El artículo 117.3 de la Constitución de 1978 dispone que el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. En el mismo sentido se expresa el artículo 2.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985: "el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las leyes y en los tratados internacionales".
Si bien la jurisdicción es única, su ejercicio concreto por el órgano judicial predeterminado legalmente, con prioridad sobre otros, remite al concepto de competencia (véase “Competencia judicial”). La competencia funcional es, en términos generales, la que determina el Juzgado o Tribunal al que corresponde conocer de cada fase o etapa del proceso, y desde este punto de vista la primera instancia la encarnará en cada procedimiento el órgano judicial al que las reglas que determinan la competencia objetiva y territorial atribuyan el primer conocimiento del hecho litigioso, sometido, en su caso, a la revisión de otro órgano superior (véase “Segunda instancia”).
De manera más específica, dentro de la jurisdicción civil existen los Juzgados de Primera Instancia (véase “Juzgado de Primera Instancia”), a los que el artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye, entre otras, tanto competencias en primera instancia (“el conocimiento de los juicios que no vengan atribuidos por esta ley a otros juzgados o tribunales”), como competencias revisoras de una instancia anterior (“el conocimiento de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los Juzgados de Paz del partido”).