil dispone que las funciones tutelares constituyen un deber y se ejercerán siempre en beneficio del tutelado, estando bajo la salvaguarda y protección de la autoridad judicial.

Asimismo se configura la tutela como una tutela de autoridad frente a la tradicional tutela de familia, resultando reseñable su carácter de deber irrenunciable. Asimismo todas las resoluciones judiciales que establezcan la tutela han de inscribirse necesariamente en el Registro Civil, practicándose dicha inscripción en virtud de testimonio remitido al encargado del Registro Civil, momento a partir del cual, resultarán oponibles frente a terceros (según los artículos 218 y 219 del Código Civil).

¿Puede extinguirse la tutela?

Según el artículo 276 del Código Civil, las causas de extinción de la tutela son las siguientes:

  • a) Cuando el menor de edad cumple los dieciocho años, a menos que con anterioridad a dicho momento hubiera sido judicialmente incapacitado.
  • b) Por la adopción del tutelado menor de edad.
  • c) Por fallecimiento de la persona sometida a tutela.
  • d) Por la concesión al menor del beneficio de la mayor edad.

El artículo citado contempla un conjunto de causas de extinción de la tutela, aunque si bien se hace preciso mencionar que la relación contenida no es en modo alguno numerus clausus o taxativa por cuanto coexisten otras, tales como la emancipación del menor por matrimonio o la reaparición del ausente.

Asimismo el artículo 277 del Código Civil dispone que la tutela también se extinguirá tanto cuando habiéndose originado por privación o suspensión de la patria potestad, el titular de la misma la recupere, así como cuando se dicte la resolución judicial que ponga fin a la incapacitación, o que modifique la sentencia de incapacitación en virtud de la cual se sustituya la tutela por la curatela.

Una vez extinguida la tutela, el tutor debe rendir cuentas de su gestión tal y como expone el artículo 279 del Código Civil, el cual impone al tutor la obligación, al cesar en sus funciones, de rendir cuentas sobre la administración a la autoridad judicial. Dicha rendición de cuentas comprenderá tanto la gestión atinente a la esfera personal como la relativa a la administración del patrimonio del tutelado. Los gastos de la rendición de cuentas serán siempre a cargo del patrimonio del tutelado.

El plazo para realizar la rendición de cuentas es de tres meses, prorrogables por el tiempo preciso, si concurre una justa causa, de conformidad con el artículo 279 del Código Civil.

El saldo de la cuenta general devengará interés legal, a favor o en contra del tutor como dispone el artículo 282 del Código Civil.

En último lugar, la acción para exigir la rendición de cuentas prescribe a los cinco años, a contar desde la terminación del plazo establecido para efectuarlo (artículo 279 del Código Civil).

¿Qué es la representación legal?

La representación puede otorgarse por la ley o por la voluntad del representado, a través del negocio jurídico de apoderamiento. El primer supuesto constituye la representación legal y, el segundo, la voluntaria. La distinción entre ambas se deriva del artículo 1259.1 del Código Civil, que establece que: "ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar por éste autorizado o sin que tenga por ley su representación legal".

Diferencia a una y otra forma de representación su respectivo fundamento. En la voluntaria el representante sustituye a un representado que tiene plena capacidad de obrar cuando éste no quiere o no puede actuar personalmente; en la representación legal, en cambio, el representante suple la falta de capacidad de obrar del representado que le impide actuar jurídicamente por sí mismo.

Son supuestos de representación legal instituciones como la patria potestad, la tutela, el defensor judicial, el defensor del desaparecido y el representante del ausente. No constituyen en cambio representaciones legales las de quienes actúan como órganos en nombre de una persona jurídica, ni los administradores concursales ni los de la herencia.

Recuerde que…

  • La tutela es una institución jurídica que protege a la persona y/o el patrimonio de un menor o incapacitado judicialmente.
  • El tutor tiene atribuciones y competencias sobre el tutelado y la administración de su patrimonio, siendo el protutor el órgano de vigilancia y su sustituto cuando sea preciso.
  • Serán sometidos a tutela: los menores no emancipados que no estén bajo la patria potestad; los incapacitados cuya sentencia así lo establezca; los sujetos a patria potestad prorrogada; y los menores que se hallen en situación de desamparo.
  • Deberán instar el procedimiento los parientes que puedan ser nombrados tutores, sin perjuicio de que el juez lo constituya de oficio o el Ministerio Fiscal lo solicite.
  • El tutor debe actuar siempre en beneficio del tutelado, estando bajo la salvaguarda y protección de la autoridad judicial.
  • La representación puede otorgarse por la ley o por la voluntad del representado, a través del negocio jurídico de apoderamiento.
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