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Prohibiciones e incompatibilidades pa...

Prohibiciones e incompatibilidades para contratar con el sector público (1)

Víctor Manteca Valdelande

Doctor en Derecho

Actualidad Administrativa, Nº 3, Sección Práctica Profesional, Marzo 2014, tomo 1, Editorial LA LEY

LA LEY 1333/2014

En esta práctica profesional examinamos las prohibiciones para contratar e incompatibilidades existentes en el ámbito de la contratación administrativa. El Texto Refundido de la Ley de contratos del sector público (LA LEY 21158/2011) enumera una serie de supuestosde prohibición que se examinan en el texto, entre ellos la condena por la comisión de delitos, las situación de concurso o insolvencia así como la falsedad en las declaraciones presentadas a la Administración; también se examinan los supuestos regulados de incompatibilidad y conflicto de intereses en materia de contratación en el sector público.

□ PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

Las prohibiciones para contratar son circunstancias que incapacitan al contratista, ya sea persona física o jurídica, para ser adjudicatario de un contrato de los regulados por la Ley. En relación con las prohibiciones de contratar la Junta Consultiva de Contratación Administrativa ha declarado que la responsabilidad sobre la veracidad del certificado de clasificación presentado ante un órgano de contratación es exclusiva de la empresa que concurre a la licitación del contrato, sin que sea posible trasladarla a terceros cuando se tiene obligación de vigilar la autenticidad de la documentación que se presenta a una licitación (1) . Las prohibiciones para contratar son circunstancias que incapacitan al contratista, ya sea persona física o jurídica, para ser adjudicatario de un contrato de los regulados por la Ley. La vulneración de las prohibiciones para contratar en el acto de adjudicaron de un contrato determina la nulidad de pleno derecho de éste.

Para contratar con el sector público es necesario que el licitador no se halle incurso en ninguna de las causas legales de prohibición e incompatibilidad siguientes:

□ CONDENA POR SENTENCIA FIRME

A) Haber sido condenado mediante sentencia firme por delitos de asociación ilícita, corrupción en transacciones económicas internacionales, tráfico de influencias, cohecho, fraudes y exacciones ilegales, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, malversación, receptación y conductas afines o delitos relativos a la protección del medio ambiente. Asimismo, haber sido condenado a pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio.

El TRLCSP (LA LEY 21158/2011) menciona expresamente el haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de asociación ilícita, corrupción en transacciones económicas internacionales, tráfico de influencias, cohecho, fraudes y exacciones ilegales, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, malversación y receptación y conductas afines, delitos relativos a la protección del medio ambiente, o a pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio. La prohibición de contratar alcanza a las personas jurídicas cuyos administradores o representantes, vigente su cargo o representación, se encuentren en la situación mencionada por actuaciones realizadas en nombre o a beneficio de dichas personas jurídicas, o en las que concurran las condiciones, cualidades o relaciones que requiera la correspondiente figura de delito para ser sujeto activo del mismo.

Respecto a la regulación anterior se han añadido ciertos delitos (asociación ilícita, corrupción en transacciones económicas internacionales, fraudes y exacciones ilegales, receptación y conductas afines, delitos relativos a la protección del medio ambiente y, el haber sido condenado a pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio, industria o comercio). Por el contrario, han desaparecido las referencias a otros delitos (falsedad, contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de revelación de secretos, uso de información privilegiada y contra el mercado y los consumidores). Extrañamente, no se contemplan tipos delictivos que lógicamente deberían estar incluidos en el listado, como estafa y otros delitos contra la Administración Pública (prevaricación, desobediencia, etc.). Los tipos delictivos previstos, difieren de los contemplados en la Directiva 2004/18/CEE (LA LEY 4245/2004) (2) . Existiendo respecto a un licitador sentencia penal firme que no se pronuncia sobre la prohibición de contratar y, apreciándose la misma por el órgano de contratación no debe ser rechazada la oferta de aquél por encontrarse incursa en supuesto de prohibición de contratar en tanto en cuanto no se efectúe la correspondiente declaración determinando su alcance y duración, siguiendo el procedimiento establecido por la ley. Por otra parte, recaída sentencia condenatoria firme sobre los administradores de una sociedad, su cese no evita que la sociedad o persona jurídica incurra en la prohibición de contratar.

La prohibición de contratar alcanza a las personas jurídicas cuyos administradores o representantes, vigente su cargo o representación, se encuentren en la situación mencionada por actuaciones realizadas en nombre o a beneficio de dichas personas jurídicas, o en las que concurran las condiciones, cualidades o relaciones que requiera la correspondiente figura de delito para ser sujeto activo del mismo.

En relación con los condenados por la comisión de determinados delitos mediante sentencia firme, si bien es correcta la supresión de la situación procesal de mero procesamiento —procedimiento penal ordinario— o acusación —procedimiento penal abreviado—, resultaba excesiva y perjudicial para la tutela del interés público la exigencia, en todo caso, de sentencia firme.

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa ha resaltado que la condena por sentencia firme se configura en la legislación de contratos como causa de prohibición de contratar, y no como causa de resolución del contrato; en consecuencia, debe mantenerse que en los contratos adjudicados y en vigor la sentencia condenatoria no puede dar lugar a un expediente de resolución contractual, pero sí impedir futuras adjudicaciones (3) .

□ CONCURSO O INSOLVENCIA O FALSEDAD EN LA DECLARACION

B) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la ley (4) , sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso anterior (5) .La modificación tiene como objetivo facilitar la continuidad de la relación contractual con la Administración a los contratistas que hayan solicitado la declaración de concurso de acreedores voluntario y que éste haya adquirido eficacia en un convenio.Por lo que se refiere a la solicitud de concurso la ley sólo considera causa de prohibición el supuesto de concurso voluntario, pues en ella es la propia empresa quien admite la situación de insolvencia, no así cuando la solicitud de la declaración del concurso la haya realizado un tercero, esto es concurso necesario (6) .

Con la modificación introducida en la Ley 22/2003 Concursal (LA LEY 1181/2003) por la Ley 38/2011 (LA LEY 19112/2011) (7) , no hay duda de que la prohibición no es aplicable a las empresas que ponen en conocimiento del juzgado haber iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. Artículo 5 bis. Comunicación de negociaciones y efectos sobre el deber de solicitud de concurso. El deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio en los términos previstos en esta Ley. Esta comunicación podrá formularse en cualquier momento antes del vencimiento del plazo establecido en el artículo 5. Formulada la comunicación antes de ese momento, no será exigible el deber de solicitar la declaración de concurso voluntario.

Declarado el concurso, se incurre en causa de prohibición independientemente de quién lo haya solicitado, e independientemente de que se haya acordado bien la sustitución, bien la intervención de la administración del concursado por los administradores concursales. La inhabilitación para administrar bienes ajenos es un pronunciamiento de la sentencia que declare culpable el concurso, y puede alcanzar tanto a la persona jurídica concursada como a las personas físicas responsables de la situación de insolvencia de la concursada.

En lo que se refiere al contrato ya firmado, y a diferencia de las demás causas de prohibición, cuya aparición sobrevenida en principio no afecta al contrato vigente, el concurso se prevé en la ley (8) , como una causa de resolución del contrato —no de anulación—, obligatoria si se ha abierto la fase de liquidación, pero si el concurso se encuentra declarado pero no en fase de liquidación, la Administración potestativamente continuará el contrato si el contratista prestare las garantías suficientes a juicio de aquélla para su ejecución (9) .

C) Haber sido sancionado con carácter firme por: infracción grave en materia de disciplina de mercado, en materia profesional o en materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad; infracción muy grave en materia social, incluidas las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social (LA LEY 2611/2000), o en materia medioambiental.

La sanción firme por las infracciones señaladas, en su acuerdo sobre los criterios interpretativos en la aplicación de la prohibición que afecta a los sancionados por tales infracciones (10) , La firmeza de los correctivos debe entenderse referida a la vía jurisdiccional, sin que pueda apreciarse la prohibición cuando la sanción impuesta esté pendiente de recurso en dicha vía (11) . La apreciación de la concurrencia de tal prohibición exige la tramitación de un expediente —cuya resolución compete al ministro de Economía y Hacienda a propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa— en el que, además de darse audiencia al interesado, ha de intervenir la autoridad que hubiese impuesto la sanción firme, la cual debe proporcionar un informe sobre las circunstancias concurrentes para que pueda valorarse el dolo o la mala fe y la entidad del daño causado a los intereses públicos, circunstancias que han de determinar el alcance y la duración de la prohibición.

¿Cuándo se entienden firmes los actos administrativos que declaran la prohibición de contratar y, cuándo, una sanción administrativa?… En el caso de los actos administrativos, cuando se agota la vía administrativa, salvo que, recurrido el acto en vía contenciosa, el Tribunal acuerde la suspensión del mismo. En el supuesto de las sanciones (12) , cuando una sanción administrativa firme, impuesta en base a alguno de los supuestos legales a que nos referimos no contenga pronunciamiento sobre la prohibición de contratar o su duración, no corresponde al órgano de contratación apreciarla de oficio en cualquier caso requerirá su declaración por el procedimiento previsto en la Ley.

D) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen.

El alcance concreto de la simple lectura de la expresión «hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias» se deduce que el requisito no se refiere sólo a los pagos que puedan resultar procedentes sino también al cumplimiento de determinadas obligaciones de carácter formal (13) . Además, cuando el órgano de contratación dependa de una Comunidad Autónoma o de una Entidad local se exigirá acreditar que el licitador no tenga deudas de naturaleza tributaria con dicha Administración.En el momento de la presentación de la oferta el licitador acompañará una declaración responsable de no hallarse incurso en causa de prohibición que incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (14) . Posteriormente, el órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello… Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos (15) .

El contenido de la certificación administrativa, debe dejar claro si tiene carácter positivo o negativo, y su eficacia se agota a los exclusivos efectos de la contratación.El periodo de validez de los certificados presentados —que el art. 16.3 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LA LEY 1470/2001) (RGLCAP (LA LEY 1470/2001)) (16) señala en seis meses de su expedición—, debe comprender el momento inmediatamente anterior al de la adjudicación.

A los efectos de la expedición de las certificaciones, se considerará que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de tales deudas (17) . Por otra parte si queda acreditado que en el momento de presentar la proposición el licitador no se hallaba al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, aunque si lo estuviese en el momento inmediatamente anterior a la adjudicación se incurre en causa de prohibición.Por fin, señalar que la empresa que en el momento de presentarse a una licitación no ejerce actividad alguna y, por ello, no se encuentra dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas debe considerarse que se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones económicas.El Consejo de Estado ha señalado reiteradamente que la revisión de oficio constituye un cauce de utilización ciertamente excepcional y de carácter limitado, de aquí que no cualquier vicio jurídico permita acudir sin más a la revisión de oficio, sino que ella es sólo posible cuando concurra de modo acreditado e indubitado un vicio de nulidad de pleno derecho de los legalmente previstos. Es nula la adjudicación de contratos a favor de personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones para contratar, entre ellas, la de no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social (18) . El legislador estima que la protección de unos intereses públicos, recaudatorios de la prestación debida para la Seguridad Social, debe completarse con una mayor represión de las conductas elusivas o defraudatorias, por lo que prohíbe a quien se encuentre en esa situación deudora la contratación pública.

El Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social (19) dispone que los datos y demás información acreditativos de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social pueden ser objeto de impresión autorizada a través de medios electrónicos, informáticos o telemáticos mediante la inclusión, en el documento emitido, de la huella electrónica y clave de identificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, en los términos establecidos o que establezca el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La información así impresa servirá para certificar el referido cumplimiento de obligaciones con la Seguridad Social a efectos de la celebración de contratos administrativos (20) , siempre que se cumplan los requisitos de huella digital y clave de la Tesorería de la Seguridad Social que acrediten su autenticidad, las certificaciones expedidas a través del sistema RED (21) deben ser admitidas a efectos de acreditar el cumplimiento de las obligaciones de la Seguridad Social. De acuerdo con las disposiciones que regulan la acreditación, del cumplimiento de las obligaciones tributarias (22) la Junta Consultiva de Contratación Administrativa ha declarado que las obligaciones tributarias pueden acreditarse por certificaciones expedidas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria por medios electrónicos, siempre que pueda comprobarse la autenticidad de la copia y se introduzca un código seguro de verificación (23) .

E) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar (24) o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligación de comunicar la información prevista en la ley (25) .

Las proposiciones en el procedimiento abierto y las solicitudes de participación en los procedimientos restringido y negociado y en el diálogo competitivo deberán ir acompañadas de los siguientes documentos:… c) Una declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar. Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.

En todo caso, el empresario está obligado a poner en conocimiento del órgano competente en materia de clasificación cualquier variación en las circunstancias que hubiesen sido tenidas en cuenta para concederla que pueda dar lugar a una revisión de la misma. La omisión de esta comunicación hará incurrir al empresario en la prohibición de contratar prevista en la letra e) del apartado 1 del art. 60.

