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Juicios rápidos

Juicios rápidos

Proceso penal

I. CONCEPTO

Dentro de los delitos que deben ser enjuiciados mediante el procedimiento abreviado, la ley posibilita que algunos que cumplan determinadas características sean enjuiciados de una manera todavía más acelerada. Son los llamados juicios rápidos.

II. ÁMBITO JUDICIAL DE APLICACIÓN

Las normas y especificidades propias que regulan el enjuiciamiento rápido de determinados delitos (artículos 795-803 Ley de Enjuiciamiento Criminal) establecen su aplicación (artículo 795 Ley de Enjuiciamiento Criminal) a:

  • la instrucción y al enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de cinco años, o con cualesquiera otras penas, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años, cualquiera que sea su cuantía;
  • ello sin perjuicio de lo establecido para los demás procesos especiales, que por lo tanto serán prioritarios;
  • siempre que el proceso penal se incoe en virtud de un atestado policial y que la Policía Judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del Juzgado de guardia o que, aun sin detenerla, la haya citado para comparecer ante el Juzgado de guardia por tener la calidad de denunciado en el atestado policial;
  • además se añade que es obligatorio que concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:
    • Que se trate de delitos flagrantes.

      A estos efectos, se considerará delito flagrante el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto.

      Se entenderá sorprendido en el acto no sólo al delincuente que fuere detenido en el momento de estar cometiendo el delito, sino también al detenido o perseguido inmediatamente después de cometerlo, si la persecución durare o no se suspendiera mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen.

      También se considerará delincuente in fraganti aquel a quien se sorprendiere inmediatamente después de cometido un delito con efectos, instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en él.

    • Que se trate de alguno de los siguientes delitos:
    • Que se trate de un hecho punible cuya instrucción sea presumible que será sencilla.

Excluye la ley ex profeso sin embargo el resto de delitos que no sean los mencionados aún por conexión, cuando señala que el procedimiento regulado en este Título no será de aplicación a la investigación y enjuiciamiento de aquellos delitos que fueren conexos con otro u otros delitos no comprendidos en el apartado anterior.

Tampoco se aplicará este procedimiento en aquellos casos en que sea procedente acordar el secreto de las actuaciones conforme a lo establecido en el artículo 302 Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Finalmente se indica que es supletorio en todo lo no previsto expresamente en el presente Título, la normativa del Título II de este mismo Libro, relativa al Procedimiento Abreviado.

III. ACTUACIONES DE LA POLICÍA JUDICIAL

Cuida el artículo 796 Ley de Enjuiciamiento Criminal de que la Policía judicial en este procedimiento, además de aplicar lo que se señala en el Título III del Libro II (artículos 282 y siguientes Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre policía judicial) y las previsiones del capítulo II del Título II de este Libro (actuaciones de la policía judicial en el Procedimiento Abreviado), practique obligatoriamente en el tiempo imprescindible y, en todo caso, durante el tiempo de la detención, las siguientes diligencias:

  • Sin perjuicio de recabar los auxilios a que se refiere el ordinal 1 del artículo 770 Ley de Enjuiciamiento Criminal, solicitará del facultativo o del personal sanitario que atendiere al ofendido copia del informe relativo a la asistencia prestada para su unión al atestado policial.

    Asimismo, solicitará la presencia del médico forense cuando la persona que tuviere que ser reconocida no pudiera desplazarse al Juzgado de guardia dentro del plazo previsto en el artículo 799 Ley de Enjuiciamiento Criminal.

  • Informará a la persona a la que se atribuya el hecho, aun en el caso de no procederse a su detención, del derecho que le asiste de comparecer ante el Juzgado de guardia asistido de Abogado.

    Si el interesado no manifestare expresamente su voluntad de comparecer asistido de Abogado, la Policía Judicial recabará del Colegio de Abogados la designación de un Letrado de oficio.

  • Citará a la persona que resulte denunciada en el atestado policial para comparecer en el Juzgado de guardia en el día y hora que se le señale, cuando no se haya procedido a su detención.

    El citado será apercibido de las consecuencias de no comparecer a la citación policial ante el Juzgado de guardia.

  • Citará también a los testigos para que comparezcan en el Juzgado de guardia en el día y hora que se les indique, apercibiéndoles de las consecuencias de no comparecer a la citación policial en el juzgado de guardia.

    No será necesaria la citación de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que hubieren intervenido en el atestado cuando su declaración conste en el mismo.

  • Citará para el mismo día y hora a las entidades de Seguros a que se refiere el artículo 117 del Código Penal, en el caso de que conste su identidad.
  • Remitirá al Instituto de Toxicología, al Instituto de Medicina Legal o al laboratorio correspondiente las sustancias aprehendidas cuyo análisis resulte pertinente.

    Estas entidades procederán de inmediato al análisis solicitado y remitirán el resultado al Juzgado de guardia por el medio más rápido y, en todo caso, antes del día y hora en que se hayan citado a las personas indicadas en las reglas anteriores.

    Si no fuera posible la remisión del análisis en dicho plazo, la Policía Judicial podrá practicar por sí misma dicho análisis, sin perjuicio del debido control judicial del mismo.

  • La práctica de los controles de alcoholemia se ajustará a lo establecido en la legislación de seguridad vial.

    No obstante, cuando se practicare un análisis de sangre u otro análogo, se requerirá al personal sanitario que lo realice para que remita el resultado al Juzgado de guardia por el medio más rápido y, en todo caso, antes del día y hora de la citación a que se refieren las reglas anteriores.

  • Si no fuera posible la remisión al Juzgado de guardia de algún objeto que debiera ser tasado, se solicitará inmediatamente la presencia del perito o servicio correspondiente para que lo examine y emita informe pericial.

    Este informe podrá ser emitido oralmente ante el Juzgado de guardia.

Para la realización de las citaciones anteriores, la Policía Judicial fijará el día y la hora de la comparecencia coordinadamente con el Juzgado de guardia, y estas, si la urgencia lo requiriere, podrán hacerse por cualquier medio de comunicación, incluso verbalmente, sin perjuicio de dejar constancia de su contenido en la pertinente acta.

Añade la norma, en un supuesto de escasa aplicación práctica, que cuando la Policía Judicial tuviera conocimiento de la comisión de un hecho incardinable en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 1 del artículo 795 Ley de Enjuiciamiento Criminal, respecto del cual, no habiendo sido detenido ni localizado el presunto responsable, fuera no obstante previsible su rápida identificación y localización, continuará las investigaciones iniciadas, que se harán constar en un único atestado, el cual se remitirá al Juzgado de guardia tan pronto como el presunto responsable sea detenido o citado de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores, y en cualquier caso, dentro de los cinco días siguientes.

En estos casos la instrucción de la causa corresponderá en exclusiva al Juzgado de guardia que haya recibido el atestado.

Para ello, es obligatorio también dar conocimiento inmediatamente al Juez de guardia y al Ministerio Fiscal de la comisión del hecho y de la continuación de las investigaciones para su debida constancia.

IV. ACTUACIONES JUDICIALES PROPIAS (LAS DILIGENCIAS URGENTES)

Regulan los artículos 797- 799 Ley de Enjuiciamiento Criminal las actuaciones que son propias del Juzgado de Guardia que llevará a cabo el enjuiciamiento rápido, y que se diligenciarán a través de las llamadas Diligencias Urgentes (Véase "Diligencias urgentes en el juzgado de guardia”).

V. MODALIDADES DE ENJUICIAMIENTO RÁPIDO

La norma regula propiamente dos, según haya conformidad o no con la acusación por parte del inculpado, pero además existe una posibilidad de conversión de Diligencias Previas en Urgentes para el enjuiciamiento rápido de los hechos siempre que vaya a haber conformidad, la prevista en el artículo 779.5 Ley de Enjuiciamiento Criminal, y una modalidad de enjuiciamiento rápido de delitos leves, cuyas peculiaridades se analizan brevemente a continuación:

1. Enjuiciamiento rápido sin conformidad

Si conforme a lo dispuesto en el artículo 798 Ley de Enjuiciamiento Criminal las Diligencias Urgentes son suficientes y muestran los caracteres de un delito de los indicados como propios del enjuiciamiento rápido, el Juez dicta el Auto de pase a enjuiciamiento inmediato, iniciándose la llamada fase de preparación del juicio oral, prevista en el artículo 800 Ley de Enjuiciamiento Criminal, que conlleva a que en el mismo acto oiga al Ministerio Fiscal y a las partes personadas para que se pronuncien sobre si procede la apertura del juicio oral o el sobreseimiento y para que, en su caso, soliciten o se ratifiquen en lo solicitado respecto de la adopción de medidas cautelares.

En todo caso, si el Ministerio Fiscal y el acusador particular, si lo hubiera, solicitaren el sobreseimiento, el Juez procederá conforme a lo previsto en el artículo 782 Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, deberá sobreseer el caso, salvo que se trate de delito que pretenda aplicar una eximente, que iría a enjuiciamiento, o que salga a la búsqueda de acusador alternativo, como propicia la ley, ya dando 15 días a los ofendidos o perjudicados no personados conocidos por si quieren acusar al saber que no lo hace el Fiscal, o preguntándole al superior jerárquico de este si apoya la petición de su subordinado.

Estas dos alternativas en búsqueda de acusador deben ser utilizadas con moderación para evitar que el Juez se convierta en Juez y parte, y sólo procederán cuando sea patente la discrepancia con el criterio del Fiscal no acusador.

Por el contrario, y como será lo normal, cuando el Ministerio Fiscal o la Acusación Particular soliciten la apertura del juicio oral, el Juez de guardia procederá conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 783 Ley de Enjuiciamiento Criminal- acordarla salvo que proceda el sobreseimiento por falta de autor, o por no alcanzar a ver indicios racionales en el acusado-, resolviendo mediante auto lo que proceda.

Cuando se acuerde la apertura del juicio oral, dictará en forma oral auto motivado, que deberá documentarse y no será susceptible de recurso alguno.

Abierto el juicio oral, si no se hubiere constituido Acusación Particular, el Ministerio Fiscal presentará de inmediato su escrito de acusación, o formulará ésta oralmente.

El acusado, a la vista de la acusación formulada, podrá en el mismo acto prestar su conformidad con arreglo a lo dispuesto en el artículo 801 Ley de Enjuiciamiento Criminal que analizamos en la modalidad siguiente.

En otro caso, presentará inmediatamente su escrito de defensa o formulará ésta oralmente, procediendo entonces el Juez de guardia sin más trámites a la citación de las partes para la celebración del juicio oral.

Si el acusado solicitara la concesión de un plazo para la presentación de escrito de defensa, el Juez fijará prudencialmente el mismo dentro de los cinco días siguientes, atendidas las circunstancias del hecho investigado y los restantes datos que se hayan puesto de manifiesto en la investigación, procediendo en el acto a la citación de las partes para la celebración del juicio oral y al emplazamiento del encacusado y, en su caso, del responsable civil para que presenten sus escritos ante el órgano competente para el enjuiciamiento- que es lo que normalmente suele hacerse-.

El Juez de guardia hará el señalamiento para la celebración del juicio oral en la fecha más próxima posible y, en cualquier caso, dentro de los quince días siguientes, en los días y horas predeterminados a tal fin en los órganos judiciales enjuiciadores. A estos efectos, el Consejo General del Poder Judicial, dictará los Reglamentos oportunos para la ordenación, coordinadamente con el Ministerio Fiscal, de los señalamientos de juicios orales que realicen los Juzgados de guardia ante los Juzgados de lo Penal. Hay que significar que el artículo 110 LOPJ ha sido derogado por el número 2 de la disposición derogatoria de la LO 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, al igual que los arts. 107 a 109 LOPJ, pero ello no afecta a la capacidad del CGPJ para que sea el que deba reglamentar las actuaciones de los órganos judiciales en materia de juicios rápidos, así como la coordinación entre estos y la fiscalía y la que, a su vez, corresponda con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para una mejor coordinación en la tramitación de estos procedimientos.

También se acordará la práctica de las citaciones propuestas por el Ministerio Fiscal, llevándose a cabo en el acto las que sean posibles, sin perjuicio de la decisión que sobre la admisión de pruebas adopte el órgano enjuiciador.

Si se hubiere constituido Acusación Particular que hubiere solicitado la apertura del juicio oral y así lo hubiere acordado el Juez de guardia, éste emplazará en el acto a aquélla y al Ministerio Fiscal para que presenten sus escritos dentro de un plazo improrrogable y no superior a dos días.

Presentados dichos escritos ante el mismo Juzgado, procederá éste de inmediato conforme a lo que señale su criterio sobre la apertura de juicio oral, resolviendo las peticiones alternativas.

Si el Ministerio Fiscal no presentare su escrito de acusación en el momento justo inmediato posterior a la apertura del juicio oral, o en un plazo improrrogable no superior a los 2 días si se personare Acusación Particular también, respectivamente, el Juez, sin perjuicio de emplazar en todo caso a los directamente ofendidos y perjudicados conocidos para ver si en 15 días sostienen acusación, requerirá inmediatamente al superior jerárquico del Fiscal para que, en el plazo de dos días, presente el escrito que proceda.

Si el superior jerárquico tampoco presentare dicho escrito en plazo, se entenderá que no pide la apertura de juicio oral y que considera procedente el sobreseimiento libre.

Una vez recibido el escrito de defensa o precluido el plazo para su presentación, el órgano enjuiciador -generalmente el Juez de lo Penal- procederá conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 785 Ley de Enjuiciamiento Criminal, examinando las pruebas propuestas, admitiendo las pertinentes y rechazando las demás y en su caso, dictando lo procedente sobre la prueba anticipada, no haciendo el señalamiento a juicio oral ni las citaciones, porque ya las habrá realizado el Juez de guardia.

En todo caso, las partes podrán solicitar al Juzgado de guardia, que así lo acordará, la citación de testigos o peritos que tengan la intención de proponer para el acto del juicio, sin perjuicio de la decisión que sobre la admisión de pruebas adopte el órgano enjuiciador.

Caso de que el investigado citado a juicio rápido incomparezca, hay que acordar la transformación de las Diligencias Urgentes en Diligencias Previas, conforme dispone el artículo 798.2.2º Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque jamás puede avanzarse el procedimiento a la fase de enjuiciamiento sin recibir al investigado o encausado al menos una declaración judicial en tal calidad (artículo 779.1.4º Ley de Enjuiciamiento Criminal).

2. Enjuiciamiento rápido con conformidad

Esta modalidad es bastante habitual, puede que conocida la intención acusatoria del Ministerio Fiscal, y en su caso de la Acusación Particular, el investigado se conforme con la misma.

En ese caso y conforme a lo recogido en el artículo 801 Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Juez de Guardia -entendiendo que no se ha "comprometido su imparcialidad" por lo instruido en las Diligencias Urgentes, porque prima la conformidad como acto entre partes ajeno al Juez que instruye, que, como sabemos, no debería fallar-, dictará sentencia de conformidad siempre que concurran los siguientes requisitos:

El Juzgado de guardia, dentro del ámbito definido, realizará el control de la conformidad prestada en los términos previstos en el artículo 787 Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, dictará oralmente sentencia de conformidad que se documentará con arreglo a lo previsto en el apartado 2 del artículo 789 Ley de Enjuiciamiento Criminal -con una sucinta motivación mediante la fe del Letrado de la Administración de justicia o en anexo al Acta, sin perjuicio de su ulterior redacción-, en la que impondrá la pena solicitada reducida en un tercio, aun cuando suponga la imposición de una pena inferior al límite mínimo previsto en el Código Penal.

Es la llamada conformidad privilegiada, porque, cualquiera que sea la reducción de la pena que pueda conformarse en otro momento diferente, jamás se puede rebajar el tope mínimo legal de imposición de una pena que marca el Código Penal, salvo aquí y en la modalidad que veremos en siguiente lugar.

Si el Fiscal y las partes personadas expresasen su decisión de no recurrir, el Juez, en el mismo acto, declarará oralmente la firmeza de la sentencia y, si la pena impuesta fuera privativa de libertad, resolverá lo procedente sobre su suspensión -artículos 80 y siguientes Código Penal- o sustitución como modalidad de la suspensión –artículo 84 del Código Penal-.

Recalcamos que sólo caben estas medidas alternativas al cumplimiento de la pena respecto de las privativas de libertad, y por lo tanto nunca proceden en otras de distinta naturaleza, como las muy comunes de privación del derecho a conducir vehículos a motor o ciclomotores o las llamadas de alejamiento y no comunicación.

Para acordar, en su caso, la suspensión de la pena privativa de libertad bastará, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 80.2.3º.2 del Código Penal, con el compromiso del acusado de satisfacer las responsabilidades civiles que se hubieren originado en el plazo prudencial que el Juzgado de guardia fije.

Asimismo, en los casos en que de conformidad con el artículo 80.5 del Código Penal sea necesaria una certificación suficiente por Centro o Servicio público o privado debidamente acreditado u homologado de que el acusado se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin, bastará para aceptar la conformidad y acordar la suspensión de la pena privativa de libertad el compromiso del acusado de obtener dicha certificación en el plazo prudencial que el Juzgado de guardia fije - que deberá comprobar, no obstante, el Juzgado de Ejecutorias-.

Dictada sentencia de conformidad y practicadas las actuaciones anteriores, el Juez de guardia acordará lo procedente sobre la puesta en libertad o el ingreso en prisión del condenado -lo que no entra en el ámbito de discusión de las partes para determinar el acuerdo de conformidad, pero se determina en función de la naturaleza de la pena firme, y por lo tanto ejecutoria- y realizará los requerimientos que de ella se deriven, dictando también en su caso el mandamiento de ingreso en prisión a disposición del Juez de Ejecutorias, y remitiendo seguidamente las actuaciones junto con la sentencia redactada al Juzgado de lo Penal que corresponda, que continuará su ejecución.

3. Juicio rápido por delito tras las Diligencias Previas

Para paliar la injusticia que podría suponer que en un asunto de posible enjuiciamiento rápido, la Policía, por la razón que sea, no lo tramite como tal, y se impida de facto la posibilidad de conformidad privilegiada que reduce la pena en un tercio de la solicitada pudiendo imponerse incluso por debajo del mínimo legal, y en el caso de primera incomparecencia en Guardia del investigado, el artículo 779.5 Ley de Enjuiciamiento Criminal, prevé un mecanismo que, de facto, lo corrige, al posibilitar la transformación de las Diligencias Previas en Urgentes y ordenar seguir la causa por los trámites de los artículos 800 y 801 Ley de Enjuiciamiento Criminal, si:

  • a) El investigado asistido de su Abogado reconoce los hechos a presencia judicial.
  • b) Estos fueran constitutivos de delito castigado con pena incluida dentro de los límites previstos en el artículo 801 Ley de Enjuiciamiento Criminal.
  • c) Lo hace en cualquier momento anterior al Auto de finalización de las Diligencias Previas, transformándolas en Procedimiento Abreviado, buscando acusación.
  • d) Acudiendo el Fiscal, y resto de partes personadas, se formule escrito de acusación con la conformidad del acusado.

Entonces se dicta sentencia de conformidad con la rebaja privilegiada de la pena, se acuerda la firmeza, en su caso, y se decide sobre la suspensión o sustitución de la pena privativa de libertad.

4. Juicio rápido por delito leve

La idea básica que preside la regulación de los enjuiciamientos por delito leve es que la vista oral se celebre lo más cerca posible a la fecha de comisión de los hechos, incluso el mismo día de su comisión, ante el Juzgado de Guardia.

Pero la norma reconoce que esto no es siempre posible -y acaba convirtiendo la regla en la excepción-, y por eso la norma es lo que podríamos denominar procedimientos por delitos leves, regulados por los artículos 966 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y los de enjuiciamiento rápido o inmediato, previstos en los artículos 962 a 964 de la LECrim, que tienen alguna característica propia que las singulariza respecto de las otras y que pasamos a analizar.

En efecto, los delitos leves de lesiones o maltrato de obra, de hurto flagrante, de amenazas, de coacciones o de injurias, sobre víctimas de la violencia doméstica (artículo 173.2 Código Penal), -lo que excluye la competencia de los juzgados de Paz, pero incluye la del Juzgado de Violencia sobre la Mujer para injurias y vejaciones sobre personas de este sexo siempre que hayan sido alguna vez pareja sentimental de su presunto autor -,y siempre que se denuncien ante Cuerpos policiales, dan lugar a su enjuiciamiento inmediato ante el Juzgado de Guardia o Juzgado de Violencia sobre la Mujer competente, el día hábil siguiente más próximo posible.

En ese caso las citaciones de partes (ofendidos, perjudicados, denunciantes, y denunciados) y testigos (en su caso peritos) que puedan dar razón de los hechos, las realizan los Cuerpos policiales, (artículo 962 Ley de Enjuiciamiento Criminal) que lo remiten junto con el atestado al Juez de Guardia.

En las mismas debe la Policía:

  • a) apercibir a los citados de que es obligatoria la comparecencia ante el Juzgado de Guardia, bajo posible multa de 200-2000 euros;
  • b) apercibir a los citados de que podrá celebrarse el procedimiento por delito leve de forma inmediata en el Juzgado de Guardia incluso aunque no comparezcan;
  • c) indicar a las partes de que deben acudir a juicio con los medios de prueba de que intenten valerse;
  • d) indicar al denunciante, al perjudicado y al ofendido, que tienen derecho a mostrarse parte acusadora en el juicio, que pueden pedir la reparación, restitución o indemnización del perjuicio ocasionado, o si no las renuncian, dejar su ejercicio en manos del Ministerio Fiscal y que pueden ser asistidos por Abogado si lo desean;
  • e) informar al denunciado en todo caso y por escrito, sucintamente de los hechos en que consiste la denuncia (no hay obligación de darle una copia para así preservar datos íntimos de los otros intervinientes) y del día, hora y Juzgado concreto que celebrará el juicio.

Igualmente, de su derecho a mostrarse parte como denunciado y a ser asistido por Abogado o a solicitar uno de oficio, si lo desea.

El juicio así iniciado deberá celebrarse en el Juzgado de Guardia o Juzgado de Violencia sobre la Mujer que corresponda, salvo que por precisar el Juez de la comparecencia necesaria de algún implicado o de la práctica de alguna prueba imprescindible, el mismo tenga que suspenderse para celebrarlo el día más cercano posible, o porque el asunto no le corresponda en virtud de las normas de competencia o reparto o porque el análisis de la legalidad hecho en la calificación jurídica que adelantan los Cuerpos policiales - que no vincula al Juez- sea erróneo, procediéndose a no incoar procedimiento por delito leve inmediato (artículos 963 y 964 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

En los demás casos por otros delitos leves o por deber estos ser enjuiciados en otro partido judicial (singularmente las de violencia de género en que el lugar del domicilio de la víctima -artículo 15 bis Ley de Enjuiciamiento Criminal- sea distinto del lugar de comisión de los hechos-artículo 14 Ley de Enjuiciamiento Criminal-), o en el mismo, pero ante Juez distinto del de Guardia, los Cuerpos policiales confeccionan el atestado, y pueden practicar diligencias, pero no deben citar a juicio inmediato.

En el resto de delitos leves por los demás tipos penales del Código Penal, hecho el atestado y practicadas las diligencias oportunas con el ofrecimiento de acciones al ofendido o perjudicado, deben los Cuerpos policiales remitir el atestado sin dilación al Juzgado de Guardia (artículo 964.1 Ley de Enjuiciamiento Criminal) y lo mismo que en el caso de las denuncias presentadas directamente ante aquel, es este quien debe celebrar de forma inmediata el juicio por delito leve, si, estando identificado el denunciado, fuere posible citar a todas las personas que deban ser convocadas para que comparezcan mientras dure el servicio de guardia y se puedan practicar las comparecencias y medios de prueba que el Juez considere imprescindibles.

Las citaciones judiciales a enjuiciamiento rápido o inmediato ante el Juzgado de Guardia se harán:

  • a) al Ministerio Fiscal, salvo que el delito fuese perseguible sólo a instancia de parte;
  • b) al querellante o denunciante si lo hubiere;
  • c) al denunciado (incluidos, en su caso el responsable civil directo y subsidiario);
  • d) a los testigos, y a los peritos -lo que no estaba previsto por razones obvias en la citación policial- que puedan dar razón de los hechos.

Sin embargo los apercibimientos de comparecer bajo pena de multa, de no suspensión del juicio si no lo hacen, de acompañarse de sus propios medios de prueba, de poder mostrarse parte y reclamar, y de asistirse de Abogado (artículo 964.3 in fine Ley de Enjuiciamiento Criminal), igualmente deben ser practicados por el Órgano Judicial.

De lo anterior se deduce pues, que el legislador ha querido para todo procedimiento por delito leve la modalidad rápida o inmediata, sea en su vertiente de citación policial para los distintos tipos de delitos leves que ha considerado acorde a sus fines políticos, sea en la de señalamiento por parte del Juez de Guardia.

Sin embargo, la indeterminación del denunciado a veces, la potestad de acordar oír a quien no comparece pese a la necesidad de su testimonio, la imprescindibilidad de la práctica de alguna prueba o los problemas de competencia, unidos a la sobrecarga de trabajo en algunos Juzgados, hacen que esta norma se quede en excepción y que la mayoría de los juicios se lleven a cabo de la forma no inmediata u ordinaria.

Por otra parte finalizar indicando que el artículo 56 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, no ha impedido la posibilidad de hacer juicios rápidos por delito leve en la materia competencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, con la única salvedad de que se señalarán por la Policía en el día hábil más próximo, pues a la velocidad de enjuiciamiento, la Ley Orgánica parece preferir la especialización que por razón de la materia tienen los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (artículo 962.5 Ley de Enjuiciamiento Criminal).

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