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Subarriendo y cesión del contrato de ...

Subarriendo y cesión del contrato de arrendamiento de vivienda

Arrendamientos y propiedad horizontal

¿Cuál es el régimen jurídico aplicable al subarriendo de vivienda?

La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, a diferencia de la Ley de 1964, prohíbe el subarrendamiento total de la vivienda, y sólo admite el subarriendo parcial de la misma. Así lo establece el artículo 8.2 LAU 94. Por lo tanto el consentimiento escrito es un requisito esencial para la validez del subarrendamiento parcial, por lo que no bastará el conocimiento del arrendador, y de no darse el consentimiento escrito dará lugar a la resolución del contrato, tal y como se prevé en el artículo 27.2 c) Ley de Arrendamientos Urbanos (en adelante, LAU).

En cuanto al régimen jurídico, el subarriendo se regirá por lo dispuesto en el Título II cuando la parte de la finca subarrendada se destine por el subarrendatario a la finalidad de vivienda permanente. De no darse esta condición (si se destina a una finalidad distinta de la de ser vivienda permanente) se regirá por lo pactado entre las partes. Por lo que ha de entenderse que se aplicará el Código Civil al no tener por finalidad el subarrendamiento el de servir de morada para el subarrendatario.

Por lo tanto, para que el subarrendamiento se rija por la normativa de la Ley de Arrendamientos Urbanos 1994, la parte de la vivienda subarrendada deberá de destinarse a ser la morada permanente del subarrendatario, aunque también puede ser estacional. Podrá conllevar el subarrendamiento la utilización de accesorios a los que se refiere el artículo 2.2 LAU 94 (así plaza de garaje, etc.) pero en todo caso deberá de destinarse a ser de forma primordial a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario, por cuanto de lo contrario, daría lugar a la causa de resolución del artículo 27.2 f) Ley de Arrendamientos Urbanos.

El derecho del subarrendatario se extinguirá, en todo caso, cuando lo haga el del arrendatario que subarrendó (artículo 8.2 Ley de Arrendamientos Urbanos). Lo que se deriva del principio de que el negocio dependiente no puede subsistir sin que permanezca el principal del que se deriva. En todo caso se impone una limitación, por cuanto el precio del subarriendo no podrá exceder, en ningún caso, del que corresponda al arrendamiento (artículo 8.2 in fine Ley de Arrendamientos Urbanos).

¿Qué efectos produce el subarriendo?

Subarriendo consentido

La presencia de dos relaciones contractuales solapadas, de arrendamiento y subarrendamiento, da lugar a un triple nivel de relación: arrendador-arrendatario; subarrendador-subarrendatario y arrendador-subarrendatario.

•En la relación arrendador-arrendatario no hay cambios. Si por culpa del segundo deja de existir el contrato, el subarrendatario no tiene derecho a seguir ocupando en base a su contrato, con independencia de que pueda luego reclamar al arrendatario por incumplimiento de sus propios compromisos, o por ser causante culpable de la resolución del contrato principal, a tenor del art. 1124 CCiv, al que remite el art. 27 LAU 1994.

•En cuanto al subarrendador y subarrendatario, el primero no puede cobrar al segundo mayor cantidad a la que esté pagando de renta por el arrendamiento, como queda dicho, lo cual significa, de un lado, renta en sentido lato, de la cantidad que se paga por el arrendamiento, incluidos gastos generales y cualquier otro tipo de repercusión permitida, y de otro lado, que la referencia es a todos los subarriendos de la finca arrendada, y no a cada subarriendo, esto es, que el subarrendatario no puede conseguir más cediendo parte de la vivienda que lo que tiene que abonar al arrendador.

Además, sólo si el subarriendo resulta de parte de la vivienda que se destina a satisfacer la necesidad permanente de tal, será de aplicación toda la regulación de ius cogens del Título II LAU 1994.

Tratándose, como es lo normal, de subarriendo de vivienda en sentido propio, la duración del mismo sigue el régimen del arrendamiento, de manera que no podrá pactarse un plazo inferior, ni extinguirse por expiración del tiempo con anterioridad.

• En cuanto a las relaciones que pueden existir entre el arrendador y el subarrendatario, no puede tampoco extinguir el contrato de subarriendo fuera de las normas imperativas que coartan el arrendamiento de vivienda, salvo que haya autorizado un subarriendo "para uso distinto" que así lo convenga, habiendo fijando condiciones particulares al consentimiento, o concediendo libertad amplia al arrendatario para que pudiera ceder parcialmente la vivienda para usos distintos.

