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Precio, recompensa o promesa

Precio, recompensa o promesa

Penal

Se trata de una de las circunstancias del delito de asesinato. El artículo 139 del Código Penal vigente establece que: "Será castigado con la pena de prisión de quince a veinticinco años, como reo de asesinato, el que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:

1.ª Con alevosía.

2.ª Por precio, recompensa o promesa.

3.ª Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido.

4.ª Para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra."

I. CONCEPTO Y FUNDAMENTO

La primera cuestión que debe ser examinada es el fundamento de la mayor penalidad en esta circunstancia. Se viene considerando que radica en un más elevado reproche de la acción, debido a que el autor mata para obtener una ventaja económica o material, lo que la doctrina denomina móviles abyectos o fútiles.

Existirá precio cuando concurra dinero efectivo o cualquier cosa con valor pecuniario (por ejemplo una joya). La recompensa es una ventaja material distinta del precio, como puede ocurrir en los casos de obtención de un empleo o de una promoción profesional. Hay promesa en los supuestos de pago diferido en el tiempo, es decir, el ofrecimiento de un precio o recompensa que será abonada tras la comisión del delito.

Resulta claro que esta agravación es aplicable a la persona que mata "por" precio, recompensa o promesa. No basta con la concurrencia del precio, la recompensa o la promesa, sino que éstos deben ser el motivo que ha determinado el nacimiento de la resolución de cometer el delito: quien estaba decidido a cometer el delito con anterioridad a la existencia o promesa de la ventaja material no es autor de asesinato por esta circunstancia. Apoyándonos en una reiterada jurisprudencia, la aplicación de la agravante de precio requiere que éste sea el resorte para la realización del hecho (Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 2002).

II. APLICACIÓN A LA PERSONA QUE OFRECE EL PRECIO, RECOMPENSA O PROMESA

Resulta más problemática su aplicación a la persona que ofrece la ventaja material. La doctrina entiende que deberá ser penado como inductor o cooperador necesario de un delito de homicidio, pero no de asesinato, habida cuenta que esta circunstancia de agravación solamente resulta de aplicación al autor material; aunque la jurisprudencia ha considerado que sí que es posible la inducción o la cooperación necesaria al asesinato. En este sentido cabe destacar la sentencia del Tribunal Supremo 1813/2002, de 31 de octubre, que confirmó la Sentencia de la Audiencia que condenada a una acusada como inductora del delito intentado de asesinato de su marido; esta última resolución declaró probado que la condenaba propuso al coimputado la muerte de su marido "por lo que conseguiría, además de sus favores sexuales, un reloj marca Cartier y 50 millones de pesetas".

Cuando ha abordado la naturaleza de la agravante de precio, la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo no ha mantenido un criterio uniforme. Así, mientras en algunas Sentencias se ha afirmado la naturaleza bilateral de la agravación (13 de noviembre de 1998 y las que cita 7 de julio de 1983, 25 de abril de 1985, 21 de octubre de 1991 y 14 de septiembre de 1992), en otras (25 de enero de 1993, 10 de marzo de 1986, 5 de noviembre de 1985, 25 de mayo de 1976, 17 de noviembre de 1973) se ha erradicado la apreciación de la agravante de "precio, recompensa o promesa" al inductor por respeto al principio non bis in idem pues cuando "la inducción o instigación aparece fundada únicamente en el ofrecimiento del precio, resulta evidente que tal merced no puede ser valorada dos veces: una como productora de la instigación y otra como circunstancia de agravación de la misma, sin vulnerar el elemental principio penal del non bis in idem que impide penar dos veces la conducta".

Abundando en este último razonamiento, la sentencia del Tribunal Supremo 1813/2002, de 31 de octubre, afirma que: "si para que sea aplicable la agravación de precio es preciso que éste motive el hecho del que lo recibe, es evidente que la agravación funciona como instrumento de la inducción. En otras palabras, hay inducción porque mediando precio se creó el dolo en el ejecutor. Consiguientemente, no cabe apreciar la agravante de precio si ya ha sido tomada en consideración para conformar conceptualmente la inducción. Apoyándonos en una reiterada jurisprudencia, la aplicación de la agravante de precio requiere que éste sea el resorte para la realización del hecho, de lo que resulta que el precio se convierte en instrumento de la inducción, esto es, el precio se integra en la inducción por lo que no cabe una doble valoración jurídica, como inductor partícipe, equiparado al autor en su penalidad, y como presupuesto de la agravación específica".

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