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Pro reo

PRO REO

“Reo” es el acusado en el proceso penal. Y “pro reo”, es la abreviatura de un principio básico del derecho: “in dubio, pro reo” (en caso de duda, a favor del acusado).

Dicho principio, al igual que otros muy conocidos —”pacta sunt servanda”, (los pactos hay que cumplirlos), “prior tempore, potior iure” (el primero tiene más derecho) o “audi alteram parte” (hay que escuchar a las dos partes)— no son simples lemas carentes de significación real. Antes al contrario, junto con las normas conforman lo que se llama el “ordenamiento jurídico”, global, de una nación; o sectorial, “el ordenamiento penal”, “el ordenamiento civil”, “el ordenamiento laboral”, etc. De ese modo, se define el ordenamiento jurídico como el conjunto de reglas y principios que rigen en una determinada comunidad.

La importancia de los principios es grande, informan el ordenamiento, sirviendo como criterios de interpretación de las normas y, en el ámbito forense, ayudan a fijar los hechos a los que posteriormente se aplicarán las normas correspondientes.

Los principios tienden a recogerse en las Constituciones y en las leyes, pero ello siempre se hace con mucho retraso, pues son, sobre todas las cosas, resultado de la labor interpretativa de los Tribunales de Justicia. De tal manera, que aunque aplicables, algunos no se encuentran explicitados en ninguna norma, y desde luego, para captar todo su contenido y alcance, se hace imprescindible acudir a la jurisprudencia elaborada por los órganos judiciales, para cuya tarea, éstos tienen en cuenta, igualmente lo que sobre los mismos, expone la doctrina científica o conjunto de autores y profesores que se ocupan de una determinada materia.

Y así sucede con el principio “pro reo”, que se relaciona con máximas más generales del derecho como “odiosa sunt restringenda, favorabilia amplianda” (lo perjudicial debe ser de aplicación e interpretación restrictiva, en tanto lo favorable debe acogerse de modo extensivo)

Y lo mismo sucede respecto a otras máximas, conectadas al principio que se examina y que tienen similar significación: en la duda, por razones de equidad, hay que favorecer lo que se encuentre más necesitado de protección jurídica: in dubio pro libertate (en la duda, a favor de la libertad), in dubio pro operario (a favor del trabajador), in dubio pro debitore (a favor del deudor), o in dubio abstine (en la duda, abstenerse)

I. CONCEPTO

Es un principio del proceso penal dirigido al órgano que juzga una causa, a fin de que en aquellos casos en que albergue dudas del resultado de las pruebas, respecto a la culpabilidad del acusado, dicte sentencia absolutoria

II. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Cinco etapas podemos distinguir en el curso de la historia del principio “in dubio pro reo”:

  • 1. Origen filosófico. Aristóteles, siglo IV a.c. ya se refiere a él en sus “Problemas”. El sabio griego propugnaba la supremacía de la ley, que definía como “la razón desprovista de pasión”, la cual debía ser compatible con la dignidad de la persona, y en consecuencia suponía una concepción de lo jurídico contraria a toda arbitrariedad o despotismo.
  • 2. Asunción por el Derecho Romano. El principio en cuestión, es asumido y aplicado por los juristas romanos, y precisamente, en el sentido que actualmente se le da: favorecer al reo, en caso de duda judicial.

    En un rescripto de Trajano se dice que no se puede condenar por simples sospechas. Y que es mejor dejar de condenar a un criminal que condenar a un inocente (Ulpiano).

  • 3. Reconocimiento medieval. Se le menciona igualmente, en las Glosas al Digesto y en los Comentarios de Alciato, (siglo XVI), donde se contienen estas máximas; “in dubio absolvitur reus” (en la duda hay que absolver al reo); “favorabilior est rei causa quam actoris” (la causa es más favorable al acusado que al actor) y “applicanda est lex reo favorabilior” (ha de aplicarse la ley que resulte más favorable al reo).
  • 4. Internacionalización. A partir de las Declaraciones de Derechos Humanos del siglo XVIII, es acogido el principio de presunción de inocencia como principio universal del proceso actual —no sólo del penal, aunque sí preferentemente en éste-, como lo prueba el hecho de que se le reconoce en el artículo 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York. Tal hecho va a influir en su explícito reconocimiento posterior, a través de la labor de interpretación jurisprudencial, efectuada por jueces y tribunales.
  • 5. Actualmente. En el momento presente, su admisión es correlativa a su diferenciación con el principio o derecho de presunción de inocencia, con el cual es identificado, erróneamente, en muchas ocasiones. Y es aplicado por nuestra jurisprudencia desde antiguo: así en una Sentencia Tribunal Supremo del 23 de septiembre de 1957 se afirma que “in dubio non est praesumendum delictum” (en la duda, no cabe presumir la existencia de delito), sentencia que centra la cuestión, en el aspecto valorativo, en el sentido de que si hay dudas de prueba sobre si existe o no delito, hay que optar por esta segunda posibilidad. En definitiva, para condenar válidamente a alguien, es preciso que el Tribunal no albergue dudas razonables para decidir de ese modo (Sentencias del Tribunal Supremo 245/2007, de 10 de diciembre y 145/2005, de 6 de junio).

III. NATURALEZA

Está considerado como un principio auxiliar que permite al juez, en el uso de su arbitrio o discrecionalidad, motivada resolver en beneficio del reo cuando albergue dudas respecto a su culpabilidad, a la vista de las pruebas válidas practicadas en el juicio.

Aunque despliega su virtualidad, básicamente en el campo valorativo de la prueba, encuentra otras manifestaciones:

  • Ante dos leyes de posible aplicación, se aplicará la más favorable al encausado, lo cual puede suponer que se archive la causa si los hechos de que se le acusa han dejado de ser delito o que, si no fuera ese el caso, se le juzgue pero se le imponga la pena menor de las que señalen los códigos.
  • Desde otro punto de vista, frente al principio general de irretroactividad de las normas, lo cual significa que un hecho se juzga por la norma vigente en ese momento, es posible aplicar una norma no vigente, pero que lo estaba cuando sucedieron los hechos, siempre que aquella resulte más favorable.
  • La aplicación retroactiva de la norma más favorable ha de hacerse de oficio, es decir, sin necesidad de que se invoque por la parte.
  • La individualización de la pena se hará, a la vista de las circunstancias de todo orden concurrentes, valorando la solución más favorable al acusado, exigiéndose por la jurisprudencia que se justifique debida y razonablemente la imposición de la pena máxima o en el grado más elevado posible.
  • En materia de prueba, además de como criterio valorativo, tiene otra aplicación: en caso de duda sobre la admisibilidad o no de un concreto medio probatorio, debe pecarse más por el lado de la generosidad que por el de la mezquindad, esto es, habrá que admitir las pruebas que reuniendo los requisitos de pertinencia y licitud, dude el órgano judicial sobre su necesidad.

IV. FUNCIONALIDAD

Considerado el hilo conductor que debe guiar al juez o tribunal a la hora de valorar las pruebas, su operatividad se produce en el momento de evaluar y ponderar el conjunto de pruebas practicadas en un juicio (“acervo probatorio”).

En efecto, concluido el juicio, el órgano judicial se encuentra con una serie de pruebas que han sido practicadas en la vista oral (confesión del acusado, testificales, documentales, periciales, etc.), que ha de valorar a fin de tomar la decisión que corresponda al caso.

Para ello, debe procederse del siguiente modo:

  • 1. Examen individualizado de las diferentes pruebas practicadas.
  • 2. Eliminación, en su caso, de las estimadas ilícitas y de las contaminadas por aquéllas.
  • 3. Ponderación del alcance informativo de cada medio probatorio.
  • 4. Confección de un relato de los hechos que se declaran probados.
  • 5. Señalamiento de las consecuencias jurídicas correspondientes.

En este proceso de valoración del material probatorio, el órgano de enjuiciamiento debe optar por lo más favorable al acusado, en dos momentos principales: a la hora de considerar su participación en los hechos y en el momento de asignar las consecuencias penales e indemnizatorias correspondientes. Pero en todo lo que no albergue dudas, el juez o tribunal resolverá conforme a su libre convicción, explicitando las razones de su decisión. La funcionalidad del principio “pro reo”, sólo opera, pues, en los casos de duda.

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