Si las relaciones contractuales surgen por la expresión del consentimiento de los interesados, en el objetivo de traducir en actos y realidades lo convenido, puede suceder que se aparte su puesta en práctica respecto de lo estipulado, de ahí que el Código Civil, de manera previsora, disponga en su artículo 1285 que los contratos, desde su perfección, no sólo obligan al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas sus consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la Ley.
La interpretación contractual corresponde a la función del Juzgador de Instancia cuya conclusión ha de prevalecer sobre la de parte a no ser que la misma se revele contraria a derecho, errónea, absurda o ilógica conforme al contenido contractual. La analogía es una de las herramientas interpretativas que la ley otorga a un juez para superar las posibles lagunas jurídicas, aplicando una norma a un supuesto de hecho distinto del que contempla, basándose en la similitud entre ambos supuestos.
La Exposición de Motivos del Decreto 1836/1974 de 31 de mayo que aprobó el Texto Articulado del Título Preliminar del Código Civil, refiriéndose a la analogía dice que: "no presupone la falta absoluta de una norma, sino la no previsión por la misma de un supuesto determinado, defecto o insuficiencia que se salva si la razón derivada del fundamento de la norma y de los supuestos expresamente configurados es extensible, por consideraciones de identidad o de similitud al supuesto no previsto"; se condiciona así la aplicación del método analógico a la existencia de una verdadera laguna legal y a la similitud jurídica esencial entre el caso que se pretende resolver y el ya regulado, debiendo acudirse para resolver el problema al fundamento de la norma y al de los supuestos configurados.
La actual redacción del Título Preliminar del Código Civil reconoce expresamente la analogía como método de integración, al fijar el artículo 4.1 de dicho texto legal, que: “procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón”. Con dicho precepto el legislador ha extendido el ámbito conceptual de la analogía, la doctrina parece de acuerdo en considerar que abre la puerta a la analogia legis, lo que no excluye la analogia iuris, que, implícita en los Principios Generales del Derecho, opera como directa fuente del Derecho e informadora del ordenamiento.
Para proceder a realizar una aplicación analógica, deben reunirse según el artículo 4.1 del Código Civil tres requisitos, a saber:
- 1. En primer lugar, que las normas no contemplen un supuesto específico para el caso que nos ocupa. La analogía, a la que se refiere el legislador español en el artículo 4 de nuestro Código Civil, significa regular una determinada materia por Ley que en realidad regula otra distinta, por ello la analogía no puede surgir sino como regulación supletoria a falta de regulación explícita que además de la legal es la de los pactos que establecen las partes.
- 2. Seguidamente, que la normativa jurídica contemple, no obstante, otro semejante. No es menester que la analogía la haya autorizado el legislador, sino que, por ser instrumento lógico, basta con que no la haya prohibido expresamente.
- 3. Y, por último, que necesariamente exista, entre ambos supuestos, identidad de razón. La aplicación analógica de un precepto a un supuesto de hecho no regulado en el mismo, requiere inexcusablemente que entre el no regulado y aquel que contempla la norma exista una "semejanza" o "identidad de razón".