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Oferta económicamente más ventajosa

Oferta económicamente más ventajosa

Contratos públicos
Contratación pública

El concepto de oferta económicamente más ventajosa procede del Derecho comunitario de la contratación pública. Está muy presente, por lo tanto, en las Directivas y en la jurisprudencia europea. En la contratación administrativa española se ha utilizado hasta ahora otros conceptos tradicionales como el precio, o la mejor oferta o proposición. Sin embargo, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, adopta plenamente la terminología comunitaria y se refiere a la oferta económicamente más ventajosa.

La oferta económicamente más ventajosa es concebida por el Derecho comunitario como aquella que presenta la mejor relación calidad/precio. Es decir, cabe distinguir entre aquellos procedimientos que seleccionan la oferta que presente el precio más bajo, y aquellos otros que la seleccionan en función de una pluralidad de criterios. En éstos últimos, la oferta finalmente seleccionada es la que en su conjunto presenta las mejores condiciones a juicio del órgano de contratación y por lo tanto no coincide necesariamente con la que oferte el precio más bajo.

La adopción de esta nueva terminología y la conveniencia de utilizar la terminología de la contratación pública comunitaria con carácter general, posibilita la "interoperabilidad" con los sistemas europeos de contratación, si bien el legislador español ha ofrecido una justificación especial a la adopción del concepto de oferta económicamente más ventajosa. Y lo hace porque la Ley española no va a utilizar este término con exactamente el mismo significado que el derecho comunitario.

Y es que la Ley de Contratos del Sector Público emplea la expresión "oferta económicamente más ventajosa" para referirse tanto a la seleccionada tras la conjugación de varios criterios como para aquella que lo ha sido exclusivamente en atención al precio. Por lo tanto, y como se expresaba en la Exposición de motivos de la Ley de Contratos de 2007, el concepto legal que presentaba la Ley era más amplio que el de la Directiva 18/2004, de 31 de marzo. La razón de esta unificación de conceptos bajo la denominación de oferta económicamente más ventajosa pretendía, en palabras de la Exposición, "evitar forzar el valor lingüístico usual de las expresiones utilizadas (no se entendería que la oferta más barata, cuando el único criterio a valorar sea el precio, no fuese calificada como la económicamente más ventajosa), y para facilitar su empleo como directriz que resalte la necesidad de atender a criterios de eficiencia en la contratación".

El reflejo más claro de este planteamiento podemos encontrarlo en los artículos 150 y 151 del Texto Refundido. El primero de ellos establece que para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa deberá atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato, y también que cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, éste ha de ser, necesariamente, el del precio más bajo. Es decir, los dos conceptos que ahora van a ser englobados bajo la denominación de oferta económicamente más ventajosa: el precio más bajo que resulta de la comparación de precios y que es el sistema conocido hasta ahora como subasta; y la mejor oferta en su conjunto determinada por la valoración de varios criterios objetivos que también hasta ahora era el resultado de un concurso.

El artículo 151.1 expresa que el órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, atendiendo para ello a los criterios de adjudicación señalados en el pliego o en el anuncio. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo. He aquí, por lo tanto, la unificación de la que venimos hablando.

La finalidad de los procedimientos de adjudicación es, pues, la determinación de la oferta económicamente más ventajosa. Esta determinación puede obtenerse tras la aplicación de una pluralidad de criterios, o por el único de constatar cuál es el precio más bajo. Pero en cualquier caso, la oferta seleccionada es denominada "económicamente más ventajosa" y es sobre la que recae la adjudicación, tras la presentación de la documentación requerida, a la que se refiere el artículo 151.2 del Texto Refundido.

La jurisprudencia comunitaria ha destacado que la obligación de informar previamente a los licitadores de los criterios de adjudicación y, si ello es posible, de su ponderación relativa tiene por objeto garantizar los principios de igualdad de trato y de transparencia (SSTJUE de 12 de diciembre de 2002, Universale-Bau y otros, C 470/99, y de 24 de noviembre de 2005, ATI EAC y Viaggi di Maio y otros, C 331/04), principios que implican que las entidades adjudicadoras deben atenerse a la misma interpretación de los criterios de adjudicación a lo largo de todo el procedimiento, si bien dichos criterios no deben ser objeto de ninguna modificación a lo largo del procedimiento de adjudicación (STJUE de 18 de noviembre de 2010, Comisión/Irlanda, C-226/09). A este último respecto, son admisibles todos los criterios que tengan carácter objetivo y no impliquen ningún elemento arbitrario (STJUE de 20 de septiembre de 1988, Beentjes, C-31/87), pues, los criterios que las entidades adjudicadoras pueden utilizar no se enumeran con carácter exhaustivo en la norma comunitaria, que, por tanto, deja a las entidades adjudicadoras la elección de los criterios de adjudicación del contrato que vayan a utilizar, aunque tal elección sólo puede recaer sobre criterios dirigidos a identificar la oferta económicamente más ventajosa (SSTJUE de 20 de septiembre de 1988, Beentjes, C-31/87, de 18 de octubre de 2001, SIAC Construction, C-19/00, de 17 de septiembre de 2002, Concordia Bus Finland, C-513/99, y de 19 de junio de 2003, GAT, C-315/01). Por consiguiente, se excluyen como "criterios de adjudicación" aquellos que no van dirigidos a identificar la oferta económicamente más ventajosa, sino que están vinculados, en esencia, a la apreciación de la aptitud de los licitadores para ejecutar el contrato en cuestión (STJUE de 24 de enero de 2008, Lianakis y otros, C-532/06), si bien no está excluida la posibilidad de que los órganos de contratación utilicen como criterio una condición relacionada con la lucha contra el desempleo, siempre que ésta respete todos los principios fundamentales del Derecho comunitario y, en particular, el principio de no discriminación que se deriva de las disposiciones del Tratado en materia de derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios (STJUE de 26 de septiembre de 2000, Comisión/Francia, C-225/98).

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