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Derecho a la elección del centro doce...

Derecho a la elección del centro docente

Actualidad Administrativa, Nº 10, Sección Estudios de Jurisprudencia, Quincena del 16 al 31 May. 2005, pág. 1237, tomo 1, Editorial La Ley

LA LEY 71/2005

I. Introducción

1. STSJ Cantabria (Sala de lo Contencioso-Administrativo) 5 junio 2000. R.º 7500/1999.

«El derecho de los padres a la elección de centro docente para sus hijos, ha de señalarse, como ya ha puesto de relieve el TS, en sentencias 24 Ene. 1985 y 26 Abr. 1990, entre otras, que aunque no viene expresamente enunciado en el art. 27 CE, sí aparece reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en diversos tratados y acuerdos internacionales ratificados por España que por imperativo del art. 10.2 CE deben ser tenidos en cuenta para interpretar las normas relativas a los derechos fundamentales y libertades que la propia Constitución reconoce. En la última de las citadas sentencias, establece que, "El derecho a la elección de centro docente, es una consecuencia de la libertad de enseñanza y de creación de centros docentes, derechos reconocidos expresamente en el art. 27 párrs. 1 y 6 del Texto Constitucional. Consiste en el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos --art. 26.3 Declaración Universal de Derechos Humanos-- o como dice el art. 13.3 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Nueva York, la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas. En esta línea el art. 4 b) LODE reconoce a los padres o tutores, en los términos que las disposiciones legales establezcan, el derecho a escoger centro docente distinto de los creados por los poderes públicos. Por otro lado, el art. 20.1 de la misma Ley, en directa conexión con el 27.5 CE, impone una programación adecuada de los puestos escolares gratuitos, en los ámbitos territoriales correspondientes, para garantizar tanto la efectividad del derecho a la educación como la posibilidad de escoger centros docentes" (sentencia TS 3.ª 5 Oct. 1999)».

2. TSJ Asturias (Sala de lo Contencioso-Administrativo) 24 septiembre 2001. R.º 1661/2001.

Y sentencia TSJ Asturias 24 Sep. 2001: «La cuestión de fondo planteada pues por la parte actora como fundamento de su pretensión impugnatoria se centra en primer término en invocar que la resolución impugnada viola derechos fundamentales, el derecho a la educación contenido en el art. 27.1, 3 y 9 CE, que consagran el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, en el derecho que todo padre tiene a elegir la formación moral y religiosa que desee para su hijo, así como la obligación de los poderes públicos de ayudar a los centros docentes que reúnan los requisitos establecidos por la Ley (...)

Por lo que se refiere a la alegada vulneración del derecho recogido en el art. 27.3 del derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, y el art. 16.1 CE que consagra la Libertad Ideológica y Religiosa, tampoco puede ser estimado, estando ello íntimamente relacionado con lo hasta aquí expuesto, toda vez que el derecho de los padres a la libre elección de centro no es absoluto estando sometido a las limitaciones que la Ley establece, toda vez que el derecho a la elección de centro docente, es una consecuencia de la libertad de enseñanza y de creación de centros docentes, consiste en el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos --art. 26.3 Declaración Universal de Derechos Humanos-- o como dice el art. 13.3 Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Nueva York, la libertad de los padres, y en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas».

