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Cláusulas abusivas

Cláusulas abusivas

Las cláusulas abusivas son todas aquellas no negociadas individualmente, así como todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que en contra de las exigencias de la buena fe, causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.

Contratación mercantil

¿Qué es una cláusula abusiva?

Las cláusulas abusivas se definen legalmente como todas aquellas cláusulas o estipulaciones no negociadas individualmente, y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que en contra de las exigencias de la buena fe, causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.

Esta es la definición que de las cláusulas abusivas proporciona el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para de Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Conviene destacar la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de fecha 27 de junio de 2000. En la misma se planteaba un tema relativo a la interpretación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. En esta Sentencia, el Tribunal Europeo definió las cláusulas abusivas como aquéllas incluidas en un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional sin que haya sido objeto de negociación individual en el sentido de dicha disposición. E indica el Tribunal Europeo en respuesta a la cuestión prejudicial planteada que la aplicación de este concepto (como instrumento para controlar la legalidad de los contratos celebrados con los consumidores) se ha de realizar por los órganos judiciales nacionales aun cuando el consumidor no haya planteado su carácter abusivo.

Con posterioridad a esta Sentencia, se dictó nuevamente sentencia por el Tribunal Europeo, Sentencia de fecha 9 de septiembre de 2004, que indicó o destacó el incumplimiento por parte de España nuevamente de las obligaciones que le incumbían en virtud de la misma Directiva en 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. La citada Directiva fue entonces incorporada a nuestro Derecho interno mediante la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación, la cual, a través de su disposición adicional primera, modificó la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Así, se introdujeron además modificaciones destinadas a reforzar la protección de consumidores y usuarios. Finalmente, se promulgó el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

¿Quiénes se consideran consumidores y usuarios?

De acuerdo con la legislación referida anteriormente, se considerará consumidor o usuario a las personas físicas que actúan con propósito ajeno a su actividad profesional y las personas jurídicas o entidades que actúan sin ánimo de lucro y son destinatarios finales del bien o servicio, o lo transmitirán de forma no onerosa (Véase: Consumidores y usuarios).

¿Qué tipos de cláusulas abusivas hay?

El artículo 82 LGDCU, en su apartado cuarto indica que no obstante lo previsto en los apartados precedentes, en todo caso son abusivas las cláusulas que, conforme a lo dispuesto en los artículos 85 a90 LGDCU, ambos inclusive:

  • a) Vinculen el contrato a la voluntad del empresario,
  • b) Limiten los derechos del consumidor y usuario,
  • c) Determinen la falta de reciprocidad en el contrato,
  • d) Impongan al consumidor y usuario garantías desproporcionadas o le impongan indebidamente la carga de la prueba,
  • e) Resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución del contrato, o
  • f) Contravengan las reglas sobre competencia y derecho aplicable.

Así, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, 511/2017 de 20 Sep. 2017, Rec. 835/2015 declaró que no es abusiva una cláusula que establece una presunción que admite prueba en contrario, y considera que no queda al arbitrio del predisponente la determinación del cumplimiento o no del contrato, puesto que no se impone un medio de prueba inatacable por el consumidor. En el caso, la parte actora ejercita una acción de nulidad de condiciones generales de la contratación predispuestas por la concesionaria de un servicio de transporte público en bicicleta, siendo una de ellas la relativa la del plazo máximo de utilización de la bicicleta. El tribunal señaló que, en caso de duda sobre el tiempo de utilización de la bicicleta, prevalecerían los datos entregados por el servidor informático de la cedente, por lo que les establece una presunción, pudiéndose desvirtuarse al no impedirse la utilización de otros medios de prueba

Los artículos 85 a91 de la LGDCU, por su parte, indican qué cláusulas han de ser consideradas y declaradas abusivas.

Así, las cláusulas que vinculen cualquier aspecto del contrato a la voluntad del empresario serán abusivas y, en todo caso, las siguientes:

1. Las cláusulas que vinculen el contrato a la voluntad del empresario (art. 85 LGDCU). Entre ellas:

• Las que reserven a favor del empresario facultades de interpretación o modificación unilateral del contrato, salvo, en este último caso, que concurran motivos válidos especificados en el contrato.

  • Las que autoricen al empresario a resolver anticipadamente un contrato de duración determinada, si al consumidor y usuario no se le reconoce la misma facultad, o las que le faculten a resolver los contratos de duración indefinida en un plazo desproporcionadamente breve o sin previa notificación con antelación razonable.
  • Las que determinen la vinculación incondicionada del consumidor y usuario al contrato aún cuando el empresario no hubiera cumplido con sus obligaciones.
  • Las que supongan la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta, al consumidor y usuario que no cumpla sus obligaciones (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sección Pleno, 364/2016 de 3 Jun. 2016, Rec. 2499/2014).
  • Las que supongan la supeditación a una condición cuya realización dependa únicamente de la voluntad del empresario para el cumplimiento de las prestaciones, cuando al consumidor y usuario se le haya exigido un compromiso firme.
  • Las que supongan la consignación de fechas de entrega meramente indicativas condicionadas a la voluntad del empresario.
  • Las que determinen la exclusión o limitación de la obligación del empresario de respetar los acuerdos o compromisos adquiridos por sus mandatarios o representantes o supeditar sus compromisos al cumplimiento de determinadas formalidades.
  • Las que prevean la estipulación del precio en el momento de la entrega del bien o servicio o las que otorguen al empresario la facultad de aumentar el precio final sobre el convenido, sin que en ambos casos existan razones objetivas y sin reconocer al consumidor y usuario el derecho a resolver el contrato si el precio final resulta muy superior al inicialmente estipulado.
  • Las cláusulas que supongan la concesión al empresario del derecho a determinar si el bien o servicio se ajusta a lo estipulado en el contrato.

2. Las Cláusulas que limiten los derechos básicos del consumidor y usuario reconocidos por normas dispositivas o imperativas (art. 86 LGDCU). Entre dichos derechos:

  • La exclusión o limitación de forma inadecuada de los derechos legales del consumidor y usuario por incumplimiento total o parcial o cumplimiento defectuoso del empresario. En concreto, las normas legales sobre conformidad con el contrato de los bienes o servicios puestos a su disposición o limiten el derecho del consumidor y usuario a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por dicha falta de conformidad.
  • La exclusión o limitación de la responsabilidad del empresario en el cumplimiento del contrato, por los daños o por la muerte o por las lesiones causadas al consumidor y usuario por una acción u omisión de aquél.
  • La liberación de responsabilidad del empresario por cesión del contrato a tercero, sin consentimiento del deudor, si puede engendrar merma de las garantías de éste (Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8ª, 155/2013 de 3 Abr. 2013, Rec. 687/2012).
  • La privación o restricción al consumidor y usuario de las facultades de compensación de créditos, retención o consignación (Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, Sección 2ª, 311/2014 de 15 Dic. 2014, Rec. 245/2014).
  • La limitación o exclusión de la facultad del consumidor y usuario de resolver el contrato por incumplimiento del empresario.
  • La imposición de renuncias a la entrega de documento acreditativo de la operación.
  • La imposición de cualquier otra renuncia o limitación de los derechos del consumidor y usuario.

3. Las Cláusulas que entrañen falta de reciprocidad, contraria a la buena fe, y en perjuicio del consumidor y usuario (art. 87 LGDCU). Entre ellas las que supongan:

• La posibilidad de que el empresario se quede con las cantidades abonadas en concepto de prestaciones aún no efectuadas cuando sea él mismo quien resuelva el contrato.

  • Las estipulaciones que prevean el redondeo al alza en el tiempo consumido o en el precio de los bienes o servicios o cualquier otra estipulación que prevea el cobro por productos o servicios no efectivamente usados o consumidos de manera efectiva. Se exceptúa la facturación separada del inicio del servicio, cuando éste conlleve indisolublemente unido un coste para las empresas o los profesionales no repercutido en el precio, y se adecuen al servicio efectivamente prestado.
  • Las estipulaciones que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor y usuario en el contrato, en particular en los contratos de prestación de servicios o suministro de productos de tracto sucesivo o continuado, la imposición de plazos de duración excesiva, la renuncia o el establecimiento de limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho del consumidor a poner fin a estos contratos, así como la obstaculización al ejercicio de este derecho a través del procedimiento pactado, cual es el caso de las que prevean la imposición de formalidades distintas de las previstas para contratar o la pérdida de las cantidades abonadas por adelantado, el abono de cantidades por servicios no prestados efectivamente, la atribución al empresario de la facultad de ejecución unilateral de las cláusulas penales que se hubieran fijado contractualmente o la fijación de indemnizaciones que no se correspondan con los daños efectivamente causados (Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 1ª, 47/2019 de 4 Feb. 2019, Rec. 1012/2017).

4. Cláusulas sobre garantías que supongan (art. 88 LGDCU):

  • La imposición de garantías desproporcionadas al riesgo asumido, presumiéndose lo contrario cuando las garantías se ajusten a su normativa específica.• La imposición de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor y usuario en los casos en que debería corresponder a la otra parte contratante.
  • La imposición al consumidor de la carga de la prueba sobre el incumplimiento, total o parcial, del empresario proveedor a distancia de servicios financieros de las obligaciones impuestas por la normativa específica sobre la materia.

Así, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sección Pleno, 466/2014 de 12 Sep. 2014, Rec. 1460/2013 establece doctrina y determina que la condición general de los contratos de préstamo concertados con consumidores, en la que se prevea la firma por el prestatario (y en su caso por fiador) de un pagaré, en garantía de aquel, en el que el importe por el que se presentará la demanda de juicio cambiario es complementado por el prestamista con base a la liquidación realizada unilateralmente por él, es abusiva y, por tanto, nula, no pudiendo ser tenida por incorporada al contrato de préstamo, y, por ende, conlleva la ineficacia de la declaración cambiaria.

5. Cláusulas que afecten al perfeccionamiento y ejecución del contrato (art. 89 LGDCU), cuando:

  • Las declaraciones de recepción o conformidad sobre hechos ficticios, y las declaraciones de adhesión del consumidor y usuario a cláusulas de las cuales no ha tenido la oportunidad de tomar conocimiento real antes de la celebración del contrato (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sección Pleno, 705/2015 de 23 Dic. 2015, Rec. 2658/2013).
  • La transmisión al consumidor y usuario de las consecuencias económicas de errores administrativos o de gestión que no le sean imputables.
  • La imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación que por ley corresponda al empresario. En particular, en la compraventa de viviendas:
    • La estipulación de que el consumidor ha de cargar con los gastos derivados de la preparación de la titulación que por su naturaleza correspondan al empresario (obra nueva, propiedad horizontal, hipotecas para financiar su construcción o su división y cancelación).
    • La estipulación que obligue al consumidor a subrogarse en la hipoteca del empresario o imponga penalizaciones en los supuestos de no subrogación.
    • La estipulación que imponga al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario.
    • La estipulación que imponga al consumidor los gastos derivados del establecimiento de los accesos a los suministros generales de la vivienda, cuando ésta deba ser entregada en condiciones de habitabilidad.
  • La imposición al consumidor y usuario de bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados.
  • Los incrementos de precio por servicios accesorios, financiación, aplazamientos, recargos, indemnización o penalizaciones que no correspondan a prestaciones adicionales susceptibles de ser aceptados o rechazados en cada caso expresado con la debida claridad o separación.
  • La negativa expresa al cumplimiento de las obligaciones o prestaciones propias del empresario, con reenvío automático a procedimientos administrativos o judiciales de reclamación (Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 10ª, 280/2013 de 20 Jun. 2013, Rec. 83/2013.
  • La imposición de condiciones de crédito que para los descubiertos en cuenta corriente superen los límites que se contienen en el artículo 19.4 de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo.
  • La previsión de pactos de renuncia o transacción respecto al derecho del consumidor y usuario a la elección de fedatario competente según la ley para autorizar el documento público en que inicial o ulteriormente haya de formalizarse el contrato.

6. Cláusulas que sobre competencia y derecho aplicable (art. 90 LGDCU) establezcan:

  • La sumisión a arbitrajes distintos del arbitraje de consumo, salvo que se trate de órganos de arbitraje institucionales creados por normas legales para un sector o un supuesto específico (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Civil y Penal, 83/2015 de 17 Nov. 2015, Rec. 35/2015).
  • La previsión de pactos de sumisión expresa a Juez o Tribunal distinto del que corresponda al domicilio del consumidor y usuario, al lugar del cumplimiento de la obligación o aquél en que se encuentre el bien si éste fuera inmueble.
  • La sumisión del contrato a un Derecho extranjero con respecto al lugar donde el consumidor y usuario emita su declaración negocial o donde el empresario desarrolle la actividad dirigida a la promoción de contratos de igual o similar naturaleza.

7. Finalmente, en el art. 91 LGDCU, se exceptúa la aplicación de las cláusulas abusivas referidas a la modificación unilateral de los contratos, a la resolución anticipada de los contratos de duración indefinida y al incremento del precio de bienes y servicios; a los contratos relativos a valores, con independencia de su forma de representación, instrumentos financieros y otros bienes y servicios cuyo precio esté vinculado a una cotización, índice bursátil, o un tipo del mercado financiero que el empresario no controle, ni a los contratos de compraventa de divisas, cheques de viaje o giros postales internacionales en divisas.

El actual art. 83 LGDCU señala que "Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas". A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas.

Recuerde que…

  • La LGDCU, la LCGC y la Directiva 93/13/CEE limitan el concepto de cláusula abusiva en la contratación con consumidores y usuarios.
  • Las cláusulas abusivas son todas aquellas incluidas en contratos entre un consumidor y un profesional no negociadas individualmente.
  • También son abusivas todas aquellas prácticas contrarias a la buena fe no consentidas expresamente y que causen un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las partes.
  • Se considerará consumidor o usuario a las personas físicas que actúan con propósito ajeno a su actividad profesional.
  • Asimismo, son consumidores las personas jurídicas que actúan sin ánimo de lucro y son destinatarios finales del bien o servicio, o lo transmiten de forma no onerosa.
  • Los artículos 82 y siguientes LGDCU recogen un numerus apertus de cláusulas consideradas abusivas.
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