Prueba de cargo

¿Qué importancia tiene la prueba en el proceso penal?

La prueba, de gran importancia en nuestro ordenamiento jurídico, alcanza su expresión máxima en el orden jurisdiccional penal, donde para la aplicación del derecho, los hechos alegados han de ser acreditados, mediante la prueba, prueba que se exige sea de cargo, con el fin de evitar que ninguna persona sea condenada con pruebas endebles o débiles, sino que la condena tenga una base sólida en virtud de la cual, el juzgador llega a la convicción de la culpabilidad del acusado.

Por ello, en el orden penal suele alegarse como motivo de los recursos de apelación o casación el error en la valoración de la prueba como principal razón de ser de estos recursos, centrado, en su mayor medida, en la alegación de que no ha existido prueba de cargo y que, en consecuencia, no se ha destruido la presunción de inocencia.

Dicha presunción interina abarca el aspecto de la culpabilidad, como responsabilidad penal por la realización del presunto delito, y no el normativo de reprochabilidad jurídico-penal por la ejecución voluntaria o negligente del mismo, por lo que caen fuera del ámbito de esa presunción garantizadora, tanto la valoración técnico-penal de la conducta declarada como existente y la determinación de su tipicidad, como la existencia de hechos impeditivos, cuya mera alegación no puede ampararse en la presunción de inocencia, sino que se hace preciso su prueba por quien los invoque. (STS 30 de septiembre de 1994).

Es decir, conforme las exigencias jurisprudenciales, para enervar la presunción de inocencia se exige, además de una mínima actividad probatoria legalmente obtenida, que ésta tenga entidad suficiente para construir enlace racional y ajustado a las reglas de la lógica deductiva entre el contenido del elemento probatorio seleccionado para sustentar el fallo condenatorio y la convicción a la que llega el órgano sentenciador.

Solo podrá constituir prueba de cargo aquella que recae sobre los hechos objeto de enjuiciamiento y sobre los participantes, por tanto, atendiendo a los elementos del tipo, mediante la prueba de cargo se han de evidenciar los hechos constitutivos del delito, tanto objetivos como subjetivos, y así lo ha establecido la jurisprudencia (STC 33/2000, de 14 de febrero).

En este sentido, partiendo del principio inspirador de nuestro sistema punitivo, la presunción de inocencia sólo puede desvirtuarse, mediante prueba de cargo suficiente, que contribuya a fijar el hecho que constituya la conducta típica, el elemento subjetivo del injusto, y el grado de participación en el mismo.

Acreditados tales extremos habrá que atender al grado de ejecución y a la concurrencia o no de circunstancias modificativas de responsabilidad criminal, en concreto agravantes, que también exigirán para su apreciación la existencia de una mínima prueba de cargo.

En caso contrario, la falta de acreditación de los hechos constitutivos, implicará, necesariamente, una sentencia absolutoria.

¿Qué es necesario probar?

Tanto la doctrina como la jurisprudencia han venido diferenciando entre dos tipos de hechos:

• • Hechos objetivos, a partir de los cuales se procede a la ejecución material del delito, y en consecuencia la concurrencia de los elementos del tipo. Son aquellos que el sujeto lleva a cabo u omite, en el caso de delitos de omisión pura o comisión por omisión, y que se constituyen como necesarios para la realización de la conducta típica, de tal forma que, existiendo prueba de cargo respecto de estos, estará acreditada la realización del hecho punible por el acusado.
• • Hechos subjetivos, a partir de los cuales se observa el estado mental del autor, y en consecuencia, la culpabilidad del mismo. Determinarán la concurrencia de circunstancias que llevan al juzgador a dictar una sentencia condenatoria, y son el elemento subjetivo del injusto, dolo o imprudencia, y la imputabilidad del sujeto con la concurrencia de alguna causa modificativa de responsabilidad criminal, eximentes o atenuantes, así como excusas absolutorias o causas de justificación.

Mientras la acreditación de los hechos objetivos a través de la concurrencia de prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia es relativamente sencilla, cuando existe, la acreditación de los hechos subjetivos es más complicada, aunque en la mayoría de los casos la voluntad del sujeto coincidirá con la que se desprenda del análisis de la conducta.

En este sentido, cuando se habla de hechos internos, difícilmente acreditables, la jurisprudencia ha mantenido que quedan excluidos del objeto de la prueba y, por tanto, no se encuentran amparados por la presunción de inocencia, que únicamente desplegarán sus efectos sobre los hechos materiales del delito.

La convicción de éste debe asentarse sobre una firme y sólida base fáctica y un lógico proceso argumental para obtener, aun por las vías indirectas de la deducción valorativa de los hechos, un juicio fundado que no rompa con la necesaria armonía que debe presidir todo proceso deductivo (STS de 19 de septiembre de 1990), y en este sentido, la jurisprudencia del TS cuando habla de acreditación de hechos subjetivos habla de juicios de valor.

Ahora bien, esta doctrina del TS parece entrar en colisión con la doctrina del TC, que mantiene los efectos de la presunción de inocencia también sobre los hechos internos y, por tanto, el elemento subjetivo del delito deberá también ser acreditado mediante prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia.

Según ha avanzado nuestra jurisprudencia, en ocasiones, hasta el TS en contra de su propia doctrina, ha valorado si los hechos internos han de ser objeto de prueba o no (STS 1657/2001, de 26 de septiembre, Rec. 4265/1999), deduciendo que los elementos subjetivos del delito han de ser igualmente acreditados, para poder valorar la concurrencia de un elemento intencional o la posible existencia de una imprudencia, para aquellos casos en los que, expresamente, se encuentren así tipificados.

Dicho esto, cuando se habla de la acreditación de hechos favorables a la defensa, como hechos impeditivos, extintivos o excluyentes, también deben ser acreditados para su apreciación y que en un primer momento parece corresponder, su acreditación, a la defensa, sin embargo, no se puede olvidar el papel del Ministerio Fiscal en el proceso penal, carente de interés subjetivo alguno.

¿Cuándo la declaración de la víctima es una prueba es de cargo?

Los requisitos exigidos han sido recogidos en la STS 119/2019, de 6 de marzo, Rec. 779/2018, estableciendo que ha de valorarse para tal apreciación:

• • Seguridad en la declaración ante el Tribunal.
• • Concreción en el relato de los hechos ocurridos objeto de la causa.
• • Claridad expositiva ante el Tribunal.
• • "Lenguaje gestual" de convicción. Elemento de gran importancia que se caracteriza por la forma en que la víctima se expresa desde el punto de vista del lenguaje no verbal con el que se acompaña la declaración ante el Tribunal.
• • Seriedad expositiva.
• • Expresividad descriptiva en el relato de los hechos ocurridos.
• • Ausencia de contradicciones y concordancia del iter relatado de los hechos.
• • Ausencia de lagunas en el relato de exposición que pueda llevar a dudas de su credibilidad.
• • La declaración no debe ser fragmentada.
• • Debe desprenderse un relato íntegro de los hechos y no fraccionado acerca de lo que le interese declarar y ocultar lo que le beneficie acerca de lo ocurrido.
• • Debe contar tanto lo que a ella y su posición beneficia y como lo que le perjudica.

Todos estos criterios, han de ser apreciados conjuntamente, y en relación a todas las circunstancias concurrentes.

Pero el problema surgirá cuando la declaración de la víctima sea la única prueba practicada y sea contraria, a su vez, a la declaración del acusado, debiendo entonces confrontar la declaración del acusado con la de la víctima, y atendiendo a los siguientes criterios:

• • La declaración de la víctima no es prueba indiciaria sino prueba directa, y ha sido admitida como prueba de cargo tanto por la doctrina del Tribunal Supremo (STS 1317/2004, de 16 de noviembre, Rec. 2912/2002), como del Tribunal Constitucional (STC 173/1990, de 12 de noviembre, 229/91, de 28 de noviembre).
• • No es automáticamente prueba de cargo suficiente ya que está sometida a la valoración del Tribunal sentenciador.
• • Esta declaración no es asimilable totalmente a la de un tercero.
• • Las declaraciones de la víctima o perjudicado tienen valor de prueba testifical, siempre que se practiquen con las debidas garantías y son hábiles por si solas para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia de forma específica en los delitos en que por las circunstancias en que se comenten no suele concurrir la presencia de otros testigos.
• • Cuando es la única prueba de cargo exige una cuidada y prudente valoración por el Tribunal sentenciador.
• • Existe una situación límite de riesgo para el derecho constitucional de presunción de inocencia cuando la única prueba de cargo la constituye la declaración de la víctima del delito.

Dicho esto, la declaración de la víctima de violencia de género, además, ha de ser tomada en relación a la situación en la que se encuentra la misma y su posición frente al acusado.

¿Cuándo las declaraciones del coimputado en sede policial son prueba de cargo?

El TC exige una serie de presupuestos y requisitos:

• • Materiales: que exista una causa legítima que impida reproducir la declaración en el juicio oral.
• • Subjetivos: la necesaria intervención del Juez de Instrucción.
• • Objetivos: que se garantice la posibilidad de contradicción, para lo cual ha de haber sido convocado el abogado del investigado, a fin de que pueda participar en el interrogatorio sumarial del testigo.
• • Formales: la introducción del contenido de la declaración sumarial a través de la lectura del acta en que se documenta, conforme a lo ordenado por los arts. 714 y 730 LECrim, o a través de los interrogatorios, lo que posibilita que su contenido acceda al debate procesal público y se someta a confrontación con las demás declaraciones de quienes sí intervinieron en el juicio oral (SSTC 195/2002, de 28 de octubre; 187/2003, de 27 de octubre y 344/2006, de 11 de diciembre).

Como recuerda la STC 345/2006, de 11 de diciembre , en aplicación de esta doctrina hemos admitido expresamente en anteriores pronunciamientos "la legitimidad constitucional de las previsiones legales recogidas en los artículos 714 y 730 LECrim, siempre que "el contenido de la diligencia practicada en el sumario se reproduzca en el acto del juicio oral mediante la lectura pública del acta en la que se documentó, o introduciendo su contenido a través de los interrogatorios (STC 2/2002, de 14 de enero), pues de esta manera, ante la rectificación o retractación del testimonio operada en el acto del juicio oral (art. 714 LECrim), o ante la imposibilidad material de su reproducción (art. 730 LECrim), el resultado de la diligencia accede al debate procesal público ante el Tribunal, cumpliendo así la triple exigencia constitucional de toda actividad probatoria: publicidad, inmediación y contradicción" (SSTC 155/2002, de 22 de julio, y 187/2003, de 27 de septiembre)".