II. Derecho de elección en relación con temas lingüísticos

1. STEDH 23 julio 1968.

«Para el examen de las quejas que le han sido sometidas, el Tribunal se ve directamente abocado a considerar, como cuestión general, la medida en que tal o cual artículo del Convenio o del Protocolo pueden contener disposiciones que afecten a los derechos o libertades de los hijos en lo que concierne a su educación, o a los de los padres en lo que concierne a la educación de sus hijos, particularmente en lo relativo a la lengua en que se imparte la educación (...) En cuanto al párrafo 3, cuya compatibilidad con los arts. 8 y 14 del Convenio y 2 del Protocolo es negada por los demandantes, se aplica en "materia escolar". Dispone que la lengua de enseñanza es el holandés en los seis municipios; prescribe, sin embargo, la organización, en beneficio de los niños para los que el francés es la lengua materna o habitual, de una enseñanza francesa, oficial y subvencionada, a los niveles preescolar y primario, a condición de que 16 cabezas de familia lo soliciten. Sin embargo, esta última enseñanza no es accesible a los hijos cuyos padres residan fuera de los municipios considerados. Por el contrario, las clases neerlandesas de los municipios acogen en principio a todos los niños, cualesquiera que sea su lengua materna o habitual y el lugar de residencia de sus padres. La condición de residencia no juega más que con respecto de uno de los dos grupos lingüísticos, y el Tribunal se encuentra llamado a decidir si de ello resulta una discriminación contraria al art. 14 del Convenio, en relación con la primera frase del art. 2 del Protocolo o con el art. 8 del Convenio. Una medida así no se justifica a la vista de las exigencias del Convenio, en la medida en que comporta, en detrimento de ciertos individuos, los elementos de un trato discriminatorio fundado más sobre la lengua que sobre la residencia (...)

Ocurre, por tanto, que la condición de residencia no es impuesta en interés de los establecimientos escolares, por razones de orden administrativo y económico; procede únicamente, en el caso de los demandantes, de consideraciones relativas a la lengua. Además, la medida litigiosa no respeta enteramente, en el caso de la mayor parte de los demandantes o de sus hijos, la relación de proporcionalidad entre los medios empleados y el fin a alcanzar. El Tribunal destaca a este respecto, en particular, que la imposibilidad de acceder a las escuelas francesas, oficiales o subvencionadas, de los seis municipios "con facilidades" afecta tanto más a los hijos de los demandantes en el ejercicio de su derecho a la instrucción en la medida en que no existen tales escuelas en los municipios en que residen. El ejercicio del derecho a la instrucción tal como el Tribunal lo concibe, y más precisamente el del derecho de acceso a los centros escolares existentes, no se encuentra, sobre el punto considerado, asegurado a todos sin discriminación fundada, en particular, sobre la lengua. En otros términos, la medida impugnada se revela a este respecto incompatible con la primera frase del art. 2 del Protocolo, combinado con el art. 14 del Convenio. En estas condiciones, el Tribunal no estima necesario preguntarse si dicha medida respeta el art. 8 del Convenio, en relación o no con el art. 14».

2. STC 337/1994, 23 diciembre. R.º 710/1994.

«Ni del contenido del derecho constitucional a la educación reconocido en el art. 27 CE, ni tampoco, en particular, de sus aps. 2, 5 y 7 se desprende el derecho a recibir la enseñanza en sólo una de las dos lenguas cooficiales en la CA Cataluña, a elección de los interesados. El derecho de todos a la educación, no cabe olvidarlo, se ejerce en el marco de un sistema educativo en el que los poderes públicos --esto es, el Estado a través de la legislación básica y las Comunidades Autónomas en el marco de sus competencias en esta materia-- determinan los currículos de los distintos niveles, etapas, ciclos y grados de enseñanza, las enseñanzas mínimas y las concretas áreas o materias objeto de aprendizaje, organizando asimismo su desarrollo en los distintos centros docentes, por lo que la educación constituye, en términos generales, una actividad reglada. De este modo, el derecho a la educación que la CE garantiza no conlleva que la actividad prestacional de los poderes públicos en esta materia pueda estar condicionada por la libre opción de los interesados de la lengua docente. Y por ello los poderes públicos --el Estado y la Comunidad Autónoma-- están facultados para determinar el empleo de las dos lenguas que son cooficiales en una Comunidad Autónoma como lenguas de comunicación en la enseñanza, de conformidad con el reparto competencial en materia de educación».

3. ATSJ País Vasco (Sala de lo Contencioso-Administrativo) 29 enero 2004. R.º 3131/2002.

«El Abogado del Estado, que interesa la medida cautelar de suspensión de las Instrucciones del Viceconsejero de Educación, encaminadas a regular la escolarización del alumnado inmigrante, fuera del plazo ordinario, en la CAPV, de 29 Sep. 2003 (...) asimismo, alega que la ejecución de las Instrucciones impugnadas produciría un perjuicio de imposible o difícil reparación para los alumnos que provengan de otras Comunidades Autónomas, al no poder elegir el modelo lingüístico de escolarización en que deseen integrarse, impidiéndoles el acceso a un conocimiento adecuado del castellano, en el caso de no ser ésta su lengua materna (...) en la admisión de alumnos(as) no podrán establecerse, en ningún caso, criterios discriminatorios por razones ideológicas, religiosas, morales, sociales, de raza o de nacimiento (...) una vez ejecutados o, más exactamente, aplicados los criterios contenidos en las Instrucciones objeto de impugnación los efectos serían si no irreversibles sí al menos, de muy difícil reparación para quienes viéndose afectados por las mencionadas Instrucciones podrían quedar privados, a tenor del criterio priorizado de "Integración en el proceso de normalización lingüística, mediante los modelos mayoritariamente demandados: B y D", del bien jurídico que supone la libertad y el derecho de los padres y alumnos a elegir el modelo lingüístico que deseen; sin que tal privación que, además constituye un trato cuando menos desigual para los alumnos afectados por las instrucciones, en relación con los demás, tanto si provienen de otras Comunidades Autónomas, como si lo hacen de sistemas educativos diferentes, aparezca justificada en este momento por la Administración de la que dimanan tales Instrucciones. Procede, en consecuencia con lo expuesto y razonado, la suspensión de la efectividad de las Instrucciones del Viceconsejero de Educación, encaminadas a regular la escolarización del alumnado inmigrante, fuera del plazo ordinario, en la CAPV, de 29 Sep. 2003».

4. STSJ País Vasco (Sala de lo Contencioso-Administrativo) 28 septiembre 2000. R.º 1419/1996.

«Los recurrentes, profesores y personal de Administración y Servicios del Instituto Urbe de Basauri, impugnan el D 26/1996 de 30 Ene., de reordenación de centros docentes públicos de enseñanza no universitaria en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, derivada de la implantación de la ESO. Se alega que este Instituto tenía dos líneas lingüísticas (modelo A y modelo D); el Decreto asigna al Instituto Urbe una sola línea lingüística (modelo D), por lo que los docentes en castellano y el personal de administración y servicios sin el suficiente conocimiento de euskera perderán su puesto de trabajo (...) debemos indicar que tampoco se aporta ningún elemento probatorio, que permita cuestionar suficientemente que la decisión del Departamento de Educación, Universidades e Investigación se haya adoptado sin tener en cuenta los dos factores que deben intervenir: a) la voluntad de los padres y tutores, y b) la situación sociolingüistica de la zona, teniendo en cuenta que, como se indica por los recurrentes, en Basauri existen tres institutos, cada uno con un modelo lingüístico diferente. La sentencia TC 195/1989 (F. J. 4 in fine) declaró que el actor no podría estar asistido desde el art. 27 CE, del derecho a hacer valer en cualquier centro público su preferencia por el valenciano, como lengua educativa para su hijo, con la correlativa carga para los poderes públicos de crear o habilitar cuantos centros sean necesarios para que la proximidad en la que el centro docente debe encontrarse respecto del domicilio del alumno no experimente alteración alguna por razón de las preferencias lingüísticas de los padres. Criterio que reitera la sentencia TC 19/1990. En ambas se analiza una queja sobre eventual vulneración del derecho fundamental a la educación del art. 27 CE por haberse limitado, a juicio del recurrente, el derecho a que su hijo reciba educación en la lengua oficial de su preferencia en el centro público de su elección».

III. No otorgamiento de plaza en el centro de su elección

1. STSJ Castilla-La Mancha (Sala de lo Contencioso-Administrativo) 10 noviembre 2004. R.º 151/2004.

«En consecuencia, el derecho a la elección de centro docente que se reconoce a los padres constitucionalmente no puede ser alegado por la entidad actora en esta sede para fundamentar sus pretensiones impugnatorias, tal y como aduce esta vez si con razón el Letrado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la contestación, ni eventualmente tampoco puede ser invocado por el titular del centro docente en el ámbito de este procedimiento el derecho de participación de los sectores de la comunidad educativa aludidos por medio de la intervención de los Consejos Escolares en el procedimiento de admisión del alumnado. Por consiguiente, procede rechazar los fundamentos aducidos en la demanda por los que se recusan los criterios de admisión de alumnado establecidos en el Decreto y desarrollados en las Órdenes citadas por despersonalizados y solapando la Administración el derecho de elección de los padres, ya que estos fundamentos se relacionan con el derecho de libre elección de centro docente que se reconoce a los padres, y no a los titulares de Centros docentes, que en efecto hay que señalar que no tienen reconocido»

2. STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) 5 octubre 1999. R.º 2066/1992.

«No se ha producido infracción del derecho a la libre elección de centro docente por la resolución recurrida, pues el mandato contenido en los arts. 20.2 y 53 LODE para que, en caso de insuficiencia de plazas escolares en un determinado ámbito territorial, se apliquen ciertos criterios de selección, no es en absoluto inconstitucional, al no establecerse en dichos preceptos unos criterios para una adscripción o destino forzoso de los alumnos a centros determinados, sino para una selección por carencia de plazas, y por tanto, inevitable, sobre solicitudes preexistentes, indicando los criterios a que deben someterse los centros públicos o concertados. La selección de acuerdo con los criterios previstos se produce en un momento distinto y forzosamente posterior al momento en que padres y tutores, en virtud de sus preferencias, han procedido a la elección del Centro, y se realizará, entre las solicitudes formuladas, partiendo de una elección previa y no sustituyéndola en modo alguno, de forma que los criterios prioritarios señalados no reemplazan en ningún momento a la elección de padres o tutores».

3. STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) 8 marzo 2002. R.º 5868/1994.

«La jurisprudencia de esta Sala la ha abordado y resuelto de una manera uniforme que, necesariamente y por razón de unidad de doctrina, reflejo de los principios de seguridad jurídica y de igualdad (arts. 9.3 y 14 CE), también aquí ha de seguirse, y así resulta que las sentencias de esta Sala como las de 8 Jul. 1986, 29 Mar. y 3 Dic. 1993, 5 Mar. 1996, 5 Oct. y 28 Dic. 1999, y 21 Jul. 2000, que, además se remiten a otras de igual sentido, han venido a señalar con claridad frente a casos similares, si no idénticos al aquí planteado, las siguientes consideraciones: a) que es cierto que el derecho a la elección del centro docente es derecho de alcance constitucional implícito en el derecho a la educación del art. 27 CE, pero sin ser un derecho absoluto, de aplicación automática, al resultar constitucionalmente válido que los poderes públicos, en su deber de programación general de la enseñanza, garanticen la calidad de la misma, estableciendo una "ratio" alumno-unidad como ya lo verificaba la disp. dic. 3.ª.3 a) LO 1/1990, de 3 Oct., que fijaba un número de 25 alumnos por aula en la Educación Primaria Obligatoria; b) que también es constitucionalmente válido que para no sobrepasar esa "ratio" se fijen criterios de admisión en el centro, sin que ello signifique vulneración del derecho a la elección de centro, que, obviamente, los padres pueden ejercitar, aunque distinto es que la elección pueda o no ser satisfecha en función de que existan o no existan plazas por la necesidad de observar la "ratio"; c) que no hay tampoco vulneración del derecho de igualdad proclamado en el art. 14 CE, pues no se produce, cuando la propia norma, en su aplicación, lleva implícita la necesidad de valorar circunstancias diferentes con la lógica consecuencia de soluciones diferentes, d) que la flexibilidad, a que vienen a referirse aquí los ahora recurrentes cuando se quejan de una aplicación estricta de la norma, tampoco es argumento válido (...) ni siquiera la alegación de que en otras Provincias o Comunidades Autónomas se hubiera fijado una "ratio" superior, podría ostentar relevancia constitucional a efectos de los arts. 14 y 27 CE; e) que otras previsiones del Ordenamiento Jurídico respaldan la actuación administrativa que se combate, cuales son las referidas a la calidad de la enseñanza, similar para todos los escolares, al deber de economía y de eficiencia en los términos del art. 31.2 CE, y al deber de eficacia del art. 103.1 de esta que impone la Administración que su actuación se encamine a la obtención de los resultados queridos por el Ordenamiento Jurídico; f) que el derecho de los padres a elegir centro de enseñanza para sus hijos es un ingrediente habitual del derecho fundamental a la educación, pero cuando choca con las conveniencias didácticas el ejercicio de ese derecho solo puede ser satisfecho como manifestación de preferencia que debe ser satisfecha siempre que sea posible, por lo que, fijados legal o reglamentariamente los límites de esas conveniencias, no cabe amparar un derecho absoluto de elección de centro que traspase los límites razonablemente establecidos».

4. SJCA núm. 4 Málaga 17 noviembre 2000. R.º 147/1999.

«El derecho a la educación en su vertiente de libre elección de Centro del art. 27 CE puede verse afectado si los actos de aplicación del baremo utilizado para la admisión no se han ajustado a la legalidad ordinaria pues ésta constituirá entonces un elemento integrante de la configuración legal del derecho fundamental, lo que nos conduce a la necesidad de analizar todos y cada uno de los incumplimientos e irregularidades que se denuncian tanto en la interpretación de los criterios de selección prioritarios como en su estricta aplicación (...) Constatadas y acreditadas las irregularidades que se relacionan en el fundamento anterior, con evidente incidencia en las probabilidades de la hija del recurrente para ser admitida en el Centro, y conforme a lo dicho en el fundamento 7.º de esta resolución, hemos de concluir que se ha producido una violación de su derecho a la educación en su vertiente de derecho a la libre elección de centro.

La consecuencia de esa conclusión será la estimación del recurso en cuanto a la declaración de nulidad de la resolución impugnada y del sorteo celebrado el 6 Sep. 1999. No cabe sin embargo hacer declaración sobre el derecho de la hija del recurrente a ser admitida en el centro sino establecer la obligación de la Administración de corregir las puntuaciones de los alumnos que se relacionan en el fundamento undécimo en el sentido que allí se especifica, para después elaborar nuevas listas de admitidos, excluidos y partícipes en el sorteo en el caso de empates, pues sólo haciendo antes esas operaciones, que sólo a la Administración compete sin que tampoco disponga este Juzgado de elementos suficientes para hacerlo, podrá determinarse el derecho de admisión de la hija del recurrente y del alumno que representa el Letrado don Antonio B».

5. ATC 382/1996, 18 diciembre

«No hay dificultad alguna en admitir que el derecho de todos a la educación, en cuanto derecho de libertad (sentencia TC 86/1985, F. J. 3), comprende la facultad de elegir el centro docente, incluyendo prima facie la de escoger un centro distinto de los creados por los poderes públicos. Y ello no sólo porque así lo prevea el art. 4 b) LODE, sino porque el TEDH, al interpretar el alcance del primer inciso del art. 2 del Protocolo núm. 1 ("A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción") ha reconocido taxativamente que este derecho se garantiza igualmente tanto a los alumnos de las escuelas públicas como a los de las privadas, sin establecer distinción alguna entre ellos (sentencia Castello-Roberts c. el Reino Unido, 25 Mar. 1993, 27). Protocolo que, de acuerdo con el art. 10.2, al haber sido ratificado por España, puede servir de fuente interpretativa para delimitar el contenido constitucionalmente protegido de los derechos que se pretenden tutelar en amparo (por todas, sentencia TC 64/1991, F. J. 4).

