Pieza de convicción

I. Concepto

La pieza de convicción puede ser definida como el conjunto de armas, instrumentos o efectos de cualquier clase que puedan tener relación con el delito, y se hallen en el lugar en que éste se cometió, o en sus inmediaciones, o en poder del reo, o en otra parte conocida siendo la misma intervenida por el Juzgado a disposición del procedimiento judicial.

Por otro lado la Ley de Enjuiciamiento Criminal denomina las piezas de convicción "efectos del delito" y las conceptúa en su artículo 367 bis LECrim como: Tendrán la consideración de efectos judiciales, en el orden penal, todos aquellos bienes puestos a disposición judicial, embargados, incautados o aprehendidos en el curso de un procedimiento penal.

Las piezas de convicción vienen reguladas esencialmente en los artículos 334 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Las mismas en muchas ocasiones son tratadas a la vez que las diligencias sobre el cuerpo del delito.

Se entienden por diligencias sobre el cuerpo del delito aquel conjunto de actuaciones cuya finalidad es la de asegurar el futuro juicio mediante dos tipos de actuaciones: la recogida de aquellos elementos materiales que tienen relación con el delito y la descripción del lugar, cosas o personas relacionadas con el delito.

Se tratan de diligencias muy importantes ya que, por su propia naturaleza son irrepetibles; las cosas pueden experimentar alteraciones naturales o incluso ser manipuladas, siendo esencial, por tanto, conocer el estado de las mismas en el momento y lugar en que tuvo lugar el hecho delictivo investigado.

II. Diligencias sobre el cuerpo del delito

Contempla la Ley de Enjuiciamiento Criminal como diligencias que recaen sobre el cuerpo del delito las siguientes:

1. Recogida de los instrumentos con los que se cometió el delito

Se trata de la recogida de los instrumentos que se hallen tanto en el lugar de los hechos, cuanto en otro lugar (artículo 334 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), así como la expresión de todas las circunstancias que acerca de su situación sean útiles, en concreto, en cuanto a su incautación y posterior restitución. Estos elementos, y por cuanto han de surtir efectos en el juicio oral, deben ser conservados.

Así el artículo 338 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone, sin perjuicio de lo establecido en el capítulo II bis del presente título, que los instrumentos, armas y efectos a que se refiere el artículo 334 se recogerán del tal forma que garantice su integridad y el Juez acordará su retención, conservación o envío al organismo adecuado para su depósito.

El capítulo II bis, fue introducido por la Ley 18/2006 de 5 de junio que conforme a su artículo primero tiene por objeto regular el procedimiento que deben seguir las autoridades judiciales españolas para transmitir, a las autoridades correspondientes de los demás Estados miembros de la Unión Europea, una resolución en la que se acuerde el embargo de bienes o una medida de aseguramiento de pruebas, adoptada en el curso de un procedimiento penal, cuando los bienes de que se trate se encuentren en el territorio de aquellos.

Se regula, asimismo, en esta ley la actuación que habrá de desarrollarse por parte de las autoridades judiciales españolas cuando reciban una resolución de embargo o de aseguramiento de pruebas emitida por una autoridad judicial de otro Estado miembro de la Unión Europea, en el curso de un procedimiento penal, para su reconocimiento y ejecución sobre bienes que se encuentren en territorio español.

A los efectos de esta Ley, se entenderá por "autoridad judicial de emisión" la autoridad judicial del Estado miembro que sea competente para acordar las medidas a las que se refiere esta Ley en virtud del derecho de ese Estado.

Asimismo, se entenderá por "autoridad judicial de ejecución" la autoridad judicial del Estado miembro en cuyo territorio se encuentre el bien o documento que sea competente para ejecutar las medidas a las que se refiere esta Ley en virtud del derecho de ese Estado.

