guiasjuridicas.es - Documento
El documento tardará unos segundos en cargarse. Espere, por favor.
Corrupción de menores

Corrupción de menores

Parte especial

I. ANTECEDENTES

En el antiguo Código penal, el delito de corrupción de menores se contemplaba en el 452 bis.b).1 (según redacción dada por la reforma introducida por la Ley Orgánica 3/1989) de la siguiente forma: "promover, favorecer o facilitar la prostitución o la corrupción de persona menor de dieciocho años". La interpretación de este tipo era difícil por dos razones principales: por un lado, por la abstracción del propio término "corrupción", que además se asocia frecuentemente con la moral; y, por otra parte, porque aparecía en el tipo junto con la prostitución, por lo que en ocasiones se tendía a definir el primer concepto como ligado al segundo.

Este delito desapareció en el Código Penal de 1995, atendiendo a las dificultades de interpretación citadas y entendiéndose que este tipo de conductas podían ser penadas a través de otras figuras delictivas (delitos de abusos sexuales sobre menores de edad). Sin embargo, tal desaparición levantó una gran polémica por la escasa pena contemplada para el delito de abusos sexuales cometido con abuso de superioridad, delito éste con el que se podían castigar algunos supuestos que antes se integraban dentro del delito de corrupción de menores.

Por ello la Ley Orgánica 11/1999, de 30 de abril, de modificación de Título VIII del Libro II del Código penal, vuelve a introducir el delito de corrupción de menores. Como afirma la Exposición de Motivos de la citada Ley Orgánica, se trata de "reintroducir el delito de corrupción de menores o incapaces por considerar insuficientes las normas relativas a la prostitución, definiendo auténticamente ambos conceptos". Esta modificación se encuadra dentro de una reforma que afecta a los llamados delitos contra la libertad sexual, que pasan a denominarse "Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales". Tras la reforma operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, las conductas que atentan contra la libertad sexual de los menores, pasan a integrarse bajo la rúbrica “De los abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años”.

II. LA CORRUPCIÓN DE MENORES EN EL CÓDIGO PENAL VIGENTE

En la actualidad, el artículo 183 bis del Código Penal dispone que "el que, con fines sexuales, determine a un menor de dieciséis años a participar en un comportamiento de naturaleza sexual, o le haga presenciar actos de carácter sexual, aunque el autor no participe en ellos, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años". El citado precepto establece agravación de la pena –de uno a tres años- cuando se hubiera hecho presenciar al menor abusos sexuales.

Bien jurídico protegido. Cuando se trata de comportamientos sexuales contra los menores de dieciséis años o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, no puede hablarse de libertad sexual sino de indemnidad sexual o intangibilidad sexual, de tal manera que se brinda una especial protección legal a personas que, estando incapacitadas para ejercer la libertad sexual, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad que el resto de la comunidad. Se trata de personas que todavía no tienen propiamente libertad sexual por carecer de la capacidad imprescindible para ejercerla, garantizando de esta forma su desarrollo sin interferencias nocivas en el proceso maduración personal.

Sobre el sujeto activo, resulta problemático determinar si se trata desde el punto de vista del sujeto activo de una actividad de tercería o celestinaje o puede ser autor del mismo el sujeto que directamente participa con el menor en el comportamiento sexual. El Pleno no Jurisdiccional de la Sala Penal del Tribunal Supremo de fecha 9 de febrero de 2005 resolvió que "en principio sólo será sujeto activo del tipo de corrupción de menores previsto en el artículo 189.4 del Código Penal el que realice una actividad de tercería respecto de la conducta típica prevista en el mismo". La redacción dada tras la reforma operada por la LO 1/2015 no deja lugar a dudas: se castiga tanto la participación como la actividad del tercero que, aun no participando en el comportamiento de naturaleza sexual, facilita la participación o presencia del menor ante tales actos.

En el caso abordado por la Sentencia de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Jaén 82/2006 de 28 de marzo, se absolvió al acusado que había procedido a ofrecer a dos niños de 10 años de edad que le hicieran una "pajilla", bajándose el pantalón, aprovechando los niños para marcharse corriendo; la Audiencia razona que no ha resultado afectado el desarrollo de la personalidad de los menores, y que la condena no puede basarse únicamente en el uso de un "lenguaje procaz y obsceno". En sentido similar, la Sentencia de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Cádiz 268/2006 de 7 de noviembre también absolvió por un delito de corrupción de menores porque "de los dictámenes de los médicos forenses obrantes en la causa y que fueron ratificados durante el juicio, se desprende que las menores no padecen secuela alguna y que no se han visto afectadas en su personalidad".

III. ACOSO SEXUAL A MENORES A TRAVES DE LAS TIC. CHILD GROOMING

La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en su Exposición de Motivos señala que: "En el ámbito de los delitos sexuales, junto al acrecentamiento del nivel de protección de las víctimas, especialmente de aquéllas más desvalidas, ha de mencionarse la necesidad de trasponer la Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil. Resulta indudable que en los casos de delitos sexuales cometidos sobre menores el bien jurídico a proteger adquiere una dimensión especial por el mayor contenido de injusto que presentan estas conductas. Mediante las mismas se lesiona no sólo la indemnidad sexual, entendida como el derecho a no verse involucrado en un contexto sexual sin un consentimiento válidamente prestado, sino también la formación y desarrollo de la personalidad y sexualidad del menor.

