Irretroactividad

¿Qué es la irretroactividad?

La irretroactividad, concepto propio de la Teoría General del Derecho, íntimamente relacionada con la propia eficacia de las normas, puede ser definida como la imposibilidad de extender los efectos derivados de una ley a las relaciones jurídicas existentes antes de su entrada en vigor.

El mero transcurso del tiempo tiene una influencia decisiva en el Derecho, pues las normas nacen con una vocación de permanencia transitoria, en la medida que el ordenamiento jurídico debe evolucionar para adaptarse y dar respuestas a nuevas situaciones jurídicas antes desconocidas. Los dos momentos transcendentales en la vida de una norma son, precisamente, los de su entrada en vigor (inicio de su vigencia) y su derogación (como fin de la misma).

Obviamente, uno de los principales problemas que se plantean al respecto de la sucesión de leyes que regulan una misma materia, es la cuestión de abordar cómo debe incidir la nueva regulación sobre las situaciones y relaciones jurídicas constituidas con arreglo a la normativa anterior, sobretodo cuando la nueva normativa reconoce o deroga situaciones desconocidas o admitidas anteriormente. A tal fin, tiende el establecimiento del denominado "Derecho transitorio" (o "Derecho intertemporal", según la Doctrina alemana), que, en la necesidad de armonizar ambas regulaciones, regula aspectos tan importantes, por lo que ahora interesa, como la posibilidad de respetar el estado jurídico creado con anterioridad aún cuando sea distinto a la nueva situación jurídica.

En cualquier caso, la retroactividad o irretroactividad no suelen ser absolutas, sino que admiten matizaciones; hablándose, por ejemplo, de una retroactividad débil, o de primer grado, cuando los efectos de la nueva ley se extienden únicamente a los efectos de la relación ya existente que deban nacer bajo el imperio de la misma. Mientras que en la retroactividad fuerte, o de segundo grado, el cambio normativo afecta no sólo a los efectos futuros, que estén por nacer, de estas relaciones, sino también a los efectos ya consolidados. Igualmente, de modo antagónico, la irretroactividad admite la constatación de una eficacia débil, donde la nueva regulación se extienda a los efectos futuros de las relaciones vigentes; además de una irretroactividad plena o fuerte, en donde quedan excluidos plenamente de su ámbito todos los efectos, incluidos los futuros. A este respecto, los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno (incluido el nuestro) no han establecido una previsión única y aplicable de forma inmutable a la generalidad de ámbitos y la diversidad de normas que puede afectar. Pues, tan peligrosa se concibe la implantación de un sistema de exclusiva retroactividad, que supondría la desaparición de toda seguridad jurídica; como de exclusiva irretroactividad, que impediría la necesaria evolución del Derecho.

En principio, el carácter retroactivo o irretroactivo de la nueva normativa dependerá de la expresa declaración que la misma contenga al respecto, más concretamente su Derecho transitorio en cumplimiento de su más genuina función. No obstante, de faltar esta expresa previsión, deberá ser el intérprete (es decir, el Juez o Tribunal) el que deba resolver esta cuestión en atención al espíritu de la ley y a los principios generales del derecho. Y, más concretamente, dentro de estos principios, destacar, fuera de expresas previsiones legalmente establecidas, la consagración en nuestro Derecho del principio general de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales en el artículo 9.3 de la Constitución Española de 1978. Por tanto, las normas que establezcan sanciones desfavorables (ya sean civiles, administrativas o penales, en este mismo sentido se pronuncian los artículos 25 de la Constitución Española y 2 del Código Penal) y las que restrinjan algún derecho, no podrán extender sus efectos a las situaciones existentes antes de su entrada en vigor. Aclarando la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional que, interpretado el citado precepto en sentido contrario, sí admitirían aplicación retroactiva las normas sancionadoras "favorables", entendidas como aquellas que establecen una sanción menor, cuantitativa o cualitativamente.

Tampoco las normas que vengan a reconocer un "derecho individual" se verán afectadas por la regla general de irretroactividad, reconociéndose retroactivamente los nuevos derechos. Igualmente, ha matizado el Tribunal Constitucional que por derechos individuales debe entenderse los comprendidos en el Título I de la Constitución Española de 1978, es decir, los derechos fundamentales (Sentencias de 20 de julio de 1981, 4 de marzo de 1982 o de 4 de febrero de 1983); así como, que lo que prohíbe el artículo 9.3 es la incidencia de la ley nueva en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones anteriores, pero no que se extienda dicha ley nueva a los efectos no consumados(en Sentencia 227/1988, de 29 de noviembre, recurso de inconstitucionalidad). En definitiva, el margen establecido en esta materia a favor del legislador español es realmente amplio, aún bajo las prohibiciones y matizaciones del Tribunal Constitucional; admitiéndose la retroactividad, bajo lógicas limitaciones en aras al necesario principio de seguridad en las relaciones jurídicas, a salvo en cuanto a las normas sancionadoras y, en general, desfavorables.

