Impulso procesal (proceso civil)

¿Qué se entiende por impulso procesal?

El artículo 237 de la Ley Orgánica 6/1985 establece, en su redacción dada por Ley Orgánica 19/2003, que salvo que las leyes procesales dispongan otra cosa, se dará de oficio al proceso el impulso que corresponda, dictándose al efecto las disposiciones necesarias.

El artículo 456 LOPJ señala que corresponde a los Letrados de la Administración de Justicia la función de impulso del proceso, mediante las correspondientes diligencias. ¿Qué regulación tiene en la Ley de Enjuiciamiento Civil?

La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 establecía el principio de impulso de parte; es decir, se iría pasando de un trámite procesal a otro o de una fase procesal a otra en la medida en que las partes procesales activaran el curso del proceso e indicaran que se pasara a la siguiente actuación.

La consecuencia era que, en caso de no producirse dicha activación del curso procesal, finalmente se produciría la caducidad de la instancia, como modo de terminación del proceso.

Esta situación, en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, cambiaría con la reforma de la Ley 34/1984, que ya estableció finalmente el impulso de oficio en los procedimientos civiles. Y lógicamente, el impulso de oficio comporta la preclusión, en el caso de que la parte procesal no verifique el trámite correspondiente dentro de plazo; y el consiguiente pase a la fase siguiente una vez finalizado el plazo correspondiente.

En la actualidad, el artículo 236 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 contempla específicamente el impulso de oficio, al señalar que la falta de impulso del procedimiento por las partes o interesados no originará la caducidad de la instancia ni del recurso; si bien, añade el artículo 237 LEC, se entenderán por abandonadas las instancias y recursos en todo tipo de pleitos si, pese al impulso de oficio de las actuaciones, no se produce actividad procesal alguna en el plazo de dos años, si el pleito se hallara en primera instancia; si se hallara en segunda instancia, el plazo será de un año, y lo mismo si estuviera pendiente la casación o recurso extraordinario por infracción procesal. Y ello no obstante, añade el artículo 238 LEC, en caso de fuerza mayor o cuando la inactividad procesal se debiera a causas ajenas a la voluntad de las partes o de los interesados, no se producirá la caducidad de la instancia, que tampoco se aplicará en el caso de las actuaciones de ejecución forzosa, conforme al artículo 239 LEC.

Los efectos de la caducidad de la instancia, según el artículo 240 LEC, son diferentes según estemos ante la primera instancia o ante un recurso; en el primer caso el efecto jurídico es equivalente a un desistimiento y por tanto se entiende sin perjuicio de la presentación de nueva demanda; pero si la caducidad de la instancia se produce dentro de un recurso, entonces la sentencia habrá quedado firme en tanto en cuanto equivale dicha caducidad al desistimiento del recurso.

La caducidad de la instancia es seguramente contraria a la lógica de la preclusión y del impulso de oficio; si bien quizá su regulación obedezca a motivos de oportunidad, debido al exceso de trabajo en los órganos jurisdiccionales.

Correlativamente al impulso de oficio, la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone en su artículo 134 LEC la improrrogabilidad de los plazos procesales, sin perjuicio de la interrupción de plazos o demora de términos en caso de fuerza mayor que impida el cumplimiento de esos plazos; y sin perjuicio de la regla sobre presentación de escritos de término que establece el artículo 135 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y, en consecuencia, el artículo 136 LEC señala que, transcurrido el plazo o término señalado para la realización de una actividad procesal por la parte, se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate.