I. Concepto
La Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla la llamada al procedimiento del ofendido y del perjudicado, para informarles de la existencia del procedimiento, y ofrecerles la posibilidad de personarse en la causa.
Por ofendido debe entenderse el sujeto pasivo del delito. Por perjudicado, aquel que sufre en su esfera patrimonial los efectos de la acción delictiva, siendo titular de la pretensión de reparación del daño causado.
(Véanse las voces: ofendido y víctima del delito)
II. Forma de hacerla efectiva
En el procedimiento abreviado, norma generalizable a todo tipo de causas, cuando intervengan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cumplirán con los deberes de información a las víctimas que prevé la legislación vigente. En particular, informará al ofendido y al perjudicado por el delito de forma escrita de los derechos que les asisten de acuerdo con lo establecido en los artículos 109109 bis y 110 Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se instruirá al ofendido de su derecho a mostrarse parte en la causa sin necesidad de formular querella y, tanto al ofendido como al perjudicado, de su derecho a nombrar Abogado o instar el nombramiento de Abogado de oficio en caso de ser titulares del derecho a la asistencia jurídica gratuita; de su derecho a, una vez personados en la causa, tomar conocimiento de lo actuado. Asimismo, se les informará de que, de no personarse en la causa y no hacer renuncia ni reserva de acciones civiles, el Ministerio Fiscal las ejercitará si correspondiere (artículo 771.1 Ley de Enjuiciamiento Criminal).
En la primera comparecencia ante el Juzgado de Instrucción se recibirá declaración al ofendido si tuviera capacidad legal necesaria (si no tuviese capacidad legal, se practicará igual diligencia con su representante). El Letrado de la Administración de Justicia le informará de su derecho a mostrarse parte en la causa, personándose con abogado y procurador con el objeto de ejercitar la acusación particular o la acción civil. También se le informará de la posibilidad de renunciar a la reparación que pudiera corresponderle en el ámbito civil. Fuera de estos casos, no se hará a los interesados en las acciones civiles o penales notificación alguna que prolongue o detenga el curso de la causa, lo cual no obsta para que el Letrado de la Administración de Justicia procure instruir de aquel derecho al ofendido ausente. (artículo 109 Ley de Enjuiciamiento Criminal)
En cualquier caso, en los procesos que se sigan por delitos comprendidos en el artículo 57 Código Penal (delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad sexual, intimidad, inviolabilidad del domicilio, derecho a la propia imagen, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico), el Juez asegurará la comunicación a la víctima de los actos procesales que puedan afectar a su seguridad.
En este momento, en su caso, deberá darse conocimiento al ofendido de las previsiones de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual. Norma que establece un sistema de ayudas públicas en beneficio de las víctimas directas e indirectas de los delitos dolosos y violentos, cometidos en España, con el resultado de muerte, o de lesiones corporales graves, o de daños graves en la salud física o mental.
Esta información es de sumo interés ya que para poder acceder a dichas ayudas es necesario que el interesado o su representación, presente la oportuna solicitud dirigida al Ministerio de Economía y Hacienda (artículo 9 Ley 35/1995, de 11 de diciembre).
Podrán concederse ayudas provisionales con anterioridad a que recaiga resolución judicial firme que ponga fin al proceso penal, siempre que quede acreditada la precaria situación económica en que hubiese quedado la víctima o sus beneficiarios (artículo 10 Ley 35/1995, de 11 de diciembre).
Los perjudicados por un delito que no hubieren renunciado a su derecho podrán mostrarse parte en la causa si lo hicieran antes del trámite de calificación del delito, y ejercitar las acciones civiles y penales que procedan o solamente unas u otras, según les conviniere, sin que por ello se retroceda en el curso de las actuaciones conforme al artículo 110 Ley de Enjuiciamiento Criminal (véase "Acusación particular").
Aun cuando los perjudicados no se muestren parte en la causa, no por esto se entiende que renuncian al derecho de restitución, reparación o indemnización que a su favor puede acordarse en sentencia firme, siendo necesario que la renuncia de este derecho se haga en su caso de una manera clara y terminante.
