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Terrorismo

Terrorismo

El terrorismo ha dado lugar a un gran número de disposiciones legales que tienen en común la voluntad de dar una respuesta penal adecuada a una forma de delincuencia que supone la utilización de la violencia en sus formas más graves y agresivas por una estructura criminal u organización armada para modificar el sistema político de un determinado país.

BBB. Delitos contra el orden público

Definición, bien jurídico y regulación

Siguiendo a la ONU en su Resolución 51/210 estableció una definición implícita para condenar esta forma de violencia. Se afirmó que la Asamblea General "reitera que los actos criminales encaminados o calculados para provocar un estado de terror en el público general, un grupo de personas o personas particulares para propósitos políticos son injustificables en cualquier circunstancia, cualesquiera que sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra naturaleza que puedan ser invocadas para justificarlos". Otra definición es la realizada el 1 de Diciembre de 2004 por el Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre las Amenazas, los Desafíos y los Cambios, nombrado por el Secretario General de Naciones Unidas, que define el terrorismo como "cualquier acto, además de los ya especificados en los convenios y convenciones vigentes sobre determinados aspectos del terrorismo, los Convenios de Ginebra y la Resolución 1566 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (2004) destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a un no combatiente, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar una acción o abstenerse de hacerla".

Bien jurídico protegido

Como delito pluriofensivo, las conductas incardinadas en el Capítulo VII del Título XXII atentarán contra la paz social y el orden público, de manera colectiva, sin perjuicio de que de manera individual puedan verse afectados otros bienes jurídicos distintos como la vida, la integridad, o el honor.

Regulación

Las normas se han desarrollado en tres campos diferentes: el procesal, el penal y el social.

1. Ámbito procesal

En el ámbito procesal destaca la creación de la Audiencia Nacional (Ley Orgánica 4/1988 de 25 de Mayo y artículo 62 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial) que es un órgano con jurisdicción en toda España que tiene entre sus competencias la instrucción y enjuiciamiento de los delitos cometidos por bandas armadas o elementos terroristas. Junto a ello se han regulado algunas especialidades en la investigación de estos delitos. Así, el artículo 520 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece un plazo añadido de 48 horas en la detención preventiva de este tipo de delincuentes y se regula la situación de detención incomunicada. En el artículo 553 LECrim se prevé la entrada en domicilio para la detención de elementos terroristas y en el artículo 384 bis LECrim se prevé la suspensión inmediata en el ejercicio de cargo o funciones públicas de las personas contra las que se haya dictado auto de procesamiento o de prisión por cometer un delito de terrorismo. En el artículo 579.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se prevé la posibilidad de que en caso de urgencia el Ministerio del Interior o el Secretario de Estado de Seguridad puedan establecer intervenciones telefónicas sobre comunicaciones utilizadas por elementos terroristas sin autorización judicial, pero comunicándolo inmediatamente al Juez que confirmará o revocará la medida.

2. Ámbito social

En el ámbito social destacan las diferentes medidas de apoyo a las víctimas que tienen su principal hito en la Ley 32/1999 de asistencia a las víctimas del terrorismo.

3. Ámbito penal

En el ámbito penal existen normas de carácter general diseñadas especialmente para combatir el fenómeno terrorista. En esta línea se enmarcan las reformas de los artículos 76 y 78 del Código Penal que tienen a conseguir el llamado cumplimiento íntegro de las penas o, al menos, un cumplimiento mucho más dilatado y estricto del que se venía realizando mediante la aplicación de las reglas generales del Código Penal. A tal efecto por la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de Junio, se modificó el Código Penal en dos preceptos fundamentales.

En el artículo 76 CP se aumenta el límite máximo de cumplimiento a 40 años (antes eran 30) "cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos de terrorismo (...) y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años."

En el artículo 78 bis CP se dispone, a su vez, que "si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código, o cometidos en el seno de organizaciones criminales, los límites mínimos de cumplimiento para el acceso al tercer grado de clasificación serán de veinticuatro años de prisión, en los supuestos a que se refieren las letras a) y b) del apartado primero, y de treinta y dos años de prisión en el de la letra c) del apartado primero. En estos casos, la suspensión de la ejecución del resto de la pena requerirá que el penado haya extinguido un mínimo de veintiocho años de prisión, en los supuestos a que se refieren las letras a) y b) del apartado primero, y de treinta y cinco años de prisión en el de la letra b)(*) del apartado primero".

El Legislador ha prolongado el tiempo máximo de cumplimiento de penas (hasta los 40 años, sin perjuicio de los supuestos de prisión permanente revisable) y ha dispuesto que los beneficios penitenciarios se apliquen tomando en cuenta la pena total impuesta (no la que se va a cumplir de forma efectiva que es más reducida), lo que evita que las penas efectivas quedan reducidas además por la aplicación automática de beneficios penitenciarios.

En cuanto a los delitos de terrorismo, el Código Penal regula en el Capítulo VII del Título XXII (arts. 571 a580 bis CP) las organizaciones y grupos terroristas, así como los delitos de terrorismo. Se trata de una serie de delitos comunes contra bienes individuales y colectivos que están cualificados por haber sido cometidos en el ámbito de un grupo terrorista y en los que debe concurrir el presupuesto objetivo de existencia de una organización armada y el elemento subjetivo de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, pero en sentido técnico no puede hablarse de delitos autónomos.

Organizaciones y grupos terroristas

Se regula en el artículo 571 CP, modificado por la LO 2/15, de 30 de marzo, definiendo organizaciones mediante la remisión expresa a las agrupaciones que reúnan los requisitos del apartado 1 del artículo 570 bis CP, es decir:

  • Que esté formada por más de dos personas
  • Con carácter estable o por tiempo indefinido
  • Con reparto coordinado y concertado de tareas.

Y los grupos terroristas, como las agrupaciones que reúnan los requisitos el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 570 ter CP, es decir:

  • Ausencia de las características previstas en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 570 bis CP
  • Finalidad de manera concertada de cometer algunos de los delitos contemplados en la Sección 2ª, del Capítulo VII, del Título XXII CP.

El artículo 572 CP, modificado por la LO 1/19 de 20 de febrero, tipifica la pertenencia a organización o grupo terrorista, distinguiendo dos niveles:

  • Pertenencia cualificada, referida a mandos directivos, que se regula en el apartado 1 del artículo 572 CP, y cuyas modalidades delictivas son promover, constituir, organizar y dirigir, referida esta última a la responsabilidad efectiva y autónoma (STS 1140/2010, de 29 de diciembre).
  • Mera pertenencia, regulada en el apartado 2 del artículo 572, bien a través de su participación, asimilada a ser miembro activo (STS 608/2013, de 17 de julio) o por formar parte, como militancia activa (STS 230/203, e 27 de febrero.

Requerirá la existencia de una organización o grupo terrorista y la pertenencia con un carácter más o menos permanente, exigiéndose, al menos, la disposición efectiva para desarrollar la actividad terrorista (SSTS 88/2007, de 25 de octubre, 556/2006, de 31 de mayo).

Es un delito común, de mera actividad, y de peligro, sin que se admitan formas imperfectas de ejecución, y requiere la existencia del dolo específico de la comisión de delitos de terrorismo.

La pena prevista se distingue en función del nivel, la pertenencia cualificada comportará la pena de prisión de ocho a quince años e inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena, mientras que la mera participación lleva consigo la pena de prisión de seis a doce años e inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena.

Delitos de terrorismo

El artículo 573 CP, modificado por la LO 1/19, de 20 de febrero, enumera los delitos que cometidos con las finalidades contempladas, serán considerados como delitos de terrorismo:

  • Delitos graves contra la vida o la integridad física.
  • Delitos contra la libertad.
  • Delitos contra la integridad moral.
  • Delitos contra la libertad o indemnidad sexual.
  • Delitos contra el patrimonio.
  • Delitos contra los recursos naturales o el medio ambiente.
  • Delitos contra la salud pública.
  • Delitos de riesgo catastrófico.
  • Delitos de incendio.
  • Delitos de falsedad documental, introducidos por la LO 1/2019, de 20 de febrero
  • Delitos contra la corona.
  • Delitos de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos.
  • Apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías.
  • Delitos informáticos de los artículos 197 bis y 197 ter y 264 a 264 quáter CP.

Las finalidades previstas son:

  • Subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo
  • Alterar gravemente la paz pública
  • Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional.
  • Provocar un estado de terror en la población o en parte de ella.

Es un delito especial propio, cuyo sujeto activo ha de pertenecer a la organización o grupo criminal, mixto alternativo calificado como delito de riesgo catastrófico.

La pena prevista variará en función del delito cometido, estableciendo una serie de agravaciones, en función de estos y en función del sujeto pasivo, así:

  • Con la pena de prisión máxima prevista en el CP si se causa la muerte de una persona.
  • Con la pena de prisión de veinte a veinticinco años, para los delitos de secuestro o detención ilegal de no dar razón del paradero del sujeto pasivo.
  • Con la pena de prisión de quince a veinte años para:
  • Prevé el apartado 2 del artículo 373 bis, de manera cualificada, la imposición de la pena en su mitad superior atendiendo al sujeto pasivo:
    • Miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, del Congreso de los Diputados, del Senado o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal Constitucional, juez, magistrado o miembro del Ministerio Fiscal, mediante remisión expresa al apartado 3 del artículo 550
    • Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de las Fuerzas Armadas
    • Empleado público de instituciones penitenciarias.
  • Prevé el apartado 3 del artículo 573 bis CP una agravación específica imponiendo la pena prevista para cada uno de los delitos en su mitad superior cuando se trate delitos informáticos de los previstos:
  • Prevé el apartado 4 del artículo 573 bis CP la imposición de la pena superior en grado de la prevista para los delitos de:

La imposición de la pena superior en grado en estos delitos estará condicionada a la comisión por parte de una organización o grupo terrorista, por tanto, requerirá la participación de tres o más personas con los requisitos exigidos para su apreciación o de manera individual siempre que se ampare en la organización o grupo terrorista para su comisión.

Tenencia o depósitos de armas y explosivos

El artículo 574 CP, modificado por la LO 2/15, de 30 de marzo, tipifica la tenencia y depósito de armas y explosivos cuando sea para una de las finalidades contempladas en el apartado 1 del artículo 573 CP, supone un tipo agravado de los delitos de tenencia, tráfico y deposito de armas, que incluye, cada una de las modalidades de posesión y detentación posibles (STS 392/2013, de 16 de mayo), como conductas alternativas:

  • Depósito de armas o municiones
  • Tenencia o depósito de sustancias, aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes o se sus componentes
  • Fabricación
  • Tráfico
  • Transporte
  • Suministro de cualquier forma
  • Colocación o empleo de tales sustancias o de los medios o artificios adecuados.

Es un delito de propia mano y de mera actividad y de peligro abstracto, configurado como una norma pena el blanco en aras de determinar las armas prohibidas, que se remitirá al RD 137/1993, de 29 de enero, Reglamento de armas, y el RD 130/2017, de 24 de febrero, Reglamento de explosivos.

Como delito común, el sujeto activo podrá ser cualquier persona, que exige dolo, sin que esté prevista la comisión imprudente, y el objeto material serán las armas, municiones, sustancias o aparatos explosivos, inflamables, indiciarios y asfixiantes.

La pena prevista será de prisión deocho a quince años.

El apartado 2 del artículo 574 CP regula un subtipo agravado atendiendo a la potencialidad lesiva del objeto material, imponiendo una pena de prisión de diez a veinte años. que será de aplicación cuando esté referida a armas, sustancias y aparatos:

  • Nucleares
  • Radiológicos
  • Químicos
  • Biológicos
  • Cualquier otro de similar potencia destructiva.

El apartado 3 del artículo 574 CP recoge otro subtipo agravado atendiendo a la conducta y al objeto material, así, se impondrá la pena de prisión de diez a veinte años, cuando:

  • Desarrollo de armas químicas o biológicas
  • Apoderamiento, posesión, transporte, facilitación a terceros, o manipulación de:
    • Materiales nucleares
    • Elementos radioactivos
    • Materiales o equipos productores de radiaciones ionizantes.

Adoctrinamiento pasivo

El artículo 575 CP, modificado por la LO 1/19, de 20 de febrero, contiene modalidades delictivas, que se enumeran de manera alternativa:

  • Adoctrinamiento y adiestramiento pasivo, tipificada en el apartado 1 del artículo 575 CP, consistente en recibir formación de un tercero, en técnicas militares o de combate, de desarrollo de armas químicas o biológicas, de elaboración o preparación de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o destinados a la comisión de alguno de ellos. (STS 984/2016, de 11 de enero, STS 150/2019, de 21 de marzo)
  • Autoadoctrinamiento, tipificada en el apartado 2 del artículo 575 CP, cuando la formación se realiza por el propio sujeto, los actos previos a los actos preparatorios, incluyendo específicamente dentro de estas conductas:
    • Acceso de manera habitual a servicios de comunicación o contenidos al público con line.
    • Adquisición o tenencia de documentación dirigida o idónea para la incorporación a una organización o grupo terrorista.
  • Traslado o establecimiento en el territorio extranjero, eliminando la LO 1/19, la exigencia de que el territorio extranjero esté controlado por un grupo u organización terrorista.

La finalidad de estas conductas ha de ser la de capacitarse siendo atípicas todas aquellas que se realicen por mera curiosidad o investigación (STS 354/2017, de 17 de mayo).

Es un delito común, de mera actividad y de peligro abstracto, que exige que el dolo específico perseguido sea capacitarse.

La pena prevista para todas las modalidades delictivas es la de prisión de dos a cinco años.

Capacitación, adoctrinamiento y adiestramiento activo

El apartado 2 del artículo 577 CP tipifica la capacitación, adoctrinamiento y adiestramiento activo equiparando el llevar a cabo dichas conductas como el facilitar, exigiendo la idoneidad de las conductas para la capacitación, adoctrinamiento y adiestramiento.

Como delito de mera actividad y de peligro abstracto, no exige un resultado específico, ni que se materialice en el refuerzo de capacidad del grupo terrorista, en el que el sujeto activo podrá ser cualquier persona, sin que se exija ni se presuponga su pertenencia a organización o grupo terrorista.

La pena prevista es la de prisión de cinco a diez años y multa de dieciocho a veinticuatro meses.

Se tipifica en el párrafo 3 del apartado 2 del artículo 577 CP un subtipo agravado en función del sujeto pasivo que implicará la imposición de la pena en su mitad superior, pudiendo llegar a la pena superior en grado, cuando las conductas tipificadas en el apartado 2 del artículo 577 CP vayan dirigidas a:

  • Menores de edad.
  • Personas con discapacidad necesitadas de especial protección.
  • Mujeres víctimas de trata con el fin de convertirlas en cónyuges, compañeras o esclavas sexuales de los sujetos activos.

Financiación del terrorismo

Se regula en el artículo 576 CP, modificado por la LO 1/19, de 20 de enero, y tipifica como actos preparatorios los actos de colaboración de sujetos no integrantes en la organización o grupo terrorista, a través de una lista de conductas que incluye una clausula analógica de cierre, que la hace numerus apertus:

  • Recabar
  • Adquirir
  • Poseer
  • Utilizar
  • Convertir
  • Transmitir
  • Cualquier otra actividad

El objeto material sobre el que recaerá la conducta será los bienes y valores de cualquier clase y con la finalidad de ser destinados a la comisión de delitos de terrorismo, hasta el punto, que el apartado 2 del artículo 576 CP prevé la imposición de la pena prevista en este artículo superior en grado si existe la efectiva puesta a disposición de los valores y fondos con los que se ha colaborado, que supondrá la posibilidad material de acceso a los bienes y valores sin que signifique que se llegue a cometer la actividad terrorista en cuestión

Es un tipo mixto alternativa, de mera actividad y de peligro, cuyo sujeto activo será cualquier persona siempre que no pertenezca al grupo u organización terrorista, sin embargo, cuando se habla del subtipo agravado por la efectiva puesta a disposición ya nos encontramos ante un delito de resultado.

En relación con su elemento subjetivo se prevé la comisión dolosa y la comisión por imprudencia grave, que se recoge de manera expresa en el apartado 4 del artículo 576 CP. La comisión imprudente se producirá a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones que la normativa relativa al blanqueo establece, siempre y cuando el sujeto activo sea de los sujetos obligados del artículo 1 de la L 10/2010, de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, imponiéndose la pena inferior en uno o dos grados.

Se tipifica también un subtipo hiperagravado cuando se llegue a cometer el acto terrorista, que se regula en el apartado 2 in fine del artículo 576 CP, castigando los hechos con la misma pena que al autor o cómplice, en función del acto terrorista cometido.

Actos de colaboración

Se regulan en el artículo 577 CP, modificado por la LO 2/15, de 30 de marzo, enumerando las conductas de manera alternativa:

  • Información o vigilancia de personas, bienes o instalaciones
  • Construcción, acondicionamiento, cesión o utilización de alojamientos o depósitos
  • Ocultación, acogimiento o traslado de personas
  • Organización de prácticas de entrenamiento o la asistencia a ellas
  • Prestación de servicios tecnológicos
  • Cualquier otra forma de cooperación o ayuda a las actividades de organizaciones, grupos terroristas, como cláusula de cierre.

Para que estos actos de colaboración sean típicos han de ir destinados a la finalidad de facilitar cualquier acto de colaboración con las actividades o finalidades de la organización o su misma comisión.

Consiste en un delito que implica la participación como tipo residual, y que es de mera actividad y peligro abstracto (STS 510/2005, de 22 de abril), que en los casos en los que se ponga en peligro la vida, la integridad física, la libertad o el patrimonio, se impondrá la pena en su mitad superior y de producirse la efectiva lesión se castigará como autor o cómplice, convirtiéndose en un delito de resultado.

La pena prevista variará en función del grado de ejecución de tal forma que para el tipo básico se prevé la imposición de la pena de prisión de cinco a diez años, y multa de dieciocho a veinticuatro meses, de existir la efectiva puesta en peligro se impondrá la pena en su mitad superior y de existir la efectiva lesión se penará como autor o cómplice del delito que corresponda.

Su comisión es dolosa, sin embargo, en el apartado 3 del artículo 577 CP se prevé la comisión por imprudencia grave, que llevará aparejada la pena de prisión de seis a dieciocho meses y multa de seis a doce meses.

Exaltación y enaltecimiento del terrorismo

El artículo 578 CP, modificado por la LO 2/15, de 30 de marzo, tipifica las conductas de exaltación y enaltecimiento del terrorismo y contiene dos conductas claramente diferenciadas:

  • Enaltecimiento o justificación del terrorismo como tipo específico de la apología contemplada en el artículo 18 CP, que adelanta la barrera de protección, pudiendo entrar en conflicto con los derechos constituciones de libertad ideológica y opinión (STS 600/2017, de 25 de julio. Las acciones o palabras que impliquen enaltecimiento o justificación han de ir dirigidas o bien a las conductas definidas como delitos de terrorismo de los artículos 572 a577 CP, o a personas que hayan participado en la ejecución de tales comportamientos, exigiendo que la conducta sea pública, a pesar de haber eliminado, para el tipo básico, la LO 2/15, la expresión por cualquier medio de expresión pública o difusión, y sustituyéndolo por la expresión "pública" que ha de interpretarse literalmente (SAN 4/2018, de 10 de julio).
  • Actos de descredito, menosprecio o humillación dirigidos a las víctimas del terrorismo. Víctimas, ya sean directas o indirectas, conforme define y distingue la L 35/1995, de 11 de diciembre de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.

Es un delito de actividad, que se cometerá mediante una acción concreta, no cabe la comisión por omisión, y de peligro abstracto, que no requiere la causación de un resultado para que se entienda consumado. Se ha definido como delito de opinión (ATS de 14 de junio de 2002)

Es un delito común, podrá ser cometido por cualquier persona, y sobre la colectividad o sobre las víctimas, que hace coincidir el sujeto pasivo con el objeto material del delito.

La pena prevista para las distintas modalidades, enaltecimiento, justificación y humillación es la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses. Se prevé expresamente la facultad del juez de imponer las prohibiciones previstas en el artículo 57 CP, que a su vez se remite al artículo 48 CP, y que consistirán en:

  • Privación del derecho a residir en determinados lugares
  • Prohibición de aproximación a la víctima, familiares o terminadas personas, a su domicilio, lugar de trabajo o a cualquier lugar que frecuenten
  • Prohibición de comunicarse con la víctima, familiar o personas que se determine a través de cualquier medio.

El apartado 2 del artículo 578 CP contempla un subtipo agravado en relación con el delito de enaltecimiento, justificación o humillación en función de la difusión de las acciones o expresiones empleadas, imponiendo la pena en su mitad superior, si se realiza a través de:

  • Medios de comunicación
  • Internet
  • Servicios de comunicaciones electrónicas
  • Tecnologías de la información.

El apartado 3 el artículo 578 CP prevé un tipo hiperagravado imponiendo la pena en su mitad superior, pudiendo llegar a la superior en grado, cuando la concurra la idoneidad de la conducta de enaltecimiento, justificación o humillación para:

Se prevé en el apartado 4 del artículo 578 CP, las medidas que acordará el juez, de manera preceptiva, ya sea en sentencia o cautelarmente, con relación a los archivos, documentos y artículos:

  • Destrucción
  • Borrado
  • Inutilización
  • Retirada de los contenidos en caso de haberse perpetrado a través de tecnologías de información o comunicación.

Y potestativamente podrá acordar retirada de los contenidos o servicios ilícitos si los hechos se hubieran cometido a través de servicios o contenidos accesibles a través de internet o de servicios de comunicación.

También podrá ordenar, siempre que la medida sea proporcionada y necesaria o que se difundan de manera exclusiva o preponderante a:

  • Los prestadores de servicios de alojamiento la retirada de contenidos ilícitos.
  • Los motores de búsqueda que supriman los enlaces que apunten a ellos.
  • Los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas que impidan el acceso a los contenidos o servicios ilícitos.

Incitación al terrorismo

El artículo 579 CP, modificado por la LO 2/15, tipifica la difusión del terrorismo y su incitación a través de tres modalidades delictivas:

  • Difusión pública de medios, mensajes o consignas idóneos para cometer delitos de terrorismo
  • Incitación pública a la comisión de un delito de terrorismo
  • Solicitud a un tercero de comisión de un delito de un delito de terrorismo

Constituye un tipo mixto alternativo de carácter residual, se configura como un delito de odio específico que sanciona la provocación impropia, por lo que se sitúa entre la apología genérica del artículo 18 CP y el delito de enaltecimiento del terrorismo del artículo 578 CP (STS 646/2018, de 14 de diciembre).