¿Cuáles son las causas de extinción del subarriendo?

El art. 8.2 LAU establece que el subarrendamiento se extinguirá automáticamente, en todo caso, cuando lo haga el contrato de arrendamiento, poniendo en evidencia la accesoriedad del contrato de subarriendo respecto del contrato principal, que es la base para su existencia y cuya desaparición acarreará inmediatamente la del contrato accesorio.

En este sentido, las causas que provocan la extinción del arrendamiento serán también aplicables al subarrendamiento. En caso de que el arrendatario-subarrendador decidiera unilateralmente renunciar al arrendamiento, se extinguiría igualmente el contrato de subarrendamiento.

Existe doctrina jurisprudencial que establece que no existe imposición normativa ni motivo, por el que deba ser llamado al proceso resolutorio del contrato de arrendamiento al subarrendatario, dado que él no puede alegar ningún derecho propio frente al arrendador, siendo que la sentencia que recae en tal proceso sólo genera efectos reflejos o indirectos de cosa juzgada en la posición del subarrendatario (STS de 22 de abril de 1991 LA LEY 2457/1991, Sentencia TS (Sala Primera, de lo Civil) de 11 Junio 1991 , STS 9 de junio de 1992 LA LEY 14827-R/1992, STS 14 de junio de 1994 LA LEY 759/1994,STS (Sala Primera, de lo Civil) de 27 Noviembre 1996 Nº rec. 182/1993, STS (Sala Primera, de lo Civil) de 31 Mayo 1999 Nº rec. 3063/1994 y Sentencia TS (Sala Primera, de lo Civil) de 15 Julio 1999 Nº rec. 3555/1994). La situación litisconsorcial pasiva necesaria requiere una inescindibilidad del objeto de la pretensión, y otra cosa es la posibilidad de intervención adhesiva simple del subarrendatario exart. 13 LEC. Ahora bien, como las últimas sentencias aclaran, resulta exigible, a la luz del art. 24 CE y desde la exégesis de la STC 58/1988, de 6 de abril de 1988, codemandar al subarrendatario o cesionario cuando lo que se discute en el juicio de desahucio es sobre la misma legitimidad de tal subarriendo, es decir, si se debate en el pleito que la introducción de terceros, que no se debate, estaba amparada o no en el contrato de arrendamiento, con lo que el subarrendatario ostenta una suerte de derecho propio per se, al margen de cuando, por ejemplo, meramente se discute si hubo o no introducción inconsentida de terceros y su trascendencia resolutoria.

¿Qué es la cesión del contrato de arrendamiento de vivienda?

Delimitación entre cesión y subarriendo

En el art. 8 LAU 1994 se regula la cesión del contrato de arrendamiento de vivienda junto con el subarriendo, figuras contractuales que se agrupan aquí como objeto de estudio con rúbrica imperfecta de novación en la posición jurídica del arrendatario, dado que únicamente en la cesión existe una modificación de la relación locativa inicial.

En el supuesto de cesión del derecho arrendaticio se produce una novación subjetiva en la persona del arrendatario, en la medida que a través del negocio jurídico de cesión el cesionario se subroga en la posición ostentada por el cedente en la relación arrendaticia, asumiendo el haz de derechos y obligaciones dimanantes del contrato de arrendamiento, produciéndose la exclusión del cedente -expromisión- del devenir de tal relación contractual.

En el caso del subarriendo surge una nueva relación locativa protagonizada por el arrendatario y un tercero cuyo objeto es, en todo o parte, el de la originaria relación arrendaticia protagonizada por el arrendador y el arrendatario, la cual pervive, y no se modifica subjetiva ni objetivamente, aun cuando la misma sí tenga una influencia en el nuevo contrato de subarriendo.

Ambas instituciones contractuales, tradicionales en el ordenamiento arrendaticio, se concentran en los cortos preceptos destinados al contrato de arrendamiento de vivienda del predicho art. 8 LAU 1994, reenviando para la mayoría de los extremos al CCiv, por el conducto precavido en el art. 4.2 LAU 1994, mientras que la LAU 1964 disponía un régimen prolijo en sus arts. 10 a28 LAU 1964 (el art. 22 LAU 1964 se refería al subarriendo de local de negocio).

Cesión de contrato de vivienda: requisitos

Frente a la distinción efectuada en el art. 23 LAU 1964 entre la cesión onerosa y gratuita del derecho arrendaticio, el art. 8 LAU 1994, al obviar toda referencia a la diferencia, concede licitud a cualquier tipo de cesión, por el contrario que el régimen derogado y transitoriamente en vigor para contratos concertados antes de 1995, que prohíbe la cesión onerosa.

En ciertas situaciones (DÁVILA) el arrendatario puede utilizar el mecanismo de cesión, no como un instrumento jurídico para la satisfacción de una necesidad personal de vivienda sino como vehículo de pura especulación, en cuyo caso pudiera aplicarse el instituto del fraude de ley, aunque no se percibe quién tendría interés, ya que se parte de un arrendador y un tercero subrogado que prestaron su plena aquiescencia al negocio de cesión en su día, con lo que irían contra sus propios actos, y otra cuestión es que se haya ocultado el verdadero carácter oneroso del negocio de cesión al arrendador a la hora de buscar su conformidad, cuando éste podrá pretender la nulidad por dolo civil como vicio de la voluntad.

Por otra parte, la eficacia jurídica de la cesión gratuita de la vivienda, total o parcial, en determinadas circunstancias del régimen de la LAU 1964 (art. 24 LAU 1964 a favor de cónyuge y parientes convivientes, sustituido por el Derecho intertemporal de la DT 2.3 LAU 1994, y a favor de entes administrativos autonómicos o periféricos a los que se hubiera transferido competencia de otros estatales centrales), cabía sin el permiso del arrendador, mientras que en el régimen del art. 8.1 LAU 1994 se supedita la validez de todo negocio jurídico de cesión celebrado entre el arrendatario y una tercera persona a la presencia de un consentimiento escrito del arrendador, pues en otro caso se producirá la causa de resolución del art. 27.2.c) LAU 1994 .

Los efectos derivados de la cesión, como subrogación "inter vivos" completa en la persona del arrendatario, que pasa a ser distinta que la primitiva, con todas las obligaciones contractuales, no resultan irrelevantes para la persona del arrendador en la medida que dentro del abanico de dichas obligaciones se encuentran sustancialmente las de signo económico, como el pago de la renta o cantidades asimiladas, de cara a las que la solvencia de la persona llamada a cumplirlas es trascendente. Por ello, salvando las citadas excepciones, tanto el art. 23.2 LAU 1964 como el art. 1205 CCiv son contestes en predicar el consentimiento del arrendador como requisito esencial para la eficacia jurídica del negocio de cesión. Ahora bien, con la LAU 1994 hace aparición una formalidad no prevista en las leyes precedentes: la necesidad de que el consentimiento del arrendador sea escrito.

No faltan comentaristas (REGLERO, CLEMENTE), que consideraron eficaz un consentimiento del arrendador explicitado verbalmente, o incluso exteriorizado a través de actos concluyentes como la percepción de la renta sufragada por el cesionario, colocando el precepto del art. 8.1 LAU 1994 en la línea de aseguramiento de la prueba, dado que sólo el reflejo del consentimiento del arrendador en el seno de un documento garantiza la seguridad de la posición jurídica del cesionario frente a toda pretensión del arrendador tendente a poner fin a la relación arrendaticia por cesión inconsentida. Sin duda que la norma establece una preconstitución probatoria documental del consentimiento, pero además de forma "ad probationem" el asunto es que se hace necesaria, y no muy conveniente, según siempre lo es, como forma "ad solemnitatem", y desde luego no parece predicable un consentimiento tácito, que no siquiera admitía el art. 23.2 LAU 1964 (al margen de que una prolongada y consciente relación de percibo de rentas de sujeto ajeno al arrendatario pueda llegar a significar el concierto de un nuevo contrato verbal, extinguido por mutuo disenso el anterior), pero tampoco debiera acoger consideración judicial una acreditación de la cesión arrendaticia mediante interrogatorio de parte o declaración testifical, o presunciones, dados los términos de la norma.

