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Libertad de conciencia

Libertad de conciencia

El artículo 16 de la Constitución Española de 1978 al regular las libertades ideológica, religiosa y de culto ampara la libertad de conciencia. Analizaremos a continuación su configuración y límites.

Administrativo

Aunque no se prevé expresamente en el artículo 16 de la Constitución Española de 1978, se considera que la libertad de conciencia queda amparada por dicho precepto, en el que se regulan las libertades ideológica, religiosa y de culto.

Es evidente que ni la Constitución ni el Estado pueden interferir en un ámbito tan íntimo y personal como el de la propia conciencia del individuo, sin perjuicio de que los límites puedan surgir cuando tal conciencia se exteriorice a través del ejercicio de otros derechos como el de la libertad religiosa o la libertad de expresión.

Así, la libertad ideológica tiene una vertiente íntima: el derecho de cada uno a tener su propia concepción del mundo, sus ideas y opiniones hasta el punto de que nuestra Constitución permite la defensa de ideologías contrarias al ordenamiento constitucional, siempre que se respeten los límites punibles y el orden público.

Pero sobre todo, la libertad de conciencia existe porque la propia Constitución hace prevalecer la misma sobre el cumplimiento de algunos deberes o ante determinadas actuaciones de terceros o al menos, remite a la ley tal posibilidad. Así, prevé la Constitución la objeción de conciencia (artículo 30.2), cuando remite a la ley su regulación como una de las causas de exención del servicio militar obligatorio.

La objeción de conciencia no es un derecho fundamental, sino un derecho constitucional autónomo, que de acuerdo con las previsiones del artículo 53.1, puede ser invocado ante el Tribunal Constitucional por la vía del recurso de amparo, lo que no se predica de ningún otro derecho no comprendido en la Sección Primera del Capítulo segundo del Título I de la Constitución.

Precisamente, por no formar parte de la Sección Primera, su desarrollo normativo no requiere Ley Orgánica (artículo 81.1 Constitución Española y Sentencia Tribunal Constitucional 160/1987).

El Tribunal Constitucional lo ha definido como una especificación de la libertad de conciencia, la cual supone no sólo el derecho a formar libremente la propia conciencia, sino también a obrar de modo conforme a los imperativos de la misma. Supone la oposición, por razones de índole religiosa o ideológica a cualquier forma de violencia y, por consiguiente, al adiestramiento militar, en tanto que formación encaminada a la defensa del Estado por medio de las armas en caso de que ello sea preciso (Sentencia del Tribunal Constitucional 15/1982). En esta misma Sentencia subrayó el Tribunal que, pese a que entonces aún no había sido regulada por el legislador, la objeción de conciencia tiene una aplicación inmediata, derivada directamente del texto constitucional, a la que se podían acoger los mozos para suspender su incorporación a filas. "Para cumplir el mandato constitucional es preciso, por tanto, declarar que el objetor de conciencia tiene derecho a que su incorporación a filas se aplace hasta que se configure el procedimiento que pueda conferir plena realización a su derecho de objetor... " (Fundamento jurídico 8). Ahora bien, reconociendo el Tribunal Constitucional la relación del derecho con el de la libertad ideológica, los diferencia claramente: "Constituye, en este sentido, una excepción al cumplimiento de un deber general, solamente permitida por el artículo 30.2 en cuanto que sin ese reconocimiento constitucional no podría ejercerse el derecho, ni siquiera al amparo del de libertad ideológica o de conciencia (artículo 16 Constitución española) que, por sí mismo, no sería suficiente para liberar a los ciudadanos de deberes constitucionales o "subconstitucionales" por motivos de conciencia, con el riesgo anejo de relativizar los mandatos jurídicos" (Sentencia del Tribunal Constitucional 160/1987, Fundamento jurídico 3).

La ya derogada Ley 48/1984, de 26 de diciembre, reguló la objeción de conciencia y la prestación social sustitutoria. Dicha Ley fue recurrida ante el Tribunal Constitucional y dio lugar a la Sentencia 160/1987. Tras la profesionalización del ejército se aprobó la también hoy derogada Ley 22/1998, de 6 de julio, reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria, si bien dicha ley preveía en su disposición adicional cuarta que extendería sus efectos en tanto subsistiese el servicio militar obligatorio. La Ley 17/1999, preveía en su disposición adicional decimotercera la suspensión de la prestación obligatoria del servicio militar a partir del 31 de diciembre de 2002, fecha luego adelantada al 31 de diciembre de 2001 por el Real Decreto 247/2001, de 9 de marzo.

También hace referencia la Constitución a la libertad de conciencia cuando remite a la ley la regulación de la cláusula de conciencia (artículo 20.1 d)) de los periodistas. Dicha cláusula, consecuencia directa de la superación de la etapa empresarista de la información, se considera hoy como una previsión propia de épocas pasadas. Permite al profesional de la información resolver su contrato de trabajo, sin que ello le ocasione perjuicios económicos, cuando se produjera un cambio en la orientación ideológica de la empresa en que trabaja.

A su vez, el Tribunal Constitucional ha reconocido también la objeción de médicos y personal sanitario en relación con la interrupción voluntaria del embarazo (Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985) y prácticas vinculadas a la reproducción asistida (Sentencia del Tribunal Constitucional 116/1999).

La objeción de conciencia no se admite sin embargo con carácter general, no se reconoce una facultad de oponerse, por razones ideológicas, al cumplimiento de los deberes constitucionales o legales, habiéndose rechazado la denominada "objeción fiscal" (Auto del Tribunal Constitucional 71/1993).

Recuerde:

• La propia Constitución hace prevalecer la libertad de conciencia sobre el cumplimiento de algunos deberes o ante determinadas actuaciones de terceros o al menos, remite a la ley tal posibilidad. Así, prevé la objeción de conciencia en su artículo 30.2.

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