Por otra parte, la extensión de la utilización de Internet y de las tecnologías de la información y la comunicación con fines sexuales contra menores ha evidenciado la necesidad de castigar penalmente las conductas que una persona adulta desarrolla a través de tales medios para ganarse la confianza de menores con el fin de concertar encuentros para obtener concesiones de índole sexual. Por ello, se introduce un nuevo artículo 183 bis mediante el que se regula el internacionalmente denominado «child grooming», previéndose además penas agravadas cuando el acercamiento al menor se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño".

Así, el artículo 183 ter del Código Penal castiga con las penas de uno a tres años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses a quien a través de internet, teléfono o cualquier otras tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y le proponga concertar un encuentro con el fin de cometer actos de carácter sexual con el menor. No obstante, para que la conducta sea sancionable, la propuesta debe estar acompañada de actos materiales encaminados al acercamiento, imponiéndose las penas en su mitad superior si el acercamiento se obtiene mediante coacción, intimidación o engaño.

El citado artículo 183 ter contempla en su segundo párrafo el delito de contactar con el menor a través de nuevas tecnologías con el objeto de embaucarle a fin de que éste le facilite material pornográfico o bien le sean facilitadas al menor imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor. En estos supuestos, la pena a imponer será de prisión de seis meses a dos años.

IV. PROSTITUCIÓN Y PORNOGRAFÍA INFANTIL

En el ámbito de las figuras de prostitución y pornografía infantil, la traslación de la Decisión Marco a nuestro ordenamiento determinó la necesidad de tipificar nuevas conductas. Es el caso de la captación de niños para que participen en espectáculos pornográficos, que queda incorporada a la regulación en el artículo 189.1 CP. Lo mismo sucede con la conducta de quien se lucra con la participación de los niños en esta clase de espectáculos, cuya incorporación se realiza en el apartado 1.a) del artículo 189. En relación al delito de prostitución, se castiga la conducta del cliente en aquellos casos en los que la relación sexual se realice con una persona menor de edad o incapaz.

Así, el artículo 188 CP establece: "1. El que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de una persona menor o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o se lucre con ello, o explote de algún otro modo a un menor o a una persona con discapacidad para estos fines, será castigado con las penas de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses. Si la víctima fuera menor de dieciséis años, se impondrá la pena de prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses”. Nótese que se castiga no solo la prostitución sino también la explotación infantil para fines sexuales que no tienen porqué limitarse a la prostitución.

Las penas se agravarán en los siguientes supuestos:

  • 1) Si para la comisión de los hechos descritos se usara la violencia o intimidación, en cuyo caso, además de las penas mencionadas, se impondrá la de prisión de cinco a diez años si la víctima es menor de dieciséis años, mientras que en los restantes casos, la pena será de prisión de cuatro a seis años.
  • 2)Cuando concurriera alguna de las siguientes circunstancias:
    • a) Ser la víctima especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o situación.
    • b) El autor del delito se hubiera prevalido de una relación de superioridad o parentesco, ser ascendiente, descendiente o hermano o afines.
    • c) El autor del delito se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público. En este caso se aplicará, además, la pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años.
    • d) El autor del delito hubiera puesto en peligro dolosamente o por imprudencia grave la vida o salud de la víctima.
    • e) Los hechos se hubieran cometido por dos o más personas conjuntamente.
    • f) El autor pertenezca a una asociación u organización que se dedique a tales actividades.

    En los casos descritos se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el tipo básico.

El artículo 189 CP añade que "1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años:

a) El que captare o utilizare a menores de edad o a personas con discapacidad necesitadas de especial protección con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, cualquiera que sea su soporte, o financiare cualquiera de estas actividades o se lucrare con ellas.

b) El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección, o lo poseyere para estos fines, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere desconocido”.

Según el Código Penal se considera pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección:

  • Todo material que represente de manera visual a un menor o una persona con discapacidad necesitada de especial protección participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada.
  • Toda representación de los órganos sexuales de un menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección con fines principalmente sexuales.
  • Todo material que represente de forma visual a una persona que parezca ser un menor participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada, o cualquier representación de los órganos sexuales de una persona que parezca ser un menor, con fines principalmente sexuales, salvo que la persona que parezca ser un menor resulte tener en realidad dieciocho años o más en el momento de obtenerse las imágenes.
  • Imágenes realistas de un menor participando en una conducta sexualmente explícita o imágenes realistas de los órganos sexuales de un menor, con fines principalmente sexuales.

