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Testimonio de particulares

Testimonio de particulares

Procesal

El artículo 120.1 de la Constitución establece el principio de publicidad de las actuaciones judiciales, cuyo objetivo es permitir que los ciudadanos puedan asistir a la realización de las mismas. El objetivo final es garantizar la transparencia de la Administración de Justicia

Junto a la publicidad de las actuaciones está el derecho de aquellos que demuestren un interés legítimo en conocer el estado de un proceso concreto. A tal fin, los secretarios y funcionarios competentes de la Oficina judicial facilitarán a los interesados cuanta información soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales, que podrán examinar y conocer, salvo que sean o hubieren sido declaradas secretas conforme a la ley. También expedirán los testimonios correspondientes (artículo 234 Ley Orgánica del Poder Judicial). Con el testimonio, el Letrado de la Administración de Justicia, en su condición de fedatario público, acredita que ha tenido a la vista el original y la fotocopia del documento, sobre la que estampa su firma y sello del Juzgado, como medio de autenticación.

Este artículo ha sido objeto de reforma por la LO 7/2015 que señala que: “1. Los Letrados de la Administración de Justicia y funcionarios competentes de la Oficina judicial facilitarán a los interesados cuanta información soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales, que podrán examinar y conocer, salvo que sean o hubieren sido declaradas secretas o reservadas conforme a la ley.

  • 1. Los Letrados de la Administración de Justicia y funcionarios competentes de la Oficina judicial facilitarán a los interesados cuanta información soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales, que podrán examinar y conocer, salvo que sean o hubieren sido declaradas secretas o reservadas conforme a la ley.
  • 2. Las partes y cualquier persona que acredite un interés legítimo y directo tendrán derecho a obtener, en la forma dispuesta en las leyes procesales y, en su caso, en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, copias simples de los escritos y documentos que consten en los autos, no declarados secretos ni reservados. También tendrán derecho a que se les expidan los testimonios y certificados en los casos y a través del cauce establecido en las leyes procesales.”

El testimonio de particulares se refiere a actuaciones concretas del procedimiento. Uno de los problemas de más difícil solución es el determinar que debe entenderse por “interesados”. En este punto realiza unas interesantes consideraciones la Sentencia de la Sala Tercera (Contencioso administrativo) del Tribunal Supremo de 18 de septiembre de 2006:

“En este contexto, hay que situar la Sentencia de esta Sala de 3 de marzo de 1995 (recurso 1228/1991) que estableció la interpretación que merece el concepto de interesado utilizado por los artículos 235y 266.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El acuerdo del Pleno del Consejo recoge su doctrina y la mantiene, entre otras, la Sentencia de 6 de abril de 2001 invocada en la demanda. Lo hizo en estos términos: "el interés legítimo que es exigible en el caso, sólo puede reconocerse en quien, persona física o jurídica, manifiesta y acredita, al menos "prima facie", ante el órgano judicial, una conexión de carácter concreto y singular bien con el objeto mismo del proceso -y, por ende, de la sentencia que lo finalizó en la instancia-, bien con alguno de los actos procesales a través de los que aquel se ha desarrollado y que están documentados en autos (...)".

Y, además, sujetaba esa conexión a dos condicionamientos:

  • a) Que no afectara a derechos fundamentales de las partes procesales o de quienes de algún modo hubieran intervenido en el proceso, para salvaguardar esencialmente el derecho a la privacidad e intimidad personal y familiar, el honor y el derecho a la propia imagen que eventualmente pudiera afectar a aquellas personas.
  • b) Que, si la información es utilizada, como actividad mediadora, para satisfacer derechos o intereses de terceras personas y, en consecuencia, adquiere un aspecto de globalidad o generalidad por relación no a un concreto proceso, tal interés se mantenga en el propio ámbito del ordenamiento jurídico y de sus aplicadores, con carácter generalizado, pues otra cosa sería tanto como hacer partícipe o colaborador al órgano judicial en tareas o actividades que, por muy lícitas que sean, extravasan su función jurisdiccional”.

Para la solicitud de exhibición de documentos o testimonio de los mismos se establece un trámite en el artículo 4 del Reglamento 1/05, de 15 de septiembre, del Consejo General del Poder Judicial, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales:

  • Quienes estén interesados, presentarán la solicitud por escrito en la Secretaría del órgano judicial, precisando el documento o documentos de los que se solicita la expedición de testimonios por el Letrados de la Administración de Justicia, exponiendo la causa que justifica su interés.
  • La solicitud será resuelta en el plazo de dos días mediante acuerdo del Letrados de la Administración de Justicia de la unidad de la Oficina judicial en que se encuentre la documentación interesada, quien deberá valorar si el solicitante justifica su interés, la existencia de derechos fundamentales en juego, y la necesidad de tratar los documentos a exhibir o de omitir datos de carácter personal en los testimonios o certificaciones a expedir, en caso de que el solicitante no justifique un interés personal y directo, de manera que se salvaguarde el derecho a la intimidad personal y familiar, al honor y a la propia imagen de los afectados por la resolución judicial.
  • Si el Letrados de la Administración de Justicia accediere a lo solicitado expedirá el testimonio.
  • En caso contrario dictará un acuerdo denegatorio, que será revisable por el Juez o Presidente a petición del interesado, previa petición que deberá plantarse en los tres días siguientes a la notificación del acuerdo.
  • Si, transcurridos dos días desde la solicitud, no hubiere recaído acuerdo expreso del Letrados de la Administración de Justicia, ni se hubiere expedido el testimonio de que se trate, se entenderá que la petición ha sido denegada y, en su consecuencia, el interesado podrá ejercitar ante el Juez o Presidente el derecho de revisión mencionado anteriormente.
  • Contra el acuerdo del Juez o Presidente se podrán interponer los recursos establecidos en el Reglamento número 1/2000, de 26 de julio, de los órganos de Gobierno de Tribunales (alzada ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente).
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