Cortes regionales

Artículo 2 de la Constitución Española

Para el estudio de esta voz hay que partir de la dualidad conceptual del artículo 2 de la Constitución española, que hace referencia a las nacionalidades y regiones, puesto que señala que "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".

Este precepto ha dado lugar a cierta polémica doctrinal en torno a la distinción entre nacionalidades y regiones a la que únicamente hace referencia el precepto mencionado, pues ningún otro precepto ni constitucional ni legal atribuye consecuencias jurídicas a dicha diferenciación.

La inclusión de la misma se debe a la peculiaridad del proceso constituyente, a la necesaria transacción entre el Gobierno y la oposición para la aprobación definitiva de la Constitución en aquellos momentos de tensión. La oposición pretendía que las regiones coloquialmente denominadas "históricas" (Cataluña, País Vasco y Galicia) tuvieran un tratamiento autonómico inmediato y más favorable.

Ello es lo que explica que en el entramado constitucional se recojan dos procedimientos distintos de acceso a la autonomía, una vía lenta de acceso a la autonomía regulada en los artículos 143, 146 y 148, y la vía rápida de acceso, prevista en el artículo 151.

En cualquier caso, la práctica se ha manifestado conforme a igualar ambos cauces, es decir, a igualar a aquellos pueblos que poseían una fuerte conciencia nacional con valores culturales, lingüísticos o económicos propios, es decir, con el sentimiento de nacionalidad; y por otro lado a los que se consideran regiones diferenciadas. Y todo ello a través de la figura de las Comunidades Autónomas.

Cortes Regionales

Marco normativo

El artículo 152.1 de la Constitución estructura la organización institucional autonómica distinguiendo una Asamblea legislativa, un Consejo de Gobierno, a cuya cabeza se sitúa el Presidente, y un Tribunal Superior de Justicia.

En relación a la Asamblea Legislativa, este precepto dispone que "la organización institucional autonómica se basará (entre otros órganos) en una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio".

En principio este precepto estaba previsto para las regiones que se adaptaran a la vía rápida de acceso, aunque la práctica posterior ha demostrado que todas las Comunidades Autónomas se han acomodado al mismo, si bien algunas con ciertas peculiaridades.

Dado que este precepto sólo contiene el marco para su establecimiento, hay que ir a los distintos Estatutos de Autonomía, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, las distintas Leyes electorales autonómicas y los Reglamentos de cada una de las Asambleas legislativas.

Denominación

Cada Comunidad Autónoma ha optado por una denominación propia, así Comunidades como Madrid, Cantabria y Murcia han escogido el término Asamblea; otras como Galicia, Cataluña, Andalucía, Canarias y País Vasco, las denominan Parlamento; otras como Aragón, Navarra, Valencia, Castilla y León y Castilla-La Mancha Cortes; Diputación General de La Rioja; y la Junta General del principado de Asturias.

En cualquier caso, e independientemente de la denominación, hay que tener en cuenta que el artículo 152 habla de una Asamblea Legislativa, y por lo tanto unicameral.

Por ello, la mención a Cortes regionales, se ceñiría en sentido estricto a las Asambleas o Cortes de Aragón, Navarra, Valencia, Castilla y León y Castilla-La Mancha, cuyo régimen jurídico es, en sustancia, el mismo que para el resto de Comunidades Autónomas, con el mismo régimen electoral para la determinación de la composición de cada una de las Cámaras, el mismo régimen organizativo, y el mismo régimen competencial asumido en los correspondientes Estatutos.

En cualquier caso, en la Comunidad Autónoma de Aragón, será de aplicación Ley Orgánica 5/2007, de 20 abril, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Aragón; la Ley 2/1987, de 16 febrero, electoral de Aragón; y el Reglamento de las Cortes de Aragón, de 28 de junio de 2017.

En Navarra se aplica la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, 13/1982, de 10 de Agosto; la Ley Foral Electoral de Navarra 16/1986, de 17 noviembre; y el Reglamento del Parlamento de Navarra, cuyo texto refundido fue aprobado por acuerdo de la Mesa de 12 de septiembre de 2011.

En Valencia la 1/2006, de 10 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, la Ley 1/1987, de 31 de marzo, Electoral valenciana; y el Reglamento de las Cortes Valencianas, aprobado por el Pleno de 18 de diciembre de 2006.

En Castilla y León se aplica la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, la Ley electoral de Castilla y León 3/1987, de 30 marzo; y el Reglamento de las Cortes de Castilla y León, de 24 de febrero de 1990.

Y finalmente, en Castilla-La Mancha es de aplicación el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 agosto; la Ley 5/1986, de 23 diciembre, Electoral de Castilla-La Mancha, modificada por la Ley 8/1998, de 19 de noviembre; y el Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha, aprobado por el Pleno de 16 de octubre de 1997.

Con influencia sólo indirecta sobre las Cortes autonómicas en sentido estricto, aunque con impactos superiores y ya directos sobre el ámbito de la soberanía regulado en el artículo 2 de la Constitución Española, más arriba citado, es clave la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de junio, referente al Estatuto de Cataluña.