Sobre la naturaleza de esta diligencia de información y ofrecimiento de acciones se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 2006:
"Las diligencias de ofrecimiento de acciones al ofendido o al perjudicado, cuyo carácter imperativo resulta inequívoco atendidos los términos en que se pronuncian los citados artículos 109 y 761 Ley de Enjuiciamiento Criminal, tiene por objeto la instrucción precisa a dichos sujetos de sus concretas posibilidades de actuación en el proceso, para que puedan ejercitar oportunamente las acciones civiles y penales que sean procedentes o solamente unas y otras, según les conviniere.
Se trata en definitiva, de un acto procesal de necesaria realización durante la fase de instrucción -con la excepción de que no se tuviera noticia en la causa de la existencia de estos perjudicados- cuya finalidad es la de posibilitar la efectividad del ejercicio del derecho de defensa al ofendido o, en su caso, a los perjudicados por el delito en un determinado proceso que se haya incoado y se tramite como consecuencia de la perpetración del mismo".
III. Renuncia del perjudicado u ofendido al ejercicio de acciones
La acción penal por delito que dé lugar al procedimiento de oficio no se extingue por la renuncia de la persona ofendida (artículo 106 Ley de Enjuiciamiento Criminal). Por tanto, en este caso la acción penal será ejercitada por el Ministerio Fiscal. Diferente consecuencia tendrá la renuncia con relación a los delitos privados.
El ofendido puede reservarse el ejercicio de acciones civiles para un procedimiento ante dicha jurisdicción, ventilándose entonces, ante la Jurisdicción penal, únicamente la acción para la persecución del delito. El procedimiento civil independiente no podrá iniciarse hasta que recaiga Sentencia firme en la causa penal (artículo 111 y 112 LECrim).
El ofendido o perjudicado puede renunciar al ejercicio de la acción civil. Esta no pierde su naturaleza disponible por ejercitarse en un procedimiento penal, por lo que puede renunciarse, siempre que se haga de forma clara y expresa. Por tanto, no puede darse eficacia a una presunta renuncia tácita, o a manifestaciones de voluntad de los perjudicados que no resulte terminantes (artículo 112 LECrim). En este Sentido se pronuncia de forma reiterada la Jurisprudencia, pudiendo recordarse la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de abril de 2006:
"En cuanto a lo alegado por Sergio en su motivo 2, en el que se dice que debió aplicarse el artículo 106 Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque tenía que haberse entendido que D. Alonso había renunciado a su derecho a ser indemnizado por no haber comparecido en el juicio oral, pese a estar citado, y por no haber reclamado nada al respecto en ningún momento del procedimiento en el cual ni siquiera se personó como parte, entendemos que en este punto tiene razón el Ministerio Fiscal, pues el artículo 108 obliga a tal ministerio a ejercitar la correspondiente acción civil respecto de cada uno de los ofendidos, salvo renuncia expresa, que desde luego nunca se produjo por parte de D. Alonso ni de ninguna de las otras dos personas perjudicadas".
No cabe una reserva de acciones parcial. El perjudicado debe optar por ejercitar o no la acción civil en la causa penal.
Únicamente cabe que el perjudicado acuda a un procedimiento civil posterior después de una Sentencia penal condenatoria en la que ejercitó las acciones civiles, cuando con posterioridad a éste se detecten consecuencias dañosas del hecho delictivo que todavía no se habían manifestado. El ejemplo más habitual son las secuelas que aparecen tiempo después de producirse unas lesiones (situación muy habitual en las lesiones de columna vertebral, que son asintomáticas en muchos casos hasta que ha transcurrido un largo período de tiempo desde que se originaron). En este sentido, se ha pronunciado de forma reiterada la Sala Primera del Tribunal Supremo, pudiendo citar como ejemplo las Sentencias de 7 de febrero de 1991, 27 de diciembre de 1993, 20 de mayo de 1994 y 11 de mayo de 1995.
IV. Particularidades con relación a los delitos semipúblicos
En determinados delitos el ejercicio de la acción penal corresponderá exclusivamente al ofendido. No podrá incoarse un procedimiento penal para la persecución del hecho delictivo sino se insta por aquél. Ahora bien, una vez iniciado el trámite, carece el ofendido de la disponibilidad sobre la acción penal. Sobre la diferencia entre delitos públicos, semipúblicos y privados se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 mayo 2006
"Por ello en los delitos públicos el ejercicio de la acción penal no se extingue por la renuncia del ofendido. En este ámbito el procedimiento penal puede iniciarse, incluso, sin la voluntad del perjudicado, a impulso del Ministerio Publico, que conforme resulta del artículo 105 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal viene obligado al ejercicio de la acción penal. En los llamados delitos semipúblicos o semiprivados, en cambio, el procedimiento penal depende de la presentación de la correspondiente denuncia por parte de la persona agraviada que, en esta medida, puede resolver o no que el procedimiento penal se inicie. Sin embargo, también en estos casos, delitos semipúblicos, una vez abierto el procedimiento penal, presentada la denuncia por parte del ofendido, la renuncia del mismo al ejercicio de las acciones penales no impedirá la continuación del procedimiento. Sólo en el ámbito propio de los llamados delitos privados, la renuncia del ofendido al ejercicio de la acción penal extingue la posibilidad de ejercitar la misma".
El art. 105 LECrim ha sido modificado por la L.O. 1/2015 de 30 de marzo de reforma del Código Penal que señala que:
«1. Los funcionarios del Ministerio Fiscal tendrán la obligación de ejercitar, con arreglo a las disposiciones de la Ley, todas las acciones penales que consideren procedentes, haya o no acusador particular en las causas, menos aquellas que el Código Penal reserva exclusivamente a la querella privada. 2. En los delitos perseguibles a instancias de la persona agraviada también podrá denunciar el Ministerio Fiscal si aquélla fuere menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o desvalida. La ausencia de denuncia no impedirá la práctica de diligencias a prevención.»
Es decir, que se introduce la novedad de que aunque sea a instancia de parte pueda actuar la fiscalía en estos casos concretos citados.
La doctrina (Gimeno Sendra), diferencia tres grupos distintos de delitos semipúblicos:
- 1.- Delitos semipúblicos con "interés público".
La acción penal puede iniciarse por el sujeto pasivo del delito o su representación legal pero no tendrá la "exclusiva" cuando el delito haya comprometido un bien o interés de carácter público. En todo caso, una vez incoada la causa el perdón del ofendido no extingue la acción penal.
Entre este tipo de delitos se incluyen los delitos societarios (cometidos en el ámbito de una personas jurídica generalmente por sus gestores). Establece el artículo 296 del Código Penal que, sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquélla sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal.
"No será precisa la denuncia exigida en el apartado anterior cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas".
Con muchas matizaciones cabe incluir en este apartado los delitos contra la libertad sexual. Para proceder por los delitos de agresiones, acoso o abusos sexuales, será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia. Cuando la víctima sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, bastará la denuncia del Ministerio Fiscal. Es decir, el Ministerio Fiscal, tiene una amplia capacidad para solicitar la apertura del procedimiento, que cabe interpretar como una tendencia legislativa a incluir estos delitos entre los públicos.
El artículo 191, al precisar la legitimación para instar la persecución del delito, añade, tras relacionar los supuestos ya analizados en el apartado anterior: "No será precisa la denuncia exigida en el apartado anterior cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas".
- 2.- Delitos semipúblicos puros.
Sólo pueden ser perseguidos a instancia del ofendido o su representación legal. Ahora bien, una vez iniciado el trámite no dispone de la pretensión penal.
Como ejemplo, cabe citar los delitos de reproducción asistida (artículo 161 Código Penal) y abandono de familia (artículo 228 CP).
- 3.- Delitos semipúblicos con "interés privado".
El inicio del procedimiento exige denuncia del sujeto pasivo del delito o de su representación legal. Una vez iniciado el perdón efectuado en forma (expreso y antes de dictarse Sentencia, como establece el artículo 130.1.5º Código Penal) extingue la acción penal.
A diferencia de los delitos privados no exigen que el procedimiento se inicie por querella.
Como ejemplo cabe citar el delito de revelación de secretos por particulares (artículo 201 CP), las calumnias e injurias contra funcionarios público, autoridad o agente (artículo 215.1 CP) o los daños (apartados 2 y 3 del artículo 267 CP).
V. Delitos privados
El ofendido goza del monopolio de la acción penal y de la pretensión punitiva.
Únicamente se recogen en el Código Penal como delitos privados las calumnias e injurias contra particulares. En concreto, el artículo 215.1 CP establece que "Nadie será penado por calumnia o injuria sino en virtud de querella de la persona ofendida por el delito o de su representante legal".
El perdón del ofendido, expreso y previo a Sentencia, extingue la acción penal (artículos 215.3 y 130.1.5º CP).