¿Qué es el principio de rogación?
El principio de rogación está directamente relacionado con el principio de congruencia en tanto en cuanto significa que en aquellos casos, como el proceso civil, en los que está vetado al juez actuar de oficio, (a salvo de los supuestos expresamente contemplados en que sí lo puede hacer, como la proposición de prueba en procesos de familia), este no puede tomar la iniciativa en el proceso y debe dejar que sea la parte la que actúe en virtud de la aplicación del principio dispositivo que rige en el proceso civil. Además, la relación de este con el principio de congruencia data de la exigencia de que el juez debe atenerse a la hora de resolver a atender o desestimar las pretensiones suscitadas por las partes, pero no plantear en la sentencia cuestiones nuevas no expuestas por las mismas son pena de incurrir en incongruencia con lo pedido.
Por ello, este principio está directamente relacionado con el principio de seguridad jurídica y ambos son imperantes en nuestro ordenamiento jurídico y constituyen una barrera o tope a la revisión judicial de oficio cuando no está permitida expresamente por la ley, ya que la tutela judicial no puede ir más allá de lo querido por la parte afectada por el acto o resolución ni de lo autorizado por la ley.
¿Dónde se regula?
Este principio también está, a su vez, relacionado con otros al establecerse la prohibición de introducir hechos nuevos en el debate con posterioridad a la demanda y a la contestación, salvo los supuestos contemplados en los artículos 286 y 412 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este sentido las Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2004, Rec. 1061/1998 declaran que: la doctrina de esta Sala, que viene declarando que los Tribunales deben atenerse a las cuestiones de hecho y de derecho que las partes le hayan sometido, las cuales acotan los problemas litigiosos y han de ser fijadas en los escritos de alegaciones, que son los rectores del proceso. Así lo exigen los principios de rogación (sentencias TS de 15 de diciembre de 1984, STS 4 de julio de 1986, STS 14 de mayo de 1987, STS 18 de mayo de 1996 y STS 20 de septiembre de 1996, STS 11 de junio de 1997, Rec. 1617/1993), y de contradicción (sentencias TS de 30 de enero de 1990 y STS 15 de abril de 1991), por lo que el fallo ha de adecuarse a las pretensiones y planteamientos de las partes, de conformidad con la regla "iudex iudicare debet secundum allegata et probata partium" (sentencias TS de 19 de octubre de 1981 y STS 28 de abril de 1990), sin que quepa modificar los términos de la demanda (prohibición de la "mutatio libelli", sentencia de 26 de diciembre de 1997, Rec. 3068/1993), ni cambiar el objeto del pleito en la segunda instancia ("pendente apellatione nihil innovetur", sentencias TSde 19 de julio de 1989, STS 21 de abril de 1992 y STS 9 de junio de 1997, Rec. 2006/1993).
Otra cuestión a significar sobre este principio se centraría en la aplicación necesaria de normas que no hayan sido alegadas por las partes, pero que el juez o tribunal, en virtud del principio "iura novit curia" debe aplicar de forma obligatoria a la hora de resolver al caso concreto. Por ello, aunque las normas no se hayan alegado el juez debe aplicarlas de ser y resultar procedente, lo que no vulnera el principio de rogación que se refiere a peticiones de las partes y a las limitaciones impuestas al juez de sustituir los postulados de las partes.
Como excepción recordemos que la Ley procesal civil permite, sin embargo, en el artículo 429.1 LEC, tercer párrafo, que el juez, tras la proposición de prueba de las partes pueda hacer observar la insuficiencia de algunas pruebas no propuestas que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos, precepto este que ha dado lugar a no poca dialéctica y doctrina acerca de su procedencia al chocar frontalmente con los principios tradicionales de nuestro proceso civil de rogación y principio dispositivo. Aun así, es un precepto de casi nula aplicación por suponer, tan solo, un recurso excepcional del juez en supuestos claros de insuficiencia de proposición probatoria.
¿Qué es el principio de aportación de parte?
El principio de aportación de parte o de rogación, esencial en el ámbito procesal civil tiene como una de sus formulaciones más típicas el brocardo "Da mihi factum dabo tibi ius", que resume la facultad de las partes de suministrar al Tribunal, mediante sus escritos de alegación, los hechos y el material probatorio que estimen conveniente en apoyo de sus pretensiones, y la obligación del juzgador de resolver el litigio conforme a la norma que resulte aplicable.
El artículo 216 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone bajo la rúbrica de "Principio de justicia rogada" que: "Los tribunales civiles decidirán los asuntos en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes, excepto cuando la ley disponga otra cosa en casos especiales".
En correspondencia con ello, el artículo 217 de la norma distribuye entre las partes la obligación de acreditar los hechos traídos al proceso y el 218 establece que las sentencias habrán de ser "congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes", y prohíbe al Tribunal acudir a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer.
Recuerde que...
- • El juez debe atenerse a la hora de resolver a atender o desestimar las pretensiones suscitadas por las partes, pero no plantear en la sentencia cuestiones nuevas no expuestas por las mismas son pena de incurrir en incongruencia con lo pedido.
- • Este principio está directamente relacionado con el principio de seguridad jurídica y ambos son imperantes en nuestro ordenamiento jurídico.
- • La Ley procesal civil permite que el juez, tras la proposición de prueba de las partes pueda hacer observar la insuficiencia de algunas pruebas no propuestas que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos.