El principio latino stare decisis (literalmente “mantenerse con las cosas decididas”) establece que las resoluciones de los tribunales superiores vinculan a los inferiores, convirtiendo así la jurisprudencia en fuente del Derecho.
En virtud de este principio, los jueces deben fallar atendiendo a resoluciones similares dictadas anteriormente, de tal forma que se vincula de manera horizontal la decisión del juez con las decisiones pasadas, y de manera vertical la de los tribunales superiores. Por tanto, el control del stare decisis se consigue mediante el sistema de recursos.
Siguiendo a Ahumada Ruiz, en principio los jueces no están obligados por precedentes establecidos por tribunales de su mismo rango, ni por los de tribunales de apelación sin jurisdicción sobre ellos. Por ello se suele distinguir entre precedentes vinculantes y precedentes persuasivos dependiendo de la relaciónque liga a unos tribunales con otros.
De esta forma, la verdadera fuerza de este principio se aprecia en los casos en los que un juez falla en un caso mostrando que no está a favor con el mismo y la doctrina que lo sustenta, pero debe decidir en ese sentido por respeto al stare decisis.
Es destacada la STS 1669/2018 de 27 de noviembre de 2018, rec. 5911/2017, que afirma que "admitir un cambio jurisprudencial sin que haya habido ninguna modificación normativa ni fáctica y sin que se aduzca para fundarla ningún principio jurídico que no haya sido tenido en cuenta con anterioridad, sino tan sólo una diferente interpretación de las mismas normas y principios jurídicos por la nueva composición del Tribunal, puede llevar al arbitrismo judicial y a que una eventual alteración coyuntural de la composición de un órgano judicial colegiado -como no es insólito que ocurra por diversas razones legales- conduzca a la modificación de la jurisprudencia."
Asimismo, la modificación de una jurisprudencia requiere evidentemente una motivación suficiente y expresa, pero debe estar además justificada, tanto más cuanto más consolidada sea, en razones jurídicas relevantes que vayan más allá del criterio jurídico personal de los magistrados que integran un órgano judicial colegiado. En tal sentido es aplicable la máxima del common law stare decisis et quieta non movere. El valor de la jurisprudencia está en estrecha dependencia con el principio de seguridad jurídica.