La destrucción de las piezas de convicción vienen reguladas esencialmente en el artículo 367 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dispone en su apartado primero: "Podrá decretarse la destrucción, dejando muestras suficientes, cuando resultare necesaria o conveniente por la propia naturaleza de los efectos intervenidos o por el peligro real o potencial que comporte su almacenamiento o custodia, previa audiencia al Ministerio Fiscal y al propietario, si fuere conocido, o a la persona en cuyo poder fueron hallados los efectos cuya destrucción se pretende. Cuando se trate de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, el Juez instructor, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes, ordenará su inmediata destrucción conservando muestras suficientes de dichas sustancias para garantizar ulteriores comprobaciones o investigaciones, todo ello sin perjuicio de que, de forma motivada, el órgano judicial considere necesario la conservación de la totalidad. Lo conservado estará siempre bajo la custodia del Secretario Judicial competente".

Acuerda en su apartado segundo: "En todo caso, el Secretario judicial extenderá la oportuna diligencia y, si se hubiera acordado la destrucción, deberá quedar constancia en los autos de la naturaleza, calidad, cantidad, peso y medida de los efectos destruidos. Si no hubiese tasación anterior, también se dejará constancia de su valor cuando su fijación fuere imposible después de la destrucción".

Dispone el apartado tercero: "Lo dispuesto en los dos apartados anteriores será también aplicable a los efectos intervenidos en relación con la comisión de delitos contra la propiedad intelectual e industrial, una vez que tales efectos hayan sido examinados pericialmente".

Y por último regula el último apartado "Si los objetos no pudieren, por su naturaleza, conservarse en su forma primitiva, el Juez resolverá lo que estime conveniente para conservarlos del mejor modo posible".

Hay que tener en cuenta que lo regulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal conforme prevé el artículo 367 sexies LECrim lo es sin perjuicio de lo que se establezca en normas especiales, particularmente en lo previsto por el artículo 374 del Código Penal y por la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados y en su normativa de desarrollo.

Recordar que este art. 374 CP ha sido modificado por la L.O. 1/2015 de 30 de Marzo a tenor del cual se modifica el artículo 374, que queda redactado como sigue: «En los delitos previstos en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 301 y en los artículos 368 a 372, además de las penas que corresponda imponer por el delito cometido, serán objeto de decomiso las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, los equipos, materiales y sustancias a que se refiere el artículo 371, así como los bienes, medios, instrumentos y ganancias con sujeción a lo dispuesto en los artículos 127 a 128 y a las siguientes normas especiales: 1.ª Una vez firme la sentencia, se procederá a la destrucción de las muestras que se hubieran apartado, o a la destrucción de la totalidad de lo incautado, en el caso de que el órgano judicial competente hubiera ordenado su conservación. 2.ª Los bienes, medios, instrumentos y ganancias definitivamente decomisados por sentencia, que no podrán ser aplicados a la satisfacción de las responsabilidades civiles derivadas del delito ni de las costas procesales, serán adjudicados íntegramente al Estado.»

Recoge la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal la posibilidad de realizar las propias piezas de convicción.

Podrán realizarse los efectos judiciales de lícito comercio, sin esperar al pronunciamiento o firmeza del fallo, y siempre que no se trate de piezas de convicción o que deban quedar a expensas del procedimiento, en cualquiera de los casos siguientes:

• a) Cuando sean perecederos.
• b) Cuando su propietario haga expreso abandono de ellos.
• c) Cuando los gastos de conservación y depósito sean superiores al valor del objeto en sí.
• d) Cuando su conservación pueda resultar peligrosa para la salud o seguridad pública, o pueda dar lugar a una disminución importante de su valor, o pueda afectar gravemente a su uso y funcionamiento habituales.
• e) Cuando se trate de efectos que, sin sufrir deterioro material, se deprecien sustancialmente por el transcurso del tiempo.
• f) Cuando, debidamente requerido el propietario sobre el destino del efecto judicial, no haga manifestación alguna.

En el supuesto en que estemos en algunos de los casos antes relacionados, el Juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de las partes, y previa audiencia del interesado, podrá acordar la realización de los efectos judiciales. Cuando se solicite la realización a instancia del Ministerio Fiscal o del Abogado del Estado, el Juez deberá acordarla, salvo que aprecie motivadamente que la petición es infundada o que, de acceder a ella, se causarán perjuicios irreparables.

