guiasjuridicas.es - Documento
El documento tardará unos segundos en cargarse. Espere, por favor.
Levantamiento del velo

Levantamiento del velo

Sociedades mercantiles

I. PERSONA Y PERSONALIDAD JURÍDICA

La Constitución reconoce como derecho fundamental el derecho de asociarse (artículo 22 Constitución española) De hecho, la propia Constitución se refiere a determinadas organizaciones sociales, como los partidos políticos (artículo 6 Constitución española), los sindicatos y asociaciones empresariales (artículos 7 y 28 Constitución española), el grupo familiar (artículo 39 Constitución española), comunidades de ejercicio de la libertad ideológica, religiosa o de culto (artículo 16.1 Constitución española), los Colegios Profesionales (artículo 36 Constitución española), o las organizaciones de consumidores (artículo 51 Constitución española).

Por tanto, el texto constitucional reconoce que la persona física o el individuo no siempre actúa en la vida económica o social o jurídica solo, sino que también lo hace agrupado, en conjunto o mediante organizaciones que tienden a conseguir fines comunes.

Tales organizaciones y grupos pueden estar dotadas de personalidad de jurídica. Es decir, pueden estar reconocidas por el ordenamiento jurídico como unidad. Se llaman entonces personas jurídicas, de manera que actúan en el tráfico como sujetos de derechos. La persona jurídica, por tanto, tiene un valor instrumental: mediante la atribución de personalidad jurídica el ordenamiento jurídico trata como personas físicas a determinados grupos o entidades: los configura con centros de imputación de derechos y obligaciones.

Esta atribución de personalidad a las organizaciones sociales, dice F. Capilla, es una consecuencia del sistema subjetivista de configurar la atribución de situaciones de poder y sumisión, de los esquemas de relación propios de los ordenamientos modernos. En conclusión, pues, la atribución de personalidad jurídica a las organizaciones sociales es una consecuencia del sistema de derechos subjetivos y relaciones jurídicas de atribución individual. Consiste en una técnica jurídica de imputación, que permite que las organizaciones sociales utilicen el entramado normativo creado para los individuos humanos: las personas en sentido estricto. Y tiene la virtud fundamental de simplificar el sistema jurídico, pues a la postre no deja de ser un medio de economía normativa.

En la doctrina, se han sucedido las teorías que pretenden explicar la naturaleza de las personas jurídicas. Las más importantes son las siguientes:

  • 1. La teoría de la ficción de Savigny. Según Savigny, la atribución de personalidad a las organizaciones sociales no es más que una ficción jurídica pues la personalidad es atributo de la persona, del hombre. La persona jurídica es, por tanto, una creación del ordenamiento jurídico, una creación legal.
  • 2. La teoría orgánica o antropomórfica de O. Von Gierke entiende que las organizaciones sociales tienen un origen natural, con voluntad propia y propios intereses, más allá de la voluntad y de los intereses de las personas físicas que las conforman. El Estado no les concede personalidad sino que se limita a reconocérsela pues, como los hombres, las organizaciones son previas y están dotadas de órganos volitivos y cognoscitivos.
  • 3. La tesis de la atribución de la personalidad, sostenida por Ferrara, entendía que las organizaciones sociales tienen existencia real, de manera que la atribución de personalidad jurídica más que una ficción era un expediente técnico. La personalidad, por tanto, es una creación del ordenamiento jurídico y éste la atribuye a las personas físicas, pero nada impide que se pueda atribuir también a otros entes que no sean las personas físicas, sino un grupo de éstas.
  • 4. La tesis de la abstracción de Coviello parte de la de Ferrara y entiende que a los individuos que actúan conjuntamente en Derecho, el ordenamiento jurídico, mediante una abstracción, les trata como si fueran una sola persona. A diferencia de la teoría de la ficción, aquí, tras la abstracción hay una realidad: un grupo de personas unidos por la persecución de unos mismos fines e intereses.
  • 5. Finalmente, se debe hacer referencia a las tesis que niegan sustantividad a la idea de personalidad jurídica, la cual no es más que una creación del lenguaje jurídico que tiende a simplificar una determinada realidad como consecuencia del sistema de derechos subjetivos y relaciones jurídicas de atribución individual. (Hart, D'Alessandro, Galgano).

El Código Civil contiene el estatuto general o básico de las personas jurídicas en el Capítulo II del Título II, en el Libro Primero, artículos 35 a 39, donde bajo la rúbrica «Del nacimiento y extinción de la personalidad civil», regula, tras las personas naturales, las llamadas personas jurídicas. Se trata de una regulación general, parca, limitada y vaga, que remite a las regulaciones especiales y concretas de cada organización y que atribuye personalidad jurídica con la mera constitución. Así, el artículo 35-1, párrafo segundo, respecto de las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley dice que «su personalidad empieza desde el instante mismo en que, con arreglo a derecho, hubiesen quedado válidamente constituidas». De donde cabe deducir que nuestro sistema no es, con carácter general, de concesión, sino de atribución genérica de personalidad, al menos formalmente. También son personas jurídicas las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados. Estas asociaciones de interés particular, es decir, sociedades, se rigen por las disposiciones relativas al contrato de sociedad, según la naturaleza de éste. Al gozar de personalidad jurídica propia e independiente, las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales, conforme a las leyes y reglas de su constitución.

II. HERMETISMO Y ABUSO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA

La configuración de la persona jurídica como un sujeto de derecho ha supuesto su consideración como sujeto distinto de los miembros que la conforman. Hay, pues, una absoluta separación no sólo de fines sino también de responsabilidades entre la persona jurídica y las personas físicas que la integran. Se habla entonces del hermetismo de la persona jurídica.

Por tanto, al menos formalmente, hay una separación entre la sociedad y sus miembros o socios, lo cual ha conducido a que en el tráfico jurídico económico se abuse de dicha separación e independencia utilizando a la persona jurídica como instrumento útil para la comisión de fraudes y abusos a los derechos de terceros, dejando a salvo el patrimonio personal de los socios.

Este hermetismo o ajenidad de carácter absoluto entre la organización personificada y quienes la integran y dirigen, ha señalado F. Capilla se presta a una utilización abusiva o fraudulenta del mecanismo formal de las personas jurídicas para eludir la aplicación de disposiciones legales desfavorables. Para evitar tales excesos en la dogmática se ha desarrollado, sobre todo por influencia de la doctrina y jurisprudencia anglosajonas, la técnica conocida con el nombre del «abuso de la personalidad jurídica» o «levantamiento del velo de la personalidad», que descansan en la ficción de que en esos casos extremos el juez está autorizado a penetrar en el esquema formal de la persona jurídica, para desvelar lo que se esconde en su trasfondo, aplicando así las normas que se querían eludir. Esta doctrina, que tiene un origen judicial, se inició en Norteamérica a principios del siglo XX, y es conocida como "lifting the veil" o levantamiento del velo, o "disregard of the legal entity" o desprecio a la persona jurídica.

Como ha puesto de manifiesto R. de Ángel, los ámbitos de aplicación de la doctrina del levantamiento del velo han sido numerosos: la responsabilidad patrimonial exartículo 1911 del Código Civil, responsabilidad extracontractual exartículo 1902 del Código Civil, los contratos de arrendamientos, las tercerías de dominio, los actos fiduciarios, etc.

El remedio a los abusos de personalidad se apoya, por tanto, en la doctrina sobre el levantamiento del velo de la persona jurídica (disregard of legal entity o desprecio de la persona jurídica), acogida en nuestro derecho por la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 1984 y plenamente consolidada con apoyo en los principios de buena fe y prohibición del fraude de Ley y abuso del derecho.

En definitiva, la llamada teoría del levantamiento del velo no es más que un medio de control de la persona jurídica para evitar que, amparándose en la misma y en su configuración como sujeto de derecho distinto y ajeno a su miembros, éstos eludan la aplicación de determinadas normas, generalmente de responsabilidad. Con el levantamiento del velo o del hermetismo de la persona jurídica, el juez puede hacer responsable a los socios de obligaciones que formalmente corresponderían la persona jurídica.

Pero esta técnica del levantamiento del velo se basa en la creencia formalista de que la persona jurídica es una sujeto de derecho absolutamente separado y distintos de los miembros que la conforman, bien con base en la teoría de la ficción o en la teoría orgánica. Así, el levantamiento del velo consistiría en una doble ficción: primero fingimos (Savigny) que la persona jurídica existe, que es un sujeto de derecho, con personalidad propia e independiente de la de sus miembros; después fingimos que no existe para poder levantarle el velo y penetrar en su sustrato.

Frente a esta doble ficción, algunos autores han propugnado otros medios de control, como la aplicación de las normas comunes en los casos de abuso de la personalidad, de manera que de las deudas, por ejemplo, responderían los socios en los términos del artículo 1911 del Código Civil, sin que se pueda invocar la limitación o la separación de responsabilidades.

Como fuere, la doctrina del levantamiento del velo se debe incardinar entre aquellas respuestas judiciales y/o legales que tienden a limitar el privilegio de la personalidad separada y la consiguiente limitación de responsabilidad de las personas físicas que actúan en el mercado al socaire de una persona jurídica, abusando de la misma por cuanto lo que persiguen es precisamente limitar su responsabilidad patrimonial colocando entre ellos y los terceros el velo o pantalla de la sociedad o persona jurídica.

De este modo, doctrinas de este tipo, así como las de responsabilidad de los administradores, delimitan el ámbito del principio de limitación de la responsabilidad o de responsabilidad separada y distinta de quienes actúan en el mercado a través de alguna forma mercantil que lleve aparejada el privilegio de la limitación de responsabilidad. Con otras palabras, son normas o doctrinas que corrigen el principio de limitación de responsabilidad o de responsabilidad limitada con que se suele actuar en el tráfico mercantil. Esta tendencia no se circunscribe sólo a los socios, sino que también alcanza a los administradores sociales (normalmente también socios absolutamente o relativamente mayoritarios) a través de otras acciones como las anglosajonas wrongful trading regulada en la sección 214 de la Insolvency Act de 1986 y fraudulent trading regulada en la sección 213 o, en Francia, la llamada acción de cobertura del pasivo o action en comblement du passif, que regula el artículo 180 de la Ley de 25 de enero de 1995.

Realmente, tales medidas de responsabilidad cobran su pleno sentido en sociedades pequeñas y, en concreto, en aquellas en las que el administrador es, a su vez, el único socio o el socio mayoritario, de manera que la forma societaria mercantil se busca para investirse del privilegio de la limitación y separación de responsabilidad. De esta manera, cuando el empresario o comerciante individual utiliza la forma societaria, unipersonal o no, precisamente para limitar su responsabilidad patrimonial (universal e ilimitada) es cuando alcanzan todo su sentido las acciones del tipo señaladas.

En cambio, respecto de grandes sociedades mercantiles, tales remedios jurídicos aparecen un tanto desvaídos pues colocan en situación de riesgo patrimonial importante a profesionales que, en cambio, no son los primeros beneficiados de actuaciones mercantiles al menos gravemente negligentes. Por eso, como ha señalado acertadamente la Sentencia Tribunal Supremo 28 de abril de 2006 de entrada no se puede configurar a los administradores, ni a los socios, como garantes de la responsabilidad patrimonial de la sociedad.

De este modo, es importante resaltar la ligazón entre las medidas citadas y, en concreto, el levantamiento del velo, que hacen responsable patrimonial al socio y, en su caso, también al administrador de la sociedad y su responsabilidad en la gestión de la misma y aprovechamiento de los beneficios derivados de la gestión negligente o de la actuación fraudulenta. Es cierto que la limitación de responsabilidad es un privilegio de los socios: Así, la responsabilidad de los mismos mediante el levantamiento del velo societario no hace sino neutralizar el privilegio del socio-comerciante que ha abusado, al amparo de una persona jurídica, de la limitación de responsabilidad que le ofrece el ordenamiento. Se trata, pues, de una forma de corregir los excesos y abusos del empresario-socio (y a veces también administrador) que busca la forma jurídica societaria (de la que es socio único o mayoritario) para gozar en sus actos en el tráfico económico del privilegio de la limitación de la responsabilidad. En definitiva, los normales contra quien pretender el levantamiento del velo son, precisamente, los socios, normalmente únicos o mayoritarios y habitualmente administradores de la sociedad cuya capital controlan.

III. DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO

En cualquier caso, el Tribunal Supremo aplica la técnica del levantamiento del velo, si bien advierte que debe hacerse de manera ponderada y restringida y sólo cuando presuponga ineludiblemente la actuación negocial de las personas físicas bajo la apariencia o cobertura formal de una sociedad, apareciendo confundidos los patrimonios y la personalidades de todos ellos, lo que permite responsabilizar también a dichas personas físicas del pago de las deudas sociales contraídas en esa fundida y única actuación negocial, aunque formalmente sólo aparezca como deudora la persona jurídica.

Así, el Tribunal Supremo acude, como señaló la antigua Sentencia Tribunal Supremo 28 de mayo de 1984, a la vía de la equidad y de la exigencia del principio de buena fe exartículo 7.1 del Código Civil para penetrar en el «substratum» personal de las entidades o sociedades, a las que la ley confiere personalidad jurídica propia, con el fin de evitar que al socaire de esa ficción o forma legal, que obviamente se debe respetar, se puedan perjudicar ya intereses privados o públicos o bien ser utilizada como camino del fraude (artículo 6.4 del Código Civil). De este modo, los jueces pueden penetrar («levantar el velo jurídico») en el interior de esas personas jurídicas, levantar el velo jurídico o la pantalla, cuando sea preciso para evitar el abuso de esa independencia (artículo 7.2 del Código Civil) en daño ajeno o de los derechos de los demás o contra interés de los socios, es decir, de un mal uso de su personalidad, de un ejercicio antisocial de su derecho (artículo 7.2 del Código Civil). Esto no significa que haya de soslayarse o dejarse de lado la personalidad de la sociedad anónima sujeta al Derecho privado, sino sólo constatar cual es la auténtica y constitutiva personalidad social y económica de la misma, el substrato real de su composición personal (o institucional) y negocial, a los efectos de la determinación de su responsabilidad a los efectos de tercero de buena fe.

