Delito de imposición de acuerdos abusivos

¿En qué consiste y qué bien jurídico protege?

El Código Penal se ocupa de este delito dentro del Título XIII que lleva como rúbrica "Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico", en el artículo 292 del CP, perteneciente al Capítulo XIII dedicado a los delitos societarios.

En él se castiga a los que impusiesen o se aprovechasen para sí o para un tercero, en perjuicio de la sociedad o de alguno de sus socios, de un acuerdo lesivo adoptado por una mayoría ficticia, obtenida por abuso de firma en blanco, por atribución indebida del derecho de voto a quienes legalmente carezcan del mismo, por negación ilícita del ejercicio de este derecho a quienes lo tengan reconocido por la Ley, o por cualquier otro medio o procedimiento semejante.

El bien jurídico protegido es la transparencia y claridad en el procedimiento democrático de formación de los acuerdos sociales. El funcionamiento de una sociedad se basa en una relación de confianza que exige una perfecta formación del sentido del voto, de tal manera que todos los que gozan de este derecho tengan la certeza de que su voluntad no será suplantada por maniobras fraudulentas. Indirectamente se protege el patrimonio de la sociedad y de los socios.

¿Cuáles son los elementos del tipo penal?

Se trata de un delito de naturaleza patrimonial.

Los elementos configuradores del tipo son:

• • Imposición o aprovechamiento de un acuerdo lesivo. Se castiga no sólo a los que imponen un acuerdo lesivo, alcanzado en determinadas circunstancias, sino también a los que se aprovechen del mismo para sí o para un tercero.

  El término "imponer" hace aquí referencia al supuesto en que se hace uso abusivo de una mayoría en la adopción de un acuerdo en el órgano correspondiente de la sociedad.

  "Aprovechar" se refiere al supuesto en que no habiendo participado en la toma del acuerdo, se utiliza para sí, o para un tercero, el acuerdo impuesto por otros.

• • Un acuerdo lesivo para la sociedad o para algunos de los socios. El perjuicio constituye el elemento esencial del delito, de tal manera que si el acuerdo no es hábil para perjudicar a la sociedad o a alguno de sus socios, no nos encontramos ante este tipo penal, aunque el acuerdo sea lesivo en sí mismo por la naturaleza de su contenido (STS 1032/2013, de 19 de diciembre).
• • Obtenido mediante una mayoría ficticia. Las normas reguladoras de los diferentes modelos de sociedad contienen una serie de previsiones sobre la forma de tomar acuerdos. Así, los artículos 198, 199200 y 201 de la Ley de Sociedades de Capital aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio que establecen las mayorías para las sociedades de responsabilidad limitada y para las sociedades anónimas. Estas disposiciones sientan los criterios básicos y esenciales para que los acuerdos adoptados en el seno de las mismas, además de ser válidos, representen la voluntad real de la mayoría y resulten inatacables.

  Mayoría ficticia es la que contiene un inevitable desajuste entre lo que sería verdadero y lo que resulta falso, porque se ha obtenido con mecanismos fraudulentos que hacen que en la toma del acuerdo participe quien no tiene derecho efectivo a ello o se impida el voto a quien sí lo tiene y puede haber dado un sentido distinto a la votación.

  Sería atípica la conducta si con la sola ponderación de los votos válidos, excluidos los ficticios, se hubiera alcanzado la mayoría señalada por la ley. Sin embargo, no habría obstáculos para castigar independientemente las maniobras falsarias o fraudulentas realizadas para configurar los votos ficticios.

• • Obtenida mediante alguna de las siguientes formas:
  • - Abuso de firma en blanco: estamos ante un supuesto en el que, en virtud de una relación de confianza, se aprovecha una firma en un documento en blanco que se rellena con un contenido distinto al pactado, suscribiendo, por ejemplo, en dicho documento firmado en blanco, un voto favorable a un acuerdo de tal manera que con ese voto se alcance una mayoría ficticia a favor de un acuerdo perjudicial para la sociedad o algunos de sus socios.
  • - Atribución indebida del derecho a voto a quienes legalmente carezcan del mismo (a modo de ejemplo, arts. 98, 127, 133 y 179 RDLeg. 1/2010, de 2 de julio).
  • - Como consecuencia de la negación ilícita del ejercicio del derecho a voto por quienes lo tengan reconocido por Ley. (art. 93 art. 93 del RDLeg. 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el TR de la Ley de Sociedades de Capital)
  • - Por cualquier otro medio o procedimiento semejante.
• • En cuanto al sujeto activo, el legislador ha seguido un criterio abierto en la determinación de la autoría. En cualquier caso, dependerá de la modalidad concreta de acción:
  • - En la modalidad de imposición de acuerdos sujeto activo sólo pueden ser quienes tienen la posibilidad de intervenir en la toma del acuerdo en la junta de accionistas u órgano de administración, es decir sus miembros.
  • - En la modalidad de aprovechamientode esos acuerdos, cualquier persona puede realizar esa conducta utilizando el acuerdo impuesto por los anteriores.
• • Sujeto pasivo será la sociedad o alguno de sus socios, en función de a quién lesione el acuerdo adoptado.
• • Con respecto al elemento subjetivo, es requisito necesario el dolo consistente en ánimo de perjudicar. La causación del perjuicio —que no tiene por qué tener correspondencia con un beneficio inmediato a quien impone el acuerdo— es un elemento esencial de la conducta típica, de manera que sin perjuicio no hay delito (SAP de Madrid 126/2019, de 18 de marzo, Rec. 130/2017).

La pena prevista para el autor del delito consumado es prisión de 6 meses a 3 años o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido (art. 291 CP).

Además, si para la realización de esas maniobras fraudulentas se cometieran otros delitos (amenazas, coacciones, etc.), se castigarán aparte estas infracciones.

Por último, debe tenerse en cuenta que serán necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante legal para iniciar el proceso penal (art. 296 CP)

Se constituye pues como delito semiprivado en que la Administración de Justicia no actúa de oficio, sino impulsada por las víctimas de los hechos. Ello es debido a que, generalmente, los intereses que se pueden debatir no tienen un interés público muy relevante, siendo predominantemente privados.

Se establecen, sin embargo, dos excepciones a este requisito:

• • En el caso de que afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas el delito se convierte en público y no es necesaria la denuncia para proceder por los Tribunales.
• • Si la víctima es menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal.