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Espectáculos públicos

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

Los espectáculos públicos y las actividades recreativas han despertado el interés de los poderes públicos, como se pone de manifiesto, por ejemplo, en la célebre "Memoria para el arreglo de la policía de los espectáculos y diversiones públicas" que, a finales del siglo XVIII, redactó Gaspar Melchor de Jovellanos para el Supremo Consejo de Castilla. Este interés ha dado lugar a diversas formas de intervención administrativa que han ido evolucionado conjuntamente con las demandas planteadas en materia de seguridad por la ciudadanía. En sus orígenes, la actuación administrativa en materia de espectáculos consistía, casi exclusivamente, en medidas de policía y de mantenimiento del orden público. Estos fines se conciliaron después con los concernientes a la preservación de otros intereses públicos, entre los cuales se encontraban la seguridad de las personas y de los bienes, la higiene de los establecimientos y la comodidad de los asistentes.

Con posterioridad, el título genérico del orden público se complementa con el de protección de los derechos de los consumidores o asistentes a esos espectáculos promovidos por particulares, aun cuando los poderes públicos también se han convertido en organizadores o en promotores de la organización de estos espectáculos públicos.

Administrativo

Naturaleza

Un objetivo especialmente importante ha sido el control de las necesarias condiciones de seguridad, elemento que articulaba buena parte de las soluciones del Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos aprobado en la época de la Segunda República (Orden de 3 de mayo de 1935). No obstante, sabido es que, junto a dicho fin, la intervención administrativa asumió también el control de las condiciones de moralidad de los espectáculos públicos, por causa tanto de la expresiva literalidad de la norma cuanto del particular celo puesto por las autoridades gubernativas en su aplicación, especialmente en determinadas etapas históricas de su prolongada vigencia.

Los cambios de valores formalizados en el pacto constitucional, además de algunos problemas de competencias y de obsolescencia técnica, llevaron a la aprobación del Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto). Sin embargo, enseguida la aplicación de la norma hubo de deparar notables dificultades, derivadas, en una parte, de su rango reglamentario, inapropiado para establecer infracciones y sanciones administrativas, y, de otra parte, de su limitado alcance, determinado por el carácter exclusivamente policial de las técnicas empleadas, y, finalmente, de su desconocimiento de las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas. Las deficiencias jurídicas se subsanaron parcialmente con la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana (derogada por la vigente Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana).

El preámbulo de la vigente Ley Orgánica 4/2015 establece que "desde la estricta perspectiva de la seguridad ciudadana, se contempla el régimen de intervención de las autoridades competentes en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas y de las entidades locales en lo que se refiere a su normal desarrollo".

Regulación

Actualmente, el ejercicio de las libertades públicas en un marco de seguridad ciudadana se configura como una exigencia social ineludible, a la que debe responderse desde las Administraciones Públicas con el fin de garantizar la convivencia a la que aspiran las sociedades democráticas. Una de las consecuencias inmediatas de esta premisa es que, en la actualidad, la intervención administrativa en materia de espectáculos y actividades recreativas da lugar a una variada gama de actuaciones con las que se pretende la consecución de objetivos adicionales al mantenimiento del orden público. Entre otros, la defensa de los valores democráticos, de los derechos de los usuarios y consumidores, la protección de la juventud y la infancia, el respeto por el medio ambiente y los animales, la tutela de los derechos de autor derivados de la propiedad intelectual, el desarrollo de una política activa frente a actitudes sexistas, racistas y xenófobas y la preservación de nuestro patrimonio histórico-artístico y cultural.

Los profundos cambios económicos y sociales que se han producido en los últimos años afectan significativamente a las demandas de ocio a que responden las actividades recreativas y los espectáculos públicos. Se ha ampliado y diversificado la oferta de actividades deportivas, culturales, artísticas o meramente lúdicas, por lo que los poderes públicos, han de seguir garantizando la seguridad de los espectáculos y de los establecimientos, espacios e instalaciones en que estos se desarrollan, al tiempo que aseguran el equilibrio y la compatibilidad entre el derecho al ocio y otros derechos ciudadanos.

Al ser una competencia autonómica asumida por las Comunidades Autónomas en sus respectivos Estatutos, nos encontramos con un variado cuerpo legal que ha puesto fin, así, a la inadecuada tradición reglamentaria contenida básicamente en el Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Por lo demás, la afectación de principios y derechos recogidos en la vigente Constitución exigen la aprobación de una norma con rango de Ley.

Una moderna regulación de los espectáculos públicos, si bien debe huir de toda tentación de implantar ningún tipo de censura moral, no puede limitarse a establecer las condiciones de seguridad. La integridad de las personas y de sus bienes es un aspecto esencial en esta materia, ciertamente, pero no cabe olvidar la presencia de otros intereses públicos necesitados de protección, conforme al principio constitucional que ordena a los poderes públicos facilitar la adecuada utilización del ocio (artículo 43.3 de la Constitución). Las garantías de salubridad e higiene, la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural, la integración de las personas aquejadas de minusvalías, la promoción de la calidad de los espectáculos públicos y de las actividades recreativas, el derecho al descanso, la protección de la infancia y de la juventud son otros tantos objetivos que han de ser asegurados a través de una nueva regulación de los espectáculos públicos.

El artículo 2.2 de la Ley Orgánica 4/2015 determina que "quedan fuera del ámbito de aplicación de esta Ley las prescripciones que tienen por objeto velar por el buen orden de los espectáculos y la protección de las personas y bienes a través de una acción administrativa ordinaria, aun cuando la misma pueda conllevar la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siempre que ésta se conciba como elemento integrante del sistema preventivo habitual del control del espectáculo".

El artículo 27 de dicho cuerpo legal se dedica, materialmente, a esta materia.

El Estado podrá dictar normas de seguridad pública para los edificios e instalaciones en los que se celebren espectáculos y actividades recreativas.

Las autoridades a las que se refiere esta Ley adoptarán las medidas necesarias para preservar la pacífica celebración de espectáculos públicos. En particular, podrán prohibir y, en caso de estar celebrándose, suspender los espectáculos y actividades recreativas cuando exista un peligro cierto para personas y bienes, o acaecieran o se previeran graves alteraciones de la seguridad ciudadana.

La normativa específica determinará los supuestos en los que los delegados de la autoridad deban estar presentes en la celebración de los espectáculos y actividades recreativas, los cuales podrán proceder, previo aviso a los organizadores, a la suspensión de los mismos por razones de máxima urgencia en los supuestos previstos en el apartado anterior.

Los espectáculos deportivos quedarán, en todo caso, sujetos a las medidas de prevención de la violencia dispuestas en la legislación específica contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Recuerde

- El paso de los años ha permitido transitar de una visión estrecha de los espectáculos públicos, marcada por una cierta dosis de moralidad, hacia otra más propia de una sociedad avanzada, como la española, en la que el ocio ocupa un espacio fundamental en la vida de los ciudadanos.

- Este cambio de visión también ha influido en el reparto de competencias entre las diversas Administraciones Públicas.

- Además del mantenimiento del orden público, se hace necesario proteger otros valores como son los derechos de los consumidores, la protección de la juventud y la infancia, el respeto por el medio ambiente, el desarrollo de una política activa frente a actitudes racistas o xenófobas y la preservación de nuestro patrimonio histórico-artístico y cultural, entre otras.

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