Es un delito común, de mera actividad, y de peligro, que ha de ser doloso, sin que admita la comisión imprudente.

La pena prevista en la inferior en uno o dos grados de la correspondiente a cada uno de los delitos que difunda, incite o solicite la comisión, y prevé la potestad de jueces y tribunales de imponer las medidas previstas en los apartados 4 y 5 del artículo 578 CP.

Actos preparatorios y penas complementarias

Las formas preparatorias se castigan en el apartado 3 del artículo 579 CP, castigando expresamente la provocación, conspiración y proposición con la pena inferior en uno o dos grados.

El apartado 1 del artículo 579 bis, introducido por la LO 2/15, de 30 de marzo, recoge las penas complementarias que se impondrán sin perjuicio de las penas previstas en cada tipo atendiendo a la gravedad del delito, el numero de delitos y las circunstancias, siendo:

  • Inhabilitación absoluta
  • Inhabilitación especial para profesión u oficios educativos en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre por un tiempo superiora la pena de prisión impuesta entre seis y veinte años.

El apartado 2 del artículo 579 prevé la imposición de la medida de libertad vigilada con una duración de:

  • Cinco a diez años si la pena privativa impuesta por el delito cometido es grave.
  • Uno a cinco años si la pena privativa impuesta por el delito es menos grave.

A pesar de ello, atendiendo a la menor peligrosidad, se otorga la facultad al juez de no imponer la medida de libertad vigilada atendiendo a la menor peligrosidad cuando se trate de un solo delito que no sea grave, y el sujeto haya delinquido por primera vez.

Arrepentimiento activo

El apartado 3 del artículo 579 bis CP regula en arrepentimiento activo, que implicará la facultad del juez de imponer la pena inferior en uno o dos grados si concurrente tres elementos:

  • Abandono voluntario
  • Confesión ante las autoridades
  • Colaboración activa en la identificación de los responsables, su captura o impedir la actuación o desarrollo de las organizaciones o grupos criminales.

El apartado 4 del artículo 579 bis CP, contempla la atenuante específica de menor entidad, atendiendo a la menor entidad del medio empleado o el resultado producido, que podrá aplicarse a los hechos ya enjuiciados tras su entrada en vigor, y a los que se produzcan con posterioridad, atendiendo a las circunstancias concretas (STS 595/2017, de 24 de julio, SAN Sección 1ª, 5/2018, de 7 de marzo), imponiéndose la pena inferior en uno o dos grados.

Reincidencia internacional

El artículo 580 CP, dispone que las condenas de jueces y tribunales por los delitos cometidos de los artículos 572 a579 CP producirán los efectos de reincidencia, sin que exista una referencia expresa a que el antecedente penal haya sido cancelado o pudiera serlo.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas

El artículo 580 bis CP, introducido por la LO 1/19, d 20 de febrero, establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas aplicable a todos los delitos contenidos en el Capítulo VII, y prevé, cuando se cumplan los requisitos del art. 31 bis CP:

  • Si el delito cometido por persona física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de libertad, se impondrá la que resulte más elevada de:
    • Multa de dos a cinco años, o
    • Multa del doble al cuádruple del perjuicio causado.
  • Resto de los delitos, la que resulte más elevada de:
    • Multa de seis meses a dos años, o
    • Multa del doble al triple del perjuicio causado

Además, se podrán imponer, las penas recogidas en el artículo 33.7 b) a g) CP.

Recuerde que…

  • Se regulan en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II, arts 571 a580 bis CP.
  • La LO 1/19 ha modificado estos delitos, para la transposición de la Directiva 2017/541/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.
  • Queda incluido dentro de los delitos terroristas, el delito de falsedad documental.
  • Recoge expresamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas extendiéndose a la comisión de cualquier delito de terrorismo.
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