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Jurisdicción penal

Jurisdicción penal

Organización judicial y teoría del proceso

I. ANTECEDENTES

En un primer momento histórico la jurisdicción penal, entendida como aquella en la que se residenciaba la sustanciación del proceso penal, se caracterizó por una identidad ciertamente significativa con la jurisdicción civil o, al menos, por unas muy difuminadas y escasas diferencias con el proceso civil. En Grecia, el Tribunal del Areópago era el más antiguo de los Tribunales de Atenas, limitándose su competencia a los homicidios premeditados, así como a los envenenamientos y a otros delitos que se castigaban con la pena de muerte. Por su parte, el Tribunal de los Efetas era el competente para enjuiciar los homicidios involuntarios, mientras que el Tribunal de los Heliastas conocía de delitos menos graves, estando integrado por miembros a los que únicamente se exigían tres requisitos: ser mayores de treinta años, tener una conducta intachable y no ser deudores del tesoro público. En Roma, la jurisdicción penal fue evolucionando con los tres tipos de procesos penales más relevantes: el privado, que se basaba en la actio doli; el público, que se articulaba por medio de la cognitio y de la acusatio; y el extraordinario, en el que la investigación criminal corría a cargo, no de particulares, sino de funcionarios públicos, como los curiosii o nunciatores. Posteriormente surgen en Roma dos jurisdicciones permanentes en materia penal: la de los praefectus urbi y la de los praefectus vigilum.

En el Derecho germánico, son de diferenciar las siguientes etapas: la germánica propiamente dicha, basada en la idea de ruptura por parte del autor de un hecho ilícito bien con respecto a la víctima de aquel hecho, bien con la comunidad en su conjunto; la etapa franca, en la que se introduce la fase del interrogatorio; la etapa del imperio hasta el siglo XV, en la que se extiende la institución de los nocivi terrae con respecto a los autores de robos, hurtos e incendios, así como para los autores de delitos que llevaban aparejada la pena de muerte; y, en fin, la etapa de recepción de los Derechos extranjeros.

Durante la Edad media, el proceso penal se basó en una mezcla de elementos romanos, germánicos y canónicos, concurriendo la circunstancia de que hasta finales del siglo XVIII una de las más destacadas características del sistema procesal criminal fue el de la extremada dureza física, tanto en lo relativo a la fase de investigación como en lo referente a la fase de ejecución de la pena impuesta, manteniéndose en Europa el tormento hasta esa misma época. Va a ser con la entrada del siglo XIX cuando los principales países de Europa van a introducir importantes reformas en los diferentes sistemas reguladores de la jurisdicción penal. Es el caso, entre otros, de los Ordenamientos inglés y francés, con la implantación de jurados y el reconocimiento de las acciones públicas para la persecución de delitos.

II. REGULACIÓN

De conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial :

  • 1. En el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que España sea parte.
  • 2. También conocerá la jurisdicción española de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y concurrieren los siguientes requisitos:
    • a) Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, salvo que, en virtud de un Tratado internacional o de un acto normativo de una Organización internacional de la que España sea parte, no resulte necesario dicho requisito, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes.
    • b) Que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los Tribunales españoles.
    • c) Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o, en este último caso, no haya cumplido la condena. Si sólo la hubiere cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda.
  • 3. Conocerá la jurisdicción española de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando sean susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como algunos de los siguientes delitos:

    a) De traición y contra la paz o la independencia del Estado.

    • b) Contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor o el Regente.
    • c) Rebelión y sedición.
    • d) Falsificación de la firma o estampilla reales, del sello del Estado, de las firmas de los Ministros y de los sellos públicos u oficiales.
    • e) Falsificación de la moneda española y su expedición.
    • f) Cualquier otra falsificación que perjudique directamente al crédito o intereses del Estado, e introducción o expedición de lo falsificado.
    • g) Atentado contra autoridades o funcionarios públicos españoles.
    • h) Los perpetrados en el ejercicio de sus funciones por funcionarios públicos españoles residentes en el extranjero y los delitos contra la Administración Pública española.
    • i) Los relativos al control de cambios.
  • 4. Igualmente, será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española, como alguno de los siguientes delitos cuando se cumplan las condiciones expresadas:
    • a) a) Genocidio lesa humanidado contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, siempre que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas. .
    • b) Delitos de tortura y contra la integridad moral de los artículos 174 a 177 del Código Penal, cuando:
      • 1.º el procedimiento se dirija contra un español;
      • 2.º la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos y la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español.
    • c) Delitos de desaparición forzada incluidos en la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, hecha en Nueva York el 20 de diciembre de 2006, cuando:
      • 1.º el procedimiento se dirija contra un español; o,
      • 2.º la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos y la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español.
    • d) Delitos de piratería, terrorismo, tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, trata de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra la seguridad de la navegación marítima que se cometan en los espacios marinos, en los supuestos previstos en los tratados ratificados por España o en actos normativos de una Organización Internacional de la que España sea parte.
    • e) Terrorismo, siempre que concurra alguno de los siguientes supuestos:
      • 1.º el procedimiento se dirija contra un español;
      • 2.º el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente o se encuentre en España o, sin reunir esos requisitos, colabore con un español, o con un extranjero que resida o se encuentre en España, para la comisión de un delito de terrorismo;
      • 3.º el delito se haya cometido por cuenta de una persona jurídica con domicilio en España;
      • 4.º la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos;
      • 5.º el delito haya sido cometido para influir o condicionar de un modo ilícito la actuación de cualquier Autoridad española;
      • 6.º el delito haya sido cometido contra una institución u organismo de la Unión Europea que tenga su sede en España
      • 7.º el delito haya sido cometido contra un buque o aeronave con pabellón español; o
      • 8.º el delito se haya cometido contra instalaciones oficiales españolas, incluyendo sus embajadas y consulados.

      A estos efectos, se entiende por instalación oficial española cualquier instalación permanente o temporal en la que desarrollen sus funciones públicas autoridades o funcionarios públicos españoles.

    • f) Los delitos contenidos en el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, hecho en La Haya el 16 de diciembre de 1970, siempre que:
      • 1.º el delito haya sido cometido por un ciudadano español; o,
      • 2.º el delito se haya cometido contra una aeronave que navegue bajo pabellón español.
    • g) Los delitos contenidos en el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, hecho en Montreal el 23 de septiembre de 1971, y en su Protocolo complementario hecho en Montreal el 24 de febrero de 1988, en los supuestos autorizados por el mismo.
    • h) Los delitos contenidos en el Convenio sobre la protección física de materiales nucleares hecho en Viena y Nueva York el 3 de marzo de 1980, siempre que el delito se haya cometido por un ciudadano español.
    • i) Tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que:
      • 1.º el procedimiento se dirija contra un español; o,
      • 2.º cuando se trate de la realización de actos de ejecución de uno de estos delitos o de constitución de un grupo u organización criminal con miras a su comisión en territorio español.
    • j) Delitos de constitución, financiación o integración en grupo u organización criminal o delitos cometidos en el seno de los mismos, siempre que se trate de grupos u organizaciones que actúen con miras a la comisión en España de un delito que esté castigado con una pena máxima igual o superior a tres años de prisión.
  • k) Delitos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos sobre víctimas menores de edad, siempre que:
    • 1.º el procedimiento se dirija contra un español;
    • 2.º el procedimiento se dirija contra ciudadano extranjero que resida habitualmente en España;
    • 3.º el procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España; o,
    • 4.º el delito se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento de comisión de los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España.
  • l) Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, siempre que:
    • 1.º el procedimiento se dirija contra un español;
    • 2.º el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en España; o,
    • 3.º el delito se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento de comisión de los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España, siempre que la persona a la que se impute la comisión del hecho delictivo se encuentre en España.
  • m) Trata de seres humanos, siempre que:
    • 1.º el procedimiento se dirija contra un español;
    • 2.º el procedimiento se dirija contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España;
    • 3.º el procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España; o,
    • 4.º el delito se hubiera cometido contra una víctima que, en e momento de comisión de los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España, siempre que la persona a la que se impute la comisión del hecho delictivo se encuentre en España.
  • n) Delitos de corrupción entre particulares o en las transacciones económicas internacionales, siempre que:
    • 1.º el procedimiento se dirija contra un español;
    • 2.º el procedimiento se dirija contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España;
    • 3.º el delito hubiera sido cometido por el directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil, o de una sociedad, asociación, fundación u organización que tenga su sede o domicilio social en España; o,
    • 4.º el delito hubiera sido cometido por una persona jurídica, empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España.
  • o) Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 28 de octubre de 2011, sobre falsificación de productos médicos y delitos que supongan una amenaza para la salud pública, cuando:
    • 1.º el procedimiento se dirija contra un español;
    • 2.º el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en España;
    • 3.º el procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España;
    • 4.º la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos; o,
    • 5.º el delito se haya cometido contra una persona que tuviera residencia habitual en España en el momento de comisión de los hechos.
  • p) Cualquier otro delito cuya persecución se imponga con carácter obligatorio por un Tratado vigente para España o por otros actos normativos de una Organización Internacional de la que España sea miembro, en los supuestos y condiciones que se determine en los mismos.

    Asimismo, la jurisdicción española será también competente para conocer de los delitos anteriores cometidos fuera del territorio nacional por ciudadanos extranjeros que se encontraran en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas, siempre que así lo imponga un Tratado vigente para España.

  • 5. Los delitos a los que se refiere el apartado anterior no serán perseguibles en España en los siguientes supuestos:
    • a) Cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en un Tribunal Internacional constituido conforme a los Tratados y Convenios en que España fuera parte.
    • b) Cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en el Estado del lugar en que se hubieran cometido los hechos o en el Estado de nacionalidad de la persona a que se impute su comisión, siempre que:
      • la persona a la que se impute la comisión del hecho no se encontrara en territorio español; o,
      • se hubiera iniciado un procedimiento para su extradición al país del lugar en que se hubieran cometido los hechos o de cuya nacionalidad fueran las víctimas, o para ponerlo a disposición de un Tribunal Internacional para que fuera juzgado por los mismos, salvo que la extradición no fuera autorizada.

        Lo dispuesto en este apartado b) no será de aplicación cuando el Estado que ejerza su jurisdicción no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o no pueda realmente hacerlo, y así se valore por la Sala 2.ª del Tribunal Supremo, a la que elevará exposición razonada el Juez o Tribunal.

      A fin de determinar si hay o no disposición a actuar en un asunto determinado, se examinará, teniendo en cuenta los principios de un proceso con las debidas garantías reconocidos por el Derecho Internacional, si se da una o varias de las siguientes circunstancias, según el caso:

      • a) Que el juicio ya haya estado o esté en marcha o que la decisión nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal.
      • b) Que haya habido una demora injustificada en el juicio que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia
      • c) Que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera independiente o imparcial y haya sido o esté siendo sustanciado de forma en que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia.

      A fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar en un asunto determinado, se examinará si el Estado, debido al colapso total o sustancial de su administración nacional de justicia o al hecho de que carece de ella, no puede hacer comparecer al acusado, no dispone de las pruebas y los testimonios necesarios o no está por otras razones en condiciones de llevar a cabo el juicio.

  • 6. Los delitos a los que se refieren los apartados 3 y 4 solamente serán perseguibles en España previa interposición de querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal.

III. ÓRGANOS

El ejercicio de la jurisdicción penal corresponde a los siguientes Órganos jurisdiccionales: Sala Segunda del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales, Juzgados Centrales de lo Penal, Juzgados Centrales de Instrucción, Juzgados de lo Penal, Juzgados de Instrucción, Juzgados de Violencia sobre la Mujer, Juzgados de Menores, Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y Juzgados de Paz.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conoce de los siguientes asuntos:

  • 1. Los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia penal.
  • 2. La instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidentes de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo, así como de las causas que en su caso, determinen los Estatutos de Autonomía.
  • 3. La instrucción y enjuiciamiento de las causas contra Magistrados de la Audiencia Nacional o de un Tribunal Superior de Justicia.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional extiende su jurisdicción al conocimiento de las siguientes materias:

  • 1. El enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a los Juzgados Centrales de lo Penal, de las causas por los siguientes delitos:
    • a) Delitos contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor, Altos Organismos de la Nación y forma de Gobierno.
    • b) Falsificación de moneda, delitos monetarios y relativos al control de cambios.
    • c) Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia.
    • d) Tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas o medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias.
    • e) Delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales españoles.
  • 2. Los procedimientos penales iniciados en el extranjero, la ejecución de las sentencias dictadas por Tribunales extranjeros o el cumplimiento de pena de prisión impuesta por Tribunales extranjeros, cuando en virtud de un Tratado internacional corresponda a España la continuación de un procedimiento penal iniciado en el extranjero, la ejecución de una sentencia penal extranjera o el cumplimiento de una pena o medida de seguridad privativa de libertad.
  • 3. Las cuestiones de cesión de jurisdicción en materia penal derivadas del cumplimiento de tratados internacionales en los que España sea parte.
  • 4. El procedimiento para la ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega y de los procedimientos judiciales de extradición pasiva, sea cual fuere el lugar de residencia o en que hubiese tenido lugar la detención del afectado por el procedimiento.
  • 5. Los recursos establecidos en la Ley contra las sentencias y otras resoluciones de los Juzgados Centrales de lo Penal, de los Juzgados Centrales de Instrucción y del Juzgado Central de Menores.
  • 6. Los recursos contra las resoluciones dictadas por los Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria de conformidad con lo previsto en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

A las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia les corresponde, como Salas de lo Penal, el conocimiento de los siguientes extremos:

  • 1. El conocimiento de las causas penales que los Estatutos de Autonomía reservan al conocimiento de los Tribunales Superiores de Justicia.
  • 2. La instrucción y el fallo de las causas penales contra Jueces, Magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo en la Comunidad Autónoma, siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal Supremo.
  • 3. El conocimiento de los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales.
  • 4. La decisión de las cuestiones de competencia entre Órganos jurisdiccionales del orden penal con sede en la Comunidad Autónoma que no tengan otro superior común.

En materia jurisdiccional penal, las Audiencias Provinciales tienen atribuidas las siguientes competencias:

  • 1. Las causas por delito, a excepción de las que la Ley atribuye al conocimiento de los Juzgados de lo Penal o de otros Tribunales previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
  • 2. Los recursos contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Instrucción y de lo Penal de la respectiva provincia.
  • 3. Los recursos contra las resoluciones de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, cuando la competencia no corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
  • 4. Los recursos contra las resoluciones en materia penal dictadas por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia.
  • 5. Los recursos contra las resoluciones de los Juzgados de Menores con sede en la provincia y de las cuestiones de competencia entre los mismos.

Los Juzgados Centrales de Instrucción, con jurisdicción en toda España instruyen las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o, en su caso, a los Juzgados Centrales de lo Penal y tramitan los expedientes de ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega, así como los expedientes de extradición pasiva.

En el orden penal, los Juzgados de Instrucción conocen de los siguientes asuntos:

  • 1. La instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a las Audiencias Provinciales y a los Juzgados de lo Penal, excepto de aquellas causas que sean competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
  • 2. El dictado de sentencias de conformidad con la acusación.
  • 3. El conocimiento y fallo de los juicios por delito leve, salvo los que sean competencia de los Jueces de Paz, o de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
  • 4. Los procedimientos de habeas corpus.
  • 5. Los recursos contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Paz del partido y de las cuestiones de competencia entre éstos.
  • 6. La adopción de la orden de protección a las víctimas de violencia sobre la mujer cuando esté desarrollando funciones de guardia, siempre que no pueda ser adoptada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.
  • 7. La ejecución de las medidas de embargo y aseguramiento de pruebas transmitidas por un órgano judicial de un Estado miembro de la Unión Europea que las haya acordado en un proceso penal, cuando los bienes o los elementos de prueba se encuentren en territorio español.

Recordemos que en la LO 1/2015 de 30 de marzo de reforma del CP se modifica el art. 14 Lecrim que apunta ahora que en cuanto a la competencia del juez de instrucción: «1. Para el conocimiento y fallo de los juicios por delito leve, el Juez de Instrucción, salvo que la competencia corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer de conformidad con el número 5 de este artículo.»

Por su parte, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocen, en el orden penal, de los siguientes supuestos:

  • 1. La instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género.
  • 2. La instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en el anterior apartado.
  • 3. La adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Juez de Guardia.
  • 4. El conocimiento y fallo de los procedimientos por delito leve cuando la víctima sea alguna de las personas anteriormente señaladas en la letra a).

    De suyo, la letra d) del apartado 5º del art. 14 LECrim tras la LO 1/2015 de reforma del CP señala que son competentes «d) Del conocimiento y fallo de los juicios por las infracciones tipificadas en el párrafo segundo del apartado 7 del artículo 171, párrafo segundo del apartado 3 del artículo 172 y en el apartado 4 del artículo 173 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra a) de este apartado.»

  • 5. El dictado de sentencias de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la ley.

Además, en cada provincia, y dentro del orden jurisdiccional penal, habrá uno o varios Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, que tendrán las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria en materia de ejecución de penas privativas de libertad y medidas de seguridad, control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias y amparo de los derechos y beneficios de los internos en los establecimientos penitenciarios. Y en la villa de Madrid, y con jurisdicción en toda España, habrá uno o varios Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria, que tendrán las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria en relación con los delitos competencia de la Audiencia Nacional.

