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Política industrial

Política industrial

Está orientada a la mejora de la competitividad de las empresas nacionales en el mercado internacional y en un marco de competencia.

Administración estatal y autonómica

Concepto

Se denomina política de industrial a aquélla orientada a la mejora de la competitividad de las empresas nacionales en el mercado internacional y en un marco de competencia.

Bajo este concepto, tradicionalmente han convivido dos aproximaciones sensiblemente distintas: una visión selectiva y reduccionista de los instrumentos que se orientan al sector industrial, y otra mucho más amplia y abierta, que incluye en su seno un conjunto de actuaciones públicas que, de una u otra forma, tienen incidencia sobre la estructura y el tejido productivo. Por encima de esta doble visión viene abriéndose paso un nuevo concepto de política industrial centrada tanto en garantizar el marco competencial en el que se desenvuelven las empresas, como en estimular el cambio estructural en la industria a partir de su toma en consideración como variable clave de competitividad.

Justificación

Los economistas teóricos han sido, por regla general, bastante negativos acerca de la conveniencia de la política industrial. De hecho, la hipótesis general de la teoría económica convencional es que la mejor política industrial es permitir actuar al mercado (de ahí la clásica afirmación de que “la mejor política industrial es la que no existe”), y, en consecuencia, la intervención pública en el mercado distorsiona la eficiente asignación de recursos.

Con todo, la justificación de las actuaciones de política industrial reside en varios factores. La justificación más extendida parte de la existencia de un conjunto de fallos de mercado, entre los que se encuentra la asimetría informativa o la existencia de externalidades. A esta justificación se han ido añadiendo otras distintas, como el carácter clave que asume el entorno institucional en el que se desenvuelven las actividades empresariales, y la trascendencia de otros factores intangibles, como el conocimiento o el capital humano, o la existencia de economías externas derivadas de la concentración geográfica.

Cambios en la concepción de la política industrial y formas de intervención pública

Las formas de intervención constituyen una derivada de la concepción de política industrial manejada en cada caso. En el caso de la política industrial más tradicional, las actuaciones son selectivas y discrecionales, e incluyen actuaciones como el salvamento de empresas en dificultades, la reconversión industrial o la promoción de las empresas públicas y los sectores punta. Esta política industrial de corte intervencionista, muchas veces ligada a actuaciones de carácter terapéutico, fue muy popular hasta los años 70, pero, salvo contadas excepciones, se reveló como tremendamente ineficiente. En efecto, se trataba de instrumentos que evidenciaban no solo las dificultades para orientar correctamente la actividad industrial nacional y los problemas de corporativismo o mala administración en la gestión de las empresas públicas, sino también constituían un peligro en la medida que el sector público se estaba convirtiendo en una suerte de asistente social para empresas poco competitivas con dificultades estructurales.

En definitiva, a lo largo de la década de los ochenta, y ante la necesidad de actuar sobre los factores que inciden sobre la competitividad del sistema productivo, se redefinieron los instrumentos en paralelo al viraje conceptual acontecido.

Esa nueva política industrial parte del establecimiento de un nuevo equilibrio entre mercado e intervención, en el que se da prioridad al mercado como emisor de señales a la hora de articular las medidas. Además, las empresas constituyen las protagonistas esenciales en las decisiones de asignación de los recursos productivos, en la medida que son los únicos agentes con capacidad de respuesta rápida ante los cambios estructurales.

Frente al carácter pasivo de la política llevada a cabo hasta ese momento, el nuevo enfoque es de futuro, caracterizado por el carácter positivo y progresivamente activo de las actuaciones, y globalizador, ya que se dirige al conjunto del tejido industrial como mecanismo para crear y garantizar las “condiciones estables a largo plazo para el funcionamiento eficiente de la economía de mercado y el fortalecimiento de la base industrial y tecnológica”.