Sin embargo si el bien de que se trate esté embargado en ejecución de un acuerdo adoptado por una autoridad judicial extranjera en aplicación de la Ley para la eficacia en la Unión Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en procedimientos penales, su realización no podrá llevarse a cabo sin obtener previamente la autorización de la autoridad judicial extranjera.

La venta de las piezas de convicción podrá realizarse mediante la entrega a entidades sin ánimo de lucro o a las Administraciones públicas, o bien mediante la realización por medio de persona o entidad especializada, o mediante la subasta pública.

También podrá entregarse el efecto judicial a entidades sin ánimo de lucro o a las Administraciones públicas cuando sea de ínfimo valor o se prevea que la realización por medio de persona o entidad especializada o por medio de subasta pública será antieconómica.

La realización por medio de entidad o persona especializada o mediante subasta pública se podrá llevar a cabo en todos los demás supuestos y se efectuará conforme a las normas que sobre esta materia se contienen en la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante lo anterior, previamente a acordarla se recabará el informe del Ministerio Fiscal y de los interesados.

El producto de la venta se ingresará en la cuenta de consignaciones del Juzgado o Tribunal y quedará afecto al pago de las responsabilidades civiles y costas que se declaren, en su caso, en el procedimiento, una vez deducidos los gastos de cualquier naturaleza que se hayan producido.

En el caso de venta de un bien embargado por orden de una autoridad judicial extranjera, el producto, una vez deducidos los gastos de cualquier naturaleza que se hayan producido, se ingresará igualmente en la cuenta de consignaciones del Juzgado y quedará a su disposición, circunstancia que le será comunicada sin dilación.

La persona afectada por la incautación podrá recurrir en cualquier momento la medida ante el Juez de Instrucción. Este recurso no requerirá de la intervención de abogado cuando sea presentado por terceras personas diferentes del imputado. El recurso se entenderá interpuesto cuando la persona afectada por la medida o un familiar suyo mayor de edad hubieran expresado su disconformidad en el momento de la misma.

Los efectos que pertenecieran a la víctima del delito serán restituidos inmediatamente a la misma, salvo que excepcionalmente debieran ser conservados como medio de prueba o para la práctica de otras diligencias, y sin perjuicio de su restitución tan pronto resulte posible. Los efectos serán también restituidos inmediatamente cuando deban ser conservados como medio de prueba o para la práctica de otras diligencias, pero su conservación pueda garantizarse imponiendo al propietario el deber de mantenerlos a disposición del Juez o Tribunal. La víctima podrá, en todo caso, recurrir esta decisión conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior.

En cuanto a la conservación de las piezas de convicción sería necesario una mayor y mejor regulación y creación en los distintos partidos judiciales como fue regulado por el Real Decreto 2783/1976, de 15 de octubre, sobre conservación y destino de piezas de convicción en los Decanatos del Madrid y Barcelona, disponiendo su artículo primero: "En los Decanatos de los Juzgados de Primera instancia y los de Instrucción de Madrid y Barcelona, se organizará un Depósito Judicial con el fin de conservar, de modo unificado, los objetos intervenidos en causas criminales los efectos de delito de todos los Juzgados de la capital, dotándose a este servicio de personal auxiliar suficiente. Los distintos Juzgados de Instrucción de las capitales expresadas, remitirán todos los objetos referidos a dicho Depósito Judicial, de cuya oficina recibirán el resguardo correspondiente para su unión a los autos. Se faculta el Ministerio de Justicia, cuando las circunstancias lo hagan necesario o conveniente, para la creación de Depósitos Judiciales en otras capitales de provincia".

