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Junta de acreedores

JUNTA DE ACREEDORES

I. CONCEPTO Y MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA LEY CONCURSAL

La junta de acreedores era definida como el órgano deliberante en los procedimientos de suspensión de pagos y de quiebra, que se constituía en la suspensión de pagos para deliberar y decidir acerca del convenio cuando por ser más de doscientos los acreedores no procediera la tramitación escrita. En la quiebra se constituía como órgano de participación en el procedimiento que podía ser convocado en cuantas ocasiones fueran oportunas y necesariamente para proceder al nombramiento de síndicos y a su posterior rendición de cuentas, así como al examen y reconocimiento de los créditos y a su graduación, deliberándose en la junta de carácter extraordinario sobre el convenio.

La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, simplificó la estructura orgánica del concurso; ya que solamente el juez y la administración concursal constituyen órganos necesarios en el procedimiento.

En el Derecho concursal español anterior a la citada Ley se constituyó como principio general el de que el convenio entre el concursado o el quebrado y la colectividad de sus acreedores debía ser concluido en Junta de acreedores debidamente convocada. Se trataba de un principio que, nacido en los orígenes mismos de la quiebra, evolucionó hasta adquirir carácter absoluto en la codificación. Así, los deudores insolventes, una vez celebrada la junta de acreedores en que había sido sometida a votación la propuesta de convenio, recababan la adhesión posterior de aquellos acreedores que no habían concurrido a la reunión, a fin de conseguir de este modo la mayoría necesaria para la aprobación del convenio.

El problema que se suscitó desde un inicio fue la existencia de todo tipo de fraudes motivados por la actividad desplegada por el quebrado en orden a conseguir la adhesión de esos acreedores, fraudes en los que en ocasiones participaban esos mismos acreedores que veían satisfechos sus derechos de crédito en mejores condiciones que el resto a cambio de permitir la aprobación de un convenio que perjudicaba desde un inicio la regla general de la "par conditio creditorum" que prohibía la existencia de privilegios entre acreedores del mismo tipo. Por ello se entendió que todo acuerdo entre deudor y acreedores debía ser tomado necesariamente en la junta de los acreedores sin que se admitieran adhesiones posteriores.

Así, la junta de acreedores se configuró como el órgano general, al que podían concurrir todos los acreedores, incluso los titulares de créditos con derecho de abstención, que tenía por objeto la discusión y votación sobre las proposiciones que le fueran presentadas; de forma y manera que lo acordado finalmente por esa junta soberana se imponía a todos los acreedores, con independencia de que hubieran acudido a ella o no y de que hubieran votado a favor o en contra; evitando los pactos particulares entre el deudor y algunos de sus acreedores.

Frente a todo ello la Ley Concursal (aplicable a todo tipo de deudor), como hemos dicho, simplifica la estructura del concurso, de manera que la junta de acreedores únicamente habrá de constituirse en la fase de convenio cuando no se haya aprobado por el sistema de adhesiones escritas una propuesta anticipada.

En el mismo sentido la intervención como parte del Ministerio Fiscal se limita a la calificación del concurso, cuando proceda su apertura, sin perjuicio de la actuación que se establece en la ley cuando intervenga en delitos contra el patrimonio o el orden socioeconómico. La reducción de los órganos concursales tiene como lógica consecuencia la atribución a éstos de amplias e importantes competencias; configurándose al Juez como órgano rector del procedimiento, siendo dotado de facultades que aumentan el ámbito de las que le correspondían en el derecho anterior y la discrecionalidad con que puede ejercitarlas, siempre motivando las resoluciones.

En todo caso, no se ha de olvidar que el derecho concursal atiende a una variedad de intereses, destacándose si se habla de la junta de acreedores la satisfacción de los acreedores en su conjunto, lo que implica una protección del activo para su mejor realización. En definitiva, se contemplan los acreedores, sin perjuicio desde luego de muy importantes diferencias según el origen de su crédito y su naturaleza, como un conjunto en el que se han de equilibrar los intereses, estableciendo limitaciones del ejercicio de su derecho a quienes gozan de una mejor posición para el cobro de sus créditos. Dice González Bilbao que no todos los acreedores pueden tener la misma condición, estableciéndose por ello privilegios y preferencias de los créditos. Algunos acreedores son tan privilegiados que la esencia de su crédito no se modifica por el concurso. Éstos podrán hacer efectivo su derecho de crédito mediante la realización del bien o bienes afectos a su crédito, lo que ocurre con los acreedores con derecho real, reserva de dominio o arrendamiento financiero. Aquellos créditos que el legislador considera gozan de un interés de cobro superior a otros tienen la condición de acreedores privilegiados (artículo 90 LC 22/2003).

Los acreedores salariales con sus variedades y limitaciones, así como los créditos públicos de Hacienda y Seguridad Social se sitúan en el grupo de los privilegiados. Por el contrario, otros acreedores son relegados a posiciones peores que la media de los acreedores por la propia dinámica de su crédito o de su proximidad y conocimiento del deudor y su especial relación con él (artículo 91 LC 22/2003). Por último, el resto de los acreedores englobarán ese grupo abierto y anónimo de los acreedores ordinarios (artículo 92 LC 22/2003).

La existencia de derechos inmodificables de los acreedores con privilegio especial acompañada de medidas procesales de ejecución individual y separada del concurso conllevaría un grave riesgo para la pretensión satisfactoria del resto de los acreedores. Dicho riesgo derivaría de un peligro cierto para la satisfacción de todos los acreedores ante la pérdida de posibles bienes clave en el desarrollo industrial o comercial de la empresa en crisis, ante la ejecución y subasta de dichos bienes por los acreedores privilegiados especiales.

La finalidad solutoria propia del derecho concursal se encuentra modulada y matizada, en su caso, por la concurrencia de otros intereses dignos de tutela que pueden aparecer en el concurso. Se busca así conseguir una solución componedora y amistosa entre los propios acreedores y entre los diferentes intereses concurrentes para la mejor satisfacción del conjunto.

II. CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE ACREEDORES

Cuando el concursado no solicita la liquidación y no haya sido aprobada ni mantenida una propuesta anticipada de convenio el Juez, dentro de los quince días siguientes a la expiración del plazo de impugnación del inventario y de la lista de acreedores si no se hubiesen presentado impugnaciones o, de haberse presentado, a la fecha en que se pongan de manifiesto en la secretaría del juzgado los textos definitivos de aquellos documentos, dictará auto poniendo fin a la fase común del concurso, abriendo la fase de convenio y ordenando la formación de la sección quinta relativa a la junta de acreedores. En ese auto ordenará convocar junta de acreedores de acuerdo con lo establecido sobre la publicidad de la declaración del concurso y de las restantes notificaciones, comunicaciones y trámites del procedimiento; que podrá realizarse por medios telemáticos, informáticos y electrónicos, en la forma que reglamentariamente se determine, garantizando la seguridad y la integridad de las comunicaciones; y se fijará lugar, día y hora de la reunión.

En la notificación de la convocatoria se expresará a los acreedores que podrán adherirse a la propuesta de convenio, lo que sucederá desde el momento en que quede de manifiesto en la secretaría del juzgado el correspondiente escrito de evaluación y hasta el momento del cierre de la lista de asistentes a la junta. Las adhesiones serán irrevocables salvo en el caso de los acreedores adheridos a la propuesta anticipada, pero no vincularán el sentido del voto de quienes las hubieren formulado y asistan a la junta.

Podrá presentar ante el Juzgado que tramite el concurso propuesta de convenio el concursado que no hubiere presentado propuesta anticipada ni tuviere solicitada la liquidación cuando haya transcurrido el plazo de comunicación de créditos y hasta la finalización del plazo de impugnación del inventario y de la lista de acreedores si no se hubiesen presentado impugnaciones o, de haberse presentado, hasta la fecha en que se pongan de manifiesto en la secretaría del juzgado los textos definitivos de aquellos documentos.

También podrán hacerlo los acreedores cuyos créditos consten en el concurso y superen, conjunta o individualmente, una quinta parte del total pasivo resultante de la lista definitiva de acreedores, salvo que el concursado tuviere solicitada la liquidación. En el caso anterior, y cuando no ha procedido la aprobación del convenio y el deudor mantiene la propuesta anticipada de convenio para que sea sometida a la junta de acreedores, la junta deberá ser convocada para su celebración dentro del segundo mes contado desde la fecha del auto. En los demás casos, deberá serlo para su celebración dentro del tercer mes contado desde la misma fecha. Cuando el deudor hubiera mantenido la propuesta de convenio anticipado, el juez, sin necesidad de nueva resolución sobre dicha propuesta ni informe de la administración concursal, dictará auto convocando la Junta de acreedores.

El auto se notificará al concursado, a la administración concursal y a todas las partes personadas en el procedimiento, y contra él no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de que puedan invocarse los motivos de impugnación en recurso de apelación contra la sentencia que resuelva sobre la aprobación del convenio.

III. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE ACREEDORES

La junta se reunirá en el lugar, día y hora fijados en la convocatoria. El presidente podrá acordar la prórroga de las sesiones durante uno o más días hábiles consecutivos. La junta será presidida por el juez o, excepcionalmente, por el miembro de la administración concursal que por él se designe. Actuará como secretario el que lo sea del juzgado. La junta se entenderá constituida con la concurrencia de acreedores que titulen créditos por importe, al menos, de la mitad del pasivo ordinario del concurso o, en su defecto, cuando concurran acreedores que representen, al menos, la mitad del pasivo del concurso que pueda resultar afectado por el convenio, excluidos los acreedores subordinados.

Los miembros de la administración concursal tendrán el deber de asistir a la junta. Su incumplimiento dará lugar a la pérdida del derecho a la remuneración fijada, con la devolución a la masa de las cantidades percibidas. Contra la resolución judicial que acuerde imponer esta sanción cabrá recurso de apelación.

El concursado deberá asistir a la junta de acreedores personalmente o hacerse representar por apoderado con facultades para negociar y aceptar convenios. El concursado o su representante podrán asistir acompañados de letrado que intervenga en su nombre durante las deliberaciones. En cualquier caso, la incomparecencia de los miembros de la administración concursal no determinará la suspensión de la junta, salvo que el juez así lo acordase, debiendo señalar, en ese caso, la fecha de su reanudación.

En cuanto a los que tienen derecho a asistir, son los acreedores que figuren en la relación de incluidos del texto definitivo de la lista. Esa lista se habrá formado dentro del informe de la administración concursal y se referirá a la fecha de solicitud del concurso. La relación de los acreedores incluidos expresará la identidad de cada uno de ellos, la causa, la cuantía por principal y por intereses, fechas de origen y vencimiento de los créditos reconocidos de que fuere titular, sus garantías personales o reales y su calificación jurídica, indicándose, en su caso, su carácter de litigiosos, condicionales o pendientes de la previa excusión del patrimonio del deudor principal. Se harán constar expresamente, si las hubiere, las diferencias entre la comunicación y el reconocimiento y las consecuencias de la falta de comunicación oportuna. No impugnada la lista o resueltas las impugnaciones se forma el texto definitivo.

Los acreedores con derecho de asistencia podrán hacerse representar en la junta por medio de apoderado, sea o no acreedor. Se admitirá la representación de varios acreedores por una misma persona. No podrán ser apoderados el concursado ni las personas especialmente relacionadas con éste, aunque sean acreedores. El procurador que hubiera comparecido en el concurso por un acreedor sólo podrá representarlo si estuviese expresamente facultado para asistir a juntas de acreedores en procedimientos concursales.

El apoderamiento deberá conferirse por comparecencia ante el secretario del juzgado o mediante escritura pública y se entenderá que las facultades representativas para asistir a la junta comprenden las de intervenir en ella y votar cualquier clase de convenio. Los acreedores firmantes de algunas de las propuestas y los adheridos en tiempo y forma a cualquiera de ellas que no asistan a la junta se tendrán por presentes a efectos del quórum de constitución. Las Administraciones públicas, sus organismos públicos, los Órganos Constitucionales y, en su caso, las empresas públicas que sean acreedoras se considerarán representadas por quienes, conforme a la legislación que les sea aplicable, les puedan representar y defender en procedimientos judiciales.

La lista de asistentes a la junta se formará sobre la base del texto definitivo de la lista de acreedores, especificando en cada caso quienes asistan personalmente, quienes lo hagan por representante, con identificación del acto por el que se confirió la representación, y quienes se tengan por presentes por ser firmantes de algunas de las propuestas o por haberse adherido en tiempo y forma a cualquiera de ellas. La lista de asistentes se insertará como anexo al acta bien en soporte físico o informático, diligenciado, en todo caso, por el secretario.

IV. CELEBRACIÓN DE LA JUNTA

1. Derecho de información

Todos los acreedores asistentes o los que sean sus representantes podrán solicitar aclaraciones sobre el informe de la administración concursal y sobre la actuación de ésta, así como sobre las propuestas de convenio y los escritos de evaluación emitidos.

2. Deliberación y votación

El presidente abrirá la sesión, dirigirá las deliberaciones y decidirá sobre la validez de los apoderamientos, acreditación de los comparecientes y demás extremos que puedan resultar controvertidos. La sesión comenzará con la exposición por el secretario de la propuesta o propuestas admitidas a trámite que se someten a deliberación, indicando su procedencia y, en su caso, la cuantía y la clasificación de los créditos titulados por quienes las hubiesen presentado.

Se deliberará y votará en primer lugar sobre la propuesta presentada por el concursado; si no fuese aceptada, se procederá del mismo modo con las presentadas por los acreedores, sucesivamente y por el orden que resulte de la cuantía mayor a menor del total de los créditos titulados por sus firmantes. Tomada razón de las solicitudes de voz para intervenciones a favor y en contra de la propuesta sometida a debate, el presidente concederá la palabra a los solicitantes y podrá considerar suficientemente debatida la propuesta una vez se hayan producido alternativamente tres intervenciones en cada sentido. Concluido el debate, el presidente someterá la propuesta a votación nominal y por llamamiento de los acreedores asistentes con derecho a voto. Los acreedores asistentes podrán emitir el voto en el sentido que estimen conveniente, aunque hubieren firmado la propuesta o se hubieren adherido a ella. Se computarán como votos favorables a la correspondiente propuesta de convenio los de los acreedores firmantes y los de los adheridos que no asistiendo a la junta hayan sido tenidos por presentes. En caso de acuerdos que, tras la declaración del concurso, sigan sujetos a un régimen o pacto de sindicación, se entenderá que los acreedores votan a favor del convenio cuando voten a su favor los que representen al menos el 75 por ciento del pasivo afectado por el acuerdo en régimen de sindicación, salvo que las normas que regulan la sindicación establezcan una mayoría inferior, en cuyo caso será de aplicación esta última. Esta previsión se aplicará para el cómputo de las mayorías necesarias para la aprobación del convenio y para la extensión de sus efectos a acreedores no participantes o disidentes. Aceptada una propuesta, no procederá deliberar sobre las restantes.

3. Acreedores sin derecho a voto

No tendrán derecho de voto en la junta los titulares de créditos subordinados, incluidas, en particular, las personas especialmente relacionadas que hubiesen adquirido su crédito por actos entre vivos después de la declaración de concurso.

4. Acreedores privilegiados

La asistencia a la junta de los acreedores privilegiados y su intervención en las deliberaciones no afectarán al cómputo del quórum de constitución, ni les someterán a los efectos del convenio que resulte aprobado, salvo que vote a favor del convenio el 60% ó el 75% de los acreedores privilegiados de la misma clase (según se pretenda superar el 50% de quita o los cinco años de espera); en cuyo caso sí que quedarán afectados. El voto de un acreedor privilegiado a favor de una propuesta producirá, en el caso de que sea aceptada por la junta y de que el juez apruebe el correspondiente convenio, los efectos que resulten del contenido de éste respecto de su crédito y privilegio. El voto de un acreedor que, simultáneamente, sea titular de créditos privilegiados y ordinarios se presumirá emitido con relación a estos últimos y sólo afectará a los privilegiados si así se hubiere manifestado expresamente en el acto de votación.

5. Mayorías necesarias para la aceptación de propuestas de convenio

Para que se considere aceptada por la junta una propuesta de convenio será necesario el voto favorable de, al menos, la mitad del pasivo ordinario del concurso, salvo que se pretenda aprobar una quita superior al 50% o una espera de entre cinco a diez años; en cuyos casos será necesario el voto a favor del 65% del pasivo ordinario. No obstante, cuando la propuesta consista en el pago íntegro de los créditos ordinarios en plazo no superior a tres años o en el pago inmediato de los créditos ordinarios vencidos con quita inferior al veinte por ciento, será suficiente que vote a su favor una porción del pasivo ordinario superior a la que vote en contra. Para que se considere aceptada una propuesta anticipada de convenio será necesaria, en todo caso, la adhesión de acreedores que titulen créditos por importe, al menos, de la mitad del pasivo ordinario del concurso. A efectos del cómputo de las mayorías en cada votación, se consideran incluidos en el pasivo ordinario del concurso los acreedores privilegiados que voten a favor de la propuesta.

6. Reglas especiales

Para que se considere aceptada una propuesta de convenio que atribuya un trato singular a ciertos acreedores o a grupos de acreedores determinados por sus características será preciso, además de la obtención de la mayoría que corresponda el voto favorable, en la misma proporción, del pasivo no afectado por el trato singular. A estos efectos, no se considerará que existe un trato singular cuando la propuesta de convenio mantenga a favor de los acreedores privilegiados que voten a su favor ventajas propias de su privilegio, siempre que esos acreedores queden sujetos a quita, espera o a ambas, en la misma medida que los ordinarios. No podrá someterse a deliberación la propuesta de convenio que implique nuevas obligaciones a cargo de uno o varios acreedores sin la previa conformidad de éstos, incluso en el caso de que la propuesta tenga contenidos alternativos o atribuya trato singular a los que acepten las nuevas obligaciones.

V. DOCUMENTACIÓN DE LA JUNTA

El secretario extenderá acta de la junta, en la que relatará de manera sucinta lo acaecido en la deliberación de cada propuesta y expresará el resultado de las votaciones con indicación del sentido del voto de los acreedores que así lo solicitaren. Los acreedores podrán solicitar también que se una al acta texto escrito de sus intervenciones cuando no figurasen ya en autos. Cualquiera que hubiera sido el número de sesiones, se redactará una sola acta de la junta. Leída y firmada el acta por el secretario, el presidente levantará la sesión. El acto será grabado en soporte audiovisual, conforme a lo previsto para la grabación de vistas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. El concursado, la administración concursal y cualquier acreedor tendrán derecho a obtener, a su costa, testimonio del acta, literal o en relación, total o parcial, que se expedirá por el secretario del juzgado dentro de los tres días siguientes al de presentación de la solicitud. Asimismo podrán obtener una copia de la grabación realizada. El secretario del juzgado dará fe de la documentación de estas actuaciones conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir, por medio de actas, diligencias y notas; recogiéndose en el acta junto con los datos relativos al tiempo y al lugar, las peticiones y propuestas de las partes y las resoluciones que adopte el tribunal, así como las circunstancias e incidencias que no pudieran constar en aquel soporte.

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