I. Concepto
Podemos definir el tablón de anuncios como aquel sitio destacado, público y visible del Tribunal en donde se colocará una copia de la resolución a notificar o a requerir o bien una cédula de citación o emplazamiento con la finalidad de que una vez coladas las mismas se entenderá por efectuado el acto de comunicación.
Normalmente los tablones de anuncios están colocados en la misma entrada del órgano judicial.
A lo largo de la Ley de Enjuiciamiento Civil solamente en cinco ocasiones es utilizado el término "tablón de anuncios".
La primera vez que utiliza la ley ese término es en el artículo 164 de la misma al decir que cuando, practicadas, en su caso, las averiguaciones a que se refiere el artículo156, no pudiere conocerse el domicilio del destinatario de la comunicación, o cuando no pudiere hallársele ni efectuarse la comunicación con todos sus efectos, conforme a lo establecido en los artículos anteriores, o cuando así se acuerde en el caso a que se refiere el apartado 2 del artículo 157, Secretario judicial consignadas estas circunstancias, mandará que se haga la comunicación fijando la copia de la resolución o la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial.
La segunda ocasión es con la introducción de un nuevo párrafo en el artículo 164 por la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal de alquiler y de la eficiencia energética de los edificios que dispone: "En los proceso de desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago de rentas o cantidades debidas o por expiración legal o contractual del plazo y en los procesos de reclamación de estas rentas o cantidades debidas, cuando no pudiere hallársele ni efectuarle la comunicación al arrendatario en los domicilios designados en el segundo párrafo del número 2 del artículo 155, ni hubiese comunicado de forma fehaciente con posterioridad al contrato un nuevo domicilio al arrendador al que éste no se hubiese opuesto, se procederá, sin más trámites, a fijar la cédula de citación en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial"
En dos ocasiones en el artículo 497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando regula la notificación de sentencias y resoluciones que ponen fin al procedimiento en los procesos tramitados en rebeldía, así el último párrafo añadido en el apartado segundo del artículo 497 por la ya citada ley 19/2009 que dispone que cuando se trate de sentencia condenatoria de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, o por expiración legal o contractual del plazo, y el demandado citado en forma no hubiera comparecido en la fecha o en el plazo señalado en la citación, la notificación se hará por medio de edictos fijando copia de la sentencia en el tablón de anuncios de la Oficina judicial.
Sin embargo, la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas ha dado una nueva redacción al artículo 497.3 Ley de Enjuiciamiento Civil, a tenor del cual 3. No será necesaria la publicación de edictos en el "Boletín Oficial" de la Comunidad Autónoma o en el ''Boletín Oficial del Estado'' en aquellos procedimientos en los que la sentencia no tenga efecto de cosa juzgaday en los procesos de desahucio en los que se acumule la acción de reclamación de las rentas y cantidades debidas. En estos casos bastará la publicidad del edicto en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial.
Por ello, la segunda ocasión en que se utiliza el término en el artículo 497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es en su apartado tercero que dispone que no será necesaria la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o en el Boletín Oficial del Estado en aquellos procedimientos en los que la sentencia no tenga efecto de cosa juzgada. En estos casos bastará la publicidad del edicto en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, habiéndose añadido en esta reforma que tampoco será precisa esa publicación en Boletín Oficial del Estado o Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma en los procesos de desahucio en los que se acumule la acción de reclamación de las rentas y cantidades debidas.
La quinta y última ocasión en que lo utiliza es en el párrafo segundo del apartado primero del artículo 665 al disponer que en el caso de que el domicilio no constare en el Registro o que la comunicación fuese devuelta al Registro por cualquier motivo, el Registrador practicará nueva comunicación mediante edicto en el tablón de anuncios del Registro, que se publicará durante un plazo de quince días.
En este segundo supuesto baste decir que de la misma forma que hemos definido el tablón de anuncios vale dicha definición para el tablón de anuncios del Registro de la Propiedad.
Por lo que respecta al primer supuesto y a las notificaciones o citaciones edictales colocadas o fijadas en el tablón de anuncios, baste resaltar el fundamento jurídico segundo de la sentencia del Tribunal Constitucional 231/2007 que resume la doctrina del alto tribunal sobre esta materia, y establece: "La cuestión suscitada con ocasión de la presente demanda de amparo estriba en determinar si la recurrente ha padecido o no una situación de indefensión contraria al artículo 24.1 Constitución Española como consecuencia de la que califica como defectuosa realización de los actos de comunicación procesal, concretamente su emplazamiento mediante edictos en el proceso civil del que trae causa la demanda de amparo, que determinó que dicho proceso se siguiera inaudita parte sin su conocimiento.