¿Cómo se regula la retroactividad y la irretroactividad en el Código Civil?

El principio general de irretroactividad, aún consagrado expresamente por nuestra Norma Fundamental, es un principio tradicional que antes de 1978 ya encontraba expresa previsión en nuestro Derecho. En particular establece el artículo 2.3 del Código Civil (que entró en vigor en 1889) que "las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario".

Y ya con anterioridad a la Constitución Española de 1978, el propio Tribunal Supremo se había pronunciado e, incluso, estudiado sus efectos; habiendo declarado que en general las variaciones introducidas por los ordenamientos jurídicos no tienen efecto retroactivo, por ser reiterada doctrina jurisprudencial, sancionada en Sentencias de 21 de enero de 1934, 14 de noviembre de 1958 y 16 de enero de 1963, que las situaciones, creadas al amparo de una norma no pueden ser alteradas sin que el legislador confiera... efectos retroactivos a la disposición derogatoria; y más en cuanto que nuestro Código Civil, en materia de retroactividad irretroactividad de las leyes, de entre las principales teorías... viene inspirado, fundamentalmente, por el criterio del respeto a los derechos adquiridos, con apreciación jurisprudencial uniforme y constante de que: el principio genérico de no retroactividad de la ley se impone incluso a las consecuencias futuras de los hechos anteriores a ellas, de tal modo que la regla de que las leyes no tienen efecto retroactivo, cuando no existe cláusula específica de él, se aplica tanto a la retroactividad de primer grado o débil (que somete a su imperio las relaciones jurídicas nacidas antes, pero no las consecuencias ya consumadas) como a las de segundo grado o fuerte (que modifica o deja sin efecto hasta las consecuencias ya consumadas, de hechos anteriores) salvo las excepciones que se contienen en las especiales reglas de derecho transitorio -como sucede en las reglas primera y cuarta- y en algunos preceptos especialísimos del Código Civil (artículos 1611 y 1939), (en Sentencia de 10 de febrero de 1971, cuya literalidad reproduce la de 28 de abril de 1977).

En este mismo sentido, es doctrina Jurisprudencial (Sentencias de 3 de mayo de 1963 y 7 de mayo de 1968) que nuestro ordenamiento positivo se inspira en el principio "tempus regit actum" o de irretroactividad, en cuya virtud cada relación se disciplina por las normas rectoras al tiempo de su creación, sin que venga permitido alterarla por preceptos ulteriores a menos que ofrezcan inequívoco carácter, como también declara el Derecho histórico (STS (Sala Primera, de lo Civil) de 25 Mayo 1995 Nº rec.72/1992); y, más recientemente, que la vulneración del principio constitucional de seguridad jurídica e irretroactividad ha sido interpretada de forma restrictiva por la doctrina del Tribunal Constitucional, que ha considerado, en la sentencia 27/1981, de 20 de julio, que el artículo 9.3 de la Constitución Española "alude a los derechos fundamentales del Título I", interpretación confirmada por otras sentencias posteriores (Sentencia del Tribunal Constitucional 6/1983, de 4 de febrero, 159/1990, de 4 de octubre y 173/1996, de 31 de octubre), doctrina que resume la Sentencia del Tribunal Constitucional 104/2000, de 13 de abril, en el sentido de que en el artículo 9.3 de la Constitución Española "la restricción de los derechos individuales ha de equipararse a la idea de sanción, por lo cual el límite de dicho artículo hay que considerarlo como referido a las limitaciones introducidas en el ámbito de derechos fundamentales y de las libertades públicas (en Sentencia de 25 de octubre de 2005).