Efectos de la cesión

Cesión consentida

Si la cesión está debidamente consentida por escrito, el art. 8.1 LAU 1994 establece el efecto de subrogación del cesionario en la posición del cedente frente al arrendador, y por lo tanto, en el seno de la relación arrendaticia, desaparece de escena el originario arrendatario para ocupar su lugar el cesionario, persona que asumirá todo el protagonismo a la hora de cumplir las obligaciones dimanantes del contrato de arrendamiento así como a la hora de exigir del arrendador los correlativos derechos que le asisten.

En punto a la duración del contrato, no habrá variación, dado que la cesión se hace en las mismas condiciones, de modo que quedará el plazo para la extinción contractual por tiempo que quedaba, a menos de que el arrendador conceda mayor periodo de duración para el nuevo ocupante, lo cual nunca puede considerarse perjudicial para el inquilino.

Se ha planteado, desde la precisión de una forma obligatoria escrita para el consentimiento del arrendador, si cabría que éste exigiera nuevas condiciones contractuales dentro de lo que la LAU 1994 permite. Obviamente, siempre cabe establecer nuevas condiciones que no perjudiquen al arrendatario cedido, ya que nada obsta que el arrendador renuncie a alguno de sus determinados derechos. Por lo que toca a condiciones de algún mayor sacrificio para el inquilino, en principio, parece que no cabe imponer otras condiciones que las de puro uso, dentro de lo que la Ley no prohíba y pertenezca a la autonomía privada, pero nunca en el marco de ésta restringido con previsiones legales para el inicio del arriendo, como lo tocante al monto de la renta -fuera de la actualización con arreglo al IGC ex art. 18 LAU 1994-. Indirectamente se lesionaría también el marco estricto legal para la autonomía de la voluntad en los arrendamientos de vivienda, si se tolerara que el arrendador obtenga una cantidad de dinero por autorizar la cesión, lo cual representaría un fraude de ley, con incremento de la renta, en curso el contrato. Entonces, lo natural, es que el arrendador, en lugar de consentir la cesión, extinga de acuerdo con el arrendatario la primitiva relación, e incorpore al nuevo arrendatario mediante un contrato con las condiciones novedosas que pudieran convenirle, o en otro caso, deniegue su consentimiento a la cesión.

Cesión inconsentida

Cuando la cesión no esté debidamente consentida, el arrendador tiene conferida la facultad de promover la resolución del contrato de arrendamiento al amparo de lo previsto en el art. 27.2.c) LAU 1994 , que contempla como causa de resolución del contrato de arrendamiento la cesión inconsentida. Ahora bien, a diferencia del régimen del art. 25.1 LAU 1964 que sometía el ejercicio de la acción resolutoria por el arrendador a un plazo de caducidad de dos meses en los supuestos de notificación fehaciente al arrendador del negocio de cesión, remitiendo el resto de supuestos al régimen ordinario establecido en el Código Civil, puesto que la LAU 1994 no contiene ninguna previsión, la acción resolutoria por dicha causa se encuentra sujeta, en todo caso, al plazo de prescripción de las acciones personales que no tienen otro prefijado legalmente, de cinco años (art. 1964 CCiv), en virtud de la cláusula supletoria expresa de la disposición adicional 10.ª LAU 1994.

¿En qué consiste la subrogación mortis causa en el arrendamiento de vivienda en la LAU 29/1994?

Alcance subjetivo

Los sujetos que conforme al art. 16.1 LAU 1994 pueden subrogarse en el contrato de arrendamientos, en caso de muerte del arrendatario, son:

  • El cónyuge supérstite que al tiempo del fallecimiento conviviera con él, o quien conviva de forma permanente en análoga relación de afectividad, con independencia de su orientación sexual, durante, al menos, dos años anteriores al fallecimiento, salvo que hubiera habido descendientes comunes, en cuyo caso bastará la mera convivencia.

    Debe observarse que para el cónyuge no se establece ni plazo de convivencia previa, ni lugar para la misma, de forma que, al extremo y a la letra, un cónyuge separado judicialmente, residente en otro domicilio, pero que ha estado al cuidado del arrendatario difunto en el inmediato periodo de la enfermedad mortal de éste, podría ejercer derecho de subrogación en el arriendo, lo que aparenta hallarse en contra de la tutela antidiscriminatoria que se pretende entre matrimonio y uniones de hecho.

