Se ha dicho en múltiples ocasiones que tanto el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, como el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se sustentan en la calificación jurídica, que, incluso, ha llevado a algunos comentaristas a considerar que se trata de tributos jurídicos, cuando la doctrina ha llegado a la conclusión que todos los tributos son jurídicos, por regularse en normas de esta naturaleza y responder, únicamente, a este carácter, pero es indudable que los dos impuestos citados tienen un cierto plus de juridicidad derivado del principio de calificación jurídica, ínsito en la regulación de ambos.
Esta Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), ahonda en la percepción anterior, al tratar de un aspecto que se basa en la interpretación del Derecho civil aragonés, como es el cambio de régimen económico matrimonial -del de separación de bienes al consorcial y de éste, nuevamente, al de separación de bienes- y sus efectos, tanto civiles, como fiscales.
El TEAC analiza la realidad del citado Derecho foral, que siempre ha permitido el cambio de régimen económico matrimonial, analizando cual es que se aplica según que los cónyuges opten por alguno o, por el contrario, no manifiesten su elección y los efectos de los posibles cambios antes y después del matrimonio.
En el supuesto resuelto, los cónyuges, al no manifestar voluntad alguna al contraer matrimonio, se les aplicó el régimen de separación de bienes, que es el que se aplica en Derecho aragonés como supletorio, posteriormente cambiaron al consorcial aragonés que pone en común los bienes que los cónyuges así determinen, aportando distintos bienes los dos cónyuges, con un claro desequilibrio económico entre las aportaciones de uno y del otro cónyuge, por último, posteriormente, vuelven al régimen de separación de bienes, distribuyendo por mitades todos los bienes consorciales entre los dos cónyuges y sin que se diera una compensación o reintegro por parte del cónyuge que recibió bienes por un importe superior a su aportación al consorcio.
Lo que se considera por el TEAC es que, puesto que en la disolución del régimen consorcial que hizo privativos los bienes comunes, no se compensó por parte del cónyuge que recibió más que lo que aportó en su día hay un negocio gratuito e inter vivos que queda gravado como donación en el ISD.
La reclamante ha venido sosteniendo en todas las Instancias que no hay ningún desplazamiento patrimonial a su favor porque el cambio al régimen consorcial aragonés retroactiva que permite el Derecho civil aragonés es una adquisición originaria y ello hace que los bienes consorciales fueran de ambos miembros del matrimonio de forma originaria, por lo que a la disolución del mismo no se pueden producir excesos de adjudicación ni lucrativos ni onerosos, negando que la Hacienda Pública sea un tercero ni que tenga derechos adquiridos.
Pero el TEAC, con base, precisamente, en el Derecho foral aragonés, recuerda que el mismo establece que cuando las aportaciones al régimen consorcial sean dispares se recoja la deuda u obligación de la masa consorcial con el aportante mayor, que puede ser exigida antes de la disolución mediante reintegro al aportante, siempre que así se determine en las capitulaciones o, cuando no conste expresamente, al disolverse el citado régimen, por lo que al no darse tal reintegro en la disolución en este caso, se produjo un negocio gratuito e inter vivos a favor del cónyuge que obtuvo el exceso de adjudicación sobre lo que aportó.
En resumen, que quien recibe de forma gratuita un exceso de adjudicación por cualquier negocio jurídico -véase por otra parte la definición de negocio jurídico que contiene esta Resolución- está realizando uno de los supuestos de hecho gravados en el artículo 3 de la Ley del ISD.