Delegados del Gobierno

Concepto y caracteres

En el sistema constitucional español se configura como un órgano que tiene que existir en todas las Comunidades Autónomas, y que tiene el carácter de institución básica del Estado. Su misión es dirigir la Administración del Estado en el territorio de las distintas Comunidades Autónomas y coordinarlas, cuando sea menester, con la Administración propia de la comunidad de que se trate. Sus funciones se regulan en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Como principal novedad de la regulación contenida en la Ley 40/2015 respecto de su predecesora, cabe señalar que se refuerza el papel político e institucional de los Delegados del Gobierno y se les define como órganos directivos (art. 55.4) con rango de Subsecretario (art. 72.3) que dependen orgánicamente del Presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia.

Como dice Joaquín Huelín Martínez de Velasco siguiendo a Luis López Guerra y Jaime Rodríguez-Arana, el relieve que se otorga a la figura del Delegado del Gobierno, y la correlativa, relativización de la autoridad en el nivel provincial, el Subdelegado, ponen de manifiesto que el legislador ha optado a favor de una estructura regional, y no provincial, de la Administración periférica. No obstante, no podía olvidar el nivel provincial y, en determinados supuesto, el hecho insular. En estos niveles, en los que se residencien las figuras de los subdelegados y directores insulares, se articulan, en la medida en que sean necesarios, determinados servicios periféricos. En cualquier caso, se trata de autoridades secundarias, que no traspasan el nivel funcionarial y que quedan sometidas incondicionalmente al delegado del Gobierno, en cuya persona se centralizan, en virtud del principio de jerarquía, la dirección y coordinación de los servicios periféricos.

Las características de este órgano directivo, de acuerdo con el artículo 72 de la Ley 40/2015, que es nombrado y separado por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno son las siguientes: tiene la condición de alto cargo y rango de Subsecretario, depende orgánicamente de la Presidencia del Gobierno, y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia. Al ser alto cargo con rango de subsecretario, queda sometido al régimen establecido en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado y a la obligación de dedicación exclusiva que determina su art. 13, y, por tanto, no podrá compatibilizar -salvo las excepciones previstas en la propia norma-, su actividad con el desempeño, por sí, o mediante sustitución o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad, sean de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena. Tampoco podrán percibir cualquier otra remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas o entidades vinculadas o dependientes de ellas, ni cualquier otra percepción que, directa o indirectamente, provenga de una actividad privada simultánea.

Organización

La organización de las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades autónomas deberá responder al principio de gestión territorial integrada, salvo las excepciones previstas en la Ley. Así, el Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, sobre integración de servicios periféricos y de estructura de las Delegaciones del Gobierno, concreta el organigrama que, en sustancia, se integra por:

• - Las Subdelegaciones provinciales y los Directores insulares.
• - La Secretaría General, en la que se encuadran los servicios comunes y los órganos de la Delegación responsables de las relaciones con las Administraciones territoriales y con los ciudadanos, así como los órganos que ejerzan competencias sobre servicios ciudadanos, procesos electorales, autorizaciones administrativas, protección civil, extranjería y asilo, si bien estos últimos seguirán dependiendo funcionalmente del Ministerio del Interior; y los demás órganos que se adscriban.
• - La Vicesecretaría general, que es un órgano facultativo, según dice el artículo 8 del Real Decreto 1330/1997, de 7 de noviembre.
• - Áreas funcionales destinadas a la gestión de los servicios integrados, que dependen funcionalmente de los Departamentos respectivos. Tienen que existir las siguientes: Fomento, Industria y Energía, Agricultura -que se llama Agricultura y Pesca en las regiones con litoral- y Sanidad. Además, en las Delegaciones de las Comunidades Autónomas de País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Comunidad Valencia, Canarias y Comunidad Foral de Navarra, dispondrán de un área funcional de Alta Inspección de Educación.
• - La Comisión Territorial de Asistencia al Delegado del Gobierno, que se constituye en cada una de las Comunidades pluriprovinciales, presidida por el Delegado del Gobierno, e integrada por los Subdelegados, y, en su caso, por los Directores insulares (artículo 28 de la Ley 6/1997, de 14 de abril), y la Comisión de Asistencia a los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, presidida por el mismo y compuesta por el Secretario General, el Jefe del gabinete y los Directores de áreas funcionales (artículos 12.1 y 2 del Real Decreto 1330/1997).

Por otra parte, la asistencia jurídica y las funciones de intervención y control financiero se ejercerán por el Servicio Jurídico del Estado y la Intervención General de la Administración del Estado (artículos 2 y 3 del Real Decreto 1330/1997).

Competencias

Las competencias de los Delegados de Gobierno que hasta la promulgación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, estaban recogidas en diversos preceptos, pasan a estar reguladas en un único artículo -el 73-, sistematizándolas en las siguientes cinco categorías:

• A) Dirección y coordinación de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos.
• B) Información de la acción del Gobierno e información a los ciudadanos.
• C) Coordinación y colaboración con otras Administraciones Públicas.
• D) Control de legalidad.
• E) Políticas públicas.

Asimismo, los Delegados del Gobierno ejercerán la potestad sancionadora, expropiatoria y cualesquiera otras que les confieran las normas o que les sean desconcentradas o delegadas.

Corresponde a los Delegados del Gobierno proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, a través de los Subdelegados del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, cuya jefatura corresponderá al Delegado del Gobierno, quien ejercerá las competencias del Estado en esta materia bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior.

En relación con los servicios territoriales, los Delegados del Gobierno, para el ejercicio de las competencias recogidas en este artículo, podrán recabar de los titulares de dichos servicios toda la información relativa a su actividad, estructuras organizativas, recursos humanos, inventarios de bienes muebles e inmuebles o a cualquier otra materia o asunto que consideren oportuno al objeto de garantizar una gestión coordinada y eficaz de los servicios estatales en el territorio.

Régimen de impugnación jurisdiccional de sus actos

Para la impugnación en la vía contencioso-administrativa de los actos dictados por los Delegados del Gobierno, a efectos de determinar la competencia jurisdiccional, la jurisprudencia mantiene que no se está ante actos procedentes de órganos integrados en la Administración de una Comunidad Autónoma, sino que se trata de actos emanados de órganos territoriales, que integran la Administración periférica, de la Administración General del Estado (Sentencias del Tribunal Supremo de 25 de abril de 2008 y de 10 de julio de 2009).