Los empresarios inscritos están obligados a poner en conocimiento del Registro cualquier variación que se produzca en los datos reflejados en el mismo, así como la superveniencia de cualquier circunstancia que determine la concurrencia de una prohibición de contratar. La omisión de esta comunicación, mediando dolo culpa o negligencia, hará incurrir al empresario en la circunstancia prevista en el precepto citado.

En lo relativo a la expresión «o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia…», si bien no hay una referencia expresa a un precepto concreto de la ley, sin duda lo será a los arts. 74 y siguientes del texto refundido. De este modo, el TRLCSP (LA LEY 21158/2011) establece que «la solvencia económica y financiera y técnica o profesional se acreditará mediante la aportación de los documentos que se determinen por el órgano de contratación de entre los previstos en los artículos 75 a 79 de dicho texto legal» (26) . Dichos documentos incorporan desde meras declaraciones propias sobre existencia de seguros o volumen de ventas, relaciones de obras, de técnicos o unidades técnicas de la que se dispone, o sobre plantilla y material, hasta certificados expedidos por centros de control de calidad, de centros públicos sobre capacidad de producción, hasta las cuentas anuales registradas o la titulación académica de los empleados de la empresa licitadora.

La declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa a la que se refiere el TRLCSP (LA LEY 21158/2011) (27) debe ser otorgada ante la autoridad administrativa.

Cuando, con motivo de la revisión de oficio de un expediente de clasificación, resulta que la empresa incurre en una prohibición de contratar, por omisión de la comunicación de variación de las circunstancias que hubiesen sido tenidas en cuenta para su concesión, no conlleva la nulidad de los contratos celebrados con anterioridad, si la misma no se encuentra inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas del Estado (ROLEC), cuando ello sea obligatorio.

Tanto en vía judicial como consultiva se considera que no tiene trascendencia alguna el hecho de que la recurrente haya interpuesto una querella contra su gestor, pues en este caso lo que se juzga es simplemente la presentación ante la Administración de una documentación falsa, y la falsedad de la misma está expresamente reconocida por la recurrente y acreditada, a los efectos administrativos, por la resolución de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa (28) .

□ CONFLICTOS DE INTERESES E INCOMPATIBILIDADES

F) Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006 de 10 de abril (LA LEY 3407/2006) de regulación de los Conflictos de Intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre (LA LEY 2769/1984) de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio (LA LEY 1596/1985) del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma.

La prohibición alcanza a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en los términos y cuantías establecidas en la legislación citada, el personal y los altos cargos de cualquier Administración pública, así como los cargos electos al servicio de las mismas.

La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva y descendientes de las personas a que se refieren los párrafos anteriores, siempre que, respecto de los últimos, dichas personas ostenten su representación legal.

La vulneración de las prohibiciones para contratar en el acto de adjudicación de un contrato determina la nulidad de pleno derecho de éste. Esta doctrina del Consejo de Estado se ha mantenido constante tanto durante la vigencia de la Ley de Contratos del Estado como durante la vigencia del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LA LEY 2206/2000) (29) .

En atención a la prohibición para contratar prevista en la ley, las personas jurídicas de cualquier naturaleza en cuyo capital participen cargos electos municipales, sus cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva o descendientes de aquéllos, no pueden contratar con las corporaciones locales de las que forman parte ni, por ende, participar en las licitaciones convocadas para la adjudicación de los contratos financiados por ellas. Queda por resolver la cuestión relativa a si esta incompatibilidad se refiere a cualquier participación o si por el contrario cuando ésta no supere un determinado límite no debe ser tenida en cuenta a los efectos examinados. Es posible mantener dos posturas:

— En primer lugar, puesto que la ley electoral no contiene norma alguna al respecto debe entenderse que la incompatibilidad afecta a todos los que se encuentren en tal situación, aun cuando la participación en el capital de la persona jurídica sea muy escaso. En apoyo de esta tesis puede mencionarse el hecho de que la ley al declarar la incompatibilidad lo que está tratando de evitar es el conflicto de intereses entre el cargo electo y la entidad en que él o sus familiares más próximos participan. Y ello porque cualquiera que sea el porcentaje de participación en el capital, es evidente que los intereses de las personas indicadas resultan directamente afectados y, además, de forma incompatible con los de la Corporación Municipal contratante.

También cabe afirmar que lo mismo podría decirse respecto de los afectados por las otras dos leyes mencionadas en el citado precepto ley y sin embargo, se ha establecido un límite porcentual para que la participación en el capital de la entidad sea relevante a los efectos que aquí interesan. A juicio de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, para que la participación de los cargos electos de las entidades locales en el capital de las personas jurídicas que contraten con aquéllas de las que forman parte sea relevante a la hora de determinar la prohibición de contratar prevista en la ley, será preciso que supere el límite establecido para el personal al servicio de las Administraciones Públicas y de los altos cargos del Gobierno de la Nación. Esta tesis se apoya en dos ideas fundamentales. De una parte, porque de entenderlo de forma diferente estaríamos consagrando un supuesto de desigualdad al tratar de forma diferente dos casos iguales con clara vulneración de lo dispuesto en el art. 14 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) CE (30) y, además, porque, de conformidad con lo dispuesto en el art. 4.1 del Código Civil (LA LEY 1/1889), procede la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón (31) .

En principio, la prohibición de contratar hay que entenderla como una restricción a los derechos de los particulares y por ello, la interpretación de la norma que la establece, debe hacerse de forma restrictiva. La cuestión, sin embargo en este caso se trata de aplicar normas que tienen por objeto garantizar la transparencia en la contratación que en lugar de limitar los derechos de los particulares, producen justo el efecto contrario. Lo que estas normas pretenden es asegurar que la adjudicación de los contratos se haga en condiciones de plena objetividad, excluyendo para ello de las licitaciones a quienes pueden influir en la decisión de adjudicación de forma decisiva. Por ello, lejos de interpretarse restrictivamente esta norma, debe hacerse de forma amplia extendiendo sus efectos a todos aquellos supuestos en que la decisión de adjudicación deba adoptarse por quienes de forma directa o indirecta puedan estar interesados en ella como contratistas o por órganos de los que formen parte. A este respecto conviene tener en consideración que las mancomunidades de municipios son entes que nacen precisamente para gestionar ámbitos de la competencia de los municipios que las constituyen. Por otra parte, además, para la gestión de tales ámbitos de competencia, las mancomunidades no disponen de más recursos financieros que los aportados directamente por las Entidades Locales que las integran.

Por todo ello las causas de incompatibilidad previstas legalmente para los miembros de la Corporación municipal son de aplicación también para el caso en que la competencia y los recursos se gestionan por la mancomunidad (32) .

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa ha declarado que la incompatibilidad de legislación de contratos públicos alcanza a los funcionarios de las entidades locales y a sus cónyuges (33) . La incompatibilidad que determina la prohibición de contratar con las Administraciones públicas debe apreciarse en los concejales y sus cónyuges y debe extenderse a las sociedades de las que el concejal o su cónyuge sean administradores únicos, sin que pueda extenderse, por el contrario, a otras sociedades administradas por personas jurídicas de las que el concejal o su cónyuge sean administradores únicos. No obstante esta afirmación, si fuesen suficientemente claros los datos no expuestos o expuestos con confusión podría aplicarse la doctrina jurisprudencial del fraude de Ley o del levantamiento del velo para sostener la incompatibilidad de la persona jurídica de la que es administradora única otra persona jurídica, de la que, a su vez, es administrador único el concejal o su cónyuge. La incompatibilidad resultante del TRLCSP (LA LEY 21158/2011) (34) nunca alcanza a los hermanos y, respecto a los hijos y demás descendientes sólo se extiende a los mismos cuando la persona en la que concurre la causa de prohibición o incompatibilidad, concejal, alcalde, o funcionario, ostente su representación legal, lo que no sucede cuando el hijo es mayor de edad, emancipado y con patrimonio propio, sin que la representación legal pueda derivarse de la circunstancia de que el hijo conviva con el concejal, alcalde o funcionario (35) . Por otra parte la misma Junta Consultiva ha negado una interpretación extensiva de las incompatibilidades por tratarse de normas restrictivas de derechos (36) .

G) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado el incumplimiento a que se refiere el ()Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado (37) , por haber pasado a prestar servicios en empresas o sociedades privadas, directamente relacionadas con las competencias del cargo desempeñado durante los dos años siguientes a la fecha de cese en el mismo. La prohibición de contratar se mantiene durante el tiempo que permanezca dentro de la organización de la empresa la persona contratada, con el límite máximo de dos años a contar desde el cese como alto cargo.

La concurrencia de una causa de incompatibilidad en alguna de las empresas que tenga suscrito un contrato con cualquiera de las Administraciones Públicas, cuando sobrevenga con posterioridad a la perfección del mismo, no ocasiona su nulidad de pleno derecho, sin perjuicio de los efectos que pueda producir respecto de la persona incompatible. En base a ello, procede el pago de los consumos efectuados durante el plazo transcurrido desde que concurre la causa de incompatibilidad hasta que cesa.

(1)

Ver STS 24 de noviembre de 2004.

Ver Texto
(2)

Art. 45.

Ver Texto
(3)

JCCA inf. 6/1999.

Ver Texto
(4)

Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LA LEY 1181/2003).

Ver Texto
(5)

Ver TRLCSP art. 60.1.b (LA LEY 21158/2011).

Ver Texto
(6)

El término voluntario al igual que la expresión «salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio» fue introducido por el RDL 6/2010 (LA LEY 6879/2010).

Ver Texto
(7)

Derogando el art. 5.3 y añadiendo el art. 5 bis.

Ver Texto
(8)

TRLCSP art. 223.b) (LA LEY 21158/2011).

Ver Texto
(9)

TRLCSP arts. 5 (LA LEY 21158/2011) y 224 (LA LEY 21158/2011).

Ver Texto
(10)

Ver TRLCSP art. 49.1.c).

Ver Texto
(11)

JCCA inf. 7/2002.

Ver Texto
(12)

TRLCSP art. 60.1 (LA LEY 21158/2011).

Ver Texto
(13)

Estar dado de alta en el IAE; haber presentado declaración de IRPF ó sociedades y, haber presentado declaraciones periódicas de IVA.

Ver Texto
(14)

TRLCSP art 146.1 (LA LEY 21158/2011).

Ver Texto
(15)

TRLCSP art. 135.2.

Ver Texto
(16)

Aprobado por RD 1098/2001 de 12 de octubre (LA LEY 1470/2001).

Ver Texto
(17)

RGLCAP art. 14.3 (LA LEY 1470/2001).

Ver Texto
(18)

TRLCSP arts. 32 (LA LEY 21158/2011) y 49 (LA LEY 21158/2011).

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(19)

Aprobado por RD 2064/1995, de 22 de diciembre (LA LEY 311/1996).

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(20)

Aprobado por RD 2064/1995 de 22 de diciembre (LA LEY 311/1996); la disp. adic. 6ª fue añadida por RD 1890/1999 de 10 de diciembre (LA LEY 4819/1999).

Ver Texto
(21)

El sistema RED, Remisión Electrónica de Documentos, es un servicio que ofrece la Tesorería General de la Seguridad Social a empresas, agrupaciones de empresas y profesionales colegiados, cuyo objeto es permitir el intercambio de información y documentos entre las distintas entidades a través de medios telemáticos.

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(22)

La acreditación regulada por RD 209/2003 de 21 de febrero (LA LEY 349/2003) por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos, que dio nueva redacción al RD 263/1996, artS.13 (LA LEY 907/1996), 14 (LA LEY 907/1996) y 15 (LA LEY 907/1996).

Ver Texto
(23)

Inf. JCCA 8/2005.

Ver Texto
(24)

TRLCSP art. 146.1 (LA LEY 21158/2011).

Ver Texto
(25)

LCSP art.70.4 (LA LEY 10868/2007) y 330 (circunstancias que pueden dar lugar a la revisión de la clasificación, variaciones que se produzcan en los datos que consten en los registros oficiales de licitadores y empresas clasificadas, o superveniencia de cualquier circunstancia que determine la concurrencia de una prohibición de contratar).

Ver Texto
(26)

Art. 74.

Ver Texto
(27)

En su art. 73.

Ver Texto
(28)

SAN 11 de mayo de 2004, 21 de octubre de 2004, Dict. C.E. 2079/2008.

Ver Texto
(29)

Dict. CE 2717/2000.

Ver Texto
(30)

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Ver Texto
(31)

Ver JCCA inf. 6/2010.

Ver Texto
(32)

JCCA Inf. 76/2009 JCCA.

Ver Texto
(33)

JCCA Infs. 43/2003 y 43/2005.

Ver Texto
(34)

Art. 49.1.f).

Ver Texto
(35)

JCCA inf. 53/2005.

Ver Texto
(36)

JCCA inf. 48/2005.

Ver Texto
(37)

Art. 18.6.

Ver Texto
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