Su artículo segundo establece la conservación y destino de los objetos que, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 334 y 338 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal hayan sido intervenidos por los Jueces de Instrucción en las causas sometidas a su disposición. Se regirán por las normas que a continuación se expresan: Los efectos de delito podrán depositarse con carácter provisional, en poder de su propietario, si fuere conocido, con observancia por parte de éste de las obligaciones que establecen el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil para el secuestro judicial. Los que no fueron depositados y los intervenidos se custodiarán en los Depósitos Judiciales que se organizan por este Real Decreto. Concluso el procedimiento a que estén afectos los objetos a que se refiere el número anterior, se les dará el destino que se haya determinado en la sentencia o el que estuviere señalado por la Ley. Los objetos y efectos ocupados al delincuente, que sean de su propiedad distintos de los que se expresan en los apartados a) y b) de la regla siguiente podrán ser objeto de embargo durante el procedimiento para cubrir con su importe el de las responsabilidades pecuniarias derivadas de la causa. Si no existiere norma legal que imponga un destino determinado, ni tampoco se hubiese dispuesto en la sentencia cosa alguna sobre él, se observará las reglas siguientes:

• a) Las piezas de convicción, consistentes en armas blancas, objetos contundentes, ganzúas, llaves falsas y otros objetos semejantes, pasarán al Museo Criminal si tuvieren interés criminológico; en caso contrario se inutilizarán.
• b) Las armas de fuego y los objetos de ilícito comercio que hubieren sido intervenidos, sean propiedad del delincuente o de un tercero, recibirán el destino que determinen los respectivos Reglamentos, según su naturaleza.
• c) Los demás objetos, sin perjuicio de lo establecido en la regla 3, se devolverán a su propietario. Si éste no fuere conocido, se ignore su paradero o no compareciere para hacerse cargo de los mismos después de emplazado al efecto, se procederá en la forma que se prescribe en el artículo 4.

Resaltar asimismo la necesidad de destrucción de las piezas de convicción, reflejado en el taller protocolo para la eliminación de piezas de convicción en Andalucía.

En dicho protocolo se regulan dos procedimientos: el primero trata de la destrucción de los objetos depositados en el Deposito Judicial, en un servicio común, y por tanto los efectos están debidamente identificados y relacionados en los expedientes del depósito, con lo que el procedimiento consiste en dar traslado al Letrado de la Administración de justicia correspondiente de las relaciones de objetos para que por el Órgano Judicial se manifieste en el plazo de 30 días sobre la procedencia o no de la destrucción, con la advertencia de que transcurrido el plazo sin hacer manifestación alguna procederá la destrucción.

El segundo procedimiento trata de la destrucción de objetos no identificados y de los que no existe relación alguna y se encuentran dispersos en diferentes sedes y de distintos órganos jurisdiccionales, con lo que el procedimiento a seguir es diferente ya que hay que confeccionar las relaciones, estas pueden hacerse: por el personal del Juzgado Decano, o un sistema mixto, un funcionario del Decanato y otro del juzgado interesado, o por los auxiliadores del propio Órgano Judicial interesado en deshacerse de tanto trasto acumulado. No obstante es una cuestión a tratar en cada caso. Además en este supuesto, el Letrado de la Administración de justicia deberá poner a disposición del personal designado las llaves del sitio donde se encuentren los objetos almacenados.

Los trámites a seguir serían:

• a) Informe del Secretario Coordinador sobre los motivos para proceder a la destrucción generalizada.
• b) Acuerdo de la Autoridad Judicial dando un plazo de 30 días al juzgado depositante y conteniendo los extremos de la destrucción que posteriormente ha de acordar.
• c) Notificación del Acuerdo a las respectivas Autoridades (Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Presidente de la Audiencia Provincial, Fiscal Jefe, Secretario de Gobierno, Delegación Provincial y Administrador del Boletín Oficial de la Provincia para publicación de edictos.)
• d) Notificación a los Letrados de la Administración de justicia, acompañando relación para que en plazo de 30 días, el órgano judicial manifieste sobre la procedencia o no de la destrucción, con la advertencia que transcurrido más de un mes sin hacer manifestación alguna, se le tendrá por conforme.
• e) Adjuntar al expediente el Acuerdo adoptado en Sala de Gobierno.
• f) Adjuntar la publicación del edicto del Boletín Oficial de la Provincia a fin de dar publicidad para que cualquier interesado, parte o perjudicado en procedimiento penal, manifieste lo que tenga por conveniente.
• g) Informe pericial donde conste que los objetos carecen de valor económico.
• h) Traslado de expediente al Ministerio Fiscal, para trámite de audiencia.
• i) Pronunciamiento de la Autoridad Judicial una vez comprobado el transcurso del plazo de un mes a partir de su publicación, sin que conste manifestación en contra, acordando la destrucción masiva de los objetos.
• j) Traslado a la Delegación Provincial para que facilite los medios necesarios a fin de proceder a la destrucción de los objetos.

En la L.O. 1/2015 de 30 de Marzo de reforma del Código Penal se ha modificado el apartado 3 del art. 367 Lecrim que señala que: "en relación con la comisión de delitos contra la propiedad intelectual e industrial. Podrá igualmente procederse a su destrucción anticipada una vez que tales efectos hayan sido examinados pericialmente, asegurando la conservación de las muestras que resulten necesarias para garantizar ulteriores comprobaciones o investigaciones, salvo que la autoridad judicial acuerde mediante resolución motivada su conservación íntegra en el plazo de un mes desde la solicitud de destrucción.".

Además, se modifican los apartados 2 y 3 del art. 367 quater con respecto a la destrucción de objetos en el sentido de que:

2. Cuando concurra alguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, el juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, de las partes o de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, y previa audiencia del interesado, acordará la realización de los efectos judiciales, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Esté pendiente de resolución el recurso interpuesto por el interesado contra el embargo o decomiso de los bienes o efectos. b) La medida pueda resultar desproporcionada, a la vista de los efectos que pudiera suponer para el interesado y, especialmente, de la mayor o menor relevancia de los indicios en que se hubiera fundado la resolución cautelar de decomiso. 3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando el bien de que se trate esté embargado en ejecución de un acuerdo adoptado por una autoridad judicial extranjera en aplicación de la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, su realización no podrá llevarse a cabo sin obtener previamente la autorización de la autoridad judicial extranjera.

En cuanto a la forma de la realización del bien en el apartado 3 del artículo 367 quinquies se apunta que: «3. La realización de los efectos judiciales se llevará a cabo conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente. No obstante lo anterior, previamente a acordarla se concederá audiencia al Ministerio Fiscal y a los interesados. El producto de la realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias se aplicará a los gastos que se hubieran causado en la conservación de los bienes y en el procedimiento de realización de los mismos, y la parte sobrante se ingresará en la cuenta de consignaciones del juzgado o tribunal, quedando afecta al pago de las responsabilidades civiles y costas que se declaren, en su caso, en el procedimiento. También podrá asignarse total o parcialmente de manera definitiva, en los términos y por el procedimiento que reglamentariamente se establezcan, a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y a los órganos del Ministerio Fiscal encargados de la represión de las actividades de las organizaciones criminales. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto para el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. En el caso de realización de un bien embargado o decomisado por orden de una autoridad judicial extranjera se aplicará lo dispuesto en la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.

2. Descripción de la situación en que se halla el sujeto pasivo del delito o las cosas

Es la descripción de la situación en que se encuentra el sujeto pasivo del delito o las cosas en que el delito ha recaído, incluyendo el el correspondiente informe médico si es preciso.

Así el artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece: "Siendo habida la persona o cosa objeto del delito, el Juez instructor describirá detalladamente su estado y circunstancias y, especialmente, todas las que tuviesen relación con el hecho punible. Si por tratarse de delito de falsificación cometida en documentos o efectos existentes en dependencias del Estado hubiere imprescindible necesidad de tenerlos a la vista para su reconocimiento pericial y examen por parte del Juez o Tribunal, se reclamarán a las correspondientes Autoridades, sin perjuicio de devolverlos a los respectivos Centros oficiales después de terminada la causa."

3. Realización de la autopsia o realización de análisis químicos

La autopsia tendrá lugar en caso de muerte violenta.

El artículo 363 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone: "Los Juzgados y Tribunales ordenarán la práctica de los análisis químicos únicamente en los casos en que se consideren absolutamente indispensables para la necesaria investigación judicial y la recta administración de justicia.