Un instrumento capital en esa correcta constitución de la relación jurídico procesal, cuya quiebra puede constituir de suyo una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 Constitución Española) lo es, indudablemente, el régimen procesal de emplazamientos, citaciones y notificaciones a las partes de los distintos actos procesales que tienen lugar en el seno de un procedimiento judicial, pues sólo así cabe garantizar los indisponibles principios de contradicción e igualdad de armas entre las partes del litigio. De tal manera que la falta o deficiente realización del emplazamiento a quien ha de ser o puede ser parte en el proceso coloca al interesado en una situación de indefensión que vulnera el referido derecho fundamental, salvo que la situación de incomunicación procesal sea imputable a la propia conducta del afectado por haberse situado voluntaria o negligentemente al margen del proceso, pese a tener conocimiento por otros distintos medios de su existencia. Si bien es necesario precisar que la posible negligencia, descuido o impericia imputables a la parte, o el conocimiento extraprocesal de la causa judicial tramitada inaudita parte, que excluiría la relevancia constitucional de la queja, no puede fundarse sin más en una presunción cimentada en simples conjeturas, sino que debe acreditarse en términos hábiles para que surta su efecto invalidante la tacha de indefensión, pues lo presumido es, justamente, el desconocimiento del proceso si así se alega.
Por las razones expuestas recae sobre el órgano judicial no sólo el deber de velar por la correcta ejecución de los actos de comunicación, sino también el de asegurarse de que dichos actos sirven a su propósito de garantizar que la parte sea oída en el proceso. Ello comporta la exigencia del emplazamiento personal de los afectados en lo posible y, desde otra perspectiva, la limitación del empleo de la notificación edictal a aquellos supuestos en los que no conste el domicilio de quien haya de ser emplazado o bien se ignore su paradero. En congruencia con lo anterior hemos señalado que la modalidad de emplazamiento edictal, aun siendo válida constitucionalmente, exige, por su condición de último remedio de comunicación, no sólo el agotamiento previo de las otras modalidades de más garantía y la constancia formal de haberse intentado practicarlas, sino también que el acuerdo o resolución judicial de tener a la parte como persona en ignorado paradero o de domicilio desconocido, presupuesto de la citación por edictos, se halle fundada en criterios de razonabilidad que lleven a la convicción o certeza de la inutilidad de aquellos otros medios normales de comunicación.
En definitiva, sin negar la validez constitucional de la forma de comunicación y emplazamiento por edictos, nuestra doctrina ha sido particularmente estricta con el recurso a la misma, dados los límites consustanciales que padece este medio de comunicación para alcanzar el efectivo conocimiento del destinatario.
Concretamente hemos subrayado el carácter estrictamente subsidiario que debe desempeñar en el orden procesal civil el emplazamiento por edictos previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y hemos afirmado que la validez constitucional de esta forma de emplazamiento exige que se hayan agotado previamente por el órgano judicial las modalidades aptas para asegurar en el mayor grado posible la recepción de la notificación por el destinatario de la misma, a cuyo fin aquél ha de extremar las gestiones en la averiguación del paradero de sus destinatarios por los medios normales a su alcance, de manera que el acuerdo o resolución judicial que lleve a tener a la parte en un proceso como persona en ignorado paradero debe fundarse en criterios de razonabilidad que conduzcan a la certeza, o cuando menos a una convicción razonable, de la inutilidad de los medios normales de citación."
II. La publicidad de la subasta en el tablón de anuncios
Uno de los defectos de los que adolece nuestra nueva Ley de Enjuiciamiento Civil es la escasa importancia que le da a la publicidad de la subasta judicial. De hecho, sólo existe un artículo, el 645, dedicado a ello, en el que únicamente se prevé como lugar de publicación incuestionable el tablón de anuncios del Juzgado.
Sin embargo, la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil ha incluiido en el art. 646 materia de publicidad. En esta ley se contempla que "1. Una vez firme la resolución prevista en el artículo anterior, la convocatoria de la subasta se anunciará en el "Boletín Oficial del Estado", sirviendo el anuncio de notificación al ejecutado no personado. El Secretario judicial ante el que se siga el procedimiento de ejecución ordenará la publicación del anuncio de la convocatoria de la subasta remitiéndose el mismo, con el contenido a que se refiere el artículo siguiente y de forma telemática, al "Boletín Oficial del Estado". Igualmente, y solo a efectos informativos, se publicará el anuncio de la subasta en el Portal de la Administración de Justicia." Con ello se potencia la publicidad en el nuevo portal de la Administración de justicia además de en el BOE, siendo este último mucho más eficaz. La publicidad de la subasta es de suma importancia, puesto que cuanto mayor sea ésta más número de participantes podrá haber en ella y por lo tanto mayor será el precio que por la venta del bien se pueda conseguir, lo cual beneficia tanto al acreedor ejecutante como al deudor.
