guiasjuridicas.es - Documento
El documento tardará unos segundos en cargarse. Espere, por favor.
Minusvalía (fiscalidad)

Minusvalía (fiscalidad)

El término “minusvalía” era definido en el CIDDM (Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías) de la OMS, aprobado en 1980, y en la actualidad ha sido abandonado. La normativa fiscal también ha abandonado el término “minusvalía”, y acoge, en términos generales, el concepto de discapacidad de la Ley 51/2003, reservando los beneficios fiscales para aquellas personas que acrediten una minusvalía, al menos, del 33 %.

Derecho fiscal

Concepto de minusvalía

En el ámbito de la Organización Mundial de la Salud

El término “minusvalía” era definido en el CIDDM (Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías) de la OMS, aprobado en 1980, y en la actualidad ha sido abandonado. En efecto, la OMS aprobó el 22 de mayo de 2001 en su 54ª Asamblea Mundial de la Salud, mediante Resolución WHA 54.21, para que pudiera ser utilizada a nivel internacional, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud conocida como CIF, clasificación que es la heredera de la de 1980, por lo que sus definiciones técnicas siguen teniendo relevancia para orientar las políticas públicas.

En efecto, en la CIDDM, la terminología empleada era la siguiente:

  • Deficiencia (en ingles impairment) es toda pérdida o anormalidad, permanente o temporal, de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Incluye la existencia o aparición de una anomalía, defecto o pérdida de una extremidad, órgano o estructura corporal, o un defecto en un sistema funcional o mecanismo del cuerpo. La deficiencia supone un trastorno orgánico, que produce una limitación funcional que se manifiesta objetivamente en la vida diaria. Se puede hablar de deficiencias físicas, sensoriales, psíquicas y de relación.
  • Discapacidad (en inglés disability) es, según la citada clasificación de la OMS, "toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en la forma, o dentro del margen considerado normal para el ser humano". Puede ser temporal o permanente, reversible o irreversible. Es una limitación funcional, consecuencia de una deficiencia, que se manifiesta en la vida cotidiana.
  • Minusvalía (en inglés handicap) es "la situación desventajosa en que se encuentra una persona determinada, como consecuencia de una deficiencia o discapacidad que limita, o impide, el cumplimiento de una función que es normal para esa persona, según la edad, el sexo y los factores sociales y culturales".

En el CIF de 2001 se utilizan los términos de:

  • Discapacidad, que se define como “término genérico que incluye déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una “condición de salud”) y sus factores contextuales (factores ambientales y personales)”.
  • Deficiencia: “anormalidad o pérdida de una parte del cuerpo (p.ej. estructura) o una función corporal (ejemplo, función fisiológica). Las funciones fisiológicas incluyen las funciones mentales.”

El concepto en el ordenamiento jurídico español

La protección a las personas con minusvalías constituye un principio rector de las políticas del Estado, tal y como se refleja en el artículo 49 de la Constitución Española, que indica que "los poderes públicos realizarán una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".

El mandato constitucional del artículo 49 tiene su reflejo en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), considerada como Ley Marco porque establece las bases que han de guiar toda la normativa y posteriores actuaciones en materia de discapacidad. Su artículo 7.1 da una definición de “minusválido”:

“Artículo 7. 1. A los efectos de la presente Ley se entenderá por minusválidos toda persona cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se hallen disminuidos como consecuencia de una deficiencia, previsiblemente permanente, de carácter congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales.”

Este artículo 7 cierra el círculo estableciendo que en España solamente es minusválida "oficialmente" la persona que ha obtenido la calificación legal de minusvalía.

Por su parte, el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, establece el concepto de “discapacitado” en relación con el grado de minusvalía:

“A los efectos de esta ley, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento. En todo caso, se considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.”

La calificación legal de minusvalía superior al 33 % debe acreditarse mediante los documentos previstos en el artículo 2.2 del Real Decreto 1414/2006; esto es, mediante resolución o certificado expedidos por el IMSERSO u órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente. En el caso de los pensionistas, podrán solicitar del IMSERSO u órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente, el reconocimiento de un grado de minusvalía superior al 33 por ciento”.

La normativa vigente (Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía), reconoce 5 categorías de discapacidad:

  • Grado 1, discapacidad nula. Aunque la persona presenta una discapacidad, esta no impide realizar las actividades de la vida diaria. La calificación de esta clase es del 0 %.
  • Grado 2, discapacidad leve. Existe dificultad para realizar algunas actividades de la vida diaria, pero el porcentaje de minusvalía está entre el 1 % y el 24 %.
  • Grado 3, discapacidad moderada. Hay una gran dificultad o imposibilidad para llevar a cabo algunas actividades, aunque la persona se puede cuidar a sí misma. El grado de minusvalía está comprendido entre un 25 % y un 49 %.
  • Grado 4, discapacidad grave. Existe dificultad para algunas actividades de autocuidado y un porcentaje de minusvalía que oscila entre un 50 % y un 70 %.
  • Grado 5, discapacidad muy grave. Es el grado más severo. Las personas afectadas no pueden realizar por sí mismas las actividades de la vida diaria. El porcentaje de minusvalía es del 75 %.

Por último, hay que tomar en consideración también el concepto de Dependencia, definido en el artículo 2.2 de la Ley 39/2006, de 14 diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

“Dependencia: el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal.”

Concepto fiscal de minusvalía

La normativa fiscal también ha abandonado el término “minusvalía”, y acoge, en términos generales, el concepto de discapacidad de la Ley 51/2003, reservando los beneficios fiscales para aquellas personas que acrediten una minusvalía, al menos, del 33 %. En algunos casos, sin embargo, se establecen algunos beneficios adicionales para aquellos que tengan una minusvalía superior al 65 %. Así, la nueva LIRPF/2006 ha sustituido las expresiones «minusválidos» o «personas con minusvalía» por la expresión personas con discapacidad (véase disposición adicional 8.ª LIRPF, que establece que “Las referencias que en los textos normativos se efectúan a «minusválidos» y a «personas con minusvalía», se entenderán realizadas a «personas con discapacidad»”).

Así, el artículo 60.3 LIRPF establece:

“A los efectos de este Impuesto, tendrán la consideración de personas con discapacidad los contribuyentes que acrediten, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100.

En particular, se considerará acreditado un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100 en el caso de los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez y en el caso de los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Igualmente, se considerará acreditado un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100, cuando se trate de personas cuya incapacidad sea declarada judicialmente, aunque no alcance dicho grado.”

En el mismo sentido se expresa la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (véase artículo 91.Dos.4 LIVA, último párrafo).

Ahora bien, para cada beneficio fiscal, las distintas leyes establecen requisitos específicos, exigiendo en algunos casos una minusvalía del 33 %, para otros del 65 %, o estar en situación de dependencia, etc.

Beneficios fiscales relacionados con la minusvalía

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

  • a) Exenciones

    En el artículo 7 LIRPF se prevén varios supuestos de rentas exentas por su relación con la discapacidad o minusvalía del perceptor, o con su cuidador. Así,

    • 1. Prestaciones concedidas como consecuencia de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez (artículo7.f LIRPF), reconocidas por la Seguridad Social o a profesionales no integrantes del sistema de Seguridad social. Así como en el caso del régimen de Clases Pasivas, en el caso de inutilidad o incapacidad permanente (artículo 7.g LIRPF).
    • 2. Las cantidades percibidas de instituciones públicas con motivo del acogimiento de personas con minusvalía (artículo 7.i LIRPF)
    • 3. Las ayudas económicas otorgadas por instituciones públicas a personas con un grado de minusvalía igual o superior al 65 % para financiar su estancia en residencias o centros de día, (artículo 7.i LIRPF)
    • 4. Las prestaciones por desempleo reconocidas por la respectiva entidad gestora cuando se perciban en la modalidad de pago único, con independencia de su cuantía, por trabajadores discapacitados que se conviertan en trabajadores autónomos (artículo 7.n LIRPF)
    • 5. Asimismo, los rendimientos del trabajo derivados de las prestaciones obtenidas en forma de renta por las personas con discapacidad que provengan de las aportaciones realizadas a sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad (artículo 7.w LIRPF).
    • 6. Los rendimientos del trabajo derivados de las aportaciones a patrimonios protegidos. Véase “Patrimonio protegido discapacitados”.
  • b) Reducciones en rendimientos del trabajo y de actividades económicas

    En el artículo 20 LIRPF, se contemplan las reducciones aplicables a los rendimientos de trabajo, entre las que se encuentra una relativa a trabajadores en activo discapacitados, que varía en función del grado de minusvalía y de la necesidad o no de asistencia de terceros.

