Interdictos

¿Qué es un interdicto?

La esencia de la protección posesoria y de su carácter provisional y cautelar debe de buscarse en el principio de la interdicción y prohibición de la violencia. La tutela de la posesión está relacionada con el mantenimiento del orden establecido, con la necesidad de la quietud social y con la prohibición de que un estado de hecho pueda ser destruido por la acción directa que modifique el orden preexistente y realizando la justicia por su mano en vez de solicitar la protección jurisdiccional. Como indica de Castro Fernández en el proceso interdictal se trata de salvaguardar la paz jurídica y en el proceso declarativo se busca la paz justa. Esa defensa de la situación preexistente y la prohibición de la acción directa se recoge en el artículo 441 del Código Civil al afirmar que en ningún caso puede adquirirse violentamente la posesión mientras exista un poseedor que se oponga a ello, pues como dice el artículo 446 del Código Civil"todo poseedor tiene derecho a ser respetado en la posesión".

La legislación procesal recoge y atribuye al proceso civil verbal cuatro clases de acciones interdictales que refiere en el artículo 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que desarrolla en alguna de sus especialidades en los artículos referentes a la admisión de la demanda y a la tramitación del proceso verbal interdictal. Estas acciones interdictales son: petición de que se pongan en posesión bienes de la herencia, pretensión de la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o de un derecho que haya sido objeto de despojo o de perturbación (con el subtipo introducido por la ley 5/2018 en el art. 250.1.4º LEC para la recuperación de la posesión de viviendas ocupadas ilegalmente), pretensión de suspensión de una obra nueva y pretensión de demolición o derribo de una obra edificio, árbol, columna o cualquier otro objeto análogo en estado de ruina y que amenace con causar daños.

¿En qué consiste la tutela sumaria de la posesión?

Las denominadas tradicionalmente acciones interdictales (Interdictos), o con la redacción del artículo 250.1.4 LEC: "los juicios verbales sobre tutela sumaria de la tenencia o posesión de una cosa o de un derecho", son procedimientos sumarios destinados a proteger la posesión actual como hecho de la posesión o tenencia frente a quienes realizan actos de despojo o de perturbación contra quien tiene el legítimo disfrute. Es decir, se protege una situación de hecho, cualquiera que fuera su origen o naturaleza, contra el despojo consumado en daño del poseedor que, tutelando una apariencia jurídica, intenta restaurar la situación primitiva, modificada arbitraria o unilateralmente por quien ejecuta el despojo o la perturbación, tomándose la justicia por su mano, sin acudir a la vía establecida por el Derecho. Tales procesos posesorios, al igual que los antiguos interdictos con el mismo objeto, se basan en la prohibición de vías de hecho contra el poseedor que consagran los artículos 441 y 446 del Código Civil.

1. Con carácter general pueden sistematizarse los siguientes requisitos de la acción interdictal:

• a) Acreditación por el actor de la posesión jurídica o mera tenencia de la cosa de la que afirma haber sido despojado.
• b) La realidad del despojo que debe de estar presidida pro un "animus spoliandi" derivado de hechos materiales conducentes a la privación del goce de la cosa poseída.
• c) Plena y exacta identificación y delimitación del ámbito material de lo poseído y la extensión de la afectación a la posesión.
• d) Prueba del despojo por la parte promotora del interdicto.
• e) La interposición de la demanda en el plazo de un año desde la actuación perturbadora.

2. En la actualidad es pacífica la doctrina que incluye en el objeto de la protección interdictal tanto las cosas como los derechos, si bien éstos se centran o limitan a los derechos susceptibles de apropiación, porque la razón de ser de la posesión de los derechos no descansa tanto en la naturaleza de los mismos, sino, y sobre todo, en su proyección sobre las cosas, y es esta proyección, el concreto ejercicio en cuanto situación de hecho, lo que resulta protegible, y por lo tanto lo que puede ser objeto de tutela.