Al primero de ellos, porque al ser más alto el precio que se consiga en la subasta mayor será la parte de su crédito que recupere, y, para el segundo porque a mayor precio adquirido en la venta del bien más parte de la deuda pagará, pudiendo incluso existir un sobrante a su favor que podría percibir. Pese a ello, la publicidad que prevé la Ley de Enjuiciamiento es a todas luces escasa, y de hecho incluso es menor si se compara a la que venía establecida en la vieja Ley de Enjuiciamiento Civil.
La importancia de la publicidad de la fecha de realización de la subasta como medio para conseguir un mayor precio en la venta del bien ha sido igualmente reconocida por la propia jurisprudencia. Así el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 6 de febrero de 2001 que dice: "Ante todo debe significarse que la publicidad edictal constituye un elemento fundamental en la regularidad del procedimiento de apremio pues de ella dependerá que se obtenga el precio adecuado a las circunstancias de la finca en un régimen de concurrencia como es la subasta pública...
En definitiva, será el arbitrio judicial el que deberá adoptar las medidas adecuadas -subsanación mediante una publicación complementaria, convalidación conservación del remate, o anulación del mismo- según la naturaleza, importancia y consecuencias de los defectos padecidos, pero teniendo siempre presente la importancia de la publicidad edictal pues, como declaró la resolución de la Sección 13ª de esta Audiencia Provincial de 4 de julio de 1990, con cita de la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de abril de 1933, que debía exigirse con todo rigor que los edictos fueran publicados con precisa determinación de los extremos que según la Ley deben de contener..."
Ante esta situación legal los distintos juzgados han adoptado diversas posturas:
Así, unos han aplicado estrictamente lo dispuesto en el artículo 645 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y se limitan a publicar la subasta en el tablón de anuncios del Juzgado, si el ejecutante no solicita que lo sea en otro medio, con el peligro que ello conlleva ya que se pueden producir subastas prácticamente privadas, es decir, aquellas en las que el postor se limite a pujar una cantidad de dinero suficiente para cubrir la suma por la que se despachó ejecución y así quedarse con una finca por un valor incluso inferior al 50% del tipo, o bien que ante la ausencia de postores el acreedor solicite que se le adjudique el bien por la cantidad que se le deba en todos los conceptos quebrándose de esta forma el principio de la plena satisfacción del acreedor o bien de la menor onerosidad hacia el deudor que rigen en la ejecución civil.
Otros, los menos, publicando las fechas en que tendrán lugar las subastas en la propia página web del juzgado, llegando incluso a permitir pujas on line. Aunque ahora la publicidad en el portal de la AJ potenciará esta publicidad.
Algunos lo habían hecho hasta la fecha mediante la publicación en un portal de internet de carácter privado, existiendo ya alguna resolución que desestima esa publicidad. Así el auto de la sección séptima de la Audiencia Provincial del Valencia de fecha 13/11/ 2002 en el que se dice: el criterio de una amplia y generalizada atención al portal de subastas de Internet, desde luego que no demostrada, y el portal a la postre dependiente de una empresa privada, explotándolo...ha de ser descartado como lugar público de costumbre y más bien de un particular usus fori de ese juzgado..."
Y finalmente, existen Juzgados que la realizan mediante la publicación de los edictos de subasta en el Boletín Oficial Provincial correspondiente, de carácter público, cuya inserción incluso podría conseguirse de oficio atendiendo al interés público, pero que en todo caso su coste no es elevado ya que ronda los 60 euros a cambio de conseguir una mejor publicidad de la subasta, teniendo además en cuenta que ésta era la forma habitual de publicación en la vieja Ley de Enjuiciamiento Civil.
Este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia pueda ampararse legalmente en que es el lugar público de costumbre al que hace referencia el artículo 645 de la Ley (ya que si no es éste es difícil de imaginar otro lugar público de costumbre), toda vez que ha venido haciéndose durante la vigencia de la vieja Ley de Enjuiciamiento Civil y sigue haciéndose en muchos juzgados de determinados partidos judiciales.
La publicación de la fecha de la subasta en el Boletín Oficial de la Provincia, con el fin de dar una mayor publicidad, ha sido igualmente amparada por algún sector jurisprudencial, como el auto de la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Valencia de fecha 13 de noviembre de 2002 que dispone: "...Con arreglo a cuyas prevenciones, y aunque no exigido legalmente, será "adecuado a la naturaleza del bien aquí apremiable", y presuntamente "inmueble", el que se publicase - y como se acordó- un edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, con inserción también "en el lugar público" correspondiente (tablón de anuncios) del Juzgado...".
De todos modos al ser la resolución que acuerda el Juzgado no susceptible de recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 562 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, éste es, en definitiva, quien determinará el régimen de publicidad de la subasta.
Por otro lado, el art. 646 LEC introducido por la ley 19/2015 señala para potenciar esta publicidad que: