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Antecedentes penales

ANTECEDENTES PENALES

I. CONCEPTO

El antecedente penal es la constancia oficial de que una persona ha sido condenada en firme por la comisión de un delito. Sólo pueden computarse como antecedentes penales las condenas firmes, es decir, aquellas sentencias condenatorias dictadas en el marco de un proceso penal, contra las que no cabe recurso alguno, ya sea porque se han agotado todas las posibilidades de recurso, ya porque la parte condenada no hubiese interpuesto en tiempo y forma recurso de apelación contra la sentencia condenatoria. Esto sólo es predicable respecto de hechos que sean constitutivos de infracción penal calificados como delito, donde debe incluirse también los delitos leves. Tradicionalmente las faltas no eran generadoras de antecedentes. Tras su supresión y la conversión de algunas conductas a delitos leves, las condenas que se derivaran de dichas conductas sí que serán computables a efectos de antecedentes.

Cuando se dicta una sentencia firme de condena se comunica al Registro Central de Penados y Rebeldes para su inscripción, por lo que a partir de ese momento en los ficheros del Ministerio de Justicia, órgano al que pertenece este Registro Central, a ese sujeto condenado le constará un antecedente penal. En ese registro figurará el condenado, con su filiación completa, o lo que de él se conozca: nombres y apellidos, documento nacional de identidad, nombre y apellidos de los progenitores, etc. así como el delito por el que ha sido condenado y la duración de la pena. Este es un registro con datos de carácter reservado al que sólo se puede tener acceso por el propio interesado o por los órganos oficiales cuando esté justificada su petición; por ejemplo, un juzgado que solicita los antecedentes penales de un imputado en un proceso judicial. Cuando se inicia una instrucción judicial contra determinada persona sospechosa de la comisión de un delito, la primera diligencia cursada por dicho órgano es la petición de los antecedentes penales al Registro Central de Penados y Rebeldes.

II. CONSECUENCIAS DE LOS ANTECEDENTES PENALES

Cuando a alguien le consta, en su expediente personal, algún antecedente penal, esto tiene consecuencias no sólo en el ámbito penal sino también en el ámbito laboral. Cuando se aprueba cualquier oposición o se pretende trabajar en el ámbito de la Administración, cualquiera que sea ésta: autonómica, estatal o local, el primer documento oficial que se solicita es la hoja de antecedentes penales. En la esfera penal las consecuencias pueden ser de diversa índole y afectar al sujeto que tiene antecedentes penales tanto en la fase de instrucción como en la de enjuiciamiento.

  • 1. Cuando un sujeto ha sido detenido por la comisión de un delito, éste debe ser puesto a disposición del juzgado competente, quien decidirá sobre su puesta en libertad o sobre su ingreso en prisión. Para que el juez pueda tomar una decisión a este respecto deberá valorar no sólo la gravedad el delito cometido, por el que ha sido detenido, y las circunstancias personales del perjudicado o víctima del delito; es decir, posibilidad de que el detenido pueda volver a atentar contra la persona o bienes de su víctima, sino que también tendrá en cuenta sus antecedentes penales. Si ese sujeto ha sido detenido por robo con violencia y le constan varios antecedentes penales por ese mismo delito, el juez de guardia puede acordar su ingreso en prisión.
  • 2. Los antecedentes penales se pueden tener en cuenta a los efectos de aplicar la agravante de reincidencia. El artículo 22 del Código Penal dispone que "son circunstancias agravantes: 8ª) Ser reincidente. Hay reincidencia cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título de este Código, siempre que sea de la misma naturaleza. A los efectos de este número no se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo, ni los que correspondan a delitos leves". La consecuencia es que al aplicarse la agravante de reincidencia al sujeto acusado por ese nuevo delito la pena que se le imponga será mayor que si no tuviera antecedentes penales. Ahora bien, sólo pueden ser tenidos en cuenta cuando esos antecedentes penales son por un delito de la misma naturaleza; por ejemplo, cuando se le acusa por un delito de homicidio y le consta una condena por lesiones. Por otro lado, a efectos de reincidencia computarán las condenas firmes de jueces o tribunales impuestas en otros Estados de la Unión Europea.
  • 3. Configuración del término "reos habituales". Cuando se impone una sentencia condenatoria el tribunal, o juez sentenciador, puede acordar la suspensión de la pena impuesta, siempre y cuando no se trate de un delincuente primario, por lo que difícilmente puede obtener dicho beneficio un “reo habitual” (artículo 80.2 del Código Penal). A estos efectos el artículo 94 CP establece que "A los efectos previstos en la sección 2ª de este capítulo, se consideran reos habituales los que hubieren cometido tres o más delitos de los comprendidos en un mismo capítulo, en un plazo no superior a cinco años, y hayan sido condenados por ello. Para realizar este cómputo se considerarán, por una parte, el momento de posible suspensión o sustitución de la pena conforme al artículo 88 y, por otra parte, la fecha de comisión de aquellos delitos que fundamenten la apreciación de la habitualidad." Los antecedentes penales, por tanto, sirven para comprobar si el condenado es o no un reo habitual, con el fin de poder aplicar la supensión –o, en su caso, sustitución- de la pena. En ningún caso debe confundirse el término reo habitual con la agravante de reincidencia.

III. CANCELACIÓN DE LOS ANTECEDENTES PENALES

Los antecedentes penales no pueden tener una duración vitalicia sino que deben estar limitados en el tiempo. Por lo tanto, deberán ser cancelados, de oficio o a instancia de la parte interesada, cuando se cumplan los requisitos que establece el Código Penal. Así el artículo 136 del Código Penal dispone que los condenados que hubieran extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener la cancelación de sus antecedentes penales. Aunque la ley prevé que, de oficio, se procederá a dicha cancelación, en la práctica es el propio interesado quien realiza dicha petición.

Para que pueda solicitarse dicha cancelación, el CP arbitra un sistema de plazos que deben transcurrir desde el día siguiente a aquel en que quedara extinguida la pena o bien, en caso de remisión condicional, una vez obtenida la remisión definitiva, sin haber vuelto a delinquir

  • a) Para las penas leves, el plazo es de seis meses.
  • b) Dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes.
  • c) Para las restantes penas menos graves inferiores a tres años, el plazo será de tres años.
  • d) Cinco años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años.
  • e) Diez años para las penas graves.

En cuanto al cómputo del plazo, éste deberá comenzar desde el día en que se extinga la pena y no desde que la sentencia es firme.

Cuando se tratara de personas jurídicas, sin perjuicio de que se establecen idénticos plazos que los apuntados, debe tenerse en cuenta que cuando se hubiera acordado la disolución o la prohibición definitiva de las actividades, las anotaciones se cancelarán transcurridos cincuenta años computados desde el día siguiente a la firmeza de la sentencia.

Las inscripciones de antecedentes penales en las distintas Secciones del Registro Central de Penados y Rebeldes no serán públicas. Durante su vigencia sólo se emitirán certificaciones con las limitaciones y garantías previstas en sus normas específicas y en los casos establecidos por la ley, preferentemente a petición del propio interesado. En todo caso, se librarán las que soliciten los Jueces o Tribunales, se refieran o no a inscripciones canceladas, haciendo constar expresamente, si se da, esta última circunstancia.

Si bien, como se ha comentado, la cancelación de antecedentes puede operar tanto de oficio como a petición del interesado, es posible que la misma no se haya producido, por lo que la consulta que seguirían apareciendo dichos antecedentes en la hoja histórico penal del afectado. En este supuesto, el art. 136.5 CP prevé que el juez o tribunal no tendrá en cuenta los antecedentes cuando fueran cancelables.

Con la regulación establecida tras la reforma ex LO 1/2015, de 30 de marzo, la cancelación de antecedentes delictivos deja de estar condicionada a la satisfacción de las responsabilidades civiles derivadas del delito.

No sólo pueden cancelarse los antecedentes penales sino también las medidas de seguridad. El artículo 137 del Código Penal así lo dispone cuando afirma que "Las anotaciones de las medidas de seguridad impuestas conforme a lo dispuesto en este Código o en otras leyes penales serán canceladas una vez cumplida o prescrita la respectiva medida; mientras tanto, sólo figurarán en las certificaciones que el Registro expida con destino a Jueces o Tribunales o autoridades administrativas, en los casos establecidos por la ley."

Los antecedentes penales que consten en el Registro Central se tendrán por cancelados, aunque procedan de condenas dictadas en otros Estados miembros de la UE, a efectos de su toma en consideración en España por los Jueces y Tribunales de acuerdo con el Derecho español, a menos que antes se comunique su cancelación por el Estado de condena.(Art. 14.3 LO 7/2014)

IV. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES ENTRE ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA

En el marco de la cooperación judicial penal en la Unión Europea, se aprueba la LO 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, que transpone al derecho español la Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo, de 24 de julio de 2008, relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal y de la Decisión Marco 2009/315/JAI, de 26 de febrero de 2009, relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre Estados miembros.

En virtud de esta norma, a partir del 3 de diciembre de 2014, fecha de su entrada en vigor, las autoridades centrales de los distintos Estados miembros de la UE deberán intercambiar información sobre los antecedentes penales que consten en los registros nacionales correspondientes.

  • • Autoridad competente en España (art. 3 LO 7/2014): el Registro Central de Penados será el encargado de recibir y remitir información sobre las notas de condena de antecedentes penales por la comisión de infracciones penales.
  • • Cauce del intercambio de información (art. 4 LO 7/2014). La información se enviará:
    • Por vía electrónica común (actualmente por medio del Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales ECRIS--, creado por la Decisión 2009/316/JAI del Consejo, de 6 de abril de 2009)
    • Cuando no sea posible, por medio del formulario establecido en el Anexo de la LO 7/2014, en forma auténtica y en la lengua oficial o designada por el Estado al que se dirige.
  • • Contenido de la información sobre antecedentes penales (art. 9 LO 7/2014).

    Comprende:

    • La que consta en el Registro Central de Penados, a excepción de las notas canceladas.
    • Las anotaciones que constan en los registros nacionales correspondientes, de acuerdo con sus respectivos ordenamientos jurídicos, por las que se condene a personas físicas por la comisión de infracciones penales: cuando se trate de nacionales de otros Estados miembros o personas que hayan tenido residencia o nacionalidad en los mismos.
    • Las anotaciones sobre condenas remitidas por las autoridades correspondientes, en virtud de Convenio: cuando se trate de nacionales de terceros países, o personas que hayan tenido residencia o nacionalidad en los mismos.
  • • Consulta por el Registro español sobre antecedentes que consten en otro Estado miembro (art. 10.1 y 2 LO 7/2014):
    • El Registro Central de Penados podrá consultar a la autoridad central de otro Estado miembro sobre antecedentes penales relativos a una persona cuando se requieran en el marco de un proceso penal o con cualquier otro fin válido en el ordenamiento jurídico español.
    • Cuando el Estado requerido deniegue una información por no ser el Estado de condena y éste hubiera prohibido su retransmisión para fines al margen de un proceso penal, el Registro Central de Penados solicitará del Estado de condena la información de que se trate.
  • • Consulta por un particular de antecedentes penales en España (art. 10.3 LO 7/2014):

    Un ciudadano interesado podrá solicitar la emisión de un certificado de antecedentes penales en España, haciendo constar si tiene o ha tenido nacionalidad o residencia en otro Estado miembro, en cuyo caso el Registro Central de Penados solicitará a la autoridad central correspondiente que proporcione la información que pueda tener sobre dicha persona al objeto de completar su información.

  • • Respuesta por el Registro español a consultas formuladas por otro Estado miembro (art. 11 LO 7/2014).
    • El Registro Central de Penados responderá a las consultas incluyendo:

      a) Las notas de condena no canceladas dictadas por Tribunales españoles.

      b) Las notas de condena dictadas por Tribunales extranjeros sobre las que no se haya comunicado su cancelación.

    • En caso de que la consulta no se formule en el marco de un procedimiento penal, la respuesta comprenderá toda la información disponible en la medida en que puedan obtenerla las autoridades españolas y la autoridad central del Estado que solicita la información deberá hacer constar que cuenta con el consentimiento del interesado, salvo en los casos en los que, de acuerdo con la legislación española, la obligación de aportar el certificado de antecedentes penales venga establecida por norma con rango de ley.
    • Si existiera información procedente de otros Estados miembros y hubiera sido remitida como no retransmisible fuera del marco de un proceso penal, el Registro Central de Penados informará de este hecho a la autoridad central correspondiente.
  • • Plazos de respuesta a una consulta de otro Estado miembro (art. 12 LO 7/2014):
    • 10 días hábiles desde la fecha de recepción de la consulta, cuando la autoridad competente de un Estado miembro solicite al Registro Central de Penados información sobre los antecedentes penales de un condenado para su uso en un proceso penal o para cualquier otro fin.
    • 20 días hábiles desde la fecha de recepción de la consulta, cuando a partir de la solicitud de un particular sobre sus antecedentes penales, la autoridad competente de un Estado miembro solicite al Registro Central de Penados información sobre los antecedentes penales de un condenado que sea o haya sido español o residente en España.
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