INTRODUCCIÓN
Constituye una regla básica del derecho de daños que, cuando una persona sufre un daño que le es imputable a otra, tiene derecho a exigir de esta última la reparación íntegra de aquel daño sufrido, lo que se traduce en la expresión clásica de compensatio lucri cum damno que incluye tanto el daño realmente sufrido (daño propiamente dicho), como el beneficio dejado de obtener como consecuencia del daño (lucro cesante). Pero también forma parte del contenido básico del derecho de daños que el perjudicado por una acción a otro imputable solo tiene derecho a esa congrua satisfacción, pero no a ninguna cantidad superior, pues ello le produciría un enriquecimiento injustificado y, por ello, injusto.
Cuando se produce un accidente de trabajo en sentido propio, o sea, cuando una persona está prestando sus servicios laborales para un tercero, puede ocurrir que el accidente le pueda ser imputado al empresario por no haber cumplido las exigencias de seguridad y salud establecidas previamente, o puede ocurrir que dicho accidente pueda ser imputado a un tercero o al propio trabajador, o a unos y otros conjuntamente. Se plantea en cualquier caso el problema de determinar quién o quiénes son responsables del mismo, pero también el de precisar el montante económico de esa responsabilidad.
Con arreglo a las reglas probatorias tradicionales le correspondía al accidentado, que consideraba responsable a su empleador, demostrar que el accidente se había producido trabajando, que su empleador era el culpable de aquella situación y que el daño producido alcanzaba una u otra cantidad.
Ante esta dificultad probatoria y, partiendo de una realidad objetiva cual es la de que, en un gran porcentaje de casos, el accidente tiene relación directa con el hecho de manejar unas máquinas o utilizar unos medios propiedad del empresario susceptibles de causar un daño que no se hubiera producido si no se estuviera trabajando con ellos; y en aras de proteger al trabajador de esos resultados dañosos eliminando aquellas exigencias probatorias, en el año 1900, en un momento de iniciación de lo que luego ha sido un sistema de protección social más generalizado, se llegó a establecer un modo de reparación del accidente de trabajo —Ley de 31 de enero de 1900— que consistió en entender que en todo caso de accidente, la responsabilidad era del empresario, pero la responsabilidad de éste llegaba tan solo hasta una cantidad tasada sin posibilidad por parte del trabajador de exigirle una cantidad superior por otras vías —con la única excepción relacionada con la posibilidad de lo que se conoce como recargo de prestaciones también tasado—; se trataba de un sistema de responsabilidad objetiva, tasada e inmune, que tenía para el trabajador la ventaja de que le eximía de aquellas cargas probatorias y para el empresario la de conocer el montante económico de su responsabilidad.
Aquella vía siguió su curso con normativa adicional garantizadora de la indemnización a través de diversos sistemas de protección privada o pública —sucesivamente Compañías de Seguros, Mutuas, Seguro de Accidentes de Trabajo— hasta que fue incluida en el Sistema actual de la Seguridad Social, con una especial protección dentro de este Sistema que sigue garantizando, en todo caso de accidente de trabajo, una protección de naturaleza objetiva y tasada. Pero a partir de la Ley de la Seguridad Social (LA LEY 2305/1994) del año 1966 esta protección dejó de perder la inmunidad que hasta entonces tuvo, pues se permitió al accidentado que, con independencia de lo que el sistema le reconocía por aquel principio de responsabilidad objetiva, pudiera reclamar de su empleador, si éste había incurrido en responsabilidad, el montante económico de los daños y perjuicios que hubiera podido derivar del accidente no cubiertos por el sistema público de protección. Y ello porque se pudo apreciar que este sistema público no cumplía con el requisito de obtener aquella compensación íntegra de los daños y perjuicios a que tiene derecho todo accidentado cuando es otra persona el responsable del mismo, pues, en efecto, la prestación que garantiza la Seguridad Social cubre exclusivamente el «lucro cesante» y no todo (pues, aunque se perciba una pensión, ésta no cubre todos los posibles beneficios que se pudieran obtener de hallarse el mismo trabajador en activo), pero no cubre más que algunos daños patrimoniales —los sanitarios— pero no otros daños muy importantes, como los sicofísicos y los morales.
Quiere ello decir que desde 1966 el trabajador accidentado puede reclamar de su empresario una indemnización que va más allá de las prestaciones cubiertas por la Seguridad Social y hasta cubrir todos los daños y perjuicios sufridos por el mismo, siempre que resulte dicho empresario ser el responsable del daño por dolo o culpa que es por lo que se exige responsabilidad en nuestro derecho.
Cuando esta reclamación se produce se plantean dos problemas principales, a saber: cuándo se le puede imputar al empresario esa responsabilidad —criterio y título de imputación— y cuál es el montante económico de la misma. Pero al hilo de esos dos problemas principales se plantean otros colaterales como el de determinar el órgano jurisdiccional competente para conocer de estas cuestiones, o el de determinar qué ocurre con las prestaciones de la Seguridad Social ya percibidas por el trabajador. Todo lo cual ha llevado a ocupar muchas opiniones doctrinales y muchas resoluciones judiciales, algunas de ellas contradictorias entre sí, hasta llegar al momento actual en que se ha llegado a un cierto consenso clarificador de toda esta problemática, que es lo que aquí se trata de concretar en la medida que la que actualmente se puede hacer, puesto que todos los problemas no están definitivamente solucionados.
LEGISLACIÓN (1)
JURISPRUDENCIA (1)
La jurisprudencia sobre esta materia es especialmente problemática por cuanto, en primer lugar, se halla repartida entre la doctrina de la Sala 1.ª de lo Civil y la de la Sala 4.ª de lo Social; y porque hasta muy recientemente no se ha llegado a un mínimo consenso sobre toda la problemática que encierra el tema aquí traído a estudio. Siendo por esta razón por la que la estudiaremos por partes en atención a los diferentes problemas planteados sobre el particular; a saber:
1. El problema de la competencia judicial
Ha sido tradicional que la Sala 1.ª entendiera que era competente para conocer de estas demandas de responsabilidad civil adicional a la de Seguridad Social por entender que se trataba de demandas de responsabilidad civil derivadas de culpa extracontractual, mientras que la Sala 4.ª se consideró siempre igualmente competente por considerar que se trataba de dilucidar acerca de una responsabilidad derivada del incumplimiento de una obligación de seguridad ubicada dentro del contrato de trabajo (responsabilidad contractual). En la actualidad, la Sala 1.ª ha aceptado que la responsabilidad derivada de accidente de trabajo tiene origen contractual cuando se reclama del empleador, con lo que ha llegado a la conclusión de que la competencia para conocer de estas cuestiones cuando es el empleador el demandado es del orden social. En este punto, la sentencia dictada por la Sala 1.ª del TS de 15 de enero de 2008 (Rec. 2374/2000 (LA LEY 231/2008)), dictada por el Pleno de la Sala —en tesis que ha reiterado la misma Sala en una nueva STS de 19 de febrero de 2008 (LA LEY 61735/2008) (Rec. 4572/2000) y en la más reciente de 25 de febrero de 2010 (LA LEY 3992/2010) (Rec. 246/2005)— marca un antes y un después en el régimen jurídico de esta responsabilidad en tanto en cuanto ha supuesto un giro importante en la consideración y tratamiento de esta cuestión, para llegar en este punto a las mismas conclusiones básicas en las que se basaba la doctrina de la Sala 4.ª en relación concreta con la responsabilidad del empleador. No obstante lo cual, ha dejado la cuestión a mitad del camino por cuanto sigue siendo posible que, ante este orden jurisdiccional, se llame a otro demandado además del empresario para que siga el orden civil conociendo de la misma frente a la tesis de la Sala 4.ª —por todas, STS de 22 de junio de 2005 (Rec. 786/2004 (LA LEY 1841/2005))— que considera debe estimarse competente cualquiera que sea la cadena de posibles responsables a los que se demanda, por cuanto el incumplimiento es, de origen, de naturaleza contractual, por ser el empresario el principal responsable.
2. El problema sobre el criterio de imputación
También se ha producido un acercamiento en cuanto al criterio de imputación de responsabilidades en cuanto que la Sala 1.ª ha pasado de sus criterios objetivistas anteriores a uno nuevo que se conoce como criterio de imputación objetiva —por todas STS, Sala 1.ª, de 30 de julio de 2008 (LA LEY 132372/2008) (Rec. 616/2002) o 23 de abril de 2009 (LA LEY 40395/2009) (Rec. 497/2003)— que, a pesar de su nombre, fija la existencia de responsabilidad en la existencia de un daño «imputable» a una determinada persona en razón del incumplimiento de sus obligaciones, siguiendo con ello, aunque sin decirlo, en los «principios de derecho europeo de contratos». En este punto la Sala 4.ª mantuvo la exigencia de que el actor probara la culpa del demandado —SSTS de 30 de septiembre de 1997 (Rec. 22/1997 (LA LEY 11151/1997)) y 2 de febrero de 1998 (Rec. 124/1997 (LA LEY 5853/1998))— en criterio que procederá modalizar, sobre todo porque estamos en presencia, al decir de la Sala, de una responsabilidad derivada de culpa contractual y no en un supuesto de responsabilidad extracontractual del que parte la Sala 1.ª, por lo que serían de aplicación los preceptos del art. 1101 CC (LA LEY 1/1889) en relación con los arts. 1183 (LA LEY 1/1889) y 1184 CC (LA LEY 1/1889) y 217 LEC, tanto respecto de la responsabilidad apriorística del «deudor de seguridad», como desde el punto de vista de la mayor facilidad probatoria.
3. El problema de la compatibilidad entre la indemnización por responsabilidad civil y las prestaciones de Seguridad Social
Una discrepancia fundamental entre las Salas se concretaba en el hecho de que, mientras la Sala 4.ª, en aplicación del criterio de que la prestación de la Seguridad Social formaba parte de la total indemnización a la que el interesado tuviera derecho, descontaba de la indemnización lo percibido por aquel medio aplicando el llamado criterio de «compatibilidad complementaria» —por todas STS de 10 de diciembre de 1998 (Rec. 4078/1997 (LA LEY 1204/1999))—, la Sala 1.ª aceptaba la suma de ambas cantidades —«sistema de compatibilidad acumulativa», por considerar que la prestación de Seguridad Social era independiente de la adicional que se reclamaba— por todas SSTS, Sala 1.ª, de 7 de marzo de 1994 y 18 de mayo de 1999. Aunque en este punto también ambas Salas han venido matizando en los últimos tiempos su concepto sobre la valoración y la compensación, la Sala 1.ª para aceptar que «el único principio que ha de tener en cuenta el Juzgador es el de la indemnidad de la víctima, y ello sin perjuicio de que puedan tenerse en cuenta las cantidades que se hayan hecho efectivas al perjudicado», en tesis que supone aceptar descuentos de cantidades percibidas a cuenta, y por lo tanto aproximándose a las tesis de la Sala 4.ª, cual puede verse en SSTS, Sala 1.ª, de 8 de octubre de 2001 (Rec. 1869/1996 (LA LEY 8368/2001)), 31 de diciembre de 2003 (Rec. 531/1998 (LA LEY 490/2004)) o 15 de enero de 2008 (LA LEY 231/2008) (Rec. 2374/2000) —FJ 10 in fine—, en el mismo sentido en que apuntó en algún momento la Sala 2.ª —STS, Sala 2.ª, de 5 de septiembre de 2001 (Rec. 3875/1999 (LA LEY 7433/2001))—, quedando fuera de ese descuento lo percibido como «recargo de prestaciones». Así lo ha entendido tanto la doctrina de la Sala 4.ª —SSTS de 2 de octubre de 2000 (LA LEY 744/2001) (Rec. 2393/1999) o 30 de enero de 2008 (LA LEY 39200/2008) (Rec. 414/2007), entre otras muchas— como de la Sala 1.ª, que ha hecho suya la misma doctrina y la ha aplicado en el mismo sentido como puede apreciarse en SSTS, Sala 1.ª, de 24 de julio de 2008 (LA LEY 96478/2008) (Rec. 1899/2001) o 3 de diciembre de 2008 (LA LEY 189355/2008) (Rec. 2604/2002).
4. La problemática valoración del daño. La posible aplicación del baremo establecido para los accidentes de tráfico
En donde se ha producido en los últimos tiempos un acercamiento mayor entre las dos posiciones ha sido en cuanto a la valoración de los daños derivados de accidente. En esta materia han coincidido ambas Salas en aceptar la posibilidad de aplicar el baremo establecido para los accidentes de tráfico con un valor referencial —STS de 11 de noviembre de 2005 (Rec. 1575/1999 (LA LEY 220941/2005)), seguida de las de Sala General de 17 de julio de 2007 (LA LEY 162065/2007) (Rec. 4367/2005 y 513/2006) y SSTS, Sala 1.ª, de 17 de abril de 2007 (LA LEY 26917/2007) (recursos 2908/2001 y 2598/2002)—. Sobre aquellas bases precitadas ambas jurisdicciones han adoptado como posible y opcional la utilización, bien del sistema tradicional de alegación y prueba de los daños sufridos por el perjudicado por el accidente, bien el sistema de baremación legal previsto en el Anexo del RDLeg. 8/2004 (LA LEY 1459/2004), de 9 de octubre, que aprobó el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro de circulación de vehículos de motor, como norma referencial o de aplicación analógica, a pesar de que no es obligatoria más que para los accidentes de tráfico.
Este sistema legal del baremo a pesar de ser utilizado con carácter referencial es el que ha pasado a ser utilizado por la generalidad de los Juzgados y Tribunales tanto del orden civil como del orden laboral, y es por esta vía por donde se ha conseguido unificar en gran medida aquella distonía tradicional existente en ambos órdenes jurisdiccionales sobre la misma materia, si bien hay que decir que siendo el mismo el camino seguido, todavía quedan trechos que recorren hasta conseguir la total unificación de criterios en la aplicación de dicho baremo. Debiendo añadir que si se progresa conjuntamente en la misma dirección pasarán a ser muy secundarios los problemas tradicionales sobre la competencia de uno u otro orden jurisdiccional, puesto que al final la reparación del daño producido sería de la misma entidad y con idénticos resultados, con lo que la inseguridad jurídica hasta ahora existente desaparecería por completo.
Ambos órdenes jurisdiccionales parten de la base de que el «sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidente de circulación» que se recoge en el Anexo al precitado RDLeg. 8/2004 (LA LEY 1459/2004) no viene establecido para establecer la valoración del daño sufrido por accidentes de trabajo, y es por ello por lo que el mismo solo es de aplicación a éstos por vía de analogía o por vía referencial. Por ello, solo se utiliza cuando la propia parte demandante se «autovincula» al mismo utilizando sus criterios, que es lo que ocurre con toda normalidad en el presente momento histórico; pero, por no ser vinculante para los accidentes de trabajo, es por lo que puede seguirse el sistema tradicional civil de alegar y probar la existencia de los daños por los medios legales de prueba.
La aplicación de dichos criterios en relación con los accidentes de trabajo hasta tanto no exista un sistema específico para la valoración de los mismos se acepta en razón a las ventajas que tiene para todas las partes implicadas. En este sentido, la Sala 4.ª en una de las dos primeras sentencias en las que directamente aplicó el sistema de baremo de 2004, en su STS de 17 de julio de 2007 (Rec. 4367/2005 (LA LEY 162065/2007)) explica con toda claridad cuál es la causa por la que estima que el sistema de baremo es aplicable, señalando cómo «pese a las críticas recibidas, el denostado sistema de baremación presenta, entre otras, las siguientes ventajas: 1.ª.—Da satisfacción al principio de seguridad jurídica que establece el artículo 9.3 de la Constitución (LA LEY 2500/1978), pues establece un mecanismo de valoración que conduce a resultados muy parecidos en situaciones similares. 2.ª.—Facilita la aplicación de un criterio unitario en la fijación de indemnizaciones con el que se da cumplimiento al principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución (LA LEY 2500/1978). 3.ª.—Agiliza los pagos de los siniestros y disminuye los conflictos judiciales, pues, al ser previsible el pronunciamiento judicial, se evitarán muchos procesos. 4.ª.—Da una respuesta a la valoración de los daños morales que, normalmente, está sujeta al subjetivismo más absoluto. La cuantificación del daño corporal y más aún la del moral siempre es difícil y subjetiva, pues, las pruebas practicadas en el proceso permiten evidenciar la realidad del daño, pero no evidencian, normalmente, con toda seguridad, la equivalencia económica que deba atribuirse al mismo para su completo resarcimiento, actividad que ya requiere la celebración de un juicio de valor. Por ello, la aplicación del baremo facilita la prueba del daño y su valoración, a la par que la fundamentación de la sentencia, pues como decía la STS, Sala 2.ª, de 13 de febrero de 2004, la valoración del daño con arreglo al baremo legal “es una decisión que implícitamente indica la ausencia de prueba sobre los datos que justifiquen mayor cuantía y que, por ende, no requiere inexcusable (mente) de una mayor fundamentación. Entendiendo que la exigencia constitucional al respecto se satisface cuando la decisión por su contenido y naturaleza permite conocer las razones que la fundan, aunque estén implícitas o muy lacónicamente expresadas”. Y es que, aun admitiendo las dificultades que entraña la elaboración de un sistema de valoración de daño, es lo cierto que, sobre todo cuando se trata de daños morales, goza de mayor legitimidad el sistema fijado por el legislador con carácter general que la valoración efectuada por los órganos jurisdiccionales con evidente riesgo de quiebra de los principios de igualdad y de seguridad jurídica, pues las invocaciones genéricas a la prudencia del Juzgador y a la ponderación ecuánime de las circunstancias del caso que realiza no son garantía de corrección, ni de uniformidad resarcitorias».
En este mismo sentido se ha pronunciado la Sala 1.ª indicando en su STS, Sala 1.ª, de 7 de mayo de 2009 (Rec. 937/2004 (LA LEY 49538/2009)) que la aplicación de este sistema «no solo no menoscaba la indemnidad de las víctimas... sino que viene a procurar al sistema de unos criterios de valoración dotándose de una seguridad y garantía mayor del que daba el mero arbitrio judicial».
En definitiva se viene a señalar cómo, a falta de otro sistema mejor —que para los accidentes de trabajo sería muy de desear—, esta previsión legal es la que garantiza más que el tradicional de alegaciones y pruebas del daño en cada caso concreto la seguridad jurídica en la reparación y la igualdad en el tratamiento del problema, fundamentalmente en cuanto a la valoración del daño moral de probanza imposible.
Admitida esta posibilidad, sigue afirmando que, en cualquier caso, y en ello se implica también la sentencia del Tribunal Supremo de la misma fecha, 17 de julio de 2007 (Rec. 4367/2005 (LA LEY 162065/2007)), que la aplicación de aquellas previsiones legales debe hacerse con arreglo a los siguientes criterios básicos:
a) La aplicación del baremo es función propia de los Jueces de instancia, si bien con concretas exigencias que pueden llevar a que la Sala del Tribunal Superior o la del Tribunal Supremo puedan modificar aquella valoración, cual ocurrirá cuando utilizando aquellas reglas se salgan ostensiblemente de las mismas sin ninguna motivación o cuando aplique de forma incorrecta, arbitraria o desproporcionada los criterios de tasación de años previstos en la norma de aplicación. Así lo ha entendido tanto la Sala 1.ª —TS, Sala 1.ª, de 10 de febrero de 2006 (Rec. 2280/1999 (LA LEY 398/2006)) y las que cita— como la Sala 4.ª en sus importantes sentencias de 17 de julio de 2007 y, entre otras, en la STS de 30 de julio de 2008 (LA LEY 132372/2008) (Rec. 616/2002), en las que se ha señalado que la cuantía de la indemnización concedida no es revisable en casación salvo en relación con las bases fijadas para el cálculo de la misma o en supuestos de irrazonable desproporción en la cuantía fijada.
b) El Juez debe tomar su decisión resolviendo todas las cuestiones planteadas, con una motivación suficiente, «lo que le obliga a razonar la valoración que hace del daño y la indemnización que reconoce por los diferentes perjuicios causados». Para aceptar como suficiente la motivación se requiere que el Juez haga una valoración pormenorizada de cada uno de los daños apreciados según su etiología, o sea, distinguiendo los daños personales biológicos o fisiológicos en su persona y lo que constituyen los daños morales relacionados con ese deterioro físico, así como los daños patrimoniales y tanto el daño emergente (los gastos soportados por el hecho dañoso) como el lucro cesante (la pérdida de ingresos y expectativas). O sea, se le exige que haga una valoración vertebrada del daño y no una valoración conjunta o global del mismo.
c) Por lo tanto, cuando el Juez se acoge a la aplicación del baremo para fijar las cuantías de la indemnización por los distintos conceptos deberá aplicarlo de conformidad con las previsiones que en el mismo se contienen, de forma que solo podrá modificar al alza el montante económico del baremo motivando las razones por las que se aparta del mismo. Como dijo la STS, Sala 4.ª, de 17 de julio de 2007 y reitera la STS, Sala 1.ª, de 9 de diciembre de 2008 (Rec. 1577/2002 (LA LEY 189358/2008)) la utilización de este sistema de valoración del baremo no es preceptiva, pero cuando se opta por utilizar este medio de valoración con carácter optativo hay que seguirlo con sus previsiones y consecuencias por un principio de congruencia derivado de la «autovinculación».
Ambas jurisdicciones están igualmente de acuerdo en que la adecuada utilización del baremo exige distinguir entre lo que son las reglas o criterios establecidos para la determinación de la responsabilidad y la cuantía de las indemnizaciones previstas en el mismo. Las reglas se contienen en la norma básica constituida por el Anexo al RDL 8/2004, y las cuantías a tener en cuenta son las que se contienen en sus distintas «tablas» teniendo en cuenta que la cuantía se actualiza cada año por medio de concretas Resoluciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (los de los últimos años fueron dictados en 9 de marzo de 2004 (BOE 6 de abril de 2004), 7 de febrero de 2005 (BOE 18 de febrero de 2005), 24 de enero de 2006 (BOE 3 de febrero de 2006), 19 de febrero de 2007 (BOE 19 de febrero de 2007), 17 de enero de 2008 (BOE 24 de enero de 2008), 7 de enero de 2009 (BOE 2 de febrero de 2009) y 31 de enero de 2010 (BOE 5 de febrero de 2010).
En relación con qué reglas del baremo aplicar, la Sala 1.ª y la Sala 4.ª están también de acuerdo en entender —aquélla en sus SSTS, Sala 1.ª, de 17 de abril de 2007 (LA LEY 26917/2007) (Rec. 2908/2001 y 2598/2002) o 12 de marzo de 2009 (LA LEY 8760/2009) (Rec. 885/2004) y las de la Sala 4.ª en las SSTS de 17 de julio de 2007 citadas— que la normativa aplicable, las reglas a tener en cuenta y a aplicar a la hora de valorar los daños, es la correspondiente a la fecha de producción del accidente, lo que nos conduce a la contenida en el «sistema de valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de tráfico», que se recoge como Anexo al RDLeg. 8/2004, de 29 de octubre (LA LEY 1459/2004), y ello por dos razones fundamentales para la Sala 4.ª, a saber: a) porque la normativa legal y convencional a tomar en consideración es la correspondiente a la fecha de producción del accidente de trabajo en cuya órbita no podemos dejar de considerar que nos movemos- la Sala 4.ª sigue este criterio a otros efectos desde su STS de 1 de febrero de 2000; y b) porque en el propio Anexo, en la regla 3 del mismo, ya se dispone que «a los efectos de aplicación de las tablas, la edad de la víctima y de los perjudicados y beneficiarios será al referida a la fecha del accidente». Por lo tanto el régimen jurídico a aplicar es el contenido en aquel Anexo en cuanto a las reglas de aplicación del baremo.
Problema distinto lo constituye el relativo a determinar qué concretas tablas cuantificadas tomar en consideración, pues en principio no habría problema en tomar también las de la fecha del accidente. Sin embargo, sobre este particular la doctrina contenida en las sentencias dictadas por ambas Salas parte de la base de que estamos en presencia de una «deuda de valor» y no de una «deuda nominal», porque el nominalismo no se compadece bien con la exigencia de la restitutio in integrum que se persigue, razón por la que el baremo utilizable no puede ser el de la fecha del accidente, sino el de la fecha más aproximada a aquella en que se ha de percibir la indemnización recogida en el mismo. No obstante, en tal sentido se produjo una cierta discrepancia entre la doctrina de la Sala 1.ª y la de la Sala 4.ª, pues, partiendo en ambas de la base de que estamos, como se ha dicho, ante una «deuda de valor», y estimando ambas doctrinas que el régimen jurídico a tomar en consideración es el de la fecha del accidente, la Sala 1.ª entendió que las concretas cuantías a tomar en consideración habrían de ser las correspondientes al momento posterior al accidente en que se han consolidado las secuelas del siniestro —momento del alta médica o de la curación con o sin secuelas—, o sea, atendiendo al valor del punto que se recoge en las tablas anuales actualizadas correspondientes a dicha circunstancia —SSTS, Sala 1.ª, de 17 de abril de 2007 (Rec. 2598/2002 (LA LEY 27995/2007)) y 12 de marzo de 2009 (Rec. 885/2004 (LA LEY 8760/2009))—; mientras que la Sala 4.ª en sus SSTS de 17 de julio de 2007 (LA LEY 162065/2007) (Rec. 4367/2005 y 513/2006) entendió que era más ajustado al criterio «valorista» el de fijar como fecha a tomar en consideración, a los efectos de aplicar una u otra tabla, la de la resolución judicial que fijó por primera vez la cuantía, que pudo ser la sentencia de instancia —como hizo la STS, Sala 4.ª, dictada en el Rec. 4367/2005—, o la de la fecha de la sentencia de casación —como hizo la STS, Sala 4.ª, dictada en la misma fecha en el Rec. 513/2006—, tomando en consideración a tal efecto la Resolución 75/7 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, que efectuaba una recomendación en tal sentido al decir que «la indemnización destinada a reparar el daño se calculará según el valor que tenga el daño al dictarse la sentencia». No obstante haber seguido tal criterio, que llevaba consigo la no aplicación en estos casos de los intereses moratorios de art. 1105 CC (LA LEY 1/1889) por cuanto la indemnización se calculaba a la fecha de la sentencia, la Sala puede entenderse que ha reconsiderado esta solución en su STS de 30 de enero de 2008 (Rec. 414/2007 (LA LEY 39200/2008)) para llegar a la conclusión de que, aun cuando aquella primera valoración puede ser utilizada, resulta más adecuado a la finalidad de la restitutio in integrum y al régimen jurídico de los intereses en nuestro derecho la aplicación del valor en el tiempo de la consolidación de las secuelas en cuanto que con el abono de los intereses legales del art. 1108 CC (LA LEY 1/1889) —si se reclama a tiempo— se está consiguiendo en igual o mejor medida la satisfacción de aquel interés y se cumplen mejor las exigencias del art. 1101 CC (LA LEY 1/1889), además —esto es añadido mío— de conseguir la unificación de criterios con la Sala 1.ª. No lo ha dicho así exactamente, pues, como puede apreciarse en su fundamento séptimo, dicha sentencia solo contempla la cuestión relativa al pago de los intereses y es al hilo de esta argumentación como se refleja esta conclusión, pero es posible llegar a la misma a partir de las palabras utilizadas, además de la bondad que siempre lleva consigo una solución unificada como la que con ello se consigue.
A partir de estos criterios básicos es importante tomar en consideración los criterios sobre los que se halla articulado el sistema de valoración de los daños recogidos en el repetido Anexo a la normativa de tráfico.
Para la valoración de los daños personales —sicofísicos y morales—, así como el lucro cesante, procederá la aplicación de las tablas correspondientes que contemplan las siguientes situaciones o supuestos ya citados: la muerte del accidentado; las lesiones permanentes, invalidantes o no; las incapacidades temporales; sin perjuicio de recordar el punto 6 del apartado primero del Anexo ya citado cuando dispone que, «además de las indemnizaciones fijadas con arreglo a las tablas, se satisfarán en todo caso los gastos de asistencia médica y hospitalaria y, además, en las indemnizaciones por muerte los gastos de entierro y funeral».
En las tablas se distingue, como puede apreciarse por su propia redacción, entre lo que es la indemnización por daños sicofísicos y lo que son los factores de corrección al alza o a la baja, tablas I y II para las indemnizaciones por muerte, tablas III, IV y V para las lesiones permanentes, con indemnización por los daños según secuelas —tabla V— y puntos correspondientes —tabla III—, con sus correspondientes factores de corrección —tabla IV—; y la tabla VI para las situaciones de incapacidad temporal con la distinción entre daños sicofísicos y moral —apartado A)—, y factores de corrección — apartado B)—.
Aplicadas estas tablas sale una indemnización de la que habrá que deducir lo percibido por la Seguridad Social que, en cuanto afecta solo al lucro cesante, habrá que descontarlo únicamente del factor de corrección concreto. Sobre esta cuestión en las SSTS, Sala 4.ª, de 17 de julio de 2007 (Rec. 4367/2005 (LA LEY 162065/2007) y 513/2006) ya se vio por primera vez cómo la exigencia de homogeneidad en los descuentos exigía que lo percibido por incapacidad permanente total por el accidente de trabajo sólo era susceptible de ser descontado de la indemnización por el índice corrector de las lesiones permanentes por el concepto de invalidez permanente —tabla IV—, y solo en la medida en que aquel concepto incluya la indemnización por incapacidad para trabajar, y por lo tanto no en su totalidad por cuanto el indicado concepto del baremo incluye otras indemnizaciones como el llamado prejudice d´agreement o capacidad de goce en otros órdenes de la vida, quedando autorizado el Juzgador para establecer de forma motivada el porcentaje a deducir en cada caso. Y este mismo criterio ha sido seguido por las sentencias de 2 y 3 de octubre de 2007 (Rec. 3945 y 2451/2006), 21 de enero de 2008 (Rec. 4017/2006 (LA LEY 26143/2008)), 30 de enero de 2008 (Rec. 414/2007 (LA LEY 39200/2008)), 22 de septiembre de 2008 (Rec. 1141/2007 (LA LEY 148190/2008)), 20 de octubre de 2008 (LA LEY 176271/2008) (Rec. 672/2007), 14 de julio de 2009 (Rec. 3576/2008 (LA LEY 177321/2009)), 23 de julio de 2009 (Rec. 4501/2007 (LA LEY 184210/2009)) o 14 de diciembre de 2009 (LA LEY 289752/2009) (Rec. 715/2009).
En relación con la cantidad percibida como prestaciones por IT la solución ha venido contemplada también en las mismas sentencias indicadas, más en concreto en las de 17 de julio de 2007 y 14 y 23 de julio y 14 de diciembre de 2009, en las que con toda claridad se expresa, en cifras, la forma de calcular la indemnización por incapacidad temporal, pues teniendo en cuenta que en el baremo se indemnizan daños físicos y morales en la tabla A) y lucro cesante en la tabla B), por esta última se ha de calcular la diferencia entre lo percibido por IT y lo que le correspondería haber percibido por aplicación de la escala A).
Nada se ha dicho todavía sobre la compensación de las prestaciones de la Seguridad Social recibidas en los casos de muerte derivada de accidente de trabajo, pero también habría que descontarla de la cantidad prevista por el concepto establecido en la tabla II.
Como ya se dijo más arriba, el recargo de prestaciones del art. 127.3 LGSS (LA LEY 2305/1994), en el caso de que exista, no se descuenta.
COMENTARIO FINAL
El tema objeto de comentario en este «dossier» es, como puede apreciarse, uno de los más difíciles con los que se ha encontrado la jurisprudencia, lo que ha sido debido no solo a la dificultad intrínseca del mismo, sino al hecho de que se ha mezclado también el tema de la competencia judicial con el problema añadido de la determinación del título de imputación y del criterio de imputación del mismo derivado; ello derivó hasta el problema de los descuentos y de ahí al verdadero problema de fondo, que es el de la adecuada valoración del daño. Aunque el problema de la competencia no está totalmente esclarecido, sí que lo están en gran medida los relativos al criterio de imputación a seguir (criterio de imputación objetiva o culposo con el problema añadido de la carga de la prueba), pero sobre todo el de la valoración del daño. El sistema establecido en el baremo de tráfico es el más utilizado por sus enormes ventajas probatorias, sobre todo en cuanto incluye la valoración de los daños morales de imposible probanza, y es el que más aproximación puede darnos hacia una verdadera indemnización aunque obviamente el Juez puede modificar las cuantías allí establecidas motivándolo de forma adecuada, puesto que este baremo solo se aplica con valor referencial a falta de un baremo específico para los accidentes de trabajo. Pero hoy en día existen unas pautas de valoración que no son difíciles de aplicar y tienen el mínimo contenido garantista exigible a un problema de esta naturaleza.
En definitiva se puede decir que, después de una trayectoria jurisprudencial verdaderamente complicada, se ha llegado a una situación estable en la valoración del daño derivado de accidente de trabajo con importantes márgenes de seguridad jurídica tanto para el perjudicado por un accidente como para el posible responsable de sus consecuencias dañosas.