¿Quién puede ser parte en el proceso penal?
Debe de partirse de una premisa contenida en el artículo 100 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: "La acción penal es pública. Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la Ley."
Pero por excepción conforme al artículo 101 LECRIM no podrán ejercitarla:
- 1. El que no goce de la plenitud de los derechos civiles;
- 2. El que hubiere sido condenado dos veces por sentencia firme como reo del delito de denuncia o querella calumniosas;
- 3. El Juez o Magistrado.
El primero de los supuestos nos remite a lo manifestado respecto de la capacidad de actuar en juicio.
Sin embargo, sí podrán todos ellos, ejercitar la acción penal por delito o falta cometidos contra sus personas de bienes o contra las personas o bienes de sus cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos consanguíneos o uterinos y afines.
Los comprendidos en los números 2 y 3 del artículo 101.1 podrán ejercitar también la acción penal por el delito o falta cometidos contra las personas o bienes de los que estuviesen bajo su guarda legal.
Tampoco podrán ejercitar acciones penales entre sí conforme al artículo 102 de la ley procesal penal:
- 1. Los cónyuges, a no ser por delito o falta cometidos por el uno contra la persona del otro o la de sus hijos, y por el delito de bigamia.
- 2. Los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza, por la adopción o por afinidad, a no ser por delito o falta cometidos por los unos contra las personas de los otros.
Quien ejercita la acción penal, y en consecuencia se constituye en parte, dentro del proceso penal en defensa generalmente, de unos intereses propios, como perjudicado por la acción criminal, que acaba formulando una acusación contra alguien, viene a denominarse acusación particular. A este respecto conviene poner de manifiesto que la presentación de una denuncia no implica por sí, el ejercicio de una acción penal, ni convierte al denunciante en parte del proceso penal, como se deduce del artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se trata de la simple puesta en conocimiento del Tribunal de unos hechos de apariencia criminal.
Esta acusación, viene a ser una plasmación de la tutela jurisdiccional en materia penal, que incluye el ejercicio de la acción penal por los particulares, como consecuencia de lo cual, e independientemente de la que viene encomendada al Ministerio Fiscal, se atribuye su ejercicio a los propios perjudicados por el delito mediante la llamada acción particular, así como también a todos los ciudadanos, sean o no ofendidos por el delito, a través de la acción popular (ver por ejemplo la Sentencia del Tribunal Constitucional 34/1994, de 31 de enero de 1994). Y como dice a continuación si la legitimación del acusador particular deriva directamente del artículo 24.1 de la Constitución en cuanto perjudicado, la del acusador popular deriva del artículo 125 del Texto fundamental, ambas legitimaciones dignas absolutamente del amparo constitucional. La protección en amparo del derecho del acusador popular requiere que la defensa del interés común sirva para sostener un interés legítimo y personal.
La denominación genérica de acusación particular deviene por oposición a la acusación pública que viene a ejercer el Ministerio Fiscal. Este tiene, conforme al artículo 105, que llevar a cabo todas las acciones penales que consideren procedentes, haya o no acusador particular en las causas, menos aquellas que el Código Penal reserva exclusivamente a la querella privada. También deberán ejercitarlas en las causas por los delitos contra la honestidad que, con arreglo a las prescripciones del Código Penal, deben denunciarse previamente por los interesados, o cuando el Ministerio Fiscal deba, a su vez, denunciarlos por recaer dichos delitos sobre personas desvalidas o faltas de personalidad.
Junto al ejercicio de las acciones penales, en el curso de un proceso penal se pueden ejercitar las acciones civiles derivadas de la infracción criminal, que de ordinario se ejercitarán conjuntamente. Así viene a deducirse de los artículos 100, 110, 111 y 112 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El art. 110 Lecrim ha tenido una nueva redacción por la Ley 4/2015 de estatuto de víctima del delito, a tenor del cual: "Los perjudicados por un delito o falta que no hubieren renunciado a su derecho podrán mostrarse parte en la causa si lo hicieran antes del trámite de calificación del delito y ejercitar las acciones civiles que procedan, según les conviniere, sin que por ello se retroceda en el curso de las actuaciones.
Aun cuando los perjudicados no se muestren parte en la causa, no por esto se entiende que renuncian al derecho de restitución, reparación o indemnización que a su favor puede acordarse en sentencia firme, siendo necesario que la renuncia de este derecho se haga en su caso de una manera clara y terminante." Las víctimas del delito no necesitan personarse en la causa para tener derecho a ser notificadas de las resoluciones que se dicten y poder opinar aunque la acción civil la ejercite el Ministerio Fiscal.
Pero cuando se ejercitan por separado, cabe la posibilidad de que a la par que existe una acusación, que ejercita la acción penal, se formula una acción civil, por el denominado actor civil.
¿En qué se diferencian el encausado, el procesado y el acusado?
En el lado opuesto al actor civil se encuentra el encausado, procesado o acusado, dependiendo de la fase procesal en que se encuentre.
Conforme al artículo 118 de la LECrim, en su redacción dada por L.O. 5/2015, de 27 de abril, el encausado viene a ser toda persona a quien se atribuya un hecho punible podrá ejercitar el derecho de defensa, interviniendo en las actuaciones, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá, sin demora injustificada, de los siguientes derechos:
- a) Derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyan, así como de cualquier cambio relevante en el objeto de la investigación y de los hechos imputados. Esta información será facilitada con el grado de detalle suficiente para permitir el ejercicio efectivo del derecho de defensa.
- b) Derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para salvaguardar el derecho de defensa y en todo caso, con anterioridad a que se le tome declaración.
- c) Derecho a actuar en el proceso penal para ejercer su derecho de defensa de acuerdo con lo dispuesto en la ley.
- d) Derecho a designar libremente abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 a) del artículo 527.
- e) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla.
- f) Derecho a la traducción e interpretación gratuitas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 127.
- g) Derecho a guardar silencio y a no prestar declaración si no desea hacerlo, y a no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen.
- h) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
Por procesado hay que entender la persona que por resultar del sumario contra ella algún indicio racional de criminalidad, figura en el auto de procesamiento dictada por el instructor (artículo 384 de la Ley procesal penal). Por acusado, la persona frente a la que se mantenga una acusación formal.
El responsable civil
Al ejercitarse la acción civil derivada del delito puede suceder que existan indicios de responsabilidad civil frente a tercero, distinto del responsable penal. Aquí tendremos la figura del responsable civil, principal o subsidiario, según los criterios contenidos a tal efecto en el Código Penal (artículos 117 y siguientes CP).
El artículo 615 LECrim lo trata al exponer que cuando en la instrucción del sumario aparezca indicada la existencia de la responsabilidad civil de un tercero con arreglo a los artículos respectivos del Código Penal, o por haber participado alguno por título lucrativo de los efectos del delito, el Juez, a instancia del actor civil, exigirá fianza a la persona contra quien resulte la responsabilidad, teniendo conforme al artículo 616 LECrim la condición de parte en el proceso penal, respecto de la responsabilidad civil que se le pretende.