    Para determinados casos de rendimientos de actividades económicas próximos a los derivados del trabajo, el artículo 32.2 LIRPF y ha establecido reducciones parecidas a los aplicables a aquellos. También se prevé el mismo régimen que en los rendimientos del trabajo personal para personas discapacitadas, con los mismos criterios y cantidades.

  • c) Mínimos por discapacidad

    En el artículo 60 de la LIRPF se establecen los mínimos personales y familiares, y también ahí encontramos una regulación específica para el caso de discapacidad. Estos mínimos recogidos en la ley son:

    • Mínimo por discapacidad del contribuyente.
    • Mínimo por discapacidad del ascendiente.
    • Mínimo por discapacidad del descendiente.
    • Mínimo por gastos de asistencia, sea contribuyente, descendiente o ascendiente.

    El importe varía en función del grado de discapacidad, si la minusvalía es igual o superior al 33 % o al 65 %. Asimismo, los gastos de asistencia son aplicables cuando el contribuyente, ascendiente o descendiente acredite necesitar ayuda de terceras personas o tener movilidad reducida, o un grado de minusvalía igual o superior al 65 %.

  • d) Patrimonios protegidos (remisión)

    En la Ley del IRPF, artículos 7.w), 33.3.e) y 54, y en la disposición adicional 18.ª LIRPF, se mantiene el régimen incorporado por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad. Para el tratamiento fiscal derivado de estos patrimonios protegidos véase: “Patrimonio protegido discapacitados”.

  • e) Deducción para adecuación de vivienda habitual

    En el artículo 68.4 LIRPF se establece esta deducción en la cuota, como un supuesto especial de la general por adquisición, rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual. Está dirigida a los contribuyentes que efectúen obras e instalaciones de adecuación, incluso en los elementos comunes que sirvan de paso necesario entre la vía pública y la finca, siempre que estas obras o instalaciones estén certificadas por la Administración competente como necesarias para la accesibilidad y comunicación sensorial, que facilite el desenvolvimiento digno y adecuado de las personas con discapacidad.

    Las obras o instalaciones deben realizarse en la vivienda habitual del discapacitado, que debe estar ocupada a título de propietario, arrendatario, subarrendatario o usufructuario.

    Las obras o instalaciones deben realizarse en la vivienda habitual del discapacitado, que debe estar ocupada a título de propietario, arrendatario, subarrendatario o usufructuario.

    Puede aplicarse esta deducción quien realice las obras, ya sea:

    • El contribuyente discapacitado.
    • Su cónyuge o un pariente, en línea directa o colateral, consanguínea o por afinidad, hasta el tercer grado inclusive, y que conviva con él.

Otros impuestos

Existen beneficios fiscales relacionados con la minusvalía y la discapacidad en el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, en el ámbito estatal. Asimismo, en algunos impuestos locales, Impuesto sobre Actividades Económicas, Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras, e Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Beneficios fiscales relacionados con la dependencia

Los beneficios para las situaciones de dependencia se dan fundamentalmente en el ámbito del IRPF.

Recuerde que...

  • La protección a las personas con minusvalías constituye un principio rector de las políticas del Estado.
  • Existen 5 categorías de discapacidad: Grado 1, discapacidad nula; Grado 2, discapacidad leve; Grado 3, discapacidad moderada; Grado 4, discapacidad grave y Grado 5, discapacidad muy grave.
  • A los efectos del IRPF, tendrán la consideración de personas con discapacidad los contribuyentes que acrediten, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, un grado de minusvalía igual o superior al 33 %.
Subir