Así, pues, bajo el ámbito de cobertura del art. 27.1 CE cabe ubicar la capacidad de optar entre los diversos centros existentes, sean públicos o privados, aunque, naturalmente, el acceso efectivo al elegido dependerá de si se satisfacen o no los requisitos establecidos en el procedimiento de admisión de alumnos, para cuya fijación los centros privados no concertados gozan de autonomía (art. 25 LODE). Por lo demás, este Tribunal ya ha revelado la relación estrecha que media entre la facultad de escoger centro docente y el derecho consagrado en el art. 27.3 CE, puesto que el ejercicio de aquélla constituye "un modo de elegir una determinada formación religiosa y moral" (sentencia TC 5/1981 F. J. 8)».

6. STSJ Galicia (Sala de lo Contencioso-Administrativo) 12 marzo 1999. R.º 1030/1995.

«Los recurrentes, Confederación Española de Centros de Educación Infantil y Confederación de Asociación de Padres de Alumnos de Centros Públicos de Galicia, impugnan en esta vía jurisdiccional el D 87/1995, de 16 Mar. por el que se regula la admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos (...) Alega la recurrente que tales disposiciones infringen el derecho a la libre elección de centro docente garantizado por el art. 27 CE (...) El análisis de la cuestión suscitada exige tener en cuenta (...) en segundo lugar, los alumnos que han accedido a un determinado centro de Educación Infantil (que cuenta además con enseñanzas superiores) han tenido que someterse a un proceso de admisión previo, con aplicación de los criterios de baremación establecidos en el Decreto, de modo que exigirles de nuevo someterse a la misma en el momento de acceder a la Educación Primaria supondría un doble proceso de admisión para el mismo alumno y en el mismo centro.

Así, el art. 8.2 del Decreto, en cuanto establece como obligatorio el proceso de admisión sólo cuando se acceda por primera vez a un centro docente, no infringe el derecho de los padres a la elección de centro, toda vez que éstos tienen la posibilidad de concurrir con otros en condiciones de igualdad en el acceso a aquellos centros de Educación Infantil que imparten también enseñanzas superiores, precisamente en el momento de acceder a la Educación Infantil así como en el acceso a la Educación Primaria pues el Decreto no impone cortapisas para que los padres puedan ejercitar ese derecho, siendo cosa distinta que la elección pueda ser o no satisfecha, precisamente por razón de la insuficiencia de plazas y la necesidad de respetar la "ratio" alumnos-unidad impuesta por la LOGSE (...) y es precisamente en virtud de esa libertad de elección por lo que los padres pueden optar para la Educación Infantil de sus hijos por un Centro de Educación Infantil o por un centro que imparta además enseñanzas superiores, y, posteriormente, en el momento de acceso a la Educación Primaria, por un centro que tenga ésta como primera enseñanza o por otro en el que se imparta Educación Infantil previa.

La exención de proceso de admisión, para acceder a distinto curso, ciclo o etapa dentro del mismo centro garantiza la continuidad del alumno en él, evitando cambios de centro que puedan influir en el desarrollo de la personalidad del alumno y la educación permanente que trata de preservar la LOGSE, tanto en el paso de la educación obligatoria a la postobligatoria como, siguiendo el mismo criterio, de la educación infantil a la educación obligatoria, cuando en un mismo centro ambas sean impartidas».

IV. Reducción de plazas en centros concertados.

1. STSJ Asturias (Sala de lo Contencioso-Administrativo) 28 septiembre 2001. R.º 1663/2001.

«La supresión de una unidad en educación primaria y secundaria, dadas las razones antes reseñadas, no se opone a la vulneración del derecho a la educación que queda supeditada a las consignaciones presupuestarias correspondientes al señalar el art. 49.1 LODE que "la cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados, se establecerá en los Presupuestos Generales de las Comunidades Autónomas", ni tampoco vulnera la gratuidad de la enseñanza ni la elección de centro escolar, pues nada impide que los alumnos continúen la enseñanza en el referido Colegio, pues como ha señalado el TS, el régimen de concierto pretende que con la gratuidad de la enseñanza se satisfaga plenamente el derecho a la educación especialmente de las clases socio-económicas más desfavorecidas, procurando evitar que los padres de alumnos que asisten a un centro concertado hayan de estar en cada renovación, a las resultas de un total replanteamiento de los criterios de distribución con la incertidumbre originada por el desconocimiento de si en el nuevo curso escolar sus hijos podrán recibir enseñanza gratuita en el mismo centro sin que esta circunstancia pueda ser aplicada a los alumnos en que como los afectados hubieran estudiado Educación Infantil en el Centro, al no haber comenzado los mismos a cursar la enseñanza obligatoria en el Centro, debiendo someterse al proceso de admisión al cambiar de nivel, toda vez que la demanda se ha tenido en cuenta conforme establece la Ley, no con referencia exclusiva al centro, sino en función de cada una de las zonas, teniendo en cuenta la oferta de toda la red pública y concertada».

2. STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) 27 septiembre 2004. R.º 6654/2001.

«Se acordaba la renovación del anterior concierto educativo suscrito con ese centro escolar pero reduciendo en una las unidades de educación primaria (de 15 pasan a 14) y en otra las de secundaria (de 12 pasan a 11) (...) Tratándose de decisiones que afectan directamente al derecho fundamental a la educación y al derecho de los padres a elegir la enseñanza que desean para sus hijos, la Administración debe motivar decisiones que inciden en ellos, no sólo con argumentos genéricos, sino con razones concretas y, sobre todo, acreditando, cuando se aduce ese motivo, que no cuenta con fondos suficientes para mantener el número de unidades de enseñanza primaria y secundaria que hasta ese momento venía financiando en el centro al que se refiere este recurso, respecto del cual no se ha objetado que incumpla los requisitos necesarios para la renovación del concierto que establece el art. 43 RD 2377/1985. Así, pues, ayuna de todo apoyo concreto, la justificación aducida por la resolución de la Consejería de Educación y Cultura para reducir las unidades concertadas es insuficiente y esa circunstancia determina que debamos considerarla lesiva de los derechos mencionados. Como la Sala de Oviedo no lo entendió así, debemos anular su Sentencia, sin que sea necesario entrar en el examen de si, también, infringió el derecho a la igualdad».

3. STSJ Aragón (Sala de lo Contencioso-Administrativo) 6 marzo 2001. R.º 117/2000.

«Se autorizaba que, de forma inmediata, se pudieran matricular en el Colegio, no sólo los candidatos que resultaron elegidos en el último proceso de baremación llevado a cabo por el Consejo Escolar en ejecución de las resoluciones impugnadas, sino también aquellas personas distintas de éstas (siete en total), que resultaron elegidos en los dos anteriores procesos de selección dejados sin efecto por las resoluciones impugnadas (...) El auto impugnado ha procedido (...) a efectuar una valoración circunstanciada de los intereses en conflicto, llegando a la conclusión, que esta Sala estima por completo acertada, de ser prevalente en el presente caso el derecho de los padres a la libre elección del Centro educativo, frente al interés público de la Administración (...) para garantizar una ratio máxima de alumnos por aula para conseguir una mejor calidad educativa y por la trascendencia que ello tiene respecto a la ordenación de la red de centros escolares públicos y racionalización de centros privados concertados en función de las necesidades de escolarización, pues es claro que la superación de los módulos establecidos profesor/alumnos en los términos que resultan de la medida cautelar impugnada --siete niños para tres unidades-- en modo alguno puede afectar a la calidad de la enseñanza de los alumnos --máxime cuando de ellos solo cuatro han optado por matricularse en el Colegio Sagrado Corazón, por lo que los módulos sólo se superan en un alumno en dos de las unidades y en dos alumnos en la tercera--, ni tan escaso número puede afectar seriamente a la ordenación y racionalización de centros que se aduce. Y, por último, y frente al temor que se alega a una posible generalización de recursos con el fin de obtener plaza en un centro, interesando al efecto la adopción de la correspondiente medida cautelar, señalar que no hay base alguna para estimar que tal generalización pueda producirse en el futuro, y en cualquier caso, serán las circunstancias concretas que puedan concurrir en cada caso las que habrán de determinar la procedencia o no de tal medida».

V. Elección de acuerdo a los principios o convicciones de los padres

1. STSJ Cantabria (Sala de lo Contencioso-Administrativo) 23 marzo 1998. R.º 2271/1997.

El derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones morales, religiosas o ideológicas no constituye un derecho ilimitado, sino que debe ser observado en relación con los derechos que la Constitución reconoce al resto de los agentes de la comunidad educativa, de forma tal que no resulta ajustado a derecho tratar de imponer una diferencia de trato o discriminación positiva a partir de las propias ideas, ni elegir o predeterminar en función de un ideario particular el contenido del proyecto educativo de un centro público, sin perjuicio de que el derecho a un determinado tipo de educación resulte asegurado mediante el derecho a la libre creación de centros docentes, centros que pueden sustentar un determinado ideario, a diferencia de lo que debe ocurrir con la enseñanza pública en un estado plural, y que se completa con el derecho de los padres a elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos.

2. STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) 24 enero 1985.

«El derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral que los hijos han de recibir (art. 27.3 CE) es distinto del derecho de elegir centros docentes; y si bien este derecho no viene expresamente enunciado en el art. 27 CE, sí aparece reconocido en el art. 18.4 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 Dic. 1966, ratificado por Instrumento 13 Abr. 1977; en el art. 26.3 Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 Dic. 1948 y en el art. 2 Protocolo de la Convención Europea para la protección de los derechos y libertades fundamentales de 4 Nov. 1950, ratificado por Instrumento de 26 Sep. 1979, aunque también es obvio que la elección del centro docente sea un modo de elegir una determinada formación religiosa y moral. El derecho que el art. 27.3 CE reconoce a los padres de dar a sus hijos la formación que esté de acuerdo con sus convicciones, se proyecta preferentemente sobre el ámbito de la educación más que sobre el de la enseñanza, es decir, la comunicación de unas convicciones morales, filosóficas y religiosas conforme a una determinada ideología prima sobre la transmisión del conocimiento científico».

3. SAP Granada 29 febrero 1996. Sentencia núm. 112/1996.

«La condena a la apelante se basa en la no escolarización de sus hijos en centro reconocido educacional (...) El art. 27.1 CE a continuación del enunciado de derecho a la educación visto, lo cualifica reconociendo la libertad de enseñanza, que debe incluir, aunque no tenga formulación expresa, pero que se deriva necesariamente de ese principio de libertad, el derecho de los padres a escoger el tipo, método o clase de educación siempre que cumpla los límites o mínimos exigibles... Por tanto, el problema a decidir si existe un derecho público subjetivo de libertad, materializado en la posibilidad de creación de centros de enseñanzas, más o menos amplia, o ese derecho de libertad de educación propia o para los menores bajo la guarda, custodia y asistencia, se constriñe a optar necesariamente entre los centros existentes nacidos al amparo de esa libertad de enseñanza, pero reconocidos administrativamente, debe ser resuelto en jurisdicciones, en el más amplio sentido, o instancia, ajenas a lo penal en principio, véase sentencia TC 260/1994.

En el presente caso se ha demostrado que la Asociación o Agrupación en la que los hijos de la acusada reciben la formación no tiene autorización oficial, pero, no obstante, allí se realiza la prestación de una educación según modelo y plan de no sólo de autónoma creación sino contando con asesoramiento y utilizando sistemas similares a los de la LOGSE, de tal modo que las enseñanzas se imparten como lo prueba que el joven que allí estuvo, ahora cursa estudios más superiores en Centro Oficial. Por ello se debe concluir con que, al margen del juicio que merezca en otros órdenes y soluciones en aplicación de otras normativas, la conducta de la acusada apelante no entra dentro del tipo del art. 584.1 CP».

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