RESUMEN DEL FALLO
El Juzgado de lo Social estimó la demanda del trabajador y declaró la improcedencia del despido, concediendo al actor la facultad de optar por la readmisión o por la indemnización. La Sala de lo Social estimó el recurso de suplicación de la empresa, revocó el fallo impugnado y declaró extinguido el contrato de trabajo en fecha 29 de diciembre de 2008, y el derecho del demandante a percibir una indemnización y los salarios de tramitación. El TS estimó el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el demandante, desestimó el recurso de suplicación y confirmó la sentencia de instancia, es decir, concedió la opción al trabajador.
DISPOSICIONES APLICADAS
art. 56.4 RDLeg. 1/1995, de 24 de marzo (LA LEY 1270/1995), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET): art. 3 Código Civil (LA LEY 1/1889) (en adelante CC); art. 12 LO 11/1985, de 2 de agosto (LA LEY 2063/1985), de Libertad Sindical (en adelante LOLS (LA LEY 2063/1985)); art. 217 RDLeg. 2/1995, de 7 de abril (LA LEY 1444/1995), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (en adelante LPL).
ANTECEDENTES DEL CASO
El 29 de diciembre de 2008 procedió la empresa a despedir al demandante en comunicación escrita, reconociendo la improcedencia del despido y optando por la indemnización. En el otoño del año 2008 se inició el proceso de elección de representantes de los trabajadores. La empresa tenía conocimiento de que el demandante había presentado su candidatura a dichas elecciones. El 20 de enero de 2009 el director de Recursos Humanos de la empresa advirtió a la mesa electoral la inclusión indebida del actor como candidato a miembros del comité de empresa. El 28 de enero de 2009 se celebró la votación, resultando elegido el actor como miembro del órgano de representación de los trabajadores.
LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO
La sentencia hace una advertencia previa acerca de la actuación de la Sala en el recurso de casación para la unificación de doctrina; se refiere a que, una vez superado el requisito de la contradicción (art. 217 LPL (LA LEY 1444/1995)), la Sala no viene obligada a aceptar la doctrina proclamada por alguna de las sentencias puestas en contraste, sino que debe pronunciarse sobre la solución más ajustada a derecho para el caso controvertido.
Por lo que respecta al fondo del asunto, en esta ocasión se reitera la doctrina proclamada por el Alto Tribunal en sus sentencias de 22 de diciembre de 1989, 20 de julio de 2000, 30 de octubre de 2000 y 2 de diciembre de 2005, referente a la opción que deba atribuirse a empresario o trabajador, en los supuestos en los que se declare la improcedencia del despido de un representante de los trabajadores, que es elegido como tal tras su cese en el trabajo. Aunque el art. 56.4 ET (LA LEY 1270/1995) se refiera a la facultad de opción de los representantes legales de los trabajadores, esa garantía debe extenderse a los proclamados candidatos que fueron despedidos apresuradamente días antes de las elecciones, sin base alguna para ello, resultando elegidos en dichas elecciones. Para el Tribunal Supremo, la expresión «representantes legales de los trabajadores» comprende a los candidatos proclamados a las elecciones, pues una interpretación restrictiva de las normas pudiera llevar a situaciones de verdadero fraude de ley, tendente a evitar el acceso a la condición de representantes de los trabajadores de quienes fueron elegidos en elecciones regularmente celebradas. El art. 56.4 ET (LA LEY 1270/1995) debe interpretarse en el sentido de equiparar, en materia de garantías, a los representantes legales de los trabajadores o delegados sindicales, a los presentados o proclamados como candidatos a la elección o al nombramiento de representantes de los trabajadores.
COMENTARIO
En el art. 12 LOLS (LA LEY 2063/1985) se declaran nulas y sin efecto las decisiones unilaterales del empresario que contengan o supongan cualquier tipo de discriminación en el empleo o en las condiciones de trabajo, por razón de la adhesión o no a un sindicato, a sus acuerdos o al ejercicio, en general, de actividades sindicales. Por su parte el art. 56.4 ET (LA LEY 1270/1995), al tratar del despido improcedente y de sus consecuencias, dispone que si el despedido fuera un representante legal de los trabajadores o un delegado sindical, la opción entre la indemnización o la readmisión corresponderá siempre a éste. De no efectuar la opción, se entenderá que lo hace por la readmisión que, si es expresa o tácita, resulta obligada para el empresario. En este pasaje de la ley estatutaria no se hace mención especial a los trabajadores presentados como candidatos a las elecciones para representantes de los trabajadores en la empresa.
Lo que hace el TS es interpretar de manera generosa las normas a las que no hemos referido, a favor de los candidatos. Debe tenerse en cuenta que en todas las cuestiones referentes a la representación de los trabajadores en el ámbito de la empresa, no quedan implicados únicamente los derechos y los intereses de los representantes o posibles representantes, sino también los de los trabajadores a los que se va a representar. Ciertamente, la ley no ha establecido un bloqueo absoluto e incondicionado de los trabajadores representantes frente al poder disciplinario de los empresarios, de manera que si concurre alguno de los incumplimientos graves de las obligaciones laborales, el empresario puede proceder al despido y esta medida puede desembocar en la extinción definitiva del contrato, pero sí se garantiza la permanencia en la plantilla cuando la decisión empresarial no justifique el despido. Es de advertir que en este caso la empresa reconoció expresamente que el despido era improcedente y optó por la indemnización, cuando tenía constancia de que el despedido había sido presentado como candidato a las elecciones.
Si las referidas normas se interpretaran de distinta manera a la apuntada por la sentencia, y puesto que la posibilidad de despedir está reconocida en nuestro sistema con relevante amplitud, propiciando que el empresario ponga fin unilateralmente a la relación laboral, incluso habiendo reconocido la improcedencia de la medida, sin obligación de abonar salarios de tramitación, cumplidos determinados requisitos, si en relación con los candidatos seleccionados para las elecciones se otorgara al empleador la facultad de optar entre la readmisión o la indemnización, dispondría de una medida capaz de eliminar a los candidatos proclamados a las elecciones sindicales que le parecieran incómodos, lo que evidentemente entraña un flagrante fraude de ley.
El TS sigue la línea marcada en la STC 38/1981, de 23 de noviembre (LA LEY 34-TC/1982), al declarar que la no inclusión en la literalidad de los preceptos reguladores de las garantías sindicales de aquellos que son candidatos, o que han sido presentados como candidatos a las elecciones o nombramiento de representantes de los trabajadores, no es obstáculo a la protección frente a despidos discriminatorios, pues interesa a la totalidad de los trabajadores una especial protección cuando los actos discriminatorios afectan al curso del proceso electoral y se les puede imputar propósito de interferir decisivamente en la libre dotación de la representación obrera; esa misma solución se apunta en la Recomendación de la OIT núm. 143. En este supuesto, el trabajador no había sido proclamado oficialmente como candidato, pero la empresa conocía la intención del demandante de presentarse a las elecciones bajo la candidatura de determinado sindicato, y al final resultó elegido representante, así es que la protección prevista en el art. 56.4 ET (LA LEY 1270/1995) también le alcanza.