    Por otro lado, la convivencia, aun prolongadísima, para que admita la subrogación "mortis causa" del conviviente no es el grado de afectividad, amistad, cariño o sentimientos semejantes, sino producirse "more uxorio", hecho que si bien no se puede condicionar al mantenimiento de relaciones sexuales, requiere más que una simple unión afectiva basada en una vieja amistad (SAP Barcelona (4ª), Nº sent. 387/2008, de 16 Julio 2008 Nº rec. 927/2007).

  • En su defecto, los descendientes del arrendatario que en el momento de su fallecimiento estuvieran sujetos a su patria potestad o tutela, o hubiesen convivido habitualmente con él durante los dos años precedentes.
  • En su defecto, los ascendientes que hubieran convivido con el arrendatario los dos años anteriores al fallecimiento. Si fuesen septuagenarios ocuparían el segundo lugar, con preferencia frente a los descendientes, salvo acuerdo unánime de derechohabientes concurrentes (art. 16.2 párrafo 1.º LAU 1994).
  • A falta de los anteriores, los hermanos —sin diferenciación de doble vínculo o sencillo— del arrendatario, que hubiesen convivido con él los dos años anteriores a su fallecimiento.
  • En su defecto, los parientes colaterales del arrendatario hasta el tercer grado que sean minusválidos y hayan convivido con él los dos años anteriores al fallecimiento.

Colisión de beneficiarios

El art. 16.2 párrafo 1.º LAU 1994 establece expresamente que las reglas de prioridad sólo se aplicarán en defecto de acuerdo unánime entre todos los que tengan derecho a la subrogación. En los casos de igualdad, y a falta de acuerdo, se resolverá a favor de quien tuviera una minusvalía igual o superior al 65 por 100; en su defecto, de quien tuviera mayores cargas familiares, y en última instancia, a favor del descendiente de menor edad, el ascendiente de mayor edad o el hermano más joven (art. 16.2 párrafo 2.º LAU 1994).

El art. 16.3 párrafo 2.º LAU 1994 dispone que si el arrendador recibiera en tiempo y forma varias notificaciones cuyos remitentes sostengan su condición de beneficiarios de la subrogación, podrá el arrendador considerarlos deudores solidarios de las obligaciones propias del arrendatario, mientras mantengan su pretensión de subrogarse. Esto propende a problemas por falta de regulación del método para hacer efectiva tal opción por el acreedor, y resultantes de que haya atendido a la obligación arrendaticia quien no sea, finalmente, favorecido por el derecho de subrogación.

Renunciabilidad

Por último, ante los precedentes históricos del régimen de prórroga forzosa, se prevé en el art. 16.4 LAU 1994, en su redacción original, que en los arrendamientos cuya duración inicial sea superior a cinco años, las partes podrán pactar la renuncia al derecho de subrogación transcurridos los cinco primeros años, o la extinción a los cinco años cuando el fallecimiento se haya producido con anterioridad.

La redacción dada al art. 16.4 por la reforma de la Ley 4/2013, aplicable a contratos de arrendamiento posteriores al 6 de junio de 2013, se limita a realizar un simple cambio numérico, consecuencia de haber variado el tiempo de duración del arrendamiento; de forma que se cambia la duración de cinco años por tres años. A tal fin queda redactado el precepto de la siguiente forma: "4. En arrendamientos cuya duración inicial sea superior a tres años, las partes podrán pactar que no haya derecho de subrogación en caso de fallecimiento del arrendatario, cuando éste tenga lugar transcurridos los tres primeros años de duración del arrendamiento, o que el arrendamiento se extinga a los tres años cuando el fallecimiento se hubiera producido con anterioridad".

El régimen legal que instauró la reforma del RD-Ley 21/2018, aplicable a los contratos de arrendamiento suscritos a partir de la entrada en vigor del citado real decreto-ley, el 19 de diciembre de 2018, hasta su derogación, el 22 de enero de 2019, al no haber superado el trámite de convalidación en el Congreso de los Diputados, era también consecuencia de la vuelta a la duración mínima del arrendamiento de cinco años cuando el arrendador sea persona física (o siete si es persona jurídica). Así, disponía el art. 16.4 LAU 1994 en su redacción dada por el RD-Ley 21/2018 que si el arrendamiento es superior a cinco o siete años, dependiendo de quién sea el arrendador, persona física o jurídica, se podrá pactar que, en caso de fallecimiento del arrendatario, la subrogación sea solo por dicho plazo mínimo, pues, en otro caso, tendrá lugar por el período del arrendamiento que hayan fijado las partes, siempre que este sea superior, naturalmente por el plazo que quede para su terminación.

Como se ha dicho antes, el citado RDLey quedó derogado desde el 22 de enero de 2019, al no haber superado el trámite de convalidación en el Congreso de los Diputados. Lo anterior significa que los contratos firmados desde el 19 de diciembre de 2018 hasta el 22 de enero de 2019 deben acogerse a lo que dispone ese Real Decreto-Ley 21/2018; y los contratos de alquiler de vivienda celebrados a partir de 23 de enero de 2019, vuelven a estar sometidos a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 con las modificaciones incorporadas por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas, esto es, cabe pacto de renuncia.

Ahora bien, tras la derogación del efímero R-D Ley 21/2018, por no haberse convalidado por el Congreso de los Diputados, el Gobierno aprobó un nuevo R-D Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, aplicable a los contratos de arrendamiento suscritos a partir de la entrada en vigor del citado Real Decreto-Ley, el 6 de marzo de 2019, que vuelve a reformar el art. 16.4 LAU de 1994, conforme al cual, si el arrendamiento es superior a cinco o siete años, (persona física o jurídica) se podrá pactar que, en caso de fallecimiento del arrendatario, la subrogación sea solo por dicho plazo mínimo, pues, en otro caso, tendrá lugar por el período del arrendamiento que hayan fijado las partes, siempre que este sea superior, naturalmente por el tiempo que quede para su terminación.

Pero como novedad significativa establece que esta renuncia no cabe cuando las personas con derecho a la subrogación se encuentren en situación de "especial vulnerabilidad" (concepto que no se define legalmente) y afecte a menores de edad, personas con discapacidad o mayores de 65 años.

Inexistencia de subrogación

De la notificación de la subrogación y extinción automática "ope legis" por muerte, ya se ha dejado constancia. Dos reglas son esenciales: a) Los herederos del arrendatario difunto que puedan ser beneficiarios de la subrogación, pueden renunciar a la herencia y conservar su derecho arrendaticio, al ser de juego legal independiente, lo mismo que los llamados a la subrogación pueden ejercer su derecho aunque no sean herederos; b) Transcurridos tres meses desde la muerte del arrendatario, sin que el arrendador reciba comunicación alguna, el contrato de arrendamiento quedará extinguido (SAP Madrid (11ª), Nº sent. 308/2004, de 25 Marzo 2004 Nº rec. 238/2003, Sentencia APB (4ª), Nº sent. 232/2004, de 21 Abril 2004 Nº rec. 790/2003 , o SAP Baleares (5.ª) de 3 de junio de 2004, rec. 152/2004). Ahora bien, la protección de la buena fe impondrán que si el arrendador conoce el óbito del arrendador, la voluntad del beneficiario llamado por la ley de subrogarse, y éste abona puntualmente la renta después de dicho óbito, y es aceptada plenamente por el arrendador, la acción resolutoria no prospere.

Porque no haya sujetos beneficiarios, o porque los llamados no ejerzan el derecho de subrogación, tienen lugar las siguientes consecuencias:

  • Si los llamados renuncian a subrogarse, notificándolo al arrendador dentro del mes siguiente a la muerte del arrendatario, no abonarán renta alguna.
  • Si los llamados no renuncian, ni se subrogan, viene obligados a satisfacer tres meses de renta al arrendador.
  • Los herederos del arrendatario, tanto si pudieran subrogarse como si no, responderán de las obligaciones incumplidas por éste frente al arrendador, siempre que no se subrogara ninguno de los llamados legalmente.
  • Los herederos no subrogados nunca responden de obligaciones posteriores a la muerte del arrendatario, y pueden tener derecho de reembolso de lo que hubieran abonado por obligaciones anteriores frente al llamado que se hubiera subrogado en el contrato.

Recuerde que...

  • El subarriendo debe tener por objeto sólo una parte de la vivienda arrendada.
  • Es requisito que el consentimiento del arrendador por escrito.
  • El precio del subarriendo no debe exceder, en ningún caso, del que corresponda al arrendamiento.
  • El subarrendamiento se extinguirá automáticamente, en todo caso, cuando lo haga el contrato de arrendamiento.
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