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Pena de muerte

Pena de muerte

La determinación y el cálculo de la pena en el Código Penal

I. CONCEPTO

La pena de muerte es la ejecución de un delincuente que ha sido condenado en juicio. A esta pena se le conoce comúnmente como la pena capital y se aplica como sanción penal ante delitos muy graves, a los que se les denomina “delitos capitales”.

La pena de muerte ha sido, y es, una de las penas que más repercusión internacional tiene, y la más controvertida, generando numerosos conflictos internos en los países que la contemplan, y sobre todo de tipo internacional. A lo largo de la historia la pena de muerte ha sufrido numerosos cambios, tanto en su aplicación como en los diferentes supuestos en los que se imponía.

Existen muchos antecedentes históricos de la pena de muerte. Desde tiempos inmemorables esta pena se aplicaba ante determinados delitos o como solución a conflictos entre sujetos de una misma comunidad. En el ámbito de las sociedades tribales, muy primitivas, la pena de muerte ha sido el eje sobre el que se sustentaba el sistema judicial de la tribu. La pena capital junto con las penas corporales son los instrumentos utilizados para mantener la paz social de la tribu, imponiéndose como castigo a los infractores de sus normas, con el fin de que sirviera de efecto disuasorio a los demás miembros.

II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

A lo largo de los siglos la aplicación de la pena de muerte ha ido evolucionando hasta conseguir la abolición en casi todos los países democráticos. Desde finales del siglo XVIII, se produjeron movimientos en todo el mundo para “humanizar” la aplicación de esta pena, intentando ejecutarla de la forma menos dolorosa para el delincuente. Existían métodos verdaderamente crueles que no sólo conducían irremediablemente a la muerte del que la sufría sino que padecía, antes de ese momento, verdaderos sufrimientos físicos, lo que hacía esa pena mucho más execrable. Por ejemplo, en el Reino Unido se sustituyó la pena de muerte mediante el ahorcamiento con descuartizamiento al simple ahorcamiento dejando caer a la víctima desde alguna plataforma de un metro de altura, lo que provoca la muerte casi instantánea. En Francia se aplicó la guillotina como forma de muerte rápida y no dolorosa; o en Estados Unidos, que se sustituyó la horca por la silla eléctrica.

El siglo XX ha sido uno de los más sangrientos de la historia de la humanidad. Las numerosas guerras habidas en el mundo han supuesto la muerte de millones de personas, de los que la mayor parte lo han sido a consecuencia de ejecuciones masivas, ya sea a prisioneros de guerra (combatientes) ya a civiles. Además, los diferentes ejércitos de numerosos países han mantenido, y aplicado, durante ese siglo, esta pena capital ante determinados delitos, como por ejemplo: la cobardía, la sedición, la insubordinación, etc. Son los delitos más sensibles a la disciplina militar y al mantenimiento del orden dentro de la organización militar. Esta pena se solía ejecutar mediante el fusilamiento. No obstante, la pena de muerte no sólo ha sido utilizada en tiempos de guerra, o por las organizaciones militares, sino que determinados regímenes autoritarios (comunistas o fascistas) lo han empleado como un potente método de opresión política.

Toda esta experiencia histórica, que hay que entender desde esa perspectiva, ha servido para que, a partir de la segunda guerra mundial, se iniciara diferentes movimientos sociales e institucionales a nivel mundial para llegar a la abolición de esta pena. En el año 1977, 16 países eran abolicionistas, los cuales ascendieron a 128 en el año 2007. Esta pena de muerte se aplicaba fundamentalmente en países pobres o de regímenes autoritarios, aunque existían y existen ciertas excepciones como el caso de Japón, China, EEUU, entre otros.

La democratización de América Latina y la caída del comunismo en los países del este de Europa y Europa central, han supuesto serios avances en la abolición de la pena de muerte. Muchos de estos últimos países intentan unirse a la Unión Europea, la cual, junto con el Consejo de Europa prohíben expresamente la pena de muerte, por lo que ningún país que en su legislación contemple dicha pena puede formar parte de la Unión Europea. Sólo hay una excepción y es el Protocolo 6 de la Convención para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales que autoriza el uso de la pena capital dentro de la Unión Europea pero acotado a los tiempos de guerra.

Como se puede apreciar el tema de pena de muerte es uno de los más debatidos y sobre los que más se ha escrito, por lo que es lógico pensar que hay, incuso en el momento actual, detractores y defensores de la misma. Los que la defienden entienden que la pena de muerte sirve no sólo como castigo ante determinados delitos denominados “delitos capitales”, sino como ejemplo para el resto de ciudadanos, reduciendo estos delitos. Los que se oponen a esta pena, consideran que no reduce el crimen, ni consigue el fin buscado, sino que tan sólo anula derechos fundamentales, violando el derecho más sagrado que hay, que es la vida. Una de las frases más emblemáticas sobre esta discusión es la que empleó el académico sefardí Maimónides y que fue:

"Es mejor y más satisfactorio liberar a un millar de culpables que sentenciar a muerte a un solo inocente".

III. NORMATIVA RELATIVA A LA ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE

En España, la pena de muerte existió desde la época medieval hasta 1975. Con la muerte de Franco en 1975 y la aprobación de la Constitución Española de 1978 la pena de muerte fue abolida, tal y como se contempla en el artículo 15 de nuestra Constitución, el cual dispone que: “Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.”

Posteriormente la Ley Orgánica 11/1995 de 27 de noviembre abolió la única vía que posibilitaba la aplicación de esta pena. Así en el preámbulo se decía:

“El artículo 15 de la Constitución española proclama que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral y dispone la abolición de la pena de muerte salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempo de guerra. Tal excepción para determinados delitos cometidos en tiempo de guerra ha sido materializada por la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, por la que se aprueba el Código Penal Militar. No obstante, como tal excepción constitucional, no resulta obligada e imperativa sino que el legislador dispone de plena libertad para abolirla.

Conforme a ello, a la propia pauta de las legislaciones de los Estados modernos en los últimos años y al espíritu y propósito del segundo Protocolo facultativo al Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos, de la Resolución 1044 y de la Recomendación 1246 adoptadas por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el 4 de octubre de 1994, la presente Ley declara abolida la pena de muerte en el Código Penal Militar, único texto legal que la contempla como pena alternativa a determinados delitos cometidos en tiempo de guerra, y suprime todas las referencias legales a la misma, haciéndola desaparecer de nuestro ordenamiento jurídico.”

El artículo 1. Objeto y fin de esta ley, así lo establece, cuando dispone:

“Queda abolida la pena de muerte establecida para tiempo de guerra”.

1. Protocolo sexto de la Convención para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales

El referido documento señala:

“Los Estados miembros del Consejo de Europa, signatarios del presente Protocolo al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 noviembre 1950 (a continuación denominado "el Convenio"),

Considerando que los desarrollos ocurridos en varios Estados miembros del Consejo de Europa expresan una tendencia general en favor de la abolición de la pena de muerte;

Convienen en lo siguiente:

Artículo 1. Abolición de la pena de muerte

Queda abolida la pena de muerte. Nadie podrá ser condenado a tal pena ni ejecutado.

Artículo 2. Pena de muerte en tiempo de guerra

Un Estado podrá prever en su legislación la pena de muerte por actos cometidos en tiempo de guerra o de peligro inminente de guerra; dicha pena solamente se aplicará en los casos previstos por dicha legislación y con arreglo a lo dispuesto en la misma. Dicho Estado comunicará al Secretario general del Consejo de Europa las correspondientes disposiciones de la legislación de que se trate.”

2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 19 de diciembre de 1966

Dispone en su artículo 6:

“1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

2. En los países que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente Pacto ni a la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio. Esta pena sólo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente.

3. Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio se tendrá entendido que nada de lo dispuesto en este artículo excusará en modo alguno a los Estados Partes del cumplimiento de ninguna de las obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio.

4. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos.

5. No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de dieciocho años de edad, ni se la aplicará a las mujeres en estado de gravidez.

6. Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte en el presente Pacto para demorar o impedir la abolición de la pena capital.”

3. Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos civiles y politicos, destinado a abolir la pena de muerte

El presente Protocolo señala en su artículo 1:

“1. No se ejecutará a ninguna persona sometida a la jurisdicción de un Estado Parte en el presente Protocolo.

2. Cada uno de los Estados Partes adoptará todas las medidas necesarias para abolir la pena de muerte en su jurisdicción.”

Y el artículo 2 dispone:

“1. No se admitirá ninguna reserva al presente Protocolo, con excepción de una reserva formulada en el momento de la ratificación o la adhesión en la que se prevea la aplicación de la pena de muerte en tiempo de guerra como consecuencia de una condena por un delito sumamente grave de carácter militar cometido en tiempo de guerra.

2. El Estado Parte que formule esa reserva deberá comunicar al Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de la ratificación o la adhesión, las disposiciones pertinentes de su legislación nacional aplicables en tiempo de guerra.

3. El Estado Parte que haya formulado esa reserva notificará al Secretario General de las Naciones Unidas de todo comienzo o fin de un estado de guerra aplicable a su territorio.”

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