Por tanto, la doctrina del Tribunal Supremo se puede resumir, al hilo de la Sentencia Tribunal Supremo 29 de junio de 2006, como sigue:

  • La doctrina jurisprudencial sobre el levantamiento del velo es una técnica que permite exigir una determinada responsabilidad a quien en definitiva resulte ser el verdadero responsable (Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de abril de 2004), sin que sea lícito usar la forma societaria como mero instrumento de elusión responsabilidades personales (Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de abril de 2004) y evitando que se utilice la personalidad jurídica societaria como un medio o instrumento de fraude (Sentencias del Tribunal Supremo 2 de junio de 2004 y 20 de julio de 2006).
  • La doctrina del levantamiento del velo trata de evitar que el abuso de la personalidad jurídica pueda perjudicar intereses públicos o privados, causar daño ajeno, o burlar los derechos de los demás (Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 2002, 25 de abril de 2003, 6 de abril de 2005 y 10 de febrero de 2006).
  • Se trata, en todo caso, de evitar que se utilice la personalidad jurídica societaria como un medio o instrumento defraudatorio, o con un fin fraudulento (Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2000, 19 de septiembre de 2004 y 30 de mayo de 2005).
  • Se produce dicho fin fraudulento, entre otros supuestos, cuando se trata de eludir responsabilidades personales (Sentencias del Tribunal Supremo 28 de marzo de 2000, 14 de abril de 2004; 20 de junio de 2005 y 24 de mayo de 2006) como el pago de deudas (Sentencias Tribunal Supremo 19 de mayo de 2003 y 27 de octubre de 2004) o la elusión de la responsabilidad patrimonial universal mediante el ejercicio de una tercería de dominio interpuesta por una sociedad cuyo sustrato personal se confunde con el deudor o que, respecto de él, carece de independencia patrimonial o autonomía económica (Sentencia del Tribunal Supremo 20 de julio de 2006: se trata, en definitiva, de la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo a un supuesto en el que se utiliza como norma de cobertura la normativa referente a la persona jurídica para, mediante una demanda de tercería de dominio, eludir el cumplimiento del principio de responsabilidad patrimonial universal consagrado el artículo 1911 del Código Civil).
  • Sin embargo, siempre habrá de tenerse en cuenta que la doctrina del levantamiento del velo es de aplicación excepcional, por lo que debe ser objeto de un uso ponderado y restringido (Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de octubre 2002 y 11 de septiembre de 2003).
  • La doctrina del levantamiento del velo no puede utilizarse sin más que la invocación unilateral de fraude, pues, en principio ha de mantenerse la personalidad de las entidades jurídicas, si no quiere que desaparezca en la vida real la actividad jurídica de las sociedades. Por el contrario, se trata de una teoría cuya aplicación tiene carácter excepcional (Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2003).

Así, como dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2006, es legítima la práctica de penetrar en el «substratum» personal de las entidades o sociedades, a las que la Ley confiere personalidad jurídica propia, con el fin de evitar que al socaire de esa ficción o forma legal se puedan perjudicar ya intereses privados o públicos como camino del fraude (artículo 6.4 del Código Civil), admitiéndose la posibilidad de que los Jueces puedan penetrar («levantar el velo») en el interior de esas personas cuando sea preciso para evitar el abuso de esa independencia (artículo 7.2 del Código Civil) en daño ajeno.

La aplicabilidad de la doctrina jurisprudencial del «levantamiento del velo», siempre de uso ponderado y restringido, presupone ineludiblemente la actuación negocial de una o varias personas físicas bajo la apariencia o cobertura formal de una sociedad, de la que son o suelen ser socios únicos dichas personas físicas, apareciendo confundidos los patrimonios y la personalidad de todos ellos, (la de la persona o personas físicas actuantes y la de la persona jurídica), lo que permite responsabilizar también a dichas persona o personas físicas del pago de las deudas sociales contraídas en esa fundida y única actuación negocial aunque formalmente aparezca como deudora única la referida persona jurídica (Sentencia del Tribunal Supremo 30 de octubre de 1999).

En definitiva, es doctrina consolidada del Tribunal Supremo la del levantamiento del velo de las sociedades cuando la sociedad mercantil o, en general la persona jurídica, es un simple instrumento para actuar en el tráfico, una apariencia o cobertura formal, apareciendo confundidos los patrimonios, de modo que no cabe alegar la separación de patrimonios por razón de tener personalidad jurídica propia (Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de julio de 1998, 31 de enero de 2000, 17 de octubre de 2000, 18 de abril de 2001, 8 de mayo de 2001 y 21 de mayo de 2002). La tutela judicial efectiva exige claramente que, en determinados casos, se transcienda la apariencia o cobertura formal de las personas jurídicas y, en concreto de las sociedades mercantiles.

Subir