Analizamos una medida que, como todas las que suponen un régimen excepcional en su aplicación, requiere de la concurrencia de unas circunstancias concretas que aconsejen adoptar la medida de que una persona que ha sido detenida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado permanezca incomunicada por decisión judicial para evitar perjudicar los propios fines de la investigación en unos casos, o, en otros, garantizar la seguridad de algunas personas que pudieran ser víctimas de otras que tuvieran relación con el detenido y que intentaran agredirlas, por ejemplo, para evitar que declaren contra él en un juicio u otras razones que solo desde el punto de vista de la criminalidad se pueden entender.
I. SUPUESTOS BÁSICOS EN LOS QUE SE ADOPTA ESTA MEDIDA POR EL JUEZ DE GUARDIA
Es esta una situación de carácter excepcional, en virtud de la cual el juez de guardia puede acordar que un detenido quede incomunicado. La regulación legal de esta posibilidad sumamente restrictiva se contempla en el artículo 509 de la Ley procesal penal:
1. El Juez de Instrucción o tribunal podrá acordar excepcionalmente, mediante resolución motivada, la detención o prisión incomunicadas cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) necesidad urgente de evitar graves consecuencias que puedan poner en peligro la vida, la libertad o la integridad física de una persona, o b) necesidad urgente de una actuación inmediata de los jueces de instrucción para evitar comprometer de modo grave el proceso penal.
Con ello, vemos que se exige una serie de condicionantes para que pueda adoptarse esta medida, ya que el propio artículo exige que su adopción sea excepcional y con la finalidad de evitar que en el caso de que el detenido pueda realizar llamadas de teléfono o mantener conversaciones con personas que le visiten pueda trasladarles algún tipo de información que dificulte de modo grave el desarrollo de la investigación judicial
Además, de no acordarse esta incomunicación, en algún caso podría darse el riesgo de que traslade a otras personas los datos de la víctima que le ha denunciado o de cualquier otra personas para atentar contra ellas, contra su vida, libertad o integridad física. Igualmente, se trata de evitar que comunique a terceras personas que vayan a visitarle la necesidad de destruir pruebas del delito o dar instrucciones para que se cometan otros nuevos, si con ello se compromete gravemente el proceso penal.
No obstante, pese a la concurrencia de las circunstancias citadas, si el detenido fuera menor de dieciséis años en ningún caso se acordará la incomunicación.
II. DURACIÓN DE LA INCOMUNICACIÓN
En el apartado 2 del artículo 509 de la Ley se añade que:
2. La incomunicación durará el tiempo estrictamente necesario para practicar con urgencia diligencias tendentes a evitar los peligros a que se refiere el apartado anterior. La incomunicación no podrá extenderse más allá de cinco días. En los casos en que la prisión se acuerde en causa por alguno de los delitos a que se refiere el artículo 384 bis u otros delitos cometidos concertadamente y de forma organizada por dos o más personas, la incomunicación podrá prorrogarse por otro plazo no superior a cinco días.
III. ESPECIALIDAD DE LA INCOMUNICACIÓN DE DETENIDOS EN EL CASO DE DELITOS TERRORISTAS
Se trata con ello de garantizar que esta medida se realice por el tiempo imprescindible respecto a asegurar las medidas que como fines se recogen en el apartado ya citado y con un plazo máximo de cinco días. De todos modos, se admite que de forma excepcional se amplíe el plazo en los casos que la detención se haya practicado por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, u otros delitos cometidos concertadamente y de forma organizada por dos o más personas. En este caso se permite que el plazo se amplíe a otros cinco días. Se ha suprimido la posibilidad de que se acuerde otra incomunicación, tras haberse adoptado la anterior, por plazo de tres días, si aparecieren nuevas circunstancias que aconsejen de nuevo la adopción de la medida.
Sobre la legitimidad constitucional de la detención incomunicada en supuesto de colaboración con banda terrorista se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, Sala Primera en Sentencia 127/2000 de 16 de mayo, recurso 3501/1996 insistiendo en la necesidad de motivar la resolución judicial en la que la incomunicación se acuerda. Por ello, se insiste en que esta medida por la que se incomunica a un detenido es algo más que un grado de intensidad de la pérdida de libertad, dadas las trascendentales consecuencias que se derivan de la situación de incomunicación para los derechos del ciudadano», por lo que no resulta de aplicación la doctrina de que, «negada la libertad, no pueden considerarse constitutivas de privación de libertad, medidas que son solo modificaciones de una detención legal, puesto que la libertad personal admite variadas formas de restricción en atención a su diferente grado de intensidad».
Este carácter excepcional de la medida exige que se motiven de forma debida las razones por las que se acuerda. Por ello, en el apartado 3 de este artículo 509 se añade que 3.El auto en el que sea acordada la incomunicación o, en su caso, su prórroga deberá expresar los motivos por los que haya sido adoptada la medida.
La situación de incomunicación de detenidos constituye una limitación del derecho a la asistencia letrada recogida como una de las garantías consagradas en el artículo 17.3 de la Constitución, en la medida en que la incomunicación supone tanto la imposibilidad de nombrar letrado de la confianza del detenido, como la de entrevistarse de forma reservada con el letrado nombrado de oficio, o poder acceder él o asu abogado a las actuaciones (salvo a los elementos esenciales de su detención), conforme establece el artículo 527 en relación con el 520 de la Ley procesal penal. Por consiguiente, las resoluciones que acuerdan la incomunicación de los detenidos deben contener los elementos necesarios para poder sostener que se ha realizado la necesaria ponderación de los bienes, valores y derechos en juego, que la proporcionalidad de toda medida restrictiva de derechos fundamentales exige. De manera que es ciertamente exigible la exteriorización de los extremos que permiten afirmar la ponderación judicial efectiva de la existencia de un fin constitucionalmente legítimo, la adecuación de la medida para alcanzarlo y el carácter imprescindible de la misma.
Será necesario asimismo que consten como presupuesto de la medida los indicios de los que deducir la conexión de la persona sometida a incomunicación con el delito investigado, pues la conexión «entre la causa justificativa de la limitación pretendida --la averiguación del delito-- y el sujeto afectado por ésta --aquél de quien se presume que pueda resultar autor o partícipe del delito investigado o pueda hallarse relacionado con él-- es un elemento lógico del juicio de proporcionalidad». A estos efectos, ha de tenerse en cuenta que, si bien con carácter general la limitación de los derechos constitucionales que la incomunicación conlleva encuentra justificación en la protección de los bienes reconocidos en los artículos 10.1 y 104.1 de la Constitución, cuales son la paz social y la seguridad ciudadana, en cuya defensa constituyen pieza esencial la persecución y castigo de los delitos, la finalidad específica que legitima la medida de incomunicación reside en conjurar los peligros de que «el conocimiento del estado de la investigación por personas ajenas a ésta propicie que se sustraigan a la acción de la justicia culpables o implicados en el delito investigado o se destruyan u oculten pruebas de su comisión».
De otra parte, la necesidad de la incomunicación para alcanzar esta finalidad deriva de la especial naturaleza o gravedad de ciertos delitos, así como de las circunstancias subjetivas y objetivas que concurren en ellos, de manera que todo ello puede «hacer imprescindible que las diligencias policiales y judiciales dirigidas a su investigación sean practicadas con el mayor secreto».
También en el artículo 520 bis.2 de la Ley se recoge que:
Detenida una persona por los motivos expresados en el número anterior, podrá solicitarse del Juez que decrete su incomunicación, el cual deberá pronunciarse sobre la misma, en resolución motivada, en el plazo de veinticuatro horas. Solicitada la incomunicación, el detenido quedará en todo caso incomunicado sin perjuicio del derecho de defensa que le asiste y de lo establecido en los artículos 520 y 527, hasta que el Juez hubiere dictado la resolución pertinente.
Se está refiriendo la Ley a los delitos cometidos por organizaciones terroristas o crimen organizado al señalar en el apartado 1 de este artículo 520 bis que: 1. Toda persona detenida como presunto partícipe de alguno de los delitos a que se refiere el artículo 384 bis será puesta a disposición del Juez competente dentro de las setenta y dos horas siguientes a la detención.
IV. LIMITACIONES DE LA INCOMUNICACIÓN DEL DETENIDO
Se recoge en el artículo 510 de la Ley que:
1. El incomunicado podrá asistir con las precauciones debidas a las diligencias en que le dé intervención esta ley cuando su presencia no pueda desvirtuar el objeto de la incomunicación.
2. Se permitirá al preso contar con los efectos que él se proporcione siempre y cuando a juicio de juez o tribunal no frustren los fines de la incomunicación.
3. El preso no podrá realizar ni recibir comunicación alguna. No obstante, el juez o tribunal podrá autorizar comunicaciones que no frustren la finalidad de la prisión incomunicada y adoptará, en su caso, las medidas oportunas.
4. El preso sometido a incomunicación que así lo solicite tendrá derecho a ser reconocido por un segundo médico forense designado por el juez o tribunal competente para conocer de los hechos.
Por otro lado, se adicionan una serie de limitaciones en cuanto a la asistencia letrada que se recogen en el artículo 527.1 de la Ley:
En los supuestos del artículo 509, el detenido o preso podrá ser privado de los siguientes derechos si así lo justifican las circunstancias del caso:
- a) Designar un abogado de su confianza.
- b) Comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo, salvo con la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y el Médico Forense.
- c) Entrevistarse reservadamente con su abogado.
- d) Acceder él o su abogado a las actuaciones, salvo a los elementos esenciales para poder impugnar la legalidad de la detención.
V. DERECHOS DEL DETENIDO INCOMUNICADO
Con ello, los derechos que se le concederían al detenido serían los fijados en el artículo 520 de la Ley, a saber:
2. Toda persona detenida o presa será informada, de modo que le sea comprensible, y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes:
a) Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el Juez.
b) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
d) Derecho a acceder exclusivamente a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.
h) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano.
i) Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el de la Institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas. Los reconocimientos médicos al detenido a quien se le restrinja el derecho a comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo se realizarán con una frecuencia de al menos dos reconocimientos cada veinticuatro horas, según criterio facultativo.
j) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla.
Por ello, no tendrá derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, a las autoridades consulares de su país el hecho de la detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento ni a designar un letrado de su confianza que le asista, sino que se le designa de oficio, así como a acceder a la totalidad de las actuaciones de la causa.