En consecuencia, los instrumentos utilizados son eminentemente de carácter horizontal, y entre ellos juegan un papel más destacado los relativos a la formación de los recursos humanos, la especialización y cualificación profesional, la promoción empresarial (dirigida especialmente a las PYMEs), la mejora de la sostenibilidad o la creación de áreas tecnológicas y de innovación y de infraestructuras de desarrollo de la Sociedad de la Información. En líneas generales, son medidas orientadas a la creación de un entorno favorable y racional para el desarrollo tecnológico e industrial de las empresas y, de esta forma, al desarrollo de la competitividad empresarial, compatible con la necesidad de mantener los principios básicos de desarrollo de la competencia.

En todo caso, pese al nuevo enfoque horizontal de las medidas, siguen existiendo motivos para implementar, en determinados casos, medidas de carácter sectorial, como en el caso de sectores con regulaciones específicas, si bien debe tenerse en cuenta que el concepto tradicional de sector se ha reemplazado por el de sector verticalmente integrado alrededor del cual se articula un conjunto de sistemas industriales locales. Ello convierte cada vez más a los clusters empresariales en las unidades de aplicación de la política industrial, lo que, a su vez, se liga con el énfasis otorgado al fomento de la industrialización endógena a través de la potenciación de las ventajas competitivas de cada lugar. En relación con todo ello, la política industrial necesariamente ha de vincularse con la política de servicios, dado que la competitividad de aquélla depende, en gran medida, de los servicios relacionados con la actividad industrial.

La nueva política industrial en España

La nueva política industrial española debe contextualizarse necesariamente dentro las líneas estratégicas que emanan de la Comisión Europea, para la cual la política industrial se orienta a “crear las condiciones favorables al desarrollo de empresas y de la innovación con la finalidad de hacer de la UE una zona atractiva para las inversiones industriales y la creación de empleo”.

Las medidas y actuaciones contempladas prestan especial atención a las PYMEs, dada su alta representatividad en el tejido empresarial nacional, y por su problemática específica derivada de su menor tamaño. Estas medidas conviven con otras orientadas a la búsqueda de tamaño a través de los Consorcios Estratégicos Nacionales de Innovación Tecnológica (Programa CENIT), que constituye un ejemplo destacado de apoyo financiero a la creación de grandes proyectos de I+D+i impulsados por grandes empresas.

Las medidas tienen varios denominadores comunes, en cuanto a sus objetivos, entre los que pueden citarse:

  • Un marco común en cuanto a los retos a los que se enfrenta nuestra industria: la globalización, el riesgo de deslocalización, el agotamiento de las ventajas en costes, la baja productividad o el predominio de sectores poco intensivos en tecnología.
  • El fomento de la innovación como principal motor de la competitividad.
  • La necesidad de aumentar la base tecnológica de las empresas, como fuente principal de la sostenibilidad futura.
  • Y, por último, la ayuda a generar economías externas a las PYMEs por medio de la creación de Agrupaciones de Empresas Innovadoras (AEI) o el apoyo a la estrategia basada en Centros Tecnológicos, con la finalidad de resolver las limitaciones derivadas de la reducida dimensión empresarial y apoyar la generación de economías externas por medio de la cooperación.

Esta política industrial supone un claro cambio de enfoque con respecto a la concepción de la misma en el pasado. De hecho, la política industrial en España ha participado del viraje conceptual ilustrado en la sección anterior.

Recuerde que...

  • Centrada en garantizar el marco competencial en el que se desenvuelven las empresas y en estimular el cambio estructural en la industria a partir la variable de competitividad.
  • La justificación de la política industrial reside en: fallos de mercado, entorno institucional de las actividades empresariales y la trascendencia de otros factores intangibles.
  • La nueva política industrial española debe contextualizarse dentro las líneas estratégicas que emanan de la Comisión Europea.
  • Las medidas y actuaciones contempladas en España prestan especial atención a las PYMEs.
  • Objetivos de en España: marco común en cuanto a los retos a los que se enfrenta la industria, fomento de la innovación, aumento la base tecnológica de las empresas y generar economías externas a las PYMEs.
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