El ofendido es, en Derecho penal, la víctima, el sujeto pasivo —persona física o jurídica— sobre la que recae el daño o peligro causado por la conducta típica del sujeto activo. Estrechamente vinculado al concepto de ofendido se halla el de perjudicado, que es aquél que sufre en su patrimonio los efectos de la acción delictiva, y ejercita la pretensión de reparación del daño causado.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla la llamada al procedimiento del ofendido y del perjudicado –que podrá hacerse a sus familiares, en caso de muerte o desaparición de la víctima-, para informarles de la existencia del procedimiento y ofrecerles la posibilidad de personarse en la causa (véase "Acción penal").
Cuando en la persecución de un delito intervengan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, éstas habrán de informar al ofendido y al perjudicado por el delito de los derechos que les asisten de acuerdo con lo establecido en los artículos 109 y 110 Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin perjuicio de ello, en el momento de recibirse declaración del ofendido a presencia judicial, por el Letrado de la Administración de justicia se instruirá al ofendido de su derecho a mostrarse parte en la causa, así como de los derechos que, como víctima, posee en el proceso penal y que vienen sistematizados en la Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima del Delito.
Conforme al artículo 106 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la acción penal por delito de los que dan lugar al procedimiento de oficio no se extingue por la renuncia de la persona ofendida. En este caso la acción penal será ejercitada por el Ministerio Fiscal.
El ofendido puede reservarse el ejercicio de las acciones civiles para su ejercicio ante la jurisdicción correspondiente, ventilándose entonces ante la jurisdicción penal únicamente la acción para la persecución del delito. Puede igualmente el ofendido o perjudicado renunciar al ejercicio de la acción civil, siempre que lo haga de forma clara y expresa y previa información por parte del Letrado de la Administración de justicia de ese derecho a renunciar.
En determinados delitos denominados semipúblicos el ejercicio de la acción penal corresponderá exclusivamente al ofendido o a su representante legal, sin que pueda incoarse por otro que no sea él procedimiento penal alguno para la persecución del hecho delictivo. Una vez iniciado el procedimiento, sin embargo, carece el ofendido de la disponibilidad sobre la acción penal. En los delitos privados el ofendido goza del monopolio de la acción penal y de la pretensión punitiva. El Código Penal de 1995 recoge únicamente como tales en su artículo 215.1 CP las calumnias e injurias contra particulares. En este tipo de delitos el perdón del ofendido, expreso y previo a la sentencia, extingue la acción penal (artículos 130.5 y 215.3 del Código Penal).