No obstante, siendo la regla general la de la irretroactividad de las normas, incluida la de grado máximo, en el propio Código Civil pueden encontrarse expresas previsiones que matizan tal principio (véanse los ejemplos de los artículos 1611 o 1939 del Código Civil), pero, con carácter especial, en cuanto a alguna de sus propias disposiciones transitorias. Más concretamente, prevé en su disposición transitoria primera el reconocimiento de nuevos derechos creados por el Código, aún cuando el hecho originador se hubiera verificado durante la vigencia de la anterior regulación que lo desconocía, siempre que no perjudique a otro derecho adquirido de igual origen, pues, explica su propia Exposición de Motivos es más digno de respeto el que va a sufrir el daño que el que va a recibir un beneficio gratuito.También, a modo de ejemplo, la disposición transitoria tercera prevé expresamente el efecto retroactivo de las leyes penales más benignas o favorables al reo, en consonancia con el principio general propio del Derecho penal de "in dubio pro reo". Aunque, en ocasiones, es la propia Jurisprudencia la que sienta la retroactividad en ciertas materias, incluso en grado máximo, normalmente en atención a la necesidad de salvaguardar otros intereses superiores o más dignos de protección; por ejemplo, tiene declarado el Tribunal Supremo que toda la materia referida a la determinación, prueba y efectos de la filiación regulados en la citada Ley 11/1981, al resultar favorable para los hijos, viene a concedérsele unos efectos de retroactividad de grado máximo, expresamente sancionada en la disposición transitoria, y perfectamente acomodada al artículo 14 y a los principios constitucionales en la materia (Sentencia de 20 de junio de 1988). Se trata, en definitiva de dar plena virtualidad al principio de igualdad ante la ley sin discriminación alguna por razón del nacimiento, que proclama el artículo 14 de la Constitución, a situaciones anteriores a su entrada en vigor el 29 de diciembre de 1978, por los superiores valores que representa frente a la regulación tradicional que, contenida en el Código Civil, trataba desigualmente a los hijos matrimoniales y extramatrimoniales y que, por estar basados en principios discriminatorios por razón de origen, deben, de hecho, estimarse derogadas por inconstitucionalidad sobrevenida, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Constitución Española.

¿Cómo se regula la irretroactividad en el derecho procesal?

Durante un tiempo, Jurisprudencial y Doctrinalmente, se defendió el carácter retroactivo de las leyes de competencia y de procedimiento, en atención a su naturaleza e interés público; criterio que fue corregido hasta la plena operatividad del principio de irretroactividad al aplicar las normas procesales y, no obstante lo establecido por la disposición transitoria cuarta del Código Civil cuando reconoce la subsistencia de los derechos nacidos y no ejercitados bajo la regulación anterior, aunque sujetándose, en cuanto a su ejercicio, duración y procedimientos para hacerlos valer, a lo dispuesto por el Código. De igual forma, admite expresamente, que estando pendiente el proceso, las partes opten por continuar acogiéndose a la tramitación anterior o bien a la nueva. Se trata, en definitiva, de una retroactividad en grado mínimo que encuentra una finalidad puramente práctica, no teórica, en la medida que sería más perjudicial que beneficioso para las partes el obligarlas imperativamente a comenzar un nuevo procedimiento.

A propósito de esto, despeja toda duda el Tribunal Supremo declarando que la doctrina de esta Sala relativa a la vigencia del principio de irretroactividad de las leyes, especialmente en su versión procesal, vedaría la aplicación de la nueva normativa a los asuntos que en el momento de entrada en vigor de la nueva ley se hallaren ya "sub judice", los cuales han de ser objeto de tramitación y resolución con arreglo, en principio, a las normas, tanto procesales como sustantivas, vigentes en la fecha en que se inició el procedimiento judicial (en Sentencia de 17 de mayo de 1986). En este mismo sentido, se afirma que en cuanto a los procesos pendientes es doctrina mayoritaria que sigan sometidos a la ley en vigor cuando se iniciaron incluidos los recursos, a menos que las partes hicieran uso de la facultad que les concede la disposición transitoria 4 del Código Civil (Sentencia Sala 1ª del Tribunal Supremo, de 8 de abril de 1983); que el principio general de irretroactividad del artículo 2.3 del Código Civil no permite que la excepción de Ley retroactiva llegue a lesionar intereses de particulares protegidos por el ordenamiento jurídico vigente cuando fue causado el perjuicio (Sentencia del Tribunal Supremo Sala 5, de 15 de octubre de 1981); que careciendo la Ley que deroga la normativa anterior del precepto regulador del grado de retroactividad, ha de estarse a la regla general de irretroactividad, que alcanza también a las normas procesales, de manera que el proceso, unitariamente considerado, debe regirse por la Ley vigente en el momento de su iniciación (Sentencia del Tribunal Supremo Sala 4, de 20 de febrero de 1982); que el principio de irretroactividad del artículo 2 del Código Civil es aplicable a las normas procesales, siempre que se trate de procesos concluidos o simplemente iniciados antes de la entrada en vigor de la nueva Ley (Sentencia del Tribunal Supremo Sala 4ª, de 31 de mayo de 1983); que los deseos de certeza y seguridad jurídica y respeto a los derechos adquiridos y a las situaciones jurídicas beneficiosas asientan el principio, básico en el ordenamiento español, de irretroactividad de las leyes, plasmado en el artículo 9 de la Constitución y 2.3 del Código Civil (Sentencia de 24 de octubre de 1988).