Asimismo, en cada provincia, y con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o más Juzgados de Menores, existiendo, por su parte, en la villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, un Juzgado Central de Menores, que conocerá de las causas que le atribuya la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Y corresponde a los Jueces de Menores el ejercicio de las funciones que establezcan las Leyes para con los menores que hubieren incurrido en conductas tipificadas por la Ley como delito.

Finalmente, los Juzgados de Paz conocen en el orden penal de los siguientes casos:

Actuaciones de índole penal de carácter preventivo, como colaboradores de los Jueces de Instrucción en los términos previstos en los artículos 259, 262 y 264 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tales como recepción de denuncias, remisión de las denuncias a los Jueces de Instrucción, práctica de las primeras diligencias de investigación y consignación de pruebas que puedan desaparecer.

IV. COMPETENCIA

Según los artículos 14 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, fuera de los casos que expresa y limitadamente atribuyen la Constitución y las leyes a Jueces y Tribunales determinados, son competentes:

  • 1. Para el conocimiento y fallo de los procedimientos por delitos leves, los Jueces de Instrucción, salvo que la competencia corresponda a los Jueces de Violencia sobre la Mujer, en el concreto ámbito de su competencia.
  • 2. Para la instrucción de las causas, el Juez de Instrucción del partido en que el delito se hubiere cometido, o el Juez de Violencia sobre la Mujer, o el Juez Central de Instrucción respecto de los delitos que la Ley determine.
  • 3. Para el conocimiento y fallo de las causas por delitos a los que la Ley señale pena privativa de libertad de duración no superior a cinco años o pena de multa cualquiera que sea su cuantía, o cualesquiera otras de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, siempre que la duración de éstas no exceda de diez años, así como por delitos leves, sean o no incidentales, imputables a los autores de estos delitos o a otras personas, cuando la comisión del delito leve o su prueba estuviesen relacionadas con aquéllos, el Juez de lo Penal de la circunscripción donde el delito fue cometido, o el Juez de lo Penal correspondiente a la circunscripción del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en su caso, o el Juez Central de lo Penal en el ámbito que le es propio, sin perjuicio de la competencia del Juez de Instrucción de Guardia del lugar de comisión del delito para dictar sentencia de conformidad, o del Juez de Violencia sobre la Mujer competente en su caso, en los términos establecidos en el artículo 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No obstante, en los supuestos de competencia del Juez de lo Penal, si el delito fuere de los atribuidos al Tribunal del Jurado, el conocimiento y fallo corresponderá a éste.
  • 4. Para el conocimiento y fallo de las causas en los demás casos, la Audiencia Provincial de la circunscripción donde el delito se haya cometido, o la Audiencia Provincial correspondiente a la circunscripción del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en su caso, o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. No obstante, en los supuestos de competencia de la Audiencia Provincial, si el delito fuere de los atribuidos al Tribunal de Jurado, el conocimiento y fallo corresponderá a éste.
  • 5. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer son competentes en las siguientes materias, en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en Ley de Enjuiciamiento Criminal:
    • a) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género.
    • b) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra anterior.
    • c) De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Juez de Guardia.
    • d) Del conocimiento y fallo de los juicios por las infracciones tipificadas en el párrafo segundo del apartado 7 del artículo 171, párrafo segundo del apartado 3 del artículo 172 y en el apartado 4 del artículo 173 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra a) de este apartado.

Establece el artículo 14 bis LECrim, introducido por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, que "cuando de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior el conocimiento y fallo de una causa por delito dependa de la gravedad de la pena señalada a éste por la ley se atenderá en todo caso a la pena legalmente prevista para la persona física, aun cuando el procedimiento se dirija exclusivamente contra una persona jurídica".

En otro aspecto, cuando no conste el lugar en que se haya cometido un delito son Jueces y Tribunales competentes en su caso para conocer de la causa o juicio:

  • 1. El del término municipal, partido o circunscripción en que se hayan descubierto pruebas materiales del delito.
  • 2. El del término municipal, partido o circunscripción en que el presunto reo haya sido aprehendido.
  • 3. El de la residencia del reo presunto.
  • 4. Cualquiera que hubiese tenido noticia del delito.

Si se suscitase competencia entre estos Jueces o Tribunales, se decidirá dando la preferencia por el orden con que están expresados en los números que preceden.

En cuanto conste el lugar en que se hubiese cometido el delito, el Juez o Tribunal que estuviere conociendo de la causa acordará la inhibición en favor del competente, poniendo en su caso los detenidos a disposición del mismo y acordando remitir, en la misma resolución las diligencias y efectos ocupados.

Además, la jurisdicción ordinaria es la competente para juzgar a los reos de delitos conexos, siempre que alguno esté sujeto a ella, aun cuando los demás sean aforados. En este sentido, se consideran delitos conexos los siguientes:

  • 1. Los cometidos por dos o más personas reunidas.
  • 2. Los cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos si hubiera precedido concierto para ello.
  • 3. Los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución.
  • 4. Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos.
  • 5. Los delitos de favorecimiento real y personal y el blanqueo de capitales respecto al delito antecedente.
  • 6. Los cometidos por diversas personas cuando se ocasionen lesiones o daños recíprocos.

La competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se extenderá a la instrucción y conocimiento de los delitos conexos siempre que la conexión tenga su origen en alguno de los supuestos previstos en los números 3 y 4 del artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por su parte, se consideran Jueces y Tribunales competentes, por su orden, para conocer de las causas por delitos conexos:

  • 1. El del territorio en que se haya cometido el delito a que esté señalada pena mayor.
  • 2. El que primero comenzare la causa en el caso de que a los delitos esté señalada igual pena.
  • 3. El que la Audiencia o el Tribunal Supremo en sus casos respectivos designen, cuando las causas hubieren empezado al mismo tiempo, o no conste cuál comenzó primero.
  • 4. No obstante lo anterior, será competente para conocer de los delitos conexos cometidos por dos o más personas en distintos lugares, si hubiera precedido concierto para ello, con preferencia a los anteriormente indicados, el Juez o Tribunal del partido judicial sede de la correspondiente Audiencia Provincial, siempre que los distintos delitos se hubieren cometido en el territorio de una misma provincia y al menos uno de ellos se hubiera perpetrado dentro del partido judicial sede de la Audiencia Provincial correspondiente.

V. PROCEDIMIENTO

De conformidad con lo previsto en los artículos 269 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una vez formalizada una determinada denuncia se procederá o, en otro caso, se mandará proceder inmediatamente por el Juez o funcionario a quien se hiciese a la comprobación del hecho denunciado, salvo que éste no revistiere carácter de delito o que la denuncia fuere manifiestamente falsa. Asimismo, todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por un determinado delito, pueden querellarse, ejercitando la acción popular establecida en el artículo 101 de la LECrim, de igual forma que los extranjeros por los delitos cometidos contra sus personas o bienes, o las personas o bienes de sus representados, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 280 LECrim. Por su parte, los miembros del Ministerio Fiscal pueden ejercitar también, en forma de querella, las acciones penales en los casos en que estuvieren obligados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 105 LECrim. La querella se interpondrá ante el Juez de Instrucción competente y en ella se expresará:

  • 1. El Juez o Tribunal ante quien se presente.
  • 2. El nombre, apellidos y vecindad del querellante.
  • 3. El nombre, apellidos y vecindad del querellado.
  • 4. La relación circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, año, mes, día y hora en que se ejecute, si se supieren.
  • 5. La expresión de las diligencias que se deberán practicar para la comprobación del hecho.
  • 6. La petición de que se admita la querella, se practiquen las diligencias oportunas, se proceda a la detención y prisión del presunto culpable o a exigirle la fianza de libertad provisional, y se acuerde el embargo de sus bienes en la cantidad necesaria en los casos en que así proceda.
  • 7. La firma del querellante, cuando el Procurador no tuviere poder especial para formular la querella.

El sumario viene constituido por el conjunto de actuaciones encaminadas a preparar el juicio y a averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, así como la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos. Y cuando de los términos de la denuncia o de la relación circunstanciada del hecho en la querella, así como cuando de cualquier actuación procesal, resulte contra persona o personas determinadas la imputación de un delito, cuyo enjuiciamiento venga atribuido al Tribunal del Jurado, procederá el Juez a la incoación del procedimiento previsto en su ley reguladora, en el que, en la forma que en ella se establece, se pondrá inmediatamente aquella imputación en conocimiento de los presuntamente inculpados.

Durante la instrucción de la causa, el Juez instructor podrá mandar comparecer a cuantas personas convenga oír por resultar contra ellas algunas indicaciones fundadas de culpabilidad. Además, el particular, autoridad o agente de Policía judicial que detuviere a una persona, deberá ponerla en libertad o entregarla al Juez más próximo al lugar en que hubiere hecho la detención dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la misma. Y si demorare la entrega, incurrirá en la responsabilidad que establece el Código Penal, si la dilación hubiere excedido de veinticuatro horas.

Si el Juez o Tribunal a quien se hiciese la entrega fuere el propio de la causa, y la detención se hubiese hecho según lo dispuesto en los números 1, 2 y 6, y caso referente al procesado del 7 del artículo 490 de la Ley Procesal Penal, y 2, 3, y 4 del artículo 492 LECrim, elevará la detención a prisión, o la dejará sin efecto, en el término de setenta y dos horas, a contar desde que el detenido le hubiese sido entregado. Lo mismo, y en idéntico plazo, hará el Juez o Tribunal respecto de la persona cuya detención hubiere él mismo acordado.

Inmediatamente después serán remitidas estas diligencias y la persona del detenido a disposición del Juez o Tribunal que conociese de la causa. Si el detenido lo fuese por estar comprendido en los números 1 y 2 del artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento y en el 4 del 492 de la propia Ley, el Juez de Instrucción a quien se entregue practicará las primeras diligencias y elevará la detención a prisión o decretará la libertad del detenido, según proceda, en el término señalado en el artículo 497 de la referida LECrim. Podrá decretar la prisión provisional el Juez o Magistrado instructor, el Juez que forme las primeras diligencias, así como el Juez de lo Penal o Tribunal que conozca de la causa. Dicha prisión provisional sólo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria y cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional. El Juez o tribunal tendrá en cuenta para adoptar la prisión provisional la repercusión que esta medida pueda tener en el investigado, considerando sus circunstancias y las del hecho objeto de las actuaciones, así como la entidad de la pena que pudiera ser impuesta. Y no se adoptará en ningún caso la prisión provisional cuando de las investigaciones practicadas se infiera racionalmente que el hecho no es constitutivo de delito o que el mismo se cometió concurriendo una causa de justificación. En este sentido, la mencionada prisión provisional sólo podrá ser decretada cuando concurran los siguientes requisitos:

  • 1. Que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión, o bien con pena privativa de libertad de duración inferior si el investigado o encausado tuviere antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de una previa condena penal por la comisión de un delito de carácter doloso.
  • 2. Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión.
  • 3. Que mediante la prisión provisional se persiga alguno de los siguientes fines:
    • a) Asegurar la presencia del investigado en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga.
    • b) Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto.
    • c) Evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, especialmente cuando ésta sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal.
    • d) Evitar el riesgo de que el investigado cometa otros hechos delictivos. Para valorar la existencia de este riesgo se atenderá a las circunstancias del hecho, así como a la gravedad de los delitos que se pudieran cometer. Y únicamente podrá acordarse la prisión provisional por esta causa cuando el hecho delictivo imputado sea doloso. En todo caso, la prisión provisional durará el tiempo imprescindible para alcanzar cualquiera de los fines anteriormente señalados y en tanto subsistan los motivos que justificaron su adopción.

Cuando la prisión provisional se hubiera decretado en virtud de lo previsto en los apartados a) o c), que se han indicado anteriormente, su duración no podrá exceder de un año si el delito tuviere señalada pena privativa de libertad igual o inferior a tres años, o de dos años si la pena privativa de libertad señalada para el delito fuera superior a tres años. No obstante, cuando concurrieren circunstancias que hicieran prever que la causa no podrá ser juzgada en aquellos plazos, el Juez o Tribunal podrá, en los términos previstos en el artículo 505 de la Ley Procesal Penal, acordar mediante auto una sola prórroga de hasta dos años si el delito tuviera señalada pena privativa de libertad superior a tres años, o de hasta seis meses si el delito tuviera señalada pena igual o inferior a tres años. Y si el investigado o encausado fuere condenado, la prisión provisional podrá prorrogarse hasta el límite de la mitad de la pena efectivamente impuesta en la sentencia, cuando ésta hubiere sido recurrida.

En los casos en que el detenido fuere puesto a disposición del Juez de Instrucción o Tribunal que deba conocer de la causa, éste, salvo que decretare su libertad provisional sin fianza, convocará a una audiencia en la que el Ministerio Fiscal o las partes acusadoras podrán interesar que se decrete la prisión provisional del imputado o su libertad provisional con fianza. En los supuestos del procedimiento regulado en el Título III del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, este trámite se sustanciará con arreglo a lo establecido en el artículo 798 LECrim, salvo que la audiencia se hubiera celebrado con anterioridad. Dicha audiencia deberá celebrarse en el plazo más breve posible dentro de las setenta y dos horas siguientes a la puesta del detenido a disposición judicial y a ella se citará al investigado, que deberá estar asistido de letrado por él elegido o designado de oficio, al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas. La audiencia habrá de celebrarse también para solicitar y decretar, en su caso, la prisión provisional del investigado no detenido o su libertad provisional con fianza.

Las resoluciones que se dicten sobre la situación personal del investigado o encausado adoptarán la forma de auto. El auto que acuerde la prisión provisional o disponga su prolongación expresará los motivos por los que la medida se considera necesaria y proporcionada respecto de los fines que justifican su adopción. Contra los autos que decreten, prorroguen o denieguen la prisión provisional o acuerden la libertad del investigado podrá ejercitarse el recurso de apelación en los términos previstos en el artículo 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dicho recurso de apelación gozará de tramitación preferente.

En tales casos, al hacer el Letrado de la Administración de Justicia la remisión del sumario a la Audiencia, cuidará de expresar los recursos de apelación en un efecto que haya pendientes. En la Audiencia quedará en suspenso la aplicación de los artículos 627 y siguientes LECrim hasta que sean resueltas las apelaciones pendientes. Si éstas fueran desestimadas, en cuanto la resolución en que así se acuerde sea firme, continuará la sustanciación de la causa conforme a los artículos citados; y si se diera lugar a alguna apelación, se revocará sin más trámite el auto del Juez declarando concluso el sumario y el Letrado de la Administración de Justicia le devolverá éste con testimonio del auto resolutorio de la apelación, para la práctica de las diligencias que sean consecuencia de tal resolución.

En el auto en que el Tribunal acuerde la apertura de juicio oral se dispondrá el traslado a que se refiere el artículo 649 de la LECrim.

Finalmente, debe indicarse que el sobreseimiento puede ser libre o provisional, total o parcial. Si fuere parcial, se mandará abrir el juicio oral respecto de los procesados a quienes no favorezca. Si fuere total, se mandará que se archiven la causa y piezas de convicción que no tengan dueño conocido, después de haberse practicado las diligencias necesarias para la ejecución de lo mandado. El sobreseimiento libre procede en los siguientes casos:

  • 1. Cuando no existan indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que hubiere dado motivo a la formación de la causa.
  • 2. Cuando el hecho no sea constitutivo de delito.
  • 3. Cuando aparezcan exentos de responsabilidad criminal los procesados como autores, cómplices o encubridores.

Por su parte, procede el sobreseimiento provisional en los siguientes supuestos:

  • 1. Cuando no resulte debidamente justificada la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la causa.
  • 2. Cuando resulte del sumario haberse cometido un delito y no haya motivos suficientes para acusar a determinada o determinadas personas como autores, cómplices o encubridores.

Y es de significar que contra los autos de sobreseimiento sólo procederá, en su caso, el recurso de casación.

VI. JUICIO ORAL

Acordada la apertura del juicio oral, en los términos señalados en los artículos 649 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se comunicará la causa al Fiscal, o al acusador privado si versa sobre delito que no pueda ser perseguido de oficio, para que en el término de cinco días califiquen por escrito los hechos. El escrito de calificación se limitará a determinar en conclusiones precisas y numeradas los siguientes extremos:

  • 1. Los hechos punibles que resulten del sumario. La calificación legal de los mismos hechos, determinando el delito que constituyan.
  • 2. La participación que en ellos hubieren tenido el procesado o procesados, si fueren varios.
  • 3. Los hechos que resulten del sumario y que constituyan circunstancias atenuantes o agravantes del delito o eximentes de responsabilidad criminal.
  • 4. Las penas en que hayan incurrido el procesado o procesados, si fueren varios, por razón de su respectiva participación en el delito.

Las partes podrán presentar sobre cada uno de los puntos que han de ser objeto de la calificación dos o más conclusiones en forma alternativa, para que si no resultare del juicio la procedencia de la primera, pueda estimarse cualquiera de las demás en la sentencia. El Ministerio fiscal y las partes manifestarán en sus respectivo escritos de calificación las pruebas de que intenten valerse, presentando listas de peritos y testigos que hayan de declarar a su instancia.

Una vez examinadas por el Tribunal las pruebas propuestas, dictará auto admitiendo las que considere pertinentes y rechazando las demás. Y contra el rechazo o denegación de las diligencias de prueba podrá interponerse en su día el recurso de casación, si se prepara oportunamente con la correspondiente protesta. En el mismo auto señalará el Tribunal el día en que deban comenzar las sesiones del juicio oral, que se sustanciará conforme a las normas contenidas en los artículos 680 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Los debates del juicio oral serán públicos, si bien el Juez o Tribunal podrá acordar, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, previa audiencia a las mismas, que todos o alguno de los actos o las sesiones del juicio se celebren a puerta cerrada, cuando así lo exijan razones de seguridad u orden público, o la adecuada protección de los derechos fundamentales de los intervinientes, en particular, el derecho a la intimidad de la víctima, el respeto debido a la misma o a su familia, o resulte necesario para evitar a las víctimas perjuicios relevantes que, de otro modo, podrían derivar del desarrollo ordinario del proceso. También podrá restringirse la presencia de medios de comunicación audiovisuales o prohibirse la grabación de todas o alguna de las audiencias cuando resulte imprescindible para preservar el orden de las sesiones y los derechos fundamentales de las partes y de los demás intervinientes. El propio Juez o Presidente del Tribunal dirigirá los debates cuidando de impedir las discusiones impertinentes y que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad sin coartar por esto a los defensores la libertad necesaria para la defensa, y tendrá todas las facultades necesarias para conservar o restablecer el orden en las sesiones y mantener el respeto debido al Tribunal y a los demás poderes públicos.

En el día señalado para dar principio a las sesiones, se colocarán en el local del Tribunal las piezas de convicción que se hubieren recogido, y el Presidente, en el momento oportuno, declarará abierta la sesión. Si en la causa hubiere, además de la calificación fiscal, otra del querellante particular o diversas calificaciones de querellantes de esta clase, se preguntará al procesado si se confiesa reo del delito, según la calificación más grave, y civilmente responsable, por la cantidad mayor que se hubiese fijado. El Presidente hará la pregunta mencionada con toda claridad y precisión, exigiendo contestación categórica. Y si en la causa no hubiere más que un procesado y contestare afirmativamente, el Presidente del Tribunal preguntará al defensor si considera necesaria la continuación del juicio oral. Si éste contestare negativamente, el Tribunal procederá a dictar sentencia en los términos expresados en el artículo 655 de la Ley Procesal Penal.

Cuando el juicio deba continuar, ya por falta de conformidad de los acusados con la acusación, se procederá del modo siguiente:

  • 1. El Letrado de la Administración de Justicia dará cuenta del hecho que haya motivado la formación del sumario y del día en que éste se comenzó a instruir, expresando además si el procesado está en prisión o en libertad provisional, con o sin fianza.
  • 2. Leerá los escritos de calificación y las listas de peritos y testigos que se hubiesen presentado oportunamente, haciendo relación de las demás pruebas propuestas y admitidas.
  • 3. Acto seguido se pasará a la práctica de las diligencias de prueba y al examen de los testigos, empezando por la que hubiere ofrecido el Ministerio fiscal, continuando con la propuesta de los demás actores, y, por último, con la de los procesados.
  • 4. No podrán practicarse otras diligencias de prueba que las propuestas por las partes, ni ser examinados otros testigos que los comprendidos en las listas presentadas, con las excepciones reguladas en el artículo 729 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
  • 5. Practicadas las diligencias de prueba, las partes podrán modificar las conclusiones de los escritos de calificación, formulando por escrito las nuevas conclusiones y entregándolas después al Presidente del Tribunal.
  • 6. Llegado el momento de informar el Presidente concederá la palabra al Fiscal si fuere parte en la causa, y después al defensor del acusador particular, si le hubiere.
  • 7. En sus informes expondrán éstos los hechos que consideren probados en el juicio, su calificación legal, la participación que en ellos hayan tenido los procesados y la responsabilidad civil que hayan contraído los mismos u otras personas, así como las cosas que sean su objeto, o la cantidad en que deban ser reguladas cuando los informantes o sus representados ejerciten también la acción civil.
  • 8. El Presidente concederá después la palabra al defensor del actor civil si lo hubiere, quien limitará su informe a los puntos concernientes a la responsabilidad civil.
  • 9. A continuación se dará la palabra a los defensores de los procesados, y después de ellos a los de las personas civilmente responsables, si no se defendieren bajo una sola representación con aquéllos.
  • 10. Terminadas la acusación y la defensa, el Presidente preguntará a los procesados si tienen algo que manifestar al Tribunal, y al que contestare afirmativamente, le será concedida la palabra.
  • 11. Después de hablar los defensores de las partes y los procesados en su caso, el Presidente declarará concluso el juicio para sentencia.

En la referida sentencia se resolverán todas las cuestiones que hayan sido objeto del juicio, condenando o absolviendo a los procesados, no sólo por el delito principal y sus conexos, sino también por los delitos leves incidentales de que se haya conocido en la causa sin que pueda el Tribunal emplear en este estado la fórmula del sobreseimiento respecto de los acusados a quienes crea que no debe condenar. Y también se resolverán en la sentencia todas las cuestiones referentes a la responsabilidad civil que hayan sido objeto del juicio.

VII. PROCESOS ESPECIALES

Como procesos especiales, la Ley de Enjuiciamiento Criminal alude a los siguientes:

  • 1. El modo de proceder cuando sea procesado un Senador o Diputado a Cortes.
  • 2. El procedimiento abreviado.
  • 3. El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos.
  • 4. El procedimiento por delitos de injuria y calumnia contra particulares.
  • 5. El procedimiento para los delitos cometidos por medio de imprenta u otro medio mecánico de publicación.
  • 6. El procedimiento de extradición.
  • 7. El procedimiento contra reos ausentes. Y con un carácter diferenciado de los anteriores, los artículos 962 y siguientes de la LECrim contemplan el procedimiento para los juicios sobre delitos leves. Vamos a comentar seguidamente algunos de los referidos procedimientos especiales.
  • 8. El proceso por aceptación de decreto.

El Juez o Tribunal que encuentre méritos para procesar a un Senador o Diputado a Cortes por causa de delito, se abstendrá de dirigir el procedimiento contra él si las Cortes estuvieran abiertas, hasta obtener la correspondiente autorización del Cuerpo Colegislador a que pertenezca. Y si el Senador o Diputado a Cortes fuere delincuente in fraganti podrá ser detenido y procesado sin la autorización a que se refiere el artículo anterior; pero en las veinticuatro horas siguientes a la detención o procesamiento deberá ponerse lo hecho en conocimiento del Cuerpo Colegislador a que corresponda. Si el Senado o el Congreso negasen la autorización pedida, se sobreseerá respecto al Senador o Diputado a Cortes; pero continuará la causa contra los demás procesados. La autorización se pedirá en forma de suplicatorio, que se remitirá por conducto del Ministro de Justicia.

El procedimiento abreviado se aplica al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración. Los Jueces y Tribunales observarán en la tramitación de las causas correspondientes al procedimiento abreviado las siguientes reglas:

  • 1. El Juez o Tribunal que ordene la práctica de cualquier diligencia se entenderá directamente con el Juez, Tribunal, autoridad o funcionario encargado de su realización aunque el mismo no le esté inmediatamente subordinado ni sea superior inmediato de aquéllos.
  • 2. Para cursar los despachos que se expidan se utilizará siempre el medio más rápido, acreditando por diligencia las peticiones de auxilio que no se hayan solicitado por escrito.
  • 3. Si el que hubiere de ser citado no tuviere domicilio conocido o no fuere encontrado por la Policía Judicial en el plazo señalado a ésta, el Juez o Tribunal mandará publicar la correspondiente cédula por el medio que estime más idóneo para que pueda llegar a conocimiento del interesado, y sólo cuando lo considere indispensable acordará su divulgación por los medios de comunicación social.
  • 4. A todo escrito y a los documentos que se presenten en la causa se acompañarán tantas copias literales de los mismos, realizadas por cualquier medio de reproducción, cuantas sean las otras partes y el Fiscal, a quienes se entregarán al notificarles la resolución que haya recaído en el escrito respectivo.
  • 5. Para enjuiciar los delitos conexos, cuando existan elementos para hacerlo con independencia, y para juzgar a cada uno de los imputados, cuando sean varios, podrá acordar el Juez la formación de las piezas separadas que resulten convenientes para simplificar y activar el procedimiento.
  • 6. En las declaraciones se reseñará el documento nacional de identidad de las personas que las presten, salvo que se tratara de agentes de la autoridad, en cuyo caso bastará la reseña del número de carné profesional.
  • 7. La información prevenida en el artículo 364 de la Ley Procesal Penal sólo se verificará cuando a juicio del instructor hubiere duda acerca de la preexistencia de la cosa objeto de la sustracción o defraudación.
  • 8. Los informes y declaraciones a que se refieren los artículos 377 y 378 de la LECrim únicamente se pedirán y recibirán cuando el Juez los considerase imprescindibles.
  • 9. Cuando los hechos enjuiciados deriven del uso y circulación de vehículos de motor, se reseñará también, en la primera declaración que presten los conductores, los permisos de conducir de éstos y de circulación de aquéllos y el certificado del seguro obligatorio, así como el documento acreditativo de su vigencia.

El procedimiento especial para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos se aplica a la instrucción y al conocimiento de hechos delictivos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de cinco años, o con cualesquiera otras penas, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años, cualquiera que sea su cuantía, siempre que el proceso penal se incoe en virtud de un atestado policial y que la Policía Judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del Juzgado de guardia o que, aun sin detenerla, la haya citado para comparecer ante el Juzgado de guardia por tener la calidad de denunciado en el atestado policial y, además, concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:

  • 1. Que se trate de delitos flagrantes, esto es, los que se estuviesen cometiendo o se acabaren de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto.
  • 2. Que se trate de alguno de los siguientes delitos: delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual, cometidos contra las personas a que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal, delitos de hurto, delitos de robo, delitos de hurto y robo de uso de vehículos, delitos contra la seguridad del tráfico, delitos de daños referidos en el artículo 263 del Código Penal delitos contra la salud pública previstos en el artículo 368 CP, inciso segundo, y delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 270, 273, 274 y 275 del Código Penal.

Por último, en cuanto al procedimiento de extradición cabe destacar que los miembros del Ministerio Fiscal pueden solicitar que el Juez o Tribunal proponga al Gobierno que solicite la extradición de los procesados o condenados por sentencia firme, cuando sea procedente con arreglo a Derecho. Para que pueda pedirse o proponerse la extradición, será requisito necesario que se haya dictado auto motivado de prisión o recaído sentencia firme contra los acusados a que se refiera. Y según el artículo 826 de la Ley Procesal Penal, únicamente podrá pedirse o proponerse la extradición de los españoles que habiendo delinquido en España se hayan refugiado en país extranjero, de los españoles que habiendo atentado en el extranjero contra la seguridad exterior del Estado, se hubiesen refugiado en país distinto de aquel en que delinquieron y, en fin, de los extranjeros que debiendo ser juzgados en España se hubiesen refugiado en un país que no sea el suyo. Además, la procedencia de la petición de extradición se refiere a los siguientes supuestos:

  • 1. En los casos que se determinen en los Tratados vigentes con la potencia en cuyo territorio se hallare el individuo reclamado.
  • 2. En defecto de Tratado, en los casos en que la extradición proceda según el derecho escrito o consuetudinario vigente en el territorio a cuya nación se pida la extradición.
  • 3. En defecto de los dos casos anteriores, cuando la extradición sea procedente según el principio de reciprocidad.
  • 4. El Juez o Tribunal que conozca de la causa en que estuviese procesado el reo ausente en territorio extranjero, será el competente para pedir su extradición.
  • 5. Contra el auto acordando o denegando pedir la extradición podrá interponerse el recurso de apelación, si lo hubiese dictado un Juez de Instrucción.
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