La legislación vigente parte, como no podría ser de otra forma, del derecho a la propiedad privada de la tierra, aunque estableciendo límites en orden al objetivo económico de una mayor productividad y el objetivo de índole social para conseguir mejores condiciones de vida en el ámbito rural, no sólo en relación a los propietarios de la misma sino también al colectivo rural, y a su vez, en la vertiente positiva, estableciendo el deber de colaboración de la Administración (en su triple vertiente de estatal, autonómica y municipal).
La regulación positiva se sintetiza en el Decreto 118/1973 por el que se aprueba la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, cuya ejecución se confía, en lo que respecta a la Administración estatal, al organismo autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura, el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario.
En el artículo 1 de la citada ley se establece el principio, más económico que social, que el suelo rústico deberá de ser utilizado en la forma que mejor corresponda a su naturaleza, con subordinación a las necesidades de la comunidad nacional. Y como corolario de este principio, en su artículo 2 se establece que en cumplimiento de la función social de la propiedad de fincas rústicas, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada de su titular, obligará: a) a su explotación con los criterios técnicos y económicos más apropiados según su destino, atendiendo en todo caso al interés general; b) a efectuar en su aprovechamiento las transformaciones y mejoras necesarias para su adecuada explotación, siempre que las inversiones necesarias sean rentables desde un punto de vista económico y social, y c) que las condiciones de trabajo sean las adecuadas y dignas, efectuando las inversiones necesarias de carácter social.
En la Constitución Española se establece la norma general de que los poderes públicos atenderán la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura (artículo 130.1 Constitución Española).
La Ley de 16 de noviembre de 1979 sobre fincas manifiestamente mejorables, contempla los supuestos en que se produzca un incumplimiento de la función social de la propiedad, al calificar como tal una finca, lo que conlleva la declaración de interés social que prevé la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, respecto de la expropiación forzosa de la finca.
Con posterioridad, y con el fin de adaptar la normativa agraria al Derecho comunitario, se dicta la Ley de modernización de explotaciones agrarias de 4 de julio de 1995, que deroga algunos artículos y modifica otros de la Ley de Reforma y Desarrollo agrario.
En cuanto a los arrendamientos rústicos, cabe destacar la Ley 26/2005, de 30 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos.
La incidencia del Derecho Comunitario sobre la propiedad rústica hace que exista una legislación comunitaria abundante al respecto, con su incidencia tanto en la regulación estatal y autonómica.