Siempre que concurran acreditadas razones que lo justifiquen, el Juez de Instrucción podrá acordar, en resolución motivada, la obtención de muestras biológicas del sospechoso que resulten indispensables para la determinación de su perfil de ADN. A tal fin, podrá decidir la práctica de aquellos actos de inspección, reconocimiento o intervención corporal que resulten adecuados a los principios de proporcionalidad y razonabilidad."

En el tema de los perfiles genéticos resulta importante la L.O.1/2015 de 30 de Marzo de reforma del Código Penal, ya que la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, dispone que se inscribirán en la base de datos policial los datos identificativos extraídos a partir del ADN de muestras o fluidos que, en el marco de una investigación criminal, hubieran sido hallados u obtenidos a partir del análisis de las muestras biológicas del sospechoso, detenido o imputado. Por ello, actualmente solo son inscritos en España los perfiles genéticos de los sospechosos, detenidos o imputados por determinados delitos, y ello no garantiza que accedan a la base de datos los perfiles de quienes resulten condenados por delitos de especial gravedad. Lo que se propone en la reforma del CP es prever, en los supuestos de delitos graves contra la vida, la integridad física, la libertad o la libertad o indemnidad sexual, cuando además se confirma por el tribunal la existencia de un riesgo relevante de reiteración delictiva, la anotación de los perfiles genéticos de condenados en la base de datos policial.

La regulación incluida en el Código Penal incluye ese doble requisito (comisión de un delito grave contra la vida, integridad física o libertad sexual, y riesgo de reiteración delictiva), conforme a las exigencias derivadas de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esta materia. Por tanto, mediante la incorporación dentro del Título VI que regula las consecuencias accesorias de un nuevo artículo 129 bis, se da cumplimiento a lo previsto en el Convenio de Lanzarote, y se aproxima nuestra legislación a la de los países de nuestro entorno.

A tal efecto, en la L.O. 1/2015 se añade un nuevo artículo 129 bis con la siguiente redacción: «Si se trata de condenados por la comisión de un delito grave contra la vida, la integridad de las personas, la libertad, la libertad o indemnidad sexual, de terrorismo, o cualquier otro delito grave que conlleve un riesgo grave para la vida, la salud o la integridad física de las personas, cuando de las circunstancias del hecho, antecedentes, valoración de su personalidad, o de otra información disponible pueda valorarse que existe un peligro relevante de reiteración delictiva, el juez o tribunal podrá acordar la toma de muestras biológicas de su persona y la realización de análisis para la obtención de identificadores de ADN e inscripción de los mismos en la base de datos policial. Únicamente podrán llevarse a cabo los análisis necesarios para obtener los identificadores que proporcionen, exclusivamente, información genética reveladora de la identidad de la persona y de su sexo. Si el afectado se opusiera a la recogida de las muestras, podrá imponerse su ejecución forzosa mediante el recurso a las medidas coactivas mínimas indispensables para su ejecución, que deberán ser en todo caso proporcionadas a las circunstancias del caso y respetuosas con su dignidad.»

4. Diligencias determinantes de la preexistencia de la cosa en caso de delitos contra la propiedad

Así el artículo 364 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que: "En los delitos de robo, hurto, estafa, y en cualquier otro en que deba hacerse constar la preexistencia de las cosas robadas, hurtadas o estafadas, si no hubiere testigos presenciales del hecho, se recibirá información sobre los antecedentes del que se presentare como agraviado, y sobre todas las circunstancias que ofrecieren indicios de hallarse éste poseyendo aquéllas al tiempo en que resulte cometido el delito."

5. Reconocimiento judicial

El Juez de Instrucción podrá ordenar y practicar el reconocimiento judicial en los términos previstos en los artículos 326 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

6. Cooperación internacional en el envío de objetos como piezas de convicción

En el caso de que por cualquier circunstancia sea preciso traer las piezas de convicción u objetos relacionados con el material investigado de otro país o viceversa a partir del 2 de julio de 2018 deberá emitirse una orden europea de investigación, regulada en la Directiva 2014/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, transpuesta al ordenamiento español por L 3/2018, de 11 de junio, que modifica el título X de la L 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (arts. 187 a223 L 23/2014, de 20 de noviembre) y viene a sustituir al exhorto europeo de obtención de pruebas.