Sigue el art. 189 CP, “2. Serán castigados con la pena de prisión de cinco a nueve años los que realicen los actos previstos en el apartado 1 de este artículo cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

  • a) Cuando se utilicen a menores de dieciséis años.
  • b) Cuando los hechos revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio.
  • c) Cuando el material pornográfico represente a menores o a personas con discapacidad necesitadas de especial protección que sean víctimas de violencia física o sexual.
  • d) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia grave, la vida o salud de la víctima.
  • e) Cuando el material pornográfico fuera de notoria importancia.
  • f) Cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades.
  • g) Cuando el responsable sea ascendiente, tutor, curador, guardador, maestro o cualquier otra persona encargada, de hecho, aunque fuera provisionalmente, o de derecho, del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, o se trate de cualquier otro miembro de su familia que conviva con él o de otra persona que haya actuado abusando de su posición reconocida de confianza o autoridad.
  • h) Cuando concurra la agravante de reincidencia.

3. Si los hechos a que se refiere la letra a) del párrafo primero del apartado 1 se hubieran cometido con violencia o intimidación se impondrá la pena superior en grado a las previstas en los apartados anteriores.

4. El que asistiere a sabiendas a espectáculos exhibicionistas o pornográficos en los que participen menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, será castigado con la pena de seis meses a dos años de prisión.

5. El que para su propio uso adquiera o posea pornografía infantil o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial protección, será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión o con multa de seis meses a dos años.

La misma pena se impondrá a quien acceda a sabiendas a pornografía infantil o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial protección, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.

6. El que tuviere bajo su potestad, tutela, guarda o acogimiento a un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección y que, con conocimiento de su estado de prostitución o corrupción, no haga lo posible para impedir su continuación en tal estado, o no acuda a la autoridad competente para el mismo fin si carece de medios para la custodia del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses.

7. El Ministerio Fiscal promoverá las acciones pertinentes con objeto de privar de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar, en su caso, a la persona que incurra en alguna de las conductas descritas en el apartado anterior.

8. Los jueces y tribunales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para la retirada de las páginas web o aplicaciones de internet que contengan o difundan pornografía infantil o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial protección o, en su caso, para bloquear el acceso a las mismas a los usuarios de Internet que se encuentren en territorio español.

V. RESPONSABILIDAD DE PERSONA JURÍDICA

La Ley Orgánica 5/2010 añadió el artículo 189 bis CP, que establece las penas que deben imponerse a las personas jurídicas cuando éstas fueran responsables de las conductas delictivas descritas. Y así, se impondrá una multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.

Si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años (pero menos de cinco), la pena será de multa del doble al cuádruple del beneficio obtenido.

La multa será del doble al triple del beneficio obtenido, en el resto de los casos.

Por otro lado, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33 CP.

VI. DISPOSICIONES COMUNES

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la condena de un juez o tribunal extranjero impuesta por los delitos analizados, se equipará a las condenas impuestas por los Tribunales españoles a efectos de la agravante de reincidencia.

Asimismo, el artículo 192 CP establece: "1 A los condenados a pena de prisión por uno o más delitos comprendidos en este Título se les impondrá además la medida de libertad vigilada, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad. La duración de dicha medida será de cinco a diez años, si alguno de los delitos fuera grave, y de uno a cinco años si se trata de uno o más delitos menos graves. En este último caso, cuando se trate de un solo delito cometido por un delincuente primario, el tribunal podrá imponer o no la medida de libertad vigilada en atención a la menor peligrosidad del autor.

2. Los ascendientes, tutores, curadores, guardadores, maestros o cualquier otra persona encargada de hecho o de derecho del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, que intervengan como autores o cómplices en la perpetración de los delitos comprendidos en este Título, serán castigados con la pena que les corresponda, en su mitad superior.

No se aplicará esta regla cuando la circunstancia en ella contenida esté específicamente contemplada en el tipo penal de que se trate.

3. El juez o tribunal podrá imponer razonadamente, además, la pena de privación de la patria potestad o la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, por el tiempo de seis meses a seis años, y la pena de inhabilitación para empleo o cargo público o ejercicio de la profesión u oficio, por el tiempo de seis meses a seis años. A los responsables de la comisión de alguno de los delitos de los Capítulos II bis o V se les impondrá, en todo caso, y sin perjuicio de las penas que correspondan con arreglo a los artículos precedentes, una pena de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo superior entre tres y cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, o por un tiempo de dos a diez años cuando no se hubiera impuesto una pena de prisión atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los delitos cometidos y a las circunstancias que concurran en el condenado."

Para completar el elenco de normas destinadas a otorgar mayor protección a los menores, se ha considerado adecuado crear la pena de privación de lo patria potestad o instituciones análogas previstas en la legislación civil de las Comunidades Autónomas que se incluye en el catálogo de penas privativas de derechos previstas en el artículo 39 CP, fijándose su contenido en el artículo 46 CP. Esta nueva pena tendrá el carácter de principal en los supuestos previstos en el artículo 192 CP y el de pena accesoria de acuerdo con lo establecido en los artículos 55 y 56 CP, cuando los derechos derivados de la patria potestad hubieren tenido una relación directa con el delito cometido.

Subir