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Coeficiente de capital

Coeficiente de capital

Mide en todo momento la solvencia de una entidad financiera, por ello también se le conoce como coeficiente de solvencia.

Banca y bolsa

El coeficiente de capital o de recursos propios en banca lo que hace es medir en todo momento la solvencia de una entidad financiera, por ello también se le conoce como coeficiente de solvencia.

Este control se realiza a través de la obligación de mantener un determinado porcentaje del ratio Recursos Propios/Inversiones, es decir, la fijación de un porcentaje que representan los recursos propios sobre el total de los activos.

Los recursos propios en el sector bancario tienen una importancia fundamental. La función principal asociada a dichos fondos propios es la de garantizar la continuidad de la entidad, en otras palabras, los bancos deben mantener un nivel mínimo de capital que les permita financiar su actividad y llevar a cabo proyectos estratégicos a largo plazo sin dañar su calificación ni poner en peligro su nivel de solvencia. En este sentido, los recursos propios son utilizados como cobertura de riesgos y para permitir la asunción de pérdidas inesperadas.

Por dicha importancia son objeto de regulación, tanto las propias entidades, como concretamente el nivel de recursos propios en función a la inversión realizada, mediante la fijación de este coeficiente de capital.

Dicha normativa ha ido evolucionando, pues existen grandes diferencias entre la forma actual de elaboración de normativa a escala internacional y la manera en que la misma se ha ido poniendo en marcha hasta mediados de los años ochenta.

Hasta esa época, existía un modelo, el anglosajón, encabezado por los Estados Unidos, con un arraigado prestigio internacional, que servía de base al resto de países. No obstante, su influencia estaba limitada por las fronteras nacionales, de hecho, cada país adoptó las ideas básicas del modelo y las implantó de forma autónoma. El resultado fue una extraordinaria amalgama de soluciones distintas para un mismo problema.

La tendencia hacia una coordinación de esfuerzos a escala internacional se debe a la presencia cada vez más habitual de grupos financieros cuya actividad se llevaba a cabo en un entorno supranacional, por lo que salían del campo de actuación habitual de las autoridades nacionales, lo que permitía, cumpliendo las normas de solvencia a nivel individual en cada uno de los países, incumplirla a nivel consolidado, agrupando los riesgos de un grupo en un entorno multinacional.

De hecho, la quiebra de un conglomerado bancario que mediante una implantación internacional había conseguido escapar a los controles nacionales, provocó los acuerdos de coordinación de actividades supervisoras del grupo de los diez, que se reúne en el marco del Banco Internacional de Pagos de Basilea (BIS).

Por otra parte, las autoridades llegaron a la conclusión de que, dada la frecuencia de crisis bancarias, el incremento en los riesgos asociados a los nuevos instrumentos financieros y la mayor inestabilidad económica, era necesario aumentar el nivel requerido de fondos propios.

Este requerimiento podía dañar la capacidad competitiva de los países que reforzaran sus exigencias en comparación con aquellos cuya normativa fuera más permisiva, se imponía, por lo tanto, una coordinación de esfuerzos normativos que permitiese la adopción de requerimientos comunes.

Finalmente, en lo que a la Unión Europea se refiere, el principio de reconocimiento mutuo de las entidades entre los países miembros, conllevaba el que cada país aceptara las normas básicas de control, vigentes en los demás países, incluyendo las de solvencia, por lo que, de cara a su consecución, era necesario que las autoridades acordaran reglas comunes en todos los países, es decir, armonizadas.

La normativa actual, en su mayor parte, refleja la transposición de las recomendaciones emanadas de Basilea.

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