3. Uno de los supuestos más relevantes en materia de protección posesoria se refiere a la protección de las situaciones de paso discontinuo. La acción interdictal puede tutelar el simple hecho de pasar, o sea, el ejercicio, manifestación o exteriorización de aquél derecho de paso. Cualquiera que sea la naturaleza del derecho sobre el que recae la posesión, el bien efectivamente poseíble y poseído es susceptible de la protección posesoria, protegiéndose por este proceso de tutela sumaria de la tenencia o de la posesión, no sólo las servidumbres de paso, sino también el simple hecho de venir pasando por determinado lugar aún cuando no se invoque un concreto derecho como fundamento del paso.

Finalmente, como un intento de dar respuesta al denominado fenómeno "okupa", la reforma de la Ley 5/2018 introduce un nuevo cauce procesal, una variante o subtipo del juicio verbal posesorio previsto en el art. 250.1.4º LEC (el que tiene por objeto la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas) si bien con un ámbito de aplicación más concreto: la recuperación de la posesión de determinados inmuebles –los que constituyan vivienda o una parte de ella-, que corresponde a personas físicas y entidades públicas con competencias en materia de viviendas sociales, que han sido ocupadas ilegalmente.

¿Cómo es el proceso posesorio de suspensión de una obra nueva?

El interdicto de obra nueva a que se refiere el artículo 250.1.5 LEC, es un procedimiento declarativo, especial y sumario, que tiene por objeto proteger la propiedad, la posesión o cualesquiera otros derechos reales perturbados por efecto de una obra en construcción y todo ello mediante la suspensión de la misma. Tiene pues tal remedio procesal la finalidad de evitar daños irremediables que mediante una construcción pudieran producirse, pero en modo alguno la destrucción de lo ya construido, salvo claro está aquello que, vulnerando el apercibimiento oportunamente realizado, infrinja lo acordado.

Requisitos imprescindibles para que prospere la acción

Estos son los siguientes:

• a) La existencia de una obra nueva, entendiendo tal concepto en el sentido más amplio posible, esto es, no sólo aquella que se hiciera enteramente de nueva planta, sino también la que se verifica sobre edificio antiguo añadiéndole, quitándole o dándole una forma distinta susceptible de causar perjuicio; y no únicamente es obra la resultante del empleo de materiales con adherencia fija al suelo, sino también la que emplea elementos transportables o piezas desarmables sin detrimento del conjunto, así como no sólo el trabajo del que resulta lo que vulgarmente se entiende por edificación sino también los consistentes en excavaciones o perforaciones o aun demoliciones.
• b) Que dicha obra esté en construcción puesto que si ya está terminada nada se va a obtener con el interdicto interpuesto pues su finalidad carecería de sentido práctico alguno.
• c) Que la obra cause perjuicio o perturbación al poseedor, propietario o titular de un derecho real sobre inmuebles, y es por ello que esta vía procesal va más allá de un carácter posesorio.
• d) Exige así mismo una relación de causalidad, esto es, que entre la obra y la perturbación pueda establecerse una relación que nos permita afirmar que la segunda es consecuencia de la primera.

¿Cómo se interpone un interdicto contra la Administración?

Hasta hace muy poco el vigente ordenamiento jurídico español ha venido prohibiendo la utilización de los interdictos contra la Administración. Así lo ha manifestado el tenor literal de los artículos 38 del Texto Refundido de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y 103 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958. Sin embargo, dichos textos legales, el artículo 125 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y posteriormente el artículo 101 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (cuya redacción se mantiene en el artículo 105 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas), aunque partían de la prohibición en general del uso de los interdictos contra la Administración, permitían, como excepción, la utilización de dicha vía ante la jurisdicción civil en aquellos supuestos en los que la misma había incurrido en vía de hecho.

Tal regulación respondía a una tradición jurídica española que derivaba, a su vez, de la legislación revolucionaria francesa, donde el control de la legalidad del actuar de la Administración se encomendaba, como regla general, a órganos administrativos, aunque actuando en forma contenciosa; así, en la legislación francesa, la jurisdicción civil no podía conocer de asuntos administrativos, bajo la idea de que controlar la Administración era administrar y ello atentaba contra el dogma de la división de poderes, como se recogió en la Ley de 16-24 de agosto de 1790. Sin embargo, esa prohibición se excepcionaba en los casos de "voie de fuit", esto es, cuando la Administración actuaba de forma flagrantemente ilegal, lo que justificaba la pérdida del privilegio de ser enjuiciada por los propios órganos administrativos de control. Por lo tanto, lo que justificaba históricamente la excepción de prohibición de los interdictos contra la Administración era, precisamente, la existencia de la vía de hecho, en cuyo caso la jurisdicción civil era competente de acuerdo con los preceptos legales antes citados, de enjuiciar a la Administración.

Sin embargo, esta regulación legal ha venido a alterarse no tanto, aunque también, por la publicación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuanto por la de la Ley Orgánica 6/1998 de 13 de julio, de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Efectivamente dicha modificación sigue la estela, entre otras, de las Sentencias del Tribunal Constitucional de 224/1993, de 1 de julio de 1993 y 254/1994, de 21 de septiembre, que obliga, de acuerdo con el artículo 122 de la Constitución Española, a adoptar la forma de Ley Orgánica a aquellos Textos Legales que alteren la atribución de competencia entre las diversas jurisdicciones conforme a lo recogido en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y dicha Ley Orgánica 6/1998 de 13 de julio, junto con la ley Orgánica 19/2003 de 23 de diciembre, al dar nueva redacción al artículo 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha atribuido a la jurisdicción contenciosa conocer "de los recursos contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyen vía de hecho". Por lo tanto, y frente a la regulación legal anterior en que el conocimiento de las actuaciones judiciales contra las vías de hecho de la Administración podían ser atribuidas a la jurisdicción ordinaria, es lo cierto que hoy en día se atribuye dicho conocimiento a la jurisdicción contencioso-administrativa.

¿Qué es la actuación interdictal contra una obra ruinosa?

La tradicionalmente denominada acción interdictal de obra ruinosa esta regulada en el artículo 250.1.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y tiene por objeto la pretensión de que el tribunal resuelva con carácter sumario la demolición o derribo de una obra un edificio, un árbol columna o cualquier objeto análogo en estado de ruina y que amenace con causar daños a quien demande.

¿En qué consiste el interdicto de adquirir la posesión?

Aún cuando se trata de un proceso de escasa aplicación práctica es lo cierto que se regula en el artículo 250.1.3 LEC como proceso verbal especial que tiene por objeto la puesta en posesión de los bienes de la herencia que no estuvieren poseídos por persona alguna a título de dueño o de usufuctuario. La ley de enjuiciamiento dedica a este interdicto dos normas especiales:

• a) Por un lado el artículo 266.4 LEC, donde se dice que se aportara "el documento en que conste fehacientemente la sucesión "mortis causa" en favor del demandante, así como la relación de los testigos que puedan declarar sobre la ausencia de poseedor a título de dueño o usufructuario, cuando se pretenda que el tribunal ponga al demandante en posesión de unos bienes que se afirme haber adquirido en virtud de aquella sucesión."
• b) Por otro el artículo 441.1 LEC, donde se indica que "el el secretario judicial llamará a los testigos propuestos por el demandante y, según sus declaraciones, el tribunal dictará auto en el que denegará u otorgará, sin perjuicio de mejor derecho, la posesión solicitada, llevando a cabo las actuaciones que repute conducentes a tal efecto. El auto será publicado por edictos, que se insertarán en un lugar visible de la sede del tribunal, en el Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los periódicos de mayor circulación en la misma, a costa del demandante, instando a los interesados a comparecer y reclamar, en el plazo de cuarenta días, si